Fernando Maria Canto Arceo
Expediente 61/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Maria Canto Arceo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Asimismo, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente 1511/2013, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra el auto de doce de noviembre anterior, en el que se le indicó que en caso de encontrarse inconforme con la determinación de veintidós de octubre de ese mismo año, en la que se le indicó que acudiera a terapias individualizadas en las fechas y horas que determinare la Dirección de Atención a la Infancia y a la Familia, apercibido que de no hacerlo, se consideraría su conducta como un obstáculo en el objetivo de que se logre una convivencia con su menor hija. En ese sentido, debe decirse que del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Atento a ello, es menester precisar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los citados numerales, se advierte que debe desecharse la demanda de amparo cuando exista una causal manifiesta e indudable de su improcedencia. A ese respecto, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable, resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato es operante al caso concreto, de modo tal que aún en el supuesto de admitir la demanda y substanciar el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Una vez sentado lo anterior, se estima conveniente reiterar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente 1511/2013, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra el auto de doce de noviembre anterior, en el que se le indicó que en caso de encontrarse inconforme con la determinación de veintidós de octubre de ese mismo año, en la que se le indicó que acudiera a terapias individualizadas en las fechas y horas que determinare la Dirección de Atención a la Infancia y a la Familia, apercibido que de no hacerlo, se consideraría su conducta como un obstáculo en el objetivo de que se logre una convivencia con su menor hija. En relación con dicho acto reclamado, este órgano de control constitucional considera que se actualiza una causal de improcedencia, como se verá enseguida. Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Del contenido del último numeral, aplicado a contrario sensu, permite concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produzca afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello, en términos de las siguientes tesis, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." Sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo, a la persona física o moral que se estime afectada y, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo. En ese tenor, el acto reclamado, como ya se indicó, es la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente 1511/2013, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra el auto de doce de noviembre anterior, en el que se le indicó que en caso de encontrarse inconforme con la determinación de veintidós de octubre de ese mismo año, en la que se le indicó que acudiera a terapias individualizadas en las fechas y horas que determinare la Dirección de Atención a la Infancia y a la Familia, apercibido que de no hacerlo, se consideraría su conducta como un obstáculo en el objetivo de que se logre una convivencia con su menor hija. Así, dicha interlocutoria, al declarar improcedente un recurso que versó respecto de un auto que contiene un apercibimiento, de momento, para los efectos de este amparo, no causa un agravio real al quejoso, toda vez que, en los términos en que fue indicado, lo decretado, por el momento no causa un perjuicio a su esfera jurídica. Ello, cuenta habida que si bien de la lectura de los antecedentes de la demanda de amparo que nos atañe, se desprende que el quejoso impugnó el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, alegando que en el mismo no se emitió pronunciamiento alguno en relación a su solicitud de que las terapias individualizadas se llevaran a cabo por medios electrónicos; lo cierto es que la consecuencia de esa omisión, que ocasiona que el quejoso deba acudir a dichas terapias, en las fechas y horas que determinare la Dirección de Atención a la Infancia y a la Familia, únicamente conlleva el apercibimiento que de no hacerlo, se consideraría su conducta como un obstáculo en el objetivo de que se logre una convivencia con su menor hija. En este punto, cabe decir que si el apercibimiento carece de ejecución, no existirá acto de molestia al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implicará algún cambio en su esfera jurídica, sino sólo hasta que el aquí quejoso no cumpla con asistir a esas terapias, lo que será analizado en otro acto autónomo. Luego, será en su caso, cuando la responsable se pronuncie sobre el resultado de dicho apercibimiento, claro, en un eventual incumplimiento, cuando pudiera afectarse la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de momento, se insiste, sólo se trata de una prevención que no tiene efectos hacia el exterior, es decir, el apercibimiento por sí mismo no afecta de inmediato la esfera jurídica de la parte promovente; razones por las que se determina la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Por lo que, es inconcuso que, de momento, no existe perjuicio real y definitivo a la parte quejosa y, de ello, deviene la improcedencia de la demanda de amparo. Apoya lo expuesto, la tesis siguiente, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE CONTIENE EL REQUERIMI ENTO AL ACTOR PARA RATIFICAR SU ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO COMPARECER, POR SER UN ACTO QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LAS PARTES. El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo la afectación al interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, es decir, el perjuicio debe ser real, concreto y actual. De este modo, un apercibimiento no puede estimarse como sinónimo de perjuicio, en tanto no se haga efectivo, pues la consecuencia establecida con motivo de esa medida de apremio puede ejecutarse o no, ya que ello depende de la conducta asumida por la parte requerida. En este contexto, el requerimiento dirigido al actor para que se presente a ratificar su escrito de desistimiento de la acción, con apercibimiento de continuar con el procedimiento en caso de no comparecer, es un acto que no genera un agravio concreto y actual que afecte el interés jurídico de las partes, en particular, de la demandada, toda vez que la prevención relativa está supeditada a la voluntad del actor y no a una imposibilidad jurídica o material que no pueda cumplimentar la parte demandada. Consecuentemente, contra el proveído que contenga el requerimiento al actor para ratificar su escrito de desistimiento de la acción, con apercibimiento de continuar el procedimiento en caso de no comparecer es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del invocado numeral en correlación con el diverso 74, fracción III, del citado ordenamiento legal, lo que conduce a sobreseer en el juicio de amparo." Asimismo, por las razones que la informan, se estima conveniente invocar la jurisprudencia siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal." También, por las razones que la contienen, se cita la jurisprudencia: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Consecuentemente, al actualizarse, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio, por notoriamente improcedente. Debiéndose destacar que similar criterio sostuvo este órgano de control constitucional al desechar el diverso juicio de amparo1285/2020-I, promovido contra el auto de uno de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio natural, en el que se ordenó al quejoso, comparecer el once de los cursantes, a las terapias ordenadas en dicho procedimiento, apercibido que de no hacerlo, se consideraría un obstáculo para la convivencia con su menor hija. Por ello, tomando en consideración los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que señaló en la boleta adjunta a su demanda de amparo, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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