Fernando López Hernández
Expediente 527/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando López Hernández
- Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.marilyn 19208. SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. CIUDAD 12209. DIRECTOR DEL CENTRO DE ALTA SEGURIDAD PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO NÚMERO UNO. ZURUMBENEO, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 527/2018, PROMOVIDO POR FERNANDO LÓPEZ HERNÁNDEZ, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. MORELIA, MICHOACÁN, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018. A T E N T A M E N T E: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO. LICENCIADO OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 527/2018 promovido por Fernando López Hernández, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 2-11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Fernando López Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Subsecretario de Prevención y Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Director del Centro de Alta Seguridad para los Delitos de Alto Impacto número Uno.. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 527/2018, se admitió mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 37) se tuvo por no señalada como responsable al "Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", dada su inexistencia y se ordenó suspender toda comunicación don la misma. De igual manera, con apoyo en el principio de economía procesal, se tuvo como autoridad responsable al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, tomando en consideración que fue quien ordenó el traslado del quejoso; y, se le solicitó que rindiera su informe justificado. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado habrá de ejecutarse en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso al Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo y al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número Uno, son: La orden de traslado del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número Uno, al Centro Penitenciario de Maravatío; y, su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo y al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número Uno, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 53 y 48). Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron dichas autoridades responsables, consistentes en diversas copias certificadas de documentos que obran en los archivos de las dependencias a su cargo. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y de las que se advierte la orden de traslado reclamada. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Artículo 61, fracción XII (interés). El Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditaron una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, en primer lugar porque no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito; en segundo, porque la orden de traslado está dirigida al quejoso por lo que ello le da interés para impugnarla. Artículo 61, fracción XVI (actos consumados). El Subdirector Jurídico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto impacto número uno, al rendir su informe justificado adujo que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la orden de traslado ya se había realizado. Causal que es infundada. Para evidenciar lo anterior, es pertinente traer a glosa la fracción XVI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con dicha causal, los actos consumados irreparablemente son aquellos que han surtido en forma total todos sus efectos, de modo que aun cuando la sentencia resultara favorable, existe imposibilidad física y material para que sean restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías reclamada. Situación que en la especie no acontece, toda vez que si bien, como lo señala la responsable, ya se efectuó el traslado reclamado, ello no implica que sus efectos se han consumado irreparablemente, pues de otorgarse al quejoso la protección federal (en su caso), los efectos del amparo serían para que la autoridad responsable deje insubsistente la orden reclamada, lo que implica la anulación de la misma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tanto, al no existir imposibilidad física o material para que el quejoso sea restituido en sus derechos en el supuesto de que le sea favorable la sentencia constitucional, se desestima el planteamiento de la responsable. Es aplicable la tesis I. 3o. A. 150 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 325 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 209662, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". Procedencia. Por otra parte, debe indicarse que en el caso el quejoso impugna el oficio CSPEM/UJ/3438/2018, de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, ordenó su traslado del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto número Uno al diverso Centro Penitenciario de Maravatío, Michoacán; determinación que fue calificada de legal el dieciocho de julio de dos mil dieciocho por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ante el que se encuentra a disposición a partir del cuatro de abril de dos mil catorce, con motivo del proceso penal 43/2014 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, que se le instruyó por el delito contra la salud. En ese sentido, pese a que el accionante de tutela constitucional no señaló como autoridad responsable al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y como acto reclamado el auto de dieciocho de julio de este año, por el cual convalidó el traslado del que fue objeto el quejoso, procede que este juzgador emprenda el estudio de la orden de traslado emitida por el Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo, ya que ésta es independiente de lo resuelto por el juez de distrito, ya que desde que se dicta implica su ejecución sin previa autorización judicial y porque desde su ejecución le ocasiona un agravio al quejoso, aunado a que expresamente en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, se prevé que puede impugnarse con independencia de que exista la calificación de legalidad de la autoridad jurisdiccional. Se cita como sustento jurídico a lo anterior, la tesis: I.1o.P.91 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 234 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Libro 50, Enero de 2018, Décima Época, registro 2015990, que dice: "TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. PROCEDE ESTUDIAR SU CONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO, AUN CUANDO NO SE RECLAME EL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CALIFICÓ SU LEGALIDAD. En términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad penitenciaria, excepcionalmente, tiene facultades para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, debiendo notificar al Juez competente esa determinación, entre otros supuestos, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario; esto es, la autoridad administrativa citada cuenta con competencia excepcional para dictar el traslado, y para efectos del juicio de amparo, es independiente de lo que resuelva el juzgado de ejecución o el competente, pues surte sus efectos desde su emisión, dado que, incluso, se ejecuta y esta circunstancia es la que puede afectar al justiciable, si estima que dicho acto es violatorio de derechos fundamentales; corrobora lo precedente, el penúltimo y último párrafos del precepto invocado, pues expresamente se prevé como materia de una controversia judicial -por ejemplo, del recurso extraordinario de amparo si a sus intereses conviene a la persona privada de su libertad- la determinación de traslado dictada por la autoridad administrativa a pesar de que hubiese remitido el asunto a la autoridad jurisdiccional para ese efecto y éste no haya emitido en el plazo legal el acuerdo correspondiente, lo que evidencia el carácter desvinculado de dichas resoluciones, pues no habría razón para que se aclarara lo anterior; entonces, aun cuando exista el pronunciamiento del juzgador validando el traslado autorizado por la autoridad administrativa y no se reclame su constitucionalidad en el juicio de amparo, procede examinar la actuación de la autoridad penitenciaria, al estar desvinculada de aquél, precisamente porque desde que se dicta implica su ejecución sin previa autorización judicial -dados los supuestos, por decirlo de alguna forma, de urgencia de esa medida- y tal acto ya le puede ocasionar un agravio al quejoso, aunado a que expresamente se prevé que puede impugnarse con independencia de que exista la calificación de legalidad de la autoridad jurisdiccional." Ahora bien, toda vez que las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de una diversa; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El quejoso hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de los motivos de inconformidad, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, de la Ley de Amparo, procede que este órgano jurisdiccional verifique el estudio de los conceptos de violación supliendo la queja deficiente. Ello, además con apoyo en la tesis 2a. VIII/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 267 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, registro 200655, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURIDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos." En primer término, debe indicarse que en el caso, el quejoso impugna el oficio CSPEMO/UJ/3438/2018, de dieciocho de junio del año en curso, mediante el cual el Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo, ordenó su traslado del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno al Centro Penitenciario de Maravatío, Michoacán, en términos del artículo 52, fracciones II y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa determinación fue convalidada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ante el que se encuentra a disposición el quejoso, dentro del S.I.P.E. 446/2017-III, derivado del proceso penal 43/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, que se le instruyó por delito contra la salud. Así, en sus conceptos de violación el quejoso aduce: La orden de traslado de la que fue objeto es violatoria de los artículos 1°, 14, 16, 21 y 22 constitucionales, ya que no se le respetaron las formalidades de ley. En momento alguno se le ha notificado de manera oficial del traslado, por lo que no ha podido dar respuesta a la situación que se le atribuye y no ha sido oído ni vencido en juicio o en procedimiento. La orden de traslado no está fundada ni motivada, pues no existe motivo ni justificación alguna para ello, aunado a que no ha cometido conducta alguna que justifique dicha resolución, por lo que se violan en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales. El traslado a un centro de reinserción social ubicado fuera del lugar donde se ubica su domicilio de residencia, le generaría problemas familiares ya que los gastos serían continuos y cuantiosos. Las constancias que obran en autos son insuficientes para tener por acreditada su responsabilidad y por lo tanto no se debió dictar la orden de traslado en su perjuicio. Son infundados lo conceptos de violación establecidos en los incisos a) y b). Para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, debe precisarse que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". El precepto constitucional transcrito, tutela el derecho fundamental de audiencia, para lo cual, comprende la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. Así, los medios para ejercer debidamente el derecho fundamental de defensa, son proporcionados al gobernado a través de las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que constituyen los requisitos necesarios para garantizar la defensa adecuada del afectado antes del acto privativo. En relación con el derecho fundamental de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia. Los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.". Conforme a lo expuesto, lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en torno a que la orden de traslado de la que fue objeto viola el artículo 14 constitucional, descansa en que dicho traslado constituye un acto de molestia que para su emisión no está sujeto a la satisfacción de las formalidades esenciales del procedimiento previstas en ese artículo, pues como se indicó anteriormente, el quejoso no tiene constituido un derecho a permanecer en un determinado centro de reclusión, sino que ello depende de diversas circunstancias que pueden ser propias a él, por ejemplo, el comportamiento que muestre dentro de su reclusión y también ajenas, como las medidas de seguridad con las que cuente el centro de reclusión y la capacidad para albergar a determinados internos, razón por la que dicha orden sólo necesita cumplir con los requisitos formales y materiales que dispone el artículo 16 constitucional, pues no se trata de un acto privativo. Se cita como sustento legal, la tesis: I.1o.P.79 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2017, Tomo III, página 2077, Décima Época, registro 2015525, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PARA EMITIRLA Y EJECUTARLA EN CASOS ESPECÍFICOS MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, ES TRANSITORIA EN LA MEDIDA EN QUE NO CONLLEVA UNA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE ESE ACTO DE MOLESTIA. El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que sólo en los supuestos previstos en ese precepto, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificarle al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; una vez hecho esto, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. De lo anterior se sigue que, si bien es verdad que la autoridad administrativa tiene la facultad de ordenar el traslado en circunstancias excepcionales expresamente previstas en la ley; no menos lo es que esa potestad es transitoria en la medida en que no conlleva una decisión definitiva sobre ese acto de molestia, porque ello es una cuestión que le compete determinar única y exclusivamente a la autoridad judicial, de conformidad con los requisitos establecidos en el numeral invocado. Por tanto, si el traslado es ejecutado y no cumple con el proceder mencionado, viola el principio de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se habrá ejecutado un acto de molestia en el que la autoridad que lo ordenó, no era legalmente competente para determinarlo en definitiva, siendo que la competencia en el acto de autoridad refiere a la necesidad de que éste debe ser emitido por quien se encuentre facultado para ello, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación." Igualmente, es infundado el concepto de violación en el que el peticionario de tutela constitucional indica que la orden de traslado es violatoria del derecho fundamental establecido en el artículo 16 Constitucional, ya que no está debidamente fundada ni motivada, ni existió justificación alguna para ello (concepto de violación señalado como c). Al respecto, se tiene que el artículo 16 constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del precepto transcrito, se advierte la obligación que la Constitución Federal impone a toda autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que emita; entendiéndose por motivación, el razonamiento que debe efectuar la autoridad que emite el acto, en el que se especifiquen los hechos, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para concluir con aquél, como lo establece la jurisprudencia 338, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, del Tomo VI, Parte SCJN, registro 394294, que dispone: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.". En tanto que, la fundamentación implica señalar el precepto o preceptos y ordenamiento u ordenamientos legales aplicables al caso concreto. Consideradas así la fundamentación y motivación, es claro que la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. Esto es, la falta de fundamentación y motivación se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. Luego, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa y, una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Entonces la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, del Semanario Judicial de la Federación, registro 238212, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Así como también, sirve de apoyo a lo antes dicho, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XXVII, de Febrero de dos mil ocho, página 1964, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. de ambos requisitos constitucionales. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.". Conforme a lo anterior, se dice que el oficio CSPEMO/UJ/3428/2018, de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el que el Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo, ordenó el traslado del quejoso, del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número Uno al Centro Penitenciario de Maravatío, Michoacán, está debidamente fundado y motivado en atención al criterio contenido en la tesis XIX.2o.20 A, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 886 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, registro 195842, que dice: "ORDEN DE TRASLADO. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La orden de traslado de reos, entendida como una decisión unilateral dictada por la autoridad administrativa, reviste las características de un comunicado entre autoridades de igual o diversa jerarquía, pero esa circunstancia no la exime de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 constitucional, ya que si bien para la autoridad que lo dicta significa un simple comunicado, para el gobernado se traduce en un claro acto de molestia, lo que exige no sólo que contenga los preceptos legales en que se funda, sino además, las razones o circunstancias que la llevaron a dictarlo, a fin de que su destinatario cuente con los elementos para defenderse de ella." Del criterio citado, obtenemos como requisitos para considerar satisfecha la debida fundamentación los siguientes: Establecer los preceptos legales en que se funda; y Precisar las razones o circunstancias que la llevaron a dictarlo. En relación al primer aspecto, el Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo, invocó como fundamento del oficio CSPEMO/UJ/3428/2018, el siguiente: "[.] Con fundamento en los artículos 1°, 18, 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I y III, 2° párrafo primero, 3° fracción I y XXIV, 14, 15, 49, 50, 52 y 73 párrafo primero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 fracción II, V, VI, VIII y XIII, 4° fracción I, II, III y IX, 13 fracción I, II y X, del Decreto de Creación de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo". De dicho fundamento destaca para la calificación de esa determinación, los artículos 50 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación (aplicable al asunto que nos ocupa en atención al contenido de su artículo 2°, que dispone que es aplicable al internamiento por prisión preventiva y a la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas por tribunales del orden local y federal; además, sus disposiciones son de observancia obligatoria para la Federación y los Estados.), disponen: "Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Como se ve, el artículo 50 establece que los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional, operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución; que en esos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Asimismo, determina que cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora; y, que no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Por su parte, el artículo 52 de Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un supuesto de excepción, pues en este caso la ley faculta a la autoridad penitenciara para que, sin intervención previa del juez, emita resolución administrativa en la que ordene el traslado de una persona privada de la libertad a otro centro penitenciario, en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. 2. Cuando exista riesgo a la integridad y la salud de la persona privada de la libertad. 3. Si se pone en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. No obstante lo anterior, una vez que la autoridad administrativa determina el traslado con sustento en alguna de las causas enumeradas, debe notificar esa resolución al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes, para que éste califique su legalidad en el término de cuarenta y ocho horas. Bajo el anterior panorama, en el caso es evidente que el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto autoridad administrativa, sí estaba facultado, para emitir la orden de traslado por razones de seguridad, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y consecuentemente, era competente para hacerlo. Por lo que hace a las razones o circunstancias en las que la autoridad administrativa se apoyó para hacerlo (fundamentación), se estiman correctas, en la medida que en el oficio de traslado asentó esencialmente que era necesario llevar a cabo acciones tendentes a salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito al centro penitenciario; en atención al exceso de personas privadas de su libertad sobre la capacidad de alojamiento oficialmente permitido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para delito de alto impacto número uno, lo que representaba un riesgo objetivo para su integridad y salud, así como a la seguridad y gobernabilidad del citado centro de reclusión. En ese sentido, se estima debidamente motivada la determinación que ordenó el traslado, en la medida que la misma fue emitida en términos de los artículos 50 y 52, fracciones II y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en la propia determinación se establecieron y narraron las circunstancias que condujeron a concluir que el exceso de personas representaba un riesgo para la integridad y salud de las personas privadas de su libertad así como a la seguridad y gobernabilidad del centro de reclusión. Aunado a ello, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, adjuntó a su informe justificado diversas constancias, entre ellas el oficio CPASDAIN1/1319/2018, mediante el cual el Director del Centro de reinserción responsable, al solicitar el traslado adujo que el quejoso no había cometido delito de secuestro y que era necesario despresurizar la cantidad de población penitenciaria y la contaminación criminógena, encaminado a evitar la sobrepoblación y a su vez las disimilitudes que surgían con ello. Constancia en relación a la capacidad instalada de los Centro de Reinserción Social, de la que se advierte que el Centro Penitenciario responsable cuenta con la cantidad de mil cuarenta y cuatro personas y el diverso de Maravatío con doscientas veintidós Razones las anteriores, que a juicio de quien resuelve, son suficientes para actualizar la hipótesis normativa del traslado involuntario por razones de seguridad, previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en la medida que ellas fundan y revelan razonadamente que la permanencia del quejoso en el centro, actualizaba el riesgo para su integridad y salud así como para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Por otro lado, es igualmente infundado el concepto de violación establecido en el inciso d), en el que indica que el traslado a un centro de reinserción social ubicado fuera del lugar donde se ubica su domicilio de residencia, le generaría problemas familiares ya que los gastos serían continuos y cuantiosos. Lo anterior, porque si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las personas sentenciadas a purgar una pena privativa de libertad, tienen derecho a ser internadas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio; sin embargo, al respecto también puntualizó que este derecho no es absoluto y puede quedar sujeto a los casos y condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, con independencia de los asuntos de delincuencia organizada. Indicó también que las restricciones a ese derecho pueden obedecer a circunstancias legalmente establecidas, pero también a motivos fácticos, imprevistos o ajenos al actuar de las autoridades encargadas de ejecutar las sentencias privativas de libertad, ya sea por las condiciones personales del propio interno, o bien, por causas externas, por ejemplo, el sobrecupo en un centro de internamiento, el deterioro físico del inmueble, la insuficiencia de custodios, etcétera y que en esas situaciones de excepción, la autoridad encargada de la ejecución de la pena de prisión puede autorizar el traslado de los internos mediante mandamiento escrito en el que se cumplan las exigencias formales señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, fundando y motivando debidamente su actuar, debiendo tenerse en cuenta, al examinar la legalidad de dicha orden, la imposibilidad o dificultad de obtener pruebas directas, contundentes e incuestionables sobre las circunstancias personales del sentenciado, o de diversas situaciones que motivaron su traslado a otro centro de reclusión, y que esas cuestiones pueden acreditarse indiciariamente. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia: P./J. 19/2012 (10a.), localizable en el Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, página 14, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001894, que dice: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado." En ese sentido, lo infundado de los conceptos de violación que se estudian en conjunto, descansa en que aunque por principio es cierto que el quejoso, en su calidad de sentenciado tiene derecho a permanecer en un centro de reclusión que se encuentre cercano al juez al que se encuentra a disposición y del mismo modo, que la constitución consagra como uno de sus derechos fundamentales para la debida reintegración, el que permanezca en un centro de reclusión cercano a su domicilio; más lo es que ningún derecho es absoluto. Se explica. De acuerdo a la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, éstos contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. Conforme a lo anterior, es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo. Así, aunque es cierto que el artículo 18 Constitucional establece que los sentenciados tendrán derecho a permanecer en un centro reclusorio lo más cercano a su domicilio en la parte que señala que: los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; más lo es que ese derecho fundamental, cuyo núcleo fijo busca proteger el derecho a la reinserción social, encuentra una restricción constitucional en la parte que también indica: "Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad." Conforme a lo anterior, el derecho fundamental del quejoso a la reinserción social en un centro penitenciario cercano a su domicilio, encuentra una restricción constitucional, que es la excepción de los internos que requieran medidas especiales de seguridad, en la cual, dicho sea de paso se colocó el accionante de tutela constitucional. Se estima de ese modo, porque como quedó establecido anteriormente, el traslado del quejoso fue ordenado por la autoridad responsable en términos de los artículos 50 y 52, fracciones II y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que de acuerdo a lo establecido en la determinación que ordenó el traslado, el exceso de población representaba un riesgo tanto para su integridad y salud como para seguridad y gobernabilidad del centro de reclusión. En ese sentido, si el constituyente permanente otorgó al legislador secundario, libertad configurativa para establecer los supuestos en los que se actualizarían excepciones o restricciones al derecho fundamental de permanecer en el un centro de internamiento penitenciario cercano al domicilio del procesado o sentenciado, y en el caso, la autoridad administrativa que ordenó el traslado, se apoyó precisamente en esa legislación complementaria del artículo 18 Constitucional, denominada "Ley Nacional de Ejecución de Penas", la cual en su artículo 52, establece la facultad para ordenar el traslado involuntario por razones de seguridad; es evidente que la restricción impuesta al derecho fundamental del peticionario de tutela constitucional, a permanecer en un centro cercano a su domicilio, se encuentra legalmente establecida. Finalmente, también es infundado el motivo de disenso identificado como e) en el que adujo que de las constancias que obran en autos son insuficientes para tener por acreditada su responsabilidad y por lo tanto no se debió dictar ordenamiento alguno de traslado en su perjuicio. Ello, porque contrario a lo precisado por el quejoso, la orden de traslado no tuvo como fundamento la responsabilidad del quejoso -máxime el proceso penal relacionado ya se encuentra en ejecución de sanciones- sino en el riesgo para la integridad y salud del quejoso, así como el riesgo en la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario, derivado del exceso de población de éste. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Determinación que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamada al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para delito de alto impacto número 1, dado que no se reclama por vicios propios. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando López Hernández, por las razones contenidas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, glósese el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en atención a la solicitud formulada en autos, remite diversas constancias que integran el expediente de ejecución de penas 446/2017-III de su índice. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de la Amparo téngase por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la referida documental. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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