Fernando Juarez Torres
Expediente 2198/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2198/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Juarez Torres
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte, que han transcurrido más de dos años desde que la parte quejosa pudo solicitar legalmente la devolución o entrega del billete de depósito depósito N 485167 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de siete de noviembre de ese año, mediante el cual, se dejó a disposición de la parte promovente, el citado certificado bancario, sin que haya comparecido a este órgano jurisdiccional a pedir su devolución; circunstancia por la cual, operó a favor del Fisco Federal, la prescripción del billete de depósito otorgado ante este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; en tal virtud, es procedente remitir dicho valor al Erario Federal para su aplicación correspondiente, girándose el oficio respectivo al Tesorero General de la Federación, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Así mismo, se requiere al Tesorero General de la Federación para que en el término de diez días, legalmente computado, acuse recibo, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia engrosada el trece de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ******************** y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, devuélvasele las copias certificadas del proceso penal ********************, que remitió la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado; requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; que asciende a un monto de $3,352.00 M.N. (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo del presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal ********************, que se instruye en contra de los ahora quejosos; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, atendiendo a la norma que lo prevé y sanciona, ya que se trata de un tipo penal complejo que comprende varias hipótesis normativas que son excluyentes en su integración, bastando, por ende, la actualización de alguna de ellas, para que se integren los elementos constitutivos del delito atribuido, por tanto, a fin de no incurrir en la falta de fundamentación y motivación la autoridad deberá indicar cuál de los supuestos contemplados se acredita, además de señalar con qué prueba o qué parte de las pruebas en específico acredita cada elemento que desglose. b) Al establecer que el delito de fraude genérico deberá justificar por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era el salario mínimo o unidad de cuantificación en el municipio de Cholula, Puebla, el veintinueve de marzo de dos mil trece (lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo), explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta de los quejosos en el supuesto legal citado. c) Deberá explicar de qué manera los inculpados utilizaron el engaño o representación falsa de la verdad, en los hechos que se les atribuyen, es decir, se requiere que exponga motivadamente las circunstancias que tuvo para arribar a la conclusión de que los inculpados engañaron a los pasivos para hacerse de una cosa o de un lucro indebido. d) Por cuanto hace a la probable responsabilidad de los indiciados ahora quejosos en su comisión, deberá establecer de manera individualizada la conducta que desplegaron, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102." Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por esta Juzgadora, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez al tratase de un Juez de primera instancia, estos cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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