Fernando Mainou Cervantes
Expediente 1322/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- Fernando Mainou Cervantes
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL TELEGRAMA DE CUENTA...SE TIENE A AUTORIDAD INFORMANDO LAS GESTIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR ASÍ COMO DIVERSAS MANIFESTACIONES...AGRÉGUESE ÚNICAMENTE...SE LE TIENE REITERANDO DICHA INFORMACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE REQUIRIÓ AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA...
- Principal
...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
- Principal
SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL AVISO FIJADO EN PUERTA EL AUTO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por la persona moral denominada "COLEGIO LA SALLE SAN JUAN DEL RÍO, A.C.", a través de su apoderado legal Fernando Mainou Cervantes, carácter que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, esto es, con la copia certificada de la escritura pública número veintiséis mil setecientos cuarenta y dos, de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, pasado ante la fe del notario Público número doscientos treinta de la Ciudad de México, contra actos del CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y OTRA AUTORIDAD, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 107, 108 y 114 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese bajo el número 1322/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es importante señalar que el acto reclamado esencialmente se hace consistir en: ? El auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitido en los autos del procedimiento CC.QRO.171/2023, signado por el secretario del CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, mediante el cual tuvo por no interpuesto el escrito inicial de demanda de Amparo Directo, pretendido por la quejosa "COLEGIO LA SALLE SAN JUAN DEL RÍO, A.C.", a través de su apoderado legal Fernando Mainou Cervantes, atendiendo a las consideraciones ahí expuestas. Acto Dictado en diverso Juicio de Amparo (Directo) Debe decirse que, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, como se pasa a demostrar: El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, en estricto sentido de los antecedentes narrado por el ocursante bajo protesta de decir verdad, se hace patente que: 1.- En diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la moral quejosa presentó recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguros Social frente al dictamen de calificación de probable accidente de Trabajo ST-7, de veinte de abril de dos mil veintitrés, radicándose el expediente CC.QRO. 171/2023. 2.- Siendo que en diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se desechó dicho recurso por las consideraciones sustentadas por la autoridad responsable; determinación ante la cual la ahora quejosa, interpuso diverso recurso de revocación; el cual una vez substanciado en todas y cada una de sus partes, por determinación de seis de julio de dos mil veintitrés, se resolvió infundado dicho recurso. 3.- En razón de la determinación antes reseñada, es que la ahora moral quejosa, presentó demanda de amparo en la vía directa, ante la autoridad responsable CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; siendo que tal escrito fue acordado por el Secretario del Consejo Consultivo del citado Instituto; quien por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, resolvió tener por no presentado dicho escrito de demanda de amparo directo, atendiendo a las consideraciones ahí expuestas (falta de firma de su signante). En la inteligencia que este último es el auto materia de reclamo en la demanda en estudio. Siendo patente de lo anterior, que la autoridad SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, proveyó en cuanto al destino de la demanda de amparo presentada ante su potestad en la vía directa. En efecto, el citado acto destacado se traduce fundamentalmente en la negativa (rehusarse) de proveer sobre la solicitud formulada por la parte (quejosa), a fin de que se le dé tramite a la demanda de amparo directo pretendida en contra de la diversa resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, emitida en los autos del expediente CC.QRO. 171/2023, por la cual se resolvió infundado dicho recurso de revocación. Esto es, el acto reclamado se traduce en una resolución dictada en el trámite de un juicio de amparo directo; ello es así, por virtud de que la autoridad responsable actúa en auxilio del Tribunal Colegiado respectivo, al recibir y dar trámite a tal demanda, conforme a los artículos 176 al 178 de la Ley de Amparo De ahí que se estime que el acto reclamado (negativa u omisión en dar trámite a una demanda de amparo promovida en la vía directa), constituye una resolución propia del trámite del juicio de amparo directo, específicamente del cuaderno principal, actos contra los cuales resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción transcrita. Se considera de esa forma dado, que el acto reclamado tienen su origen en el trámite del juicio de ampro directo pretendido, esto es, esta intrínsecamente vinculado al inicio del trámite de una demanda de amparo, presentada en la vía directa, de la cual en términos del artículo 34 y 170 de la Ley de Amparo, es competente para conocer el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en turno, pues el objeto y alcance de la petición formulada y de la cual se reclama negativa, tiene como finalidad, que dicha autoridad de conocimiento (responsable), de trámite a la demanda de amparo pretendida por la parte quejosa, o bien, se pronuncie conforme a derecho. Luego entonces, los actos emitidos dentro de un juicio de amparo, no pueden ser reclamadas mediante otro juicio de tal naturaleza, como lo es el que reclama la quejosa, porque ello provocaría inseguridad jurídica a través de amparos interminables, sin que con ello se dejara en estado de indefensión a la parte quejosa, en razón de que dentro de la propia ley de amparo, se establece un recurso ordinario contra la negativa u omisión de dar trámite a una demanda de amparo presentada en la vía directa, por parte de la autoridad responsable, como lo es el recurso que al efecto señala la Ley de Amparo (recurso de queja en términos del artículo 97 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo). Robustece lo anterior el diverso criterio visible en el registro digital Registro digital: 2011327, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: VI.3o.A.8 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1769, cuyo rubro y texto es el siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. LOS ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE ESE RECURSO. El precepto citado establece la procedencia del recurso de queja en el amparo directo, cuando la autoridad responsable omita dar trámite a la demanda correspondiente o lo haga indebidamente. Por su parte, de las iniciativas y del proceso legislativo que derivaron en la aprobación de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, así como de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 431/2013, se advierte que la intención del legislador de incluir ese supuesto de procedencia, fue permitir que se analizara la actuación de la autoridad responsable en el trámite de la demanda de amparo, como auxiliar de la Justicia Federal, en aras de privilegiar el acceso a la prosecución de la instancia constitucional y, en consecuencia, la emisión de la sentencia correspondiente que resuelva su planteamiento, lo cual es acorde con el derecho fundamental de todo gobernado a que se le administre justicia por tribunales que deben estar expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que se fijen en las propias leyes. Por tanto, los actos emitidos por la autoridad responsable en el trámite de la demanda de amparo directo, los cuales forman parte del procedimiento del juicio relativo, porque aquella funge como auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros interesados, la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento, o su omisión de actuar, que se enuncian ejemplificativa y no limitativamente, son impugnables a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso a), aludido." En esas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia referida y, al derivar el acto reclamado, del auto por el cual, la autoridad SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, tuvo por no presentado el escrito inicial de demanda de Amparo Directo, pretendido por la quejosa ..., debe desecharse la demanda que nos ocupa respecto del citado acto reclamado por los motivos indicados. Tienen aplicación las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicadas en las páginas 503 y 75, de los tomos VII, Febrero de 1998 y IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Novena y Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de la demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." Y, "AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS O EN EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo previsto en los artículos 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo, se colige que las autoridades responsables se convierten en auxiliares de los tribunales federales para la recepción y remisión de las demandas de amparo que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales del orden común tanto de la primera como de segunda instancia, por lo que si una sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dicta una resolución en el sentido de negar trámite a la demanda de amparo, ésta en realidad se pronuncia dentro del juicio de garantías, razón por la cual debe impugnarse ésta decisión mediante los recursos inherentes al juicio de amparo, y no mediante juicio de amparo indirecto, porque de ser así, el amparo indirecto es improcedente acorde con lo que dispone la fracción II del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y lo que procede en cambio, es combatirse a través de recurso idóneo que establece en su capítulo XI la Ley de Amparo." Igualmente, cobra aplicación la tesis que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XVIII, diciembre de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 83, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." En mérito de lo expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia a que se refieren la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías promovida por "COLEGIO LA SALLE SAN JUAN DEL RÍO, A.C.", a través de su apoderado legal Fernando Mainou Cervantes. Máxime que en relación al acto reclamado, el quejoso tiene expedito su derecho a interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo; cuyo recurso debe presentarse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer del Juicio de Amparo (Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno de este XXII Circuito) conforme al artículo 99 de la Ley de Amparo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora bien, se tiene como autorizados de la parte quejosa a las diversas personas que señala en su escrito inicial de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, por ser los efectos de su autorización. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto
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