Fernando Lecea González

Expediente 913/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
913/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
23/10/2017

Partes del expediente

  • Fernando Lecea González
  • Fernando Lecea González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    La sentencia por la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de control constitucional; HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 913/2016-I; y RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, del cual por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, Fernando Lecea González, solicitó el amparo actos del Director General y Encargada de la Coordinación de los Servicios Médicos, ambos del Centro Federal 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, que hizo consistir en la omisión de proporcionarle atención médica. SEGUNDO. Trámite del juicio. En el acuerdo dictado el mismo día, este tribunal formó el expediente respectivo y lo registró con el número 913/2016-I; admitió a trámite la demanda; requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Sentencia y reposición de procedimiento. El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia correspondiente en la que se sobreseyó el juicio. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual por cuestión de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato, quien por resolución de primero de junio del año en curso, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento. CUARTO. Cumplimiento de lo ordenado por la superioridad y trámite de juicio. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad se ordenó dar vista a la parte quejosa con los informes y anexos rendidos en autos y, se señaló día y hora para que se llevara a cabo la audiencia constitucional de juicio, misma que previo cumplimiento a lo ordenado se desahogó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito territorial que comprende su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La demanda de amparo constituye un todo que debe ser analizada en su conjunto con la finalidad de fijar cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa, así como la intención que persigue al combatirlos mediante los conceptos de violación, requisitos que pueden o no contemplarse en apartados que así los identifiquen, circunstancia última que no impide que el órgano de control constitucional fije el acto concreto que se reclame de la autoridad señalada como responsable, pues así lo ha reiterado tanto el Pleno como la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, que se puede leer en la página treinta y dos, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante reclama: La omisión de proporcionarle atención médica, así como del suministro de los medicamentos necesarios para aliviar los padecimientos que presenta. TERCERO. Sobreseimiento de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados, pues las autoridades señaladas como responsables negaron su existencia en los informes justificados que rindieron y el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por lo anterior, se impone sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, debe decirse que la negativa de la responsable, se encuentra apoyada con las documentales que la responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12, "CPS-Guanajuato" de Ocampo, Guanajuato, adjuntó a su informe justificado, consistente en copias fotostáticas certificadas, y que obran en autos a fojas dieciséis, treinta a cuarenta y siete, mismas que remitió al momento de rendir su informe justificado y al diverso oficio 12893/2016, de las que se advierten los padecimientos del quejoso Fernando Lecea González; la atención médica que se le ha brindado; el tratamiento que le ha sido indicado y los medicamentos que le han sido suministrados por el médico del centro penitenciario; lo que se corrobora de las notas médicas, odontológicas, tarjetas de suministro y análisis clínicos. Documentos que revelan el padecimiento que tiene el ahora quejoso, así como el tratamiento que se le ha proporcionado y los medicamentos que se le han suministrado. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, al ser documentos públicos, por la existencia de sellos y firmas en su exterior y al haber sido expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, Quinta Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, frente a tales acciones por parte de la autoridad responsable Director General y de la Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, se encuentra lo argumentado por el agraviado Fernando Lecea González, en el sentido de encontrarse interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, y reclamar, esencialmente, la falta de atención médica; ante lo cual este Juzgado de Distrito considera que se encuentra en entredicho un aspecto fundamental de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente en el artículo 4º, complementado con la convención americana de tales derechos, así como con la declaración universal de los mismos. Es menester tener en consideración lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 4º. El Varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. [.]." Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, en su artículo 5º, punto número 1, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral." Debe destacarse también, lo dispuesto por el artículo 25, punto número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que estableció: "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." De lo dispuesto en el artículo 4° Constitucional, compatible con los instrumentos internacionales recién destacados, se obtiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios de salud y asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. Es aplicable al respecto, el criterio aislado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número de tesis LXV/2008, en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materias Constitucional, Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." A lo anterior, no debe ser óbice la condición de interno del ahora quejoso, en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, habida cuenta que del artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compatible con el numeral 10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta), se obtiene el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada de manera humana, y con el debido respecto a la dignidad. Tales disposiciones establecen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. [.]". "Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Lo expuesto, obliga a las autoridades en general, y en específico a las responsables encargadas de la reinserción de los quejosos, a prestar un servicio médico básico, que cumpla con las exigencias de los derechos humanos que se protegen al través de los dispositivos apuntados. En ese orden de ideas, si de autos se advierte el padecimiento del quejoso, su diagnóstico y tratamiento a seguir, es evidente que las autoridades responsables, respetaron el derecho humano relacionado con la salud de todo interno privado de su libertad; sin que exista prueba que demuestre lo contrario, máxime que de las documentales que remitió el Director General del Centro de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, se demuestra que se le ha dado atención médica. Además, es preciso destacar que si el impetrante considera que aquélla es insuficiente o ineficaz, en todo caso, están en aptitud de plantear la solicitud correspondiente a fin de que sea atendido a su costa por un médico particular de su elección, previa satisfacción de las formalidades establecidas por los dispositivos 47 y 48, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Consecuentemente, al no demostrarse los actos aducidos en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente asunto, respecto de los actos atribuidos por el quejoso a las autoridades que señaló como responsables. Se girar exhorto para notificar a quejoso. Finalmente y toda vez que de autos se advierte que el quejoso Fernando Lecea González, fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito Especializado en Materia Penal en turno en Monterrey, Nuevo León, para que en auxilio de las labores de este tribunal, notifique de forma personal al citado Lecea González, la presente sentencia. Solicitándole que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver las constancias respectivas. Para que se cumpla con lo ordenado, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia que se ordena, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Fernando Lecea González, en contra de las autoridades y por el acto precisado en el resultando primero de este fallo. Notifíquese; hágase por exhorto a la parte quejosa.Así lo resolvió y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, ante la secretaria que autoriza, Blanca del Rocío Fonseca Hernández. L´BRFH.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

  4. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en auto de nueve de junio del presente año, adjuntando copias certificadas de las constancias que así lo acreditan. En virtud de lo anterior, y toda vez que de las constancias de cuenta se advierte que el quejoso Fernando Lecea González, fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito Especializado en Materia Penal en turno en Monterrey, Nuevo León, para que en auxilio de las labores de este tribunal, notifique de forma personal al citado Lecea González, el presente proveído, y autos de datas veintinueve de junio y veintiuno de julio, ambos de dos mil dieciséis, con los informes rendidos por las autoridades responsables y de sus anexos; así como del proveído de siete de junio actual, remitiéndosele para tal efecto copia autorizada de los mismos. Solicitándole que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver las constancias respectivas. Para que se cumpla con lo ordenado, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia que se ordena, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; HÁGASE POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA.

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