Fernando Marroquin Solís y Otros.
Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fernando Marroquin Solís y Otros.
- Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02, Tapachula del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas
- Fernando Marroquin Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 10054, de la estadística de este juzgado, y anexos, consistentes en original del toca civil 101-B/2020, de la estadística de la responsable y copia certificada del expediente 294/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tapachula, Chiapas.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: *** d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se tuvo por no presentada la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos ** 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase las constancias remitidas por la autoridad responsable Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, Chiapas, en apoyo a su informe justificado consistentes en original del toca civil ***/2020, de la estadística de la responsable; y, copia certificada del expediente ***/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tapachula, Chiapas (un tomo), con la solicitud de que se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por **, **y **, todos de apellidos ***, y **. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que contiene el auto de dieciséis de junio del año en curso, en la que determinó no ser competente para conocer del juicio de amparo directo 187/2021, de su estadística, por las razones ahí expuestas. Y, en consecuencia, para la substanciación del juicio de amparo indirecto correspondiente, remitió el original de los informes justificados rendidos por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02, y Juez Primero del Ramo Civil, ambos con sede en Tapachula, Chiapas; original del toca civil 101-B/2020; copia certificada del expediente 294/2019; constancias de emplazamiento del tercero interesado *****; así como original y copia de la demanda de amparo promovida por *****, todos de apellidos *****, y ******. Aceptación de competencia. Ahora bien, cabe señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público y debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada, por lo que es imprescindible analizar si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por la parte agraviada, da lugar a que este órgano de control constitucional acepte su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 1a. II/92 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así como en la jurisprudencia I.2o.P. J/40 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese contexto, del oficio que remite la Superioridad se advierte que dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, todos de apellidos ******, y *****, contra actos atribuidos a la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02, con sede en Tapachula, Chiapas, consistente en: ? La resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 101-B/2020, del índice de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por ******, en contra del auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, en el que el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, dentro de los autos del juicio 294/2019, acordó tomar como base para el remate el avalúo exhibido por la parte actora y por otra, calificó como extemporáneo el avalúo exhibido por la parte demandada. De ahí que, el Tribunal Colegiado concluye que la resolución que reclama por la parte quejosa no constituye un acto susceptible de ser impugnado en la vía directa, pues no constituye propiamente una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, entendiéndose por la primera aquella que decida el juicio en lo principal, y por la segunda, aquella que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido, lo anterior de conformidad con los , fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal, ni de los diversos 34 y 170, de la Ley de Amparo. Por tanto, argumenta el órgano colegiado, que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los dos supuestos antes mencionados, pues el acto que reclama la quejosa es de los dictados dentro de juicio, también conocidos como intraprocesales, cuya finalidad o consecuencia no es dar por terminado el juicio natural, sino que al contrario es para que precisamente continúe la secuela procesal. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la ley de la materia, acepta el conocimiento del asunto, pues la ejecución material del acto que se reclama, deberá realizarse en los autos del expediente 294/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tapachula, Chiapas, cuya jurisdicción por razón de territorio le compete a este Juzgado de Distrito, de conformidad con el numeral de la Ley de Amparo antes señalada, así como el Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte (relativo a la creación denominación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados), mismo que reforma el similar 3/2013 , relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior sin perjuicio de analizar la procedencia de la demanda de amparo, como se detallará posteriormente en el presente auto. Comuníquese la presente determinación al órgano jurisdiccional remitente, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Anotaciones. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número de juicio de amparo 261/2021. Formación de cuadernos de pruebas. Por otra parte, dado lo voluminoso de las constancias exhibidas por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, Chiapas, consistente en original del toca civil 101-B/2020, de la estadística de la sal responsable; y, copia certificada del expediente 294/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tapachula, Chiapas, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, el cual se deja en la Secretaría de este Juzgado, respetando folios, rúbricas y entresellos; reservándose su admisión hasta en su momento procesal oportuno. Prevención En principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 108 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, en relación con las fracciones I, III, IV y V del numeral 108 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se practique, dé cumplimiento con lo siguiente: a) Manifiesten si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero del Ramo Civil, ambos con sede en Tapachula, Chiapas. En caso de ser así, deberán allegar una copia más de su demanda de amparo, así como de su escrito de ampliación de demanda. b) Bajo protesta de decir verdad, manifiesten y amplíen los antecedentes del acto reclamado de manera completa, detallada y consecutiva sobre todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 294/2019, que se tramita ante el Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tapachula, Chiapas. Lo anterior obedece a que, no se tiene con claridad la etapa procesal en la que se encuentra el mencionado juicio especial hipotecario. Apoya esta determinación por su contenido, la tesis 1a./J. 64/2015 (10a) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 713, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010471, de rubor y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." c) Deberá adjuntar copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Particularidad para el desahogo de la prevención Se puntualiza que la presente prevención deberá ser desahogada por los propios quejosos, y no por conducto de sus autorizados, dado que uno de los requisitos del que carece la demanda, debe ser subsanado bajo protesta de decir verdad, manifestación que únicamente puede realizar quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse; es decir, sostener una postura opuesta a lo aquí señalado, equivaldría a considerar que los autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueden hacer suyos hechos que no les constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda, aunado a que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación del escrito de demanda y no antes. Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Apercibimiento Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido con antelación, en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XI.2o.55 K1 que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". Domicilio y Autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad la parte quejosa. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se tienen como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Francisco ****, *** y *****, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. Exhortación a las partes a tramitar asuntos "en línea", privilegiando el uso de medios electrónicos Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Desahogo enlace de videoconferencias y diligencias necesarias Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha al número de teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1106. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. Habilitación de días y horas inhábiles para el actuario. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. Protección de datos personales, transparencia y acceso a la información Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apertura del Juzgado Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes.
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