Fernando Martín Rangel
Expediente 1504/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1504/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Fernando Martín Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito remite ejecutoria.... hágase del conocimiento de las partes que la ejecutoria de referencia concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se CONFIRMA el acuerdo recurrido... SEGUNDO. Se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo ... Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. ... V
- Principal
Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, admitió a trámite el recurso de queja .... medio de impugnación al cual se le asignó el número de recurso de queja civil 114/2019 del índice de dicho Tribunal... V
- Principal
Se tiene al interponiendo recurso de queja en contra del proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictado por este órgano jurisdiccional dentro del presente asunto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente...... remítanse el original del escrito de agravios, así como del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, con el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto.... con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe sobre la materia de la queja, hágase del conocimiento del órgano revisor que es cierto el acto reclamado a este juzgado, ya que dentro de los autos del juicio de amparo 1504/2019-V, promovido por *****, contra el acto de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, de conformidad con el numeral 113 de la citada legislación... V
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, a catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Martín Rangel, respecto del acto reclamado de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1504/2019-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama: De la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. La resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca civil 582/2019-I, que recayó al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto dictado el ocho de enero de dos mil diecinueve, por la Juez Sexto Mercantil del Estado, donde se negó a decretar la caducidad de la instancia en el juicio único civil 1438/2011. III. Causal de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso que nos ocupa, este juzgador advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por los motivos y fundamentos que se expondrán enseguida. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, reitera que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se obtiene que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De manera que, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y, no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. A fin de demostrar que el acto reclamado no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa, es oportuno hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa narra en su demanda, bajo protesta de decir verdad: i) En el juicio 1438/2011 del índice del Juzgado Sexto de los Civil del Estado, promovido por Carlos Martín Rangel en contra del aquí quejoso Fernando Martín Rangel, el dieciocho de enero de dos mil doce se dictó sentencia en la cual se declaró que el actor probó parcialmente su acción de cumplimiento de contrato (otorgamiento de escritura) y el demandado no contestó la acción en su contra, por lo que se le condenó a otorgar escritura a favor del accionante respecto del inmueble ubicado en calle Vasco de Gama trescientos nueve y trescientos nueve "A". ii) Un vez que la sentencia causó ejecutoria, por auto de diez de abril de dos mil doce, se ordenó que en rebeldía de la parte demandada, se otorgara la escritura judicial del inmueble y por diverso auto de dieciocho de abril de dos mil doce, se ordenó remitir los autos a la notaría pública. iii) Inconforme con ello, el demandado, ahora quejoso, promovió el juicio de amparo indirecto 1619/2012-V del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, donde reclamó el emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, así como todo lo actuado con posterioridad. iv) El treinta de noviembre de dos mil doce, se dictó sentencia en el aludido juicio de amparo, que concedió a Fernando Martín Rangel el amparo solicitado. v) Inconforme con ello, Carlos Martín Rangel, parte actora en el juicio natural, promovió recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito -amparo en revisión civil 59/2013-, en el cual, el seis de marzo de dos mil trece, se dictó ejecutoria que confirmó la sentencia recurrida. vi) En auto de once de septiembre de dos mil trece, se declaró insubsistente todo lo actuado en el juicio natural y se ordenó emplazar de nueva cuenta al demandado; además, se ordenó la cancelación de la escritura que se había mandado elaborar así como de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. vii) Una vez que el accionante del juicio de origen proporcionó el domicilio del demandado, en auto de once de diciembre de dos mil dieciocho se ordenó el emplazamiento. viii) En escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el demandado, aquí quejoso, solicitó se decretara la caducidad de la instancia, argumentando que transcurrieron más de ciento veinte días naturales sin que la parte actora impulsara la continuación del procedimiento. ix) El ocho de enero de dos mil diecinueve, se dictó auto en el que no se acordó de conformidad la petición del demandado y se le dijo que se estuviera a lo acordado en proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho. x) Inconforme con ello, el ahora peticionario del amparo interpuso recurso de apelación que en auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, no fue admitido por el juez natural y contra dicha negativa, interpuso recurso de queja que se tramitó ante la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado -toca civil 102/2019-, donde el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se confirmó la no admisión del recurso de apelación por parte de la Juez Sexto de lo Mercantil del Estado, en el expediente 1438/2011. xi) En contra de la resolución que recayó al recurso de queja, el ahora promovente instó juicio de amparo indirecto del que conoció este Juzgado Primero de Distrito -juicio de amparo 569/2019-, donde el veinte de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado realizara lo siguiente: "a) Deje sin efecto la resolución emitida el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en el toca civil número 102/2019-I de su índice, que confirmó la no admisión del recurso de apelación opuesto por Fernando Martín Rangel. b) Siguiendo los lineamientos señalados en esta sentencia, dicte una nueva en la que se abstenga de ejercer el control difuso de convencionalidad ex oficio sobre los artículos 392 BIS y 392 TER, del Código de Procedimientos Civiles el Estado y, por tanto, determine procedente el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio único civil número 1438/2011 del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Estado". xii) En cumplimiento a la ejecutoria de ampao, el catorce de junio de dos mil diecinueve, la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, revocó el auto impugnado de veintinueve de enero de dos mil diecinueve dictado por la Juez Sexto Mercantil del Estado en el expediente 1438/2011; razón por la cual el juez de origen tuvo por interpuesto el recurso de apelación contra el auto de ocho de enero de dos mil diecinueve y remitió el expediente al Tribunal de Alzada para la substanciación correspondiente. xiii) La Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, resolvió dicho recurso -que dio origen al toca civil 582/2019- y confirmó el auto impugnado de ocho de enero de dos mil diecinueve. Esa resolución constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa. De los antecedentes reseñados se advierte que la resolución reclamada se emitió dentro de juicio y no genera una afectación de imposible reparación a derechos sustantivos del quejoso, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que impactó sobre derechos meramente adjetivos o procesales. En efecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, falladas respectivamente en sesiones de veintidós de mayo de dos mil catorce y diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en las que medularmente se dijo, en lo que aquí concierne: Que el artículo 107 de la Ley de Amparo contiene dos señalamientos que permiten comprender el alcance de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación: El primero, contenido en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y El segundo, contemplado en su fracción V, que norma el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones, se determinó que por actos de imposible reparación se debían entender aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Federal, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se dijo que sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva -la cual de actualizarse, no necesariamente llega a trascender al resultado del fallo-. Tomando en cuenta lo anterior, se establecieron dos condiciones para calificar la aludida imposibilidad: La primera, identificada con la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que se indicó equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el ato autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y La segunda, que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza meramente formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento -momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva-. Además, acotó que no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese contexto, resolvió que la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Tales consideraciones quedaron plasmadas en las jurisprudencias P./J. 37/2014 (10a.) y P./J. 1/2016 (10a.), que son del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." De lo antes señalado, se obtiene que nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha establecido criterio de jurisprudencia en el sentido de que la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratos internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Luego, por identidad de razón, la resolución que confirme la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, tampoco no constituye un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos. Al respecto, se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado e Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en la tesis VIII.2º.C.T.11 C (10a), localizable en la página 2539, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, décima época, del contenido siguiente: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales." IV. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle cinco de febrero número mil uno, interior dos del Barrio de la Estación, de esta ciudad. Como autorizados para tal efecto a Juan Manuel González Aguilar, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo acordó y firma Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, ante Juana Chávez García, secretaria que autoriza y da fe.
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