Fernando Juan Serrano Escobar

Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
393/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Fernando Juan Serrano Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se especifica lo siguiente: +++. 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó la demanda de amparo. 2.1 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés al veintinueve de marzo de dos mil veintiséis, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona a la Secretaria encargada del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.

  2. Principal

    III. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otros, se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 393/2023-III. +++. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado se fija en atención a todas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su demanda para tratar de atender a su intención y a lo que pretende conseguir con este juicio. En este caso, el quejoso si bien pretende reclamar la omisión de emitir respuesta a un escrito de aceptación de pensión por jubilación, como se observa en lo siguiente: Asimismo, realizó manifestaciones relacionadas a la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, la lectura integral de su demanda permite advertir que lo que el quejoso pretende no es recibir una respuesta a alguna solicitud; lo que argumenta es que presentó un formato de aceptación de pensión y que pese a ello no se le ha pagado. Entonces, su pretensión no es recibir una respuesta por parte de la autoridad, sino que ésta realice el pago de una pensión que ya se decretó en su favor. Lo anterior se observa en las siguientes manifestaciones que realizó: +++. Ante ello, se fija el acto reclamado como la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión +++. Máxime que en el escrito de aceptación que refiere se observa que no se realizó alguna solicitud a la autoridad que requiriera respuesta, sino que se aceptó una pensión establecida en un dictamen. DESECHAMIENTO En el caso, se advierte se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, o en su caso, la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social, por las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: +++. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han establecido que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto en distintos casos, como cuando se reclaman normas generales, con motivo del primer acto de aplicación. +++. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. El quejoso reclama la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ******************** Acto de autoridad administrativa El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que por su naturaleza son de carácter administrativo, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. Procedencia de un medio ordinario de defensa En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1°, fracción II, y 229, fracción X, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Para efectos del presente Código, se entenderá por: II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.;" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales, así como de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas. Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario el quejoso se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Igualdad de requisitos para conceder la suspensión Ahora bien, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso tanto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como de la Ley de Amparo. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO LEY DE AMPARO Artículo 254. +++. Artículo 255. +++. Artículo 257. +++. Artículo 128. +++. Como puede apreciarse del cuadro comparativo que antecede, el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. Además, así lo determinó el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL." En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar el acto emitido por la autoridad administrativa del Estado. Por tanto, con la sola existencia de medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva. En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de sustento a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Excepciones al principio Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de epígrafe: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL." En esa virtud, si el promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. Sirve de sustento a todo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, registro digital 177279, Novena Época, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." La diversa jurisprudencia con registro digital 2013742, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 1945, Décima Época, del rubro siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL RESPECTO." Igualmente, sirve de apoyo por su contenido, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro. "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Y la tesis aislada I.8o.A.7 A (10a.), con registro digital 2000668, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1963, de rubro siguiente: "SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA DEL NÚCLEO DURO DEL DERECHO HUMANO RELATIVO." PROCEDENCIA DE LA VIA LABORAL En efecto, el quejoso también se encontraba en aptitud de impugnar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************, por parte del Jefe de Departamento de Pensiones, Comité de Pensiones, Presidente del Comité de Pensiones y Director, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza del derecho que dice le fue vulnerado. Bajo este contexto, es menester puntualizar que la Suprema Corte ha sostenido que las controversias relacionadas con preservar prestaciones o derechos de seguridad social, quedan enmarcadas en los objetivos del derecho de trabajo, por lo que es competente para dirimir dicha cuestión, en primera instancia, el órgano en materia laboral que corresponda. Al respecto, resulta aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 9/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL." Sobre ese punto, es conveniente destacar que si bien el solicitante de amparo cotizó en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y el derecho en cuestión consiste en el pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ********************, correspondientes a ********************, con motivo de la relación de trabajo que mantuvo con el Estado, de ahí que corresponde la legal competencia al Tribunal Federal de Conciliación. Lo anterior encuentra sustento, por las consideraciones jurídicas expuestas, en la tesis CXLIV/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS AL ISSSTE, AL FOVISSSTE Y AL PENSIONISSSTE." También resulta ilustrativa, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS POR LAS QUE LOS TRABAJADORES JUBILADOS ADSCRITOS A LOS PLANTELES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL POR VIRTUD DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES AL FOVISSSTE ACUMULADAS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA ADMINISTRADA POR EL PENSIONISSSTE. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. +++. CONCLUSIÓN En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. CONSIDERACIÓN DESTACADA Aunado a lo anterior, no se advierte que el acto reclamado incida en el derecho de acceso a la salud de los quejosos, porque si desde el ocho de julio de dos mil veintidós, se expidió el dictamen de pensión, en donde se le reconoció el derecho como pensionado, es inconcuso que sigue contando con los servicios de salud, ahora en su calidad de pensionado. Tampoco pasa inadvertido que los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 de la Constitución General reconocen el derecho al mínimo vital, el cual implica el reconocimiento constitucional a un mínimo de subsistencia digna y autónoma que involucre las "condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias" para el desarrollo de una vida digna en función de la capacidad contributiva de cada contribuyente. Sin embargo, ello no se considera razón suficiente para declarar procedente la acción de amparo contra dicho acto, sin agotar previamente los medios de defensa a su alcance; máximo que el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, prevé la suspensión del acto reclamado, con lo cual, el quejoso puede obtener la restitución provisional del derecho que se dice afectado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En virtud de que la peticionaria del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el boletín de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán mediante lista que se fija en los estrados de este juzgado y que se publica en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, así como en un espacio de fácil acceso a los justiciables, según lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que no se permite el ingreso a este órgano jurisdiccional al público en general, con motivo de las medidas contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Resulta aplicable a lo que precede, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." En otro orden de ideas, se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo únicamente a ********************y ******************** por tener registrada su cédula profesional en Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a las restantes personas, por no contar con registro en el sistema. Respecto al número telefónico que señala, únicamente se tiene como medio para entablar comunicaciones no porcesales. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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