Fernando Martínez Basurto

Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
838/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Fernando Martínez Basurto

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, seis de noviembre de dos mil veinte. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ***, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados La emisión del oficio DGDE/DAC/DVP/160/2020, de fecha doce de octubre de dos mil veinte, que contiene la negativa de acordar de conformidad la solicitud del quejoso, presentada el veinticuatro de septiembre del año en curso, en el sentido de otorgarle el permiso para vender en un puesto semifijo productos de comida. Autoridad responsable Dirección de Abasto y Comercio del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa el quejoso señala como acto reclamado: La emisión del oficio DGDE/DAC/DVP/160/2020, de fecha doce de octubre de dos mil veinte, que contiene la negativa de acordar de conformidad la solicitud del quejoso, presentada el veinticuatro de septiembre del año en curso, en el sentido de otorgarle el permiso para vender en un puesto semifijo productos de comida. En ese contexto, previamente al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 194 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del propio ordenamiento local. Dichos preceptos prescriben: Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. - - - Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.) Artículo 194. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad. (.) Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.)." Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no exigen mayores requisitos para otorgar dicha medida que los que establecen los numerales 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, sólo existen ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia PC.II.A.J/3A(10a), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Por consiguiente, en virtud de que el quejoso reclama una resolución administrativa que atribuye a una autoridad de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió proceder de la siguiente forma: Debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y después debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del propio ordenamiento local. O bien, debió agotar de manera directa, pero obligatoria, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del citado ordenamiento administrativo local. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de rubro y contenido: ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES DE CARÁCTER VERBAL. DEBE PROBARSE SU EXISTENCIA.- Al amparo de los artículos 3°, 29 fracciones I y II y 61 fracciones II, VI y IX de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local es completamente admisible en contra de actos administrativos o fiscales de carácter verbal, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades estatales o municipales; sin embargo, la parte actora está obligada a probar, durante la secuela del procedimiento, la existencia de los mismos. Ante la acreditación de los actos verbales, se deberá entrar al estudio de los conceptos de ilegalidad hechos valer en su contra. En cambio, si las autoridades demandadas niegan los extremos de dichos actos y no se aporta ninguna prueba que justifique su existencia, procede sobreseer el juicio, en observancia de los numerales 77, fracción VIII, y 78, fracción II, del propio ordenamiento jurídico. De igual forma, la tesis II.1o.A.100 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que dice: JUICIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES DE TRÁMITE. PARA SU PROCEDENCIA ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE DICHOS ACTOS AFECTEN DERECHOS DE PARTICULARES Y SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a lo dispuesto en el artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el juicio administrativo del que conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México procede en contra de los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Judicial del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; sobre el particular, se estima que los actos procesales (o de trámite administrativo), tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente y sin que sea factible retrotraer las consecuencias que el mismo produjo, respecto de alguno de los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufrió obtenga posteriormente resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el medio de defensa que se interponga en su contra, pues en el caso la violación subsistiría irremediablemente, por ya haberse ejecutado el acto y, por ende, haber incidido en los derechos sustantivos en comento. En consecuencia, si la resolución de la que se demanda su invalidez, únicamente tiene efectos de carácter formal o intraprocesal, y se constituye como el origen de un procedimiento de índole administrativo que no afecta derechos de particulares que sean de imposible reparación, es procedente desechar por improcedente el juicio administrativo, por no adecuarse plenamente a la hipótesis legal. Cabe mencionar que el artículo 1 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece: Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de México. Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias laboral y electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos, y por la elección de las autoridades auxiliares municipales. Para efectos de este Código, se entiende por: I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta; II. Procedimiento administrativo, la serie de trámites que realizan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo. Conforme a dicho precepto por acto administrativo debe entenderse la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. En la especie, el acto que reclama el quejoso encuadra en la citada definición legal, pues con su dictado se ve afectada su situación jurídica concreta, ya que la autoridad responsable determinó no acordar de conformidad el escrito presentado el veinticuatro de septiembre del año en curso, en la cual solicitó el permiso para vender en un puesto semifijo productos de comida, asimismo, indicó punto de venta y horarios. Amén de que el acto reclamado no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el segundo párrafo del citado artículo 1 del ordenamiento procesal referido, a saber: a) Que se trate de los integrantes de la Legislatura del Estado de México. b) Que se trate de actos relativos a la Universidad Autónoma del Estado de México. c) Que se trate de actos relativos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. d) Que se trate de actos relativos a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México. e) Que se trate de actos relativos a los consejos tutelares de menores. f) Que se trate de actos relativos a las materias laboral y electoral. g) Que se trate de actos relativos a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos. h) Que se trate de actos relativos a la elección de las autoridades auxiliares municipales. En diverso aspecto, tampoco se advierte que se actualice la excepción relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación, en virtud que de un análisis del oficio DGDE/DAC/DVP/160/2020, de fecha doce de octubre de dos mil veinte, se evidencia que la autoridad responsable citó los artículos que creyó convenientes para fundamentar su determinación. Finalmente, tampoco se advierte que se actualice la excepción relativa a que se reclamen violaciones directas a la Constitución General de la República, puesto que como se advierte de la demanda de amparo únicamente se reclaman cuestiones de legalidad del acto reclamado, estudio que corresponde realizar a la autoridad que resuelva el recurso o medio ordinario de defensa procedente. Por lo que, al no existir excepción al principio de definitividad, el quejoso se encontraba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa que prevé el ordenamiento procesal administrativo que rige el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que los actos reclamados no son definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que esa situación no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo, esto es las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Finalmente, de conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese por lista al quejoso.

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