Fernando José Martín del Campo Ávila
Expediente 868/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando José Martín del Campo Ávila
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese el presente expediente como totalmente concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Fernando José Martín del Campo Ávila, contra actos de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; fórmese expediente y regístrese con el número 868/2023-VI. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Analizada la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de falta de personalidad y nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, parte actora, en el juicio 682/2022 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato.****************************************Dicho incidente fue promovido por la parte quejosa -actora en el juicio de origen-, en razón de que el doce de mayo del año en curso, se tuvo a la persona moral "Asociación de Empresario y Ejecutivos de Salamanca", sociedad civil, contestando la demanda instaurada en su contra, por conducto de Gerardo Arredondo Hernández, quien se ostentó como presidente del consejo directivo de dicha moral, en términos de la escritura pública veintiséis mil quinientos cincuenta, pasada ante la fe del Notario Público dieciséis, con ejercicio en Salamanca, Guanajuato, documento donde -refiere el quejoso- se estableció que la vigencia del cargo de presidente de Gerardo Arredondo Hernández concluiría el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.****************************************En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. ... El acto que reclama el promovente del amparo no tiene la naturaleza de imposible reparación, pues la confirmación de declarar improcedente el incidente de falta de personalidad de la demandada, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que el quejoso obtenga sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio.****************************************Es así, dado que las resoluciones como la reclamada no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues las consecuencias de tal acto no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el sólo hecho de que quien se dice afectado obtenga sentencia favorable. ****************************************En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. ****************************************Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso.****************************************En consecuencia, el acto que aquí se reclama no es de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos porque si se dictara sentencia a favor del promovente, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y, la parte quejosa tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse el juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. ... En este orden de ideas, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata.****************************************Domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente.****************************************Con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que la parte quejosa pueda consultar el expediente electrónico de este asunto con el usuario ********************, así como recibir las notificaciones de este juicio a través de ese medio. ... Se tienen como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ... se exhorta a las demás partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. ... Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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