Fernando Mariscal Villanueva
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Fernando Mariscal Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual el Subsecretario del Trabajo, en atención al proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, informa las gestiones para producir cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por lo que remite copia certificada del acuse de recibo del oficio por el cual solicitó al Presidente del Colegio de Peritos Valuadores del Estado de Colima, únicamente cotizaciones de honorarios del perito en materia de grafoscopia y documentación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo, requiérase a la Subsecretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Colima, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, informen las gestiones realizadas para la designación del perito en materia de Ortopedia y Traumatología, por las instituciones públicas en el Estado de Colima en la materia sobre la cual se ofreció la prueba pericial en el juicio laboral ***********, o bien, en caso de no lograr la designación de peritos por las instituciones públicas, debe gestionar los recursos presupuestales necesarios para los honorarios de un perito particular en la materia que pueda desahogar los puntos materia de las periciales ofrecidas y admitidas a la parte actora. Asimismo, deberá informar sobre el procedimiento de designación del perito en materia de grafoscopia y documentación, en relación a la respuesta producida por el Presidente del Colegio de Peritos Valuadores del Estado de Colima, en atención al oficio enviado. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable la tesis Jurisprudencial P./J. 59/2014 (10a.) visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se cita bajo el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Además, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 19, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta por medio de los cuales el Secretario de Desarrollo Económico y la Directora del Trabajo, ambas del Gobierno del Estado de Colima, en atención al proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, informan las gestiones para producir cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Atento a ello, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto, la Subsecretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Colima, vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cumpla con el requerimiento que se le formuló en el presente juicio a afecto de lograr la designación de peritos en el juicio laboral de origen o transcurra el plazo concedido para tal efecto. Notifíquese por lista.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que no obre el acuse de recibo del oficio ******************, que contiene la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que se envió para notificar a la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, Colima, pues las autoridades jurisdiccionales no tienen legitimación para promover recurso de revisión en contra de la sentencia, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia, lo cual es concordante con el numeral 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Página: 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tecomán, Colima, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 19, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Además, la jurisprudencia P./J. 58/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 11, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.
- Principal
S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa **** contra el acto que reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, Colima, por los motivos expuestos en el séptimo considerando y para los efectos precisado en el octavo considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista
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