Fernando María Luna
Expediente 1336/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/11/2016
Partes del expediente
- Fernando María Luna
- FERNANDO MARÍA LUNA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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VISTO; agréguese a los autos, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Querétaro; del que su lectura se advierte que dicho fiscal no es competente para iniciar carpeta de investigación por los hechos probablemente delictivos de tortura y malos tratos en la integridad física y emocional contra el interno aquí quejoso; por lo tanto, envía la documental respectiva a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien es legalmente competente para realizar lo propio; lo que se asienta para los efectos correspondientes...VI
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VISTO; agréguese a los autos, el oficio de cuanta signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita este Órgano Jurisdiccional, del cual se advierte que ordenó iniciar con las investigaciones correspondientes, respecto de los hechos probablemente delictuosos, sobre tortura y malos tratos en la integridad física y emocional contra del interno aquí quejoso; lo anterior para los efectos correspondientes...VI
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V i s t o el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso, en su escrito de demanda manifestó sufrir tortura por parte de las autoridades responsables, en consecuencia, con copia de todo lo actuado dese vista al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a fin de que si lo estima pertinente se inicie la indagatoria correspondiente por hechos probablemente delictuosos sobre tortura y malos tratos en la integridad física y emocional del quejoso. Tiene aplicación al particular la tesis número 1ª. CCVII/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 561, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura."..VI
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V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de trece de octubre del año en curso, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar: que por sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *****, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Varonil de San José el alto Querétaro, y otras autoridades, en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos. En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la responsable, deje insubsistente la resolución dictada por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social, con sede en San José El Alto, Querétaro, en la sesión de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, asentada en el acta 264/2016, que fuera impuesta al quejoso, al ser contraventora del orden supremo y atendiendo a los lineamientos contenidos en esta sentencia, dicte una nueva purgando los vicios formales que la afectan, en donde exponga en forma clara, fundada y motivada, de acuerdo con la conducta que se atribuye al interno aquí quejoso, cuál es la infracción que efectivamente cometió y que esté prevista en el artículo 124 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, y por consiguiente, que la sanción que se le imponga sea congruente con la conducta que sirvió de fundamento a su imposición; sin dejar de considerar el principio de especialidad de la ley; así como el principio de proporcionalidad que rige a todo acto administrativo." El trece de septiembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se solicitó a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días (fojas 124-125) Mediante oficio sin número, recibido en este Órgano Jurisdiccional el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el Director por sí y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de del Centro de Reinserción Social de San José el Alto, Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, mediante acta de sesión de consejo 349/16 de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la diversa 264/2016 de diecinueve de julio de del presente año, y en su lugar determinó imponerle al aquí quejoso una medida preventiva y de seguridad consistente en reubicarlo en una estancia diversa a la que actualmente habitaba (fojas 134-147) En proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se determinó que la ejecutoria dictada en autos, no estaba cumplida a cabalidad, en virtud de que el Director por sí y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de del Centro de Reinserción Social de San José el Alto, Querétaro, omitió nuevamente fundar y motivar su determinación; por lo que se requirió a la citada autoridad responsable para que en el término de tres días cumpliera con el fallo protector. (fojas 150-151) En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio sin número, recibido en este Órgano Jurisdiccional el once de octubre de dos mil dieciséis, el Director por sí y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de del Centro de Reinserción Social de San José el Alto, Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, mediante acta de sesión de consejo 346/2016 de siete de octubre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente las diversas 264/2016 y 349/2016 de veintiuno de septiembre del presente año, respectivamente, por lo que hace al aquí quejoso y determinó que: la conducta adoptada por el citado interno, consistente en agredir físicamente en la boca a su compañero sin que existiera causa que lo justifique, provocándole diversas lesiones descritas en el certificado médico de lesiones correspondiente, se encuentra contemplada en el artículo 124 fracción III del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, pues con su actuar infringió las disposiciones de seguridad que garantizan el buen funcionamiento institucional al haber agredido a su compañero, pues tales actos incitan a la población penitenciaria a cometer dicha conducta; por lo tanto con fundamento en lo previsto en el artículo 125, fracción IV del citado Reglamento, determinó el cambio de dormitorio al citado interno, por el término de cinco días. Es así que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, al haber dejado insubsistentes las actas 264/2016 y 349/2016 de diecinueve de julio y veintiuno de septiembre ambas del año en curso, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso y con fundamento en lo previsto en el artículo 125, fracción IV del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado, determinó el cambio de dormitorio al citado interno aquí quejoso por haber infringido el artículo 124 fracción III del citado reglamento. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI
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