Fernando José Venegas Morales
Expediente 487/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Fernando José Venegas Morales
Actuaciones
- Principal
Tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en tal virtud, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se provee: 1 SE ACEPTA COMPETENCIA, REGISTRO y CAPTURA EN SISE. Téngase a la secretaría de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, remitiendo los oficios 3446 y 6345, a los que acompañó original y copia de la demanda de amparo suscrita por Fernando José Venegas Morales, toca de apelación especial 196/2017, el proceso penal 437/2016 en dos tomos y un sobre con dos discos DVD; acúsese recibo. Advirtiendo que en proveído de dieciséis de mayo del presente año, los magistrados integrantes del órgano plural mencionado en líneas precedentes, determinaron su legal incompetencia para conocer de la demanda de derechos fundamentales presentada por FERNANDO JOSÉ VENEGAS MORALES, contra la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Magistrado de la Decimotercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en definitiva en materia de adolescentes 196/2017, porque estimaron que tal acto no es de una resolución definitiva que finaliza el juicio y ordenaron su remisión al Juez de Distrito en Materia Penal que corresponda; en tales condiciones, este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada por la superioridad; en tales condiciones, con la demanda de amparo presentada, contra actos del MAGISTRADO DE LA DÉCIMA TERCERA SALA UNITARIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales y garantías dadas para su protección, contempladas en los artículos 1°, 14, 16, , 20 y 21 de la Constitución Federal y, copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 487/2018; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 2 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Tomando en consideración que, del contenido de la demanda se advierte que, el promovente señala como acto reclamado: ".la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en definitiva en materia de adolescentes 196/2017.". En ese sentido, el suscrito aprecia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV de la nueva Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente: . Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Esto es así, en atención a que, la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Décimotercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en definitiva en materia de adolescentes 196/2017 le fue notificada al aquí quejoso el dos de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, contra la referida resolución es procedente el juicio de amparo y debe intentarse dentro del plazo de quince días, establecido por el numeral 17 de la ley de la materia, término que se computará en la forma dispuesta en el arábigo 18 de ese ordenamiento; en los que, en lo importante, se prevé: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la intelección de los dispositivos trasuntos, se obtiene que el legislador ordinario federal, estableció como plazo general para la presentación de la demanda de amparo el de quince días; señalando como casos de excepción, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, que por su sola entrada en vigor afecte la esfera jurídica del quejoso, entonces el plazo será de treinta días; también, cuando se combate una sentencia condenatoria en un proceso penal, supuesto en que el término se amplía a ocho años; similar situación ocurre cuando se impugnan actos en materia agraria, que pudieran tener como efecto la privación total o parcial, de manera temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, evento en el que el plazo para reclamar la protección constitucional, vía amparo, será de siete años; por último, cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. También dispuso, que los plazos deberán computarse al surtirse cualquiera de los siguientes supuestos: a) A partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama; o bien, b) De aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución, salvo el caso de leyes autoaplicativas, donde el plazo se contará a partir de la entrada en vigor de la norma general cuya constitucionalidad se cuestione. Así las cosas, si el acto antes mencionado, que aquí se impugna, no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos por el legislador, puesto que, no se trata de una norma general; tampoco de un procedimiento de extradición; o, de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal; ni de una resolución en materia agraria; o, de uno que implique privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, es claro que, el plazo para la presentación de la demanda para combatir dichos actos, es el de quince días. En consecuencia, si el propio promovente, manifestó en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el dos de octubre de dos mil diecisiete, le fue notificada la resolución aquí combatida, surtiendo efectos en ese mismo día, es dable considerar que, en la especie, el plazo de quince días para la presentación de la demanda transcurrió con exceso. Sin pase inadvertido que el peticionario de amparo, presentó su demanda ante el Magistrado de la Decimotercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, tal circunstancia no impide determinar la extemporaneidad de la demanda, en atención a que esa situación se encuentra relacionada con la fecha en que el quejoso se manifiesta conocedor del acto reclamado y en el caso expresamente dijo que se enteró de la existencia del mismo el dos de octubre de dos mil diecisiete, de tal suerte que a esa data, había transcurrido en exceso el plazo de quince días para presentarla. Es aplicable al respecto, por igual de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 175619, consultable en la página 251, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, tesis 2ª./J.25/2006, Marzo de 2006, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." En ese contexto, si el quejoso presentó la demanda de amparo el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, según se advierte en el libelo constitucional presentado por el quejoso; es claro que, la promoción del procedimiento tuitivo se hizo fuera del plazo de quince días que la ley de la materia le concede para ese efecto; en consecuencia, es innegable que la presentación de la demanda fue extemporánea, lo que se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia anunciada. Así las cosas, con apoyo en lo establecido por el artículos 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO presentada por FERNANDO JOSÉ VENEGAS MORALES, ante la materialización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia indicada. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 38, Tomo I, Libro 18, Mayo de 2015, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". También tiene aplicación, por igualdad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO" 3 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. 4 PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a lo establecido por los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del día siguiente, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si el proveído o resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley referida; así como, para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento en cita. 5 GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Se hace del conocimiento de las partes que al tenor de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 17 de la ley suprema del país, los servicios que este juzgado de distrito presta en lo atinente a la administración de justicia, son gratuitos. 6 FOLIO. El folio de este expediente, se imprime con foliador mecánico. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo resolvió y firma RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante JORGE ARMANDO ELIZALDE HERRERA, Secretario con quien actúa y da fe. rrco/jaeh/enrique.
- Principal
se notifica por lista de acuerdos al quejoso el auto de dieciocho de septiembre de do mil dieciocho en el que Téngase a la secretaría de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, remitiendo los oficios 3446 y 6345, a los que acompañó original y copia de la demanda de amparo suscrita por Fernando José Venegas Morales, toca de apelación especial 196/2017, el proceso penal 437/2016 en dos tomos y un sobre con dos discos DVD; acúsese recibo. Advirtiendo que en proveído de dieciséis de mayo del presente año, los magistrados integrantes del órgano plural mencionado en líneas precedentes, determinaron su legal incompetencia para conocer de la demanda de derechos fundamentales presentada por FERNANDO JOSÉ VENEGAS MORALES, contra la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Magistrado de la Decimotercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en definitiva en materia de adolescentes 196/2017, porque estimaron que tal acto no es de una resolución definitiva que finaliza el juicio y ordenaron su remisión al Juez de Distrito en Materia Penal que corresponda; en tales condiciones, este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada por la superioridad; en tales condiciones, con la demanda de amparo presentada, contra actos del MAGISTRADO DE LA DÉCIMA TERCERA SALA UNITARIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales y garantías dadas para su protección, contempladas en los artículos 1°, 14, 16, , 20 y 21 de la Constitución Federal y, copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 487/2018; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 2 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Tomando en consideración que, del contenido de la demanda se advierte que, el promovente señala como acto reclamado: ".la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada por el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en definitiva en materia de adolescentes 196/2017.". En ese sentido, el suscrito aprecia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV de la nueva Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente: . Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Esto es así, en atención a que, la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Décimotercera Sala Unitaria Penal y de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Nuevo León, dentro del toca de apelación en definitiva en materia de adolescentes 196/2017 le fue notificada al aquí quejoso el dos de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, contra la referida resolución es procedente el juicio de amparo y debe intentarse dentro del plazo de quince días, establecido por el numeral 17 de la ley de la materia, término que se computará en la forma dispuesta en el arábigo 18 de ese ordenamiento; en los que, en lo importante, se prevé: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la intelección de los dispositivos trasuntos, se obtiene que el legislador ordinario federal, estableció como plazo general para la presentación de la demanda de amparo el de quince días; señalando como casos de excepción, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, que por su sola entrada en vigor afecte la esfera jurídica del quejoso, entonces el plazo será de treinta días; también, cuando se combate una sentencia condenatoria en un proceso penal, supuesto en que el término se amplía a ocho años; similar situación ocurre cuando se impugnan actos en materia agraria, que pudieran tener como efecto la privación total o parcial, de manera temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, evento en el que el plazo para reclamar la protección constitucional, vía amparo, será de siete años; por último, cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. También dispuso, que los plazos deberán computarse al surtirse cualquiera de los siguientes supuestos: a) A partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama; o bien, b) De aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución, salvo el caso de leyes autoaplicativas, donde el plazo se contará a partir de la entrada en vigor de la norma general cuya constitucionalidad se cuestione. Así las cosas, si el acto antes mencionado, que aquí se impugna, no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción previstos por el legislador, puesto que, no se trata de una norma general; tampoco de un procedimiento de extradición; o, de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal; ni de una resolución en materia agraria; o, de uno que implique privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, es claro que, el plazo para la presentación de la demanda para combatir dichos actos, es el de quince días. En consecuencia, si el propio promovente, manifestó en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el dos de octubre de dos mil diecisiete, le fue notificada la resolución aquí combatida, surtiendo efectos en ese mismo día, es dable considerar que, en la especie, el plazo de quince días para la presentación de la demanda transcurrió con exceso. Sin pase inadvertido que el peticionario de amparo, presentó su demanda ante el Magistrado de la Decimotercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, tal circunstancia no impide determinar la extemporaneidad de la demanda, en atención a que esa situación se encuentra relacionada con la fecha en que el quejoso se manifiesta conocedor del acto reclamado y en el caso expresamente dijo que se enteró de la existencia del mismo el dos de octubre de dos mil diecisiete, de tal suerte que a esa data, había transcurrido en exceso el plazo de quince días para presentarla. Es aplicable al respecto, por igual de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 175619, consultable en la página 251, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, tesis 2ª./J.25/2006, Marzo de 2006, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." En ese contexto, si el quejoso presentó la demanda de amparo el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, según se advierte en el libelo constitucional presentado por el quejoso; es claro que, la promoción del procedimiento tuitivo se hizo fuera del plazo de quince días que la ley de la materia le concede para ese efecto; en consecuencia, es innegable que la presentación de la demanda fue extemporánea, lo que se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia anunciada. Así las cosas, con apoyo en lo establecido por el artículos 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO presentada por FERNANDO JOSÉ VENEGAS MORALES, ante la materialización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia indicada. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 38, Tomo I, Libro 18, Mayo de 2015, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". También tiene aplicación, por igualdad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO" 3 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. 4 PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a lo establecido por los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del día siguiente, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si el proveído o resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley referida; así como, para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento en cita. 5 GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Se hace del conocimiento de las partes que al tenor de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 17 de la ley suprema del país, los servicios que este juzgado de distrito presta en lo atinente a la administración de justicia, son gratuitos. 6 FOLIO. El folio de este expediente, se imprime con foliador mecánico. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo resolvió y firma RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante JORGE ARMANDO ELIZALDE HERRERA, Secretario con quien actúa y da fe. rrco/jaeh/enrique.
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