Fernando José Vásquez Salina y Otros.

Expediente 429/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
429/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2016

Partes del expediente

  • Fernando José Vásquez Salina y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de dos de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fernando José Vásquez Salina, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por FERNÁNDEZ JOSÉ VÁSQUEZ SALINAS; contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, por violación a sus derechos fundamentales. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese su ingreso bajo el número 429/2016 en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que FERNANDO JOSÉ VÁSQUEZ SALINAS, por su propio derecho, reclama, del Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, la resolución emitida el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el expediente 532/2006, en su punto resolutivo primero en el que declara infundado el recurso de revocación, por no haber exhibido el cuestionario que debían resolver los peritos respecto a la prueba pericial en materia de documentoscopia, caligrafía, grafología y grafoscopia. Ahora bien, contra el acto antes precisado -resolución de veintisiete de enero de dos mil dieciséis en su punto resolutivo primero que declara infundado el recurso de revocación, emitido en el expediente 532/2006¬-, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, y 172, fracción III del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta ley, o la que derive de jurisprudencia. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado el fallo, cuando: (...) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. La interpretación de los preceptos legales transcritos, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entre ellos -de manera análoga-, los que desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión, como en el caso, por lo que hace a la resolución de veintisiete de enero de dos mil dieciséis en su punto resolutivo primero que declara infundado el recurso de revocación por no haber exhibido el cuestionario que debían resolver los peritos respecto de la prueba pericial en materia de documentoscopia, caligrafía, grafología y grafoscopia, emitido en el expediente 532/2006; con lo que se consideran violadas las leyes del procedimiento y su reparación se podrá reclamar en el juicio de amparo directo. En tal virtud, toda vez que del análisis del libelo de amparo se conoce que la presente instancia constitucional se promueve contra la resolución de veintisiete de enero de dos mil dieciséis en su punto resolutivo primero que declara infundado el recurso de revocación, emitido en el expediente 532/2006; por tanto, se estima que resulta notoriamente improcedente la instancia constitucional planteada y, en consecuencia, debe desecharse de plano la demanda. Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que el Juzgado del conocimiento en resolución de veintisiete de enero de esta anualidad, hubiese declarado infundado el recurso de revocación en virtud de que no fueron exhibidos los cuestionarios que debían resolver los peritos en las materias antes precisadas; no puede ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación para el inconforme, lo anterior, toda vez que la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, que dispone que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se consideran violadas las normas del procedimiento y se afectan las defensas del quejoso, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; por tanto, la mencionada violación, únicamente es reclamable en amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva que se llegara a dictar en el juicio de origen. Además, se colige que en el caso, no se afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Constitución Federal, toda vez que a través de dicha determinación no se plantea la infracción a derechos sustantivos, como la vida, la libertad, etcétera. Además, el perjuicio procesal que pudiera resentir el quejoso en sus derechos adjetivos tampoco resulta exorbitante, porque tal decisión, por sí solo no lo priva de sus derechos fundamentales a un debido proceso, sino en todo caso lo será la decisión que en definitiva se dicte en el juicio de origen 532/2006; por tanto, se trata de una violación intraprocesal que afecta sólo sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar en el juicio de origen del registro del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte la sentencia relativa; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación, y en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que, como ya se ha adelantado, le será factible también impugnar el acto que aquí reclama en caso de trascender al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que la infracción intraprocesal de que se duele la parte agraviada no puede catalogarse como de carácter irreparable en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, puesto que aun cuando se diera el caso de que la transgresión existiera, no se presentaría un menoscabo directo en los derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí que no sea impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De igual manera, apoya la determinación adoptada, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 73, volumen 82 Sexta Parte, materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: PRUEBAS, ADMISIÓN O RECHAZAMIENTO DE LAS. CONSTITUYEN VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA EL OFERENTE. Establece el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, que en los juicios seguidos ante tribunales civiles o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente había ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Es decir, que la violación procesal antes mencionada, contempla dos situaciones: que no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, y que no se reciban conforme a la ley, debiendo entenderse que dichas hipótesis se refieren tanto a las pruebas del quejoso como a las de su contraparte, porque la no recepción o la indebida admisión de unas pruebas sí pueden afectar las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de fallo, independientemente de quién sea el oferente. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, y 172, fracción III del mismo ordenamiento legal, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa; motivo por el que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. En otro aspecto, en cuanto a su petición a efecto de que se le permita a sus autorizados imponerse de los autos mediante el uso de medios electrónicos, dígasele que se le permite la utilización de medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) únicamente para extraer, tomar o reproducir copias de la documentación, acuerdos y sentencias que obren en este expediente; lo anterior, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la tesis aislada del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

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