Fernando Juárez Morales
Expediente 1207/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Juárez Morales
Actuaciones
- Principal
El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, solicita que se le informe el estado procesal del juicio relativo a la demanda de amparo promovida por... respecto del acto reclamado consistente en: "la tortura realizada durante su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, el uno de mayo de dos mil dieciocho"... Mediante proveído de tres de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por... derivada de la separación de juicios decretada en el juicio de amparo indirecto... del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual se radicó con el número... del índice de este órgano jurisdiccional. En el referido proveído de tres de enero de dos mil veintidós, este juzgado declinó la competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo... Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual informó que aceptó la competencia legal planteada en el juicio de amparo indirecto... por lo que se ordenó el archivo definitivo del cuaderno de antecedentes respectivo...
- Principal
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, informa que aceptó la competencia legal planteada en el juicio de amparo... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...
- Principal
... regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1207/2021... la parte quejosa señala como actos reclamados los actos de tortura realizados por el Custodio Adscrito a la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública... con sede en el Estado de Puebla, y otras autoridades, en contra del quejoso durante el traslado de uno de mayo de dos mil dieciocho... no procede decretar la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, pues asiste carácter de consumados a aquellos actos; máxime que se observa que han transcurrido más de tres años desde los supuestos actos de tortura señalados por el quejoso... dese vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que en uso de sus facultades ordene a quien corresponda inicie de inmediato una investigación independiente, imparcial y minuciosa, que permita determinar la existencia de los hechos destacados, identificar a los responsables y, en su caso, iniciar su procesamiento penal.... se concluye que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que de las constancias que integran este expediente se advierte que actualmente el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, en el Estado de Puebla.... remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito de Amparo, en Materia Penal, en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en esa ciudad... se autoriza a... para que actúen en representación de la parte quejosa en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo... el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, en el Estado de Puebla... gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Matera Penal, con residencia en Puebla, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto del personal de su adscripción, se sirva notificar a la parte quejosa el presente proveído... al quejoso le fueron asignados los defensores públicos... adscritos al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública... notifíquese esta determinación por conducto del personal de la Actuaría, a los defensores y defensoras en cita.... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS DEFENSORES PÚBLICOS, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo indirecto contra actos del Custodio Adscrito a la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública (***), con sede en el Estado de Puebla, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1207/2021. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los actos de tortura realizados por el Custodio Adscrito a la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública (***), con sede en el Estado de Puebla, y otras autoridades, en contra del quejoso durante el traslado de uno de mayo de dos mil dieciocho. En ese sentido, se considera respetuosamente que no procede decretar la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, pues asiste carácter de consumados a aquellos actos; máxime que se observa que han transcurrido más de tres años desde los supuestos actos de tortura señalados por el quejoso. VISTA MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a efecto de esclarecer los hechos descritos por el quejoso dese vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que en uso de sus facultades ordene a quien corresponda inicie de inmediato una investigación independiente, imparcial y minuciosa, que permita determinar la existencia de los hechos destacados, identificar a los responsables y, en su caso, iniciar su procesamiento penal. Es aplicable al caso, las tesis siguientes: Décima Época Registro: 2001218 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.) Página: 1107 "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro hómine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Época: Décima Época Registro: 2006483 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.) Página: 561 "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica: HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgado, que de conformidad con lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, ejercen jurisdicción en esa ciudad. HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente señaló como acto reclamado el siguiente: Los actos de tortura realizados por el Custodio Adscrito a la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la Secretaría de Seguridad Pública (***), con sede en el Estado de Puebla, y otras autoridades, en contra del quejoso durante el traslado de uno de mayo de dos mil veintiuno. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que de las constancias que integran este expediente se advierte que actualmente el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, en el Estado de Puebla. Tiene aplicación la siguiente tesis: "Registro digital: 2021191 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 86/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254 Tipo: Jurisprudencia OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Acorde con lo anterior, remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito de Amparo, en Materia Penal, en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en esa ciudad; asimismo, se le solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Por otra parte, se autoriza a ***, *** y *** para que actúen en representación de la parte quejosa en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, de las constancias que integran este expediente se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, en el Estado de Puebla. Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Puebla, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto del personal de su adscripción, se sirva notificar a la parte quejosa el presente proveído. Por otra parte, solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito exhortado que devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible. Asimismo, con fundamento en el artículo 300 del ordenamiento legal invocado, se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días u horas inhábiles, así como imponer sanciones. Por otra parte, de las constancias que integran este expediente, se advierte que al quejoso le fueron asignados los defensores públicos ***, *** y ***, adscritos al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Acorde con lo anterior, notifíquese esta determinación por conducto del personal de la Actuaría, a los defensores y defensoras en cita. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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