Fernando López Jiménez
Expediente 1716/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1716/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Fernando López Jiménez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Vista la copia del oficio de cuenta del que se advierte que con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de diciembre del año en curso, acordó autorizar al licenciado José Raúl Serrano Cruz, Secretario adscrito a este tribunal, para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, del dieciséis de este mes y año, durante la comisión temporal del Magistrado Guillermo Arturo Medel García, hasta en tanto dicha Comisión o el Pleno referido lo determinen; lo anterior hágase saber a las partes para los efectos legales consiguientes.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; registrado en oficialía de partes con el número 10206/2017, mediante el cual remite original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Fernando López Jiménez, constancias de emplazamiento a la parte tercero interesada, el diverso 1745/2017, copia certificada del toca civil 809/2013 y su acumulado 23/2017, testimonio de apelación 632/2013; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: C. Magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Hidalgo; con domicilio bien conocido en carretera México - Pachuca sector primario. IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye: 1.- La sentencia dictada en fecha 16 de octubre del año 2017, dictada dentro del toca civil número 23/2017 acumulada al toca civil 809/2013." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió una resolución en el toca civil 23/2017 acumulado al toca civil 809/2013, relativa al recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso, resolución en la cual la sala civil responsable confirmo el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, dentro del expediente 632/2013. Inconforme con dicha resolución Fernando López Jiménez, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 23/2017 acumulado al toca civil 809/2013, en la cual se confirmó el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, dentro del expediente 632/2013; por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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