Fernando Julio Navarro Villafañe
Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Julio Navarro Villafañe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se efectuó la certificación del término para inconformarse respecto de la sentencia emitida en autos de treinta de agosto de esta anualidad, por lo cual se ordenó realizar los trámites correspondientes a la valoración documental y archivística de este expediente, en términos de la normativa aplicable; sin embargo, se omitió hacer la declaratoria formal de que causaba ejecutoria dicha sentencia y que correspondía el archivo de este expediente. En esas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, se ordena el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido. Así, respecto de la valoración documental y archivística de este expediente; debe estarse a lo determinado en proveído de veintidós de septiembre del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de agosto de dos mil veintidós por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 887/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional -en la referida fecha-, Fernando Julio Navarro Villafañe, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Agente del Ministerio Público de la Mesa Diez del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de la carpeta de investigación 22399/FVCE/OAXACA/2019, consistentes en: "IV. ACTO RECLAMADO: de la autoridad antes señalada reclamo: La negativa ficta de dictar resolución definitiva, en los autos de la carpeta de investigación de investigación (sic) número 22399/FVCE/OAXACA/2019 para su judicialización al Juez de Control competente, de su inventario judicial, en la que soy ofendido o víctima." Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento y desahogo, en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio; aunado a que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: A la Agente del Ministerio Público de la Mesa Diez del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de la carpeta de investigación 22399/FVCE/OAXACA/2019, la negativa de dictar resolución definitiva, en la citada carpeta de investigación para su judicialización ante el Juez de Control competente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público de la Mesa Diez del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de la carpeta de investigación 22399/FVCE/OAXACA/2019, omitió rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente emplazada, conforme al acuse de recibo obrante en autos -recibido el tres de agosto actual-; por lo cual, por regla general conllevaría a tener como presuntivamente cierto el acto que se le reclama, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, la referida presunción de certeza no hace por sí inconstitucional el acto reclamado, ya que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa. Ello derivado de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". En el caso, el quejoso no aportó como prueba documental el acuse de recibo original que contenga la petición formulada a la responsable mediante el cual haya efectuado la solicitud a la Agente del Ministerio Público de la Mesa Diez del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de la carpeta de investigación 22399/FVCE/OAXACA/2019, del que se advierta el sello fechador de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo, a fin de acreditar que efectivamente le realizó una petición a la que no ha recaído respuesta; ya que en asuntos como el presente (falta de contestación a escrito), queda a cargo de la parte quejosa la prueba que determine la existencia del acto reclamado. Se invoca en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." En esas condiciones, y al ser inexistente el acto reclamado, conlleva a sobreseer en el presente asunto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 887/2022, promovido por Fernando Julio Navarro Villafañe, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los motivos y fundamentos expuestos en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Cumplimiento de prevención. Agréguese el escrito de cuenta que suscribe Fernando Julio Navarro Villafañe, por el que en cumplimiento a lo solicitado por este Órgano Jurisdiccional, en proveído de veintiocho de julio actual, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los datos relativos al domicilio de Mario Abrahan López Ramírez obran en la carpeta de investigación; asimismo, que respecto de las fechas de los escritos que señala presentó ante la responsable, específicamente el más reciente, fue el escrito de petición para que la carpeta de investigación 22399/FVCE/OAXACA/2019 se judicialice al Juez de Control competente, para lo cual exhibe copia simple del acuse de recibo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, así como del escrito de inicio de querella y recibido el dos de julio de dos mil diecinueve. Admisión de demanda. Atento al contenido del escrito de cuenta y vista la demanda de amparo promovida por Fernando Julio Navarro Villafañe, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Diez del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de la carpeta de investigación 22399/FVCE/OAXACA/2019. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requerimiento de informes. En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se precisa que si opta por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional, deberá rendirlo con las providencias necesarias para que sea considerados como oportuno, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico de contacto. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deban remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), vigente a partir del 3 de agosto de 2020, podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia; apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
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