Fernando Juarez Morales

Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
914/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Fernando Juarez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 914/2022-IV. Puebla, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja ********, cuyo punto resolutivo establece: "...ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". En consecuencia, glósese al juicio el testimonio recibido con el oficio mencionado; y este juzgado queda enterado de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. También se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio que envió. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, porque fue desechada la solicitud de amparo en el proveído inicial, y el tribunal colegiado mantuvo ese desechamiento al resolver la queja interpuesta por el quejoso. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico del juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación de este proveído. Se descarta notificar este acuerdo al quejoso en forma personal, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que resultó infundado el recurso interpuesto contra el proveído que desechó su solicitud de amparo. Además, se considera que si deseara conocer el estado del presente juicio, puede consultar el expediente en la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por consiguiente, este acuerdo le será notificado al quejoso por medio de lista, y sólo habrá de librarse oficio para el tribunal mencionado, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Indicación a la actuaria de este órgano. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio dirigido al tribunal colegiado, lo envíe por interconexión, y si fuera imposible podrá entregarlo en forma física. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente un oficio del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En ese oficio informa que la magistrada presidenta del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional; y en forma implícita acusa recibo de los anexos remitidos. Lo anterior se desprende del acuerdo dictado en el número de expediente xxx, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes

  3. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso del quejoso XXX mediante el cual interpone recurso de queja y en uno diverso formula agravios contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Informe de esta juzgadora. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes1 : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veintinueve de agosto de dos mil veintidós se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo este juicio -como lo solicitó el quejoso-, y del escrito donde obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal colegiado. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del recurso de queja y escrito de agravios -en copia porque se recibieron en línea-, con las copias de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Se hace notar que este acuerdo sólo tendrá las respectivas firmas electrónicas, vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, porque se ha trabajado a distancia por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 del quejoso XXXX, con evidencia criptográfica, contra actos de la ".Magistrada Titular de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado.", y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. da, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda, permitió detectar que el quejoso hace consistir su reclamo en los actos que señala de la siguiente manera: ".De la Autoridad señalada como responsable Titular de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, le reclamo la resolución interlocutoria de fecha 1 de julio de 2022, específicamente en el resolutivo en declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el suscrito XXXX, dictada dentro de los autos del toca número XXX, derivado del incidente XXXX, relativa al permiso humanitario solicitado por el suscrito, resolución que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante con fecha 15 de agosto de 2022, me notificó, y del cual la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado omitió notificarme desde su admisión y la resolución; dejándome en estado de indefensión y violentando mis derechos humanos desde el primer auto respecto de la llegada y la admisión del recurso. De la autoridad señalada como responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales, le señalo el cumplimiento de la resolución interlocutoria de fecha 1 de julio de 2022, emitida en el toca penal número XXXX." De lo cual se colige que en esencia los actos de los que se duele el quejoso de manera destacada son los siguientes: a) La interlocutoria de uno de julio de dos mil veintidós, que declaró improcedente e inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución relativa al incidente de solicitud de permiso humanitario, y su cumplimiento. b) Falta de notificación de dicha interlocutoria. Sin embargo, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debió agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Dicha causal de improcedencia se actualiza, respecto del primero acto reclamado indicado en el inciso a), consistente en la resolución interlocutoria que determinó improcedente e inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del incidente relativo al permiso humanitario, conforme a las siguientes consideraciones. De la cual se desprende que el juicio de amparo es improcedente en contra del auto que no admite el recurso de apelación, la que se considera una determinación dentro de la procedimiento penal de mero trámite, la cual califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación. Dicho criterio es aplicable por analogía jurídica al caso que nos ocupa. Es así, dado que el acto que en esta vía se reclama es la resolución interlocutoria que determinó la improcedencia y no admisión de un recurso de apelación, es considerada una determinación de mero trámite que debió ser impugnada previo a promover juicio de amparo, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra la resolución interlocutoria que determinó la improcedencia e inadmisión de un recurso de apelación. Sobre todo, porque el mencionado recurso de revocación está previsto para el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra la sala unitaria responsable. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de promover el mencionado recurso de revocación ante la sala unitaria que señaló como responsable, con el propósito de lograr la revocación de la resolución interlocutoria aquí reclamada. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta, respecto del acto reclamado indicado en el incisos a). De igual forma, se actualiza la causal de improcedencia citada, respecto del diverso acto precisado en el inciso b), porque el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece una ruta ordinaria de impugnación para aquellas notificaciones que no cumplan con las formalidades del citado código, como se muestra a continuación: Del precepto legal transcrito se desprende que la falta de notificación de la resolución aquí reclamada, puede ser impugnada a través de la nulidad de notificaciones. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el incidente de nulidad de notificaciones prevista en los artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de notificación de la interlocutoria reclamada. Máxime que el mencionado medio de impugnación está previsto para el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra el juez de ejecución responsable. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de promover el mencionado incidente de nulidad de notificaciones ante el juez que señaló como responsable, con el propósito de lograr la nulidad de la falta de notificación de la resolución interlocutoria reclamada. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta, respecto del acto reclamado indicado en el inciso b). Ello, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la falta de notificación de la referida resolución, ante el juez que señalado como responsable. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se hace notar que la desatención del quejoso, a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Por lo que se sostiene que aquél debió agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó el quejoso, porque los actos principales que pretende reclamar actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Sin que pase inadvertido que en los antecedentes el quejoso manifiesta que se ha producido una dilación procesal, lo cual no señalo como acto reclamado destacado en el capítulo correspondiente. Sin embargo, es indudable que los actos a los cuales hace referencia y de los que manifiesta que se traducen en una dilación procesal dentro del procedimiento relativo a su petición humanitaria, se han consumado irreparablemente, y en contra de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo

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