Fernando Martín del Campo Abarca

Expediente 550/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
550/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2016

Partes del expediente

  • Fernando Martín del Campo Abarca

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el once de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional).

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    CONSTANCIA: en virtud de que la PARTE QUEJOSA, no compareció ante este órgano jurisdiccional los días trece o catorce de julio del año en curso, para que se le practicara la notificación de la resolución dictada el once de los actuales, no obstante el aviso que se le dejó para tal fin; se le notifica por medio de lista dicha resolución, la cual dice: Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual remite demanda de amparo original y cuatro copias, promovida por ---, contra actos que reclama de la Juez oficiante, anexando informe justificado, informe previo por duplicado, así como cuatro cuadernos de pruebas; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 550/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgador examinará el escrito de demanda, a fin de corroborar si existe o no causa manifiesta e indudable de improcedencia, que motive su desechamiento. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente: - A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame. - A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. - A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Bajo ese tenor, el legislador dispuso de tres momentos a partir de los cuales debe contabilizarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda de amparo. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que de constancias se advierta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; ello es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en Salamanca, Guanajuato, específicamente de la foja 1026 del tomo III-IV de pruebas, se aprecia la notificación por cédula o instructivo al aquí quejoso de la resolución de tres de junio de dos mil dieciséis, -acto aquí reclamado-, misma que se practicó el ocho de junio del mismo año. Por tanto, se considera fue a partir del ocho de junio de dos mil dieciséis, en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama y en ese sentido, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente; de ahí que si el quejoso fue notificado de la resolución reclamada desde la citada fecha, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del diez al treinta de junio de dos mil dieciséis, sin contar por ser inhábiles los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio de la presente anualidad, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si la demanda de garantías se presentó hasta el ocho de julio de dos mil dieciséis, según se aprecia del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es claro que su presentación resultó extemporánea, por haberse realizado fuera de los quince días previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior que la demanda se presentara ante la autoridad responsable, el treinta de junio del año en curso, como se advierte de la certificación secretarial que obra al reverso de la foja 12 de los presentes autos, en virtud de que ello no interrumpe el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia. De la transcripción anterior se advierte que para los casos en que no exista duda de que la intención del quejoso es promover amparo indirecto, debe presentar su demanda dentro del plazo previsto para ello, ante la Oficina correspondiente a los Juzgados de Distrito y de no ser así, resultará extemporánea. Hipótesis que se actualiza en el caso que nos ocupa, pues no existe duda de que el quejoso conocía que la vía de amparo procedente para impugnar el acto reclamado, es la biinstancial, lo que puede corroborarse del escrito de demanda (foja 12) promovido ante la Juez responsable que señala: "... Que por medio del presente ocurso y con fundamento en lo que para el efecto se encuentra dispuesto para el efecto por los artículos 103 fracción I y 107 fracciones II y ID de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 10 fracción 1, 2, 6, 33 fracción IV, 107 fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, en tiempo y forma acudo a INTERPONER DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO en contra de la resolución de fecha 03 de junio del presente año 2016, dictada por éste H. Tribunal dentro de los autos del expediente al rubro citado, para que por su conducto y previos los trámites de ley, sea turnada la misma que se anexa al presente como ANEXO 1, al Juzgado de Distrito que por tumo le corresponda conocer de la demanda de garantías referida, solicitando desde éste momento la SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO para efectos de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías que se iniciará con la interposición de la demanda que se adjunta. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito: PRIMERO: Se me tenga en tiempo y forma por interponiendo la DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO que se agrega como ANEXO 1, en contra de la resolución de fecha 03 de junio del presente año 2016, dictada por éste H. Tribunal. SEGUNDO: Seguidos los trámites de ley, se turne la demanda de garantías al Juzgado de Distrito que corresponda para su conocimiento y resolución.". Lo anterior demuestra en forma patente la intención del promovente de acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal, ante los Juzgados de Distrito, por lo que debió sujetarse a las formalidades previstas en la ley de la materia, sin que así lo hiciera, pues fue su voluntad presentarla ante la autoridad responsable. Por ende, al no existir precepto legal que permita que las demandas de amparo indirecto se presenten por medio de la autoridad responsable, la fecha de presentación que se debe tomar en cuenta para determinar la oportunidad de la demanda, es la que se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, por lo que nada le impedía acudir en forma directa a dicha Oficina de Correspondencia, o bien, presentarla en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, como establece el artículo 23 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmense en cuatro tomos, los cuadernos de pruebas respectivos. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a ---, toda vez que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a la persona restante en términos restringidos por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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