Fernando Juarez Martinez

Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
687/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Fernando Juarez Martinez
  • FERNANDO JUAREZ MARTINEZ y Otros.
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Intégrese a los presentes autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que contiene el oficio 250-4, dirigido a la autoridad responsable 4. Comisario o Comandante General de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, por el que se ordenó notificarle el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, con la razón: "REHUSADA LA AUTORIDAD ES INEXISTENTE EN EL DOMICILIO QUE CITA". Al respecto, no ha lugar a realizar mayor proveído, toda vez que por auto de veintitrés de noviembre del actual, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos; sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable 4. Comisario o Comandante General de la Guardia Nacional ********************, en razón que carece de legitimación para impugnar la determinación dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa (por haber señalado dicho medio para recibir sus notificaciones); y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el sobre devuelto por la oficina de correos con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 205-4 dirigido al 4. Comisario o Comandante General de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, con la razón que refiere la imposibilidad de entregarlo, asentando: "Rehusada la autoridad es inexistente"; lo anterior, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues mediante proveído de veintiséis de octubre pasado, se tuvo por recibido el informe justificado requerido a la citada autoridad y se acordó lo correspondiente a derecho. Cúmplase...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el veintiséis de septiembre del año en curso, compareció Ma. Isabel Escalona Pérez, en favor de Fernando Jurado Martínez, a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades, de quienes reclamó la incomunicación y tortura del directo quejoso. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 687/2020, se tramitó la misma; se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; y se ordenó la localización del quejoso directo, a efecto de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su nombre. Mediante diligencia de veintisiete de septiembre del año actual, el quejoso Fernando Jurado Martínez ratificó la demanda de amparo promovida en su favor; y, por acuerdo de veintiocho siguiente, se admitió la misma sin incidente de suspensión, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, de los informes de ley rendidos por las autoridades responsables, se advierte que éstas negaron la existencia de los actos reclamados (incomunicación y tortura); negativas que no fueron desvirtuadas con medio de convicción alguno. Por el contrario, se corroboran con la diligencia de veintisiete de septiembre de dos mil veinte, practicada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que, al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y al entrevistarse con el quejoso Fernando Jurado Martínez, asentó, entre otras cuestiones, que a simple vista, no observó ningún tipo de golpe o moretón en el cuerpo o rostro del directo quejoso, quien así se lo refirió expresamente y, además, le manifestó que sí sabía de qué lo estaban inculpando, que el veintiséis de septiembre del año en curso, por la noche, platicó con su hermana de nombre Cristina Jurado Martínez y que no fue objeto de ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional. La mencionada diligencia, adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha actuación la realizó un funcionario judicial dotado de fe pública, de manera que los datos asentados en la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional de amparo entendida con el directo agraviado, se estiman ciertos por no haber prueba que acredite lo contrario. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia cuyos rubro y texto, a continuación se citan: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Lo anterior pone de manifiesto que el multicitado peticionario de amparo, no estuvo incomunicado ya que a éste se les permitió comunicarse con su familiar; y, que no presentó huellas de maltrato, ni lesiones. Al margen que, del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, se aprecia que se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que -conforme a sus facultades constitucionales- llevara a cabo una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, respecto a la probable comisión de un ilícito. Asimismo, al caudal probatorio que obra en autos del presente sumario constitucional, se suma la copia certificada de la constancia proporcionada por las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 3. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, todos a través de su representante, en la que se hizo constar que desde el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, el quejoso Fernando Jurado Martínez tuvo comunicación con su hermana María Cristina Jurado Martínez. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados (incomunicación y tortura), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio. Tienen aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia y tesis aislada, que a continuación se reproducen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las once horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, a través de sus autorizados, el presente auto, por haberse señalado expresamente en la demanda de amparo dicho medio para oír y recibir sus notificaciones. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues se entiende que sus autorizados procesales, en cumplimiento al cargo conferido, vigilan las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa el presente auto así como el diverso de veintiocho de septiembre del año en curso (por haber señalado dicho medio para recibir sus notificaciones); y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.Cuestiones preliminaresIntégrese a los autos la diligencia de veintisiete de septiembre del presente año, practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal con el quejoso ********************, de la cual, se desprende que, a simple vista, el actuario judicial no observó ningún tipo de golpe o moretón en el cuerpo o rostro del directo quejoso, quien así se lo refirió expresamente y, además, le manifestó que sí sabe de qué lo están inculpando, que el veintiséis de septiembre del año en curso, por la noche, platicó con su hermana de nombre ********************, que sí era su voluntad ratificar la solicitud de amparo presentada a su favor, y que no fue objeto de ninguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional*Atento a lo anterior, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues se advierte que el quejoso no está incomunicado, y que -aparentemente- no ha sufrido algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional.*Admisión de la demanda.Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. Audiencia ConstitucionalPara la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte.********************Informes Justificados.********************Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; para lo cual, se les remite copia de la demanda promovida por ********************en favor de ********************, y ratificada por este últimos.********************En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.********************En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días.********************Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax.********************Signifíquese a las autoridades responsables que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento.********************Apercibimiento.********************Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. ********************De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa.********************Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto.********************Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal.********************Causas de sobreseimiento.********************Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley.********************Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional.********************De las notificaciones a las autoridades.********************Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. ********************Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS".********************Tercero Interesado.********************Una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo.******************** Incidente de suspensión.********************Sin que sea el caso necesario aperturar el incidente de suspensión respecto de los actos reclamados, pues como se dijo en el auto de radicación, los efectos de la suspensión de plano decretada en el mismo, abarcaron aquéllos que, en su caso, hubieran sido materia del incidente relativo.********************Interconexión entre autoridades. ********************Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.********************Transparencia y acceso a la información pública.********************En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada.********************Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. ********************Exhortación para continuar con la tramitación del presente juicio de amparo "en línea".********************Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que:********************( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.********************( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente.********************( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente.********************Finalmente, agréguense a los autos los oficios de cuenta de las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, todos a través de sus representantes legales y, en atención a sus contenidos, téngaseles manifestando que acatan la suspensión de oficio y de plano otorgada a favor del quejoso en la presente instancia constitucional y, de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.********************Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte los anexos que adjuntan a sus informes.********************Notifíquese personalmente al quejoso, en el lugar donde se encuentra privado de su libertad; electrónicamente a la promovente; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del ministerio público de la federación adscrito.

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