Fernando José del Sagrado Corazón Arena Guedea
Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando José del Sagrado Corazón Arena Guedea
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de septiembre del año actual. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 30/09/2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de septiembre del año actual. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
Se desecha demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.[ XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El aludido precepto legal señala que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene carácter definitivo, es decir, cuando en contra del acto materia de debate procede algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo; puesto que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. La Ley de Amparo es clara en establecer los casos de excepción al principio de definitividad, los cuales son, a saber, los siguientes: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; VII. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; VIII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; IX. Los que carezcan de fundamentación; X. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; XI. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En la especie, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio C487/2017, a través del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, autoriza el uso de la fuerza pública, apertura de chapas y cerraduras en caso necesario, para llevar a cabo lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; en el que a su vez, autorizó al perito Oscar Delfino Morales Godínez, para que se constituyera en compañía del actuario designado por la Oficina Central de Actuaros en el domicilio de los bienes embargados en diligencia de primero de julio de dos mil veintiuno, a fin de que informara a las personas que ahí habitan que permitan el acceso para la práctica de un avalúo, apercibiéndoles que de no permitir el acceso se hará uso de la fuerza pública con apoyo en el artículo 60 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato Luego, de conformidad con los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato por ser la legislación aplicable en el juicio natural, dicho acuerdo es factible de combatirse a través del recurso de revocación. Tales disposiciones normativas literalmente disponen: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto." "Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." "Artículo 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." En ese sentido, el recurso de revocación previsto en la ley procedimental civil de la entidad tiene diversas características, a saber: Procede contra autos y decretos, con la condición de que no sean apelables; Debe interponerse ante el juez que dicte la resolución impugnada; Su interposición debe hacerse dentro de los tres días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar; Se debe sustanciar dando vista a la parte contraria por el término de tres días y el tribunal debe resolver sin más trámite y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes; y, La resolución que decida el recurso de revocación es irrecurrible. En ese contexto, si en el caso se reclama el auto de el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio C487/2017, a través del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, autoriza el uso de la fuerza pública, apertura de chapas y cerraduras en caso necesario, para llevar a cabo lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, debe estimarse que esa determinación es impugnable a través del recurso de revocación; por lo que la parte quejosa previo a acudir ante esta instancia constitucional, debió agotar el recurso de revocación mencionado, por no ubicarse el acto reclamado en ninguno de los casos de excepción enumerados párrafos atrás, máxime que de la lectura integral del escrito inicial de demanda, no hace referencia a que haya interpuesto el citado medio de defensa legal, aunado a que únicamente señaló como acto reclamado el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. De igual forma, se estima de esa manera porque del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, es parte actora original y demandada reconvencional en la controversia de origen, y con ello debe estimarse que pudo impugnar el acto que reclama dentro del procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, dado que contra el acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, sin que obste la etapa procedimental en la que se encuentren. Ello porque, la parte quejosa no acude al presente juicio de amparo ostentándose como tercera extraña al juicio, lo que actualizaría una excepción a ese principio, por el contrario, el quejoso es parte en el juicio de origen, y se encuentra facultado para acudir al juicio a hacer valer sus derechos e interponer los recursos que procedan. Máxime, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), determinó que los actos impugnados dentro de juicio, aunque tengan una ejecución de imposible reparación debe agotarse el principio de definitividad. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Bajo lo antes expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en la vía constitucional intentada, ya que en tratándose de acto como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hacen derivar los actos, a través del recurso de revocación que se establece los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Domicilio y autorizados. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Casa de Piedra, número 104, fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la Materia a Raquel Torres Romero, por no encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VIII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Exhortación y requerimiento a la parte quejosa. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 08/09/2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Parte quejosa. Fernando José del Sagrado Corazón Arena Guedea, a través de su apoderado legal René Jair Cervantes Vargas, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura pública que exhibe, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, II. Autoridad responsable. Juez Quinto Civil de Partido con sede en esta ciudad y otra autoridad. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 705/2021-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los anexos que se acompañan, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, autoriza el uso de la fuerza pública, apertura de chapas y cerraduras en caso necesario, para llevar a cabo lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio C487/2017, así como su ejecución. Asimismo, de las constancias adjuntas a la demanda de amparo, se desprende que mediante proveído de dieciséis de agosto de mil veintiuno, el juez responsable, autorizó al perito Oscar Delfino Morales Godínez, para que se constituyera en compañía del actuario designado por la Oficina Central de Actuaros en el domicilio de los bienes embargados en diligencia de primero de julio de dos mil veintiuno, a fin de que informara a las personas que ahí habitan que permitan el acceso para la práctica de un avalúo, apercibiéndoles que de no permitir el acceso se hará uso de la fuerza pública con apoyo en el artículo 60 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato. V. Se desecha demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.[ XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El aludido precepto legal señala que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene carácter definitivo, es decir, cuando en contra del acto materia de debate procede algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo; puesto que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. La Ley de Amparo es clara en establecer los casos de excepción al principio de definitividad, los cuales son, a saber, los siguientes: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; VII. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; VIII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; IX. Los que carezcan de fundamentación; X. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; XI. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En la especie, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio C487/2017, a través del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, autoriza el uso de la fuerza pública, apertura de chapas y cerraduras en caso necesario, para llevar a cabo lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; en el que a su vez, autorizó al perito Oscar Delfino Morales Godínez, para que se constituyera en compañía del actuario designado por la Oficina Central de Actuaros en el domicilio de los bienes embargados en diligencia de primero de julio de dos mil veintiuno, a fin de que informara a las personas que ahí habitan que permitan el acceso para la práctica de un avalúo, apercibiéndoles que de no permitir el acceso se hará uso de la fuerza pública con apoyo en el artículo 60 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato Luego, de conformidad con los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato por ser la legislación aplicable en el juicio natural, dicho acuerdo es factible de combatirse a través del recurso de revocación. Tales disposiciones normativas literalmente disponen:"Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto." "Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." "Artículo 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." En ese sentido, el recurso de revocación previsto en la ley procedimental civil de la entidad tiene diversas características, a saber: Procede contra autos y decretos, con la condición de que no sean apelables; Debe interponerse ante el juez que dicte la resolución impugnada; Su interposición debe hacerse dentro de los tres días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar; Se debe sustanciar dando vista a la parte contraria por el término de tres días y el tribunal debe resolver sin más trámite y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes; y, La resolución que decida el recurso de revocación es irrecurrible. En ese contexto, si en el caso se reclama el auto de el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio C487/2017, a través del cual la autoridad responsable, entre otras cosas, autoriza el uso de la fuerza pública, apertura de chapas y cerraduras en caso necesario, para llevar a cabo lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, debe estimarse que esa determinación es impugnable a través del recurso de revocación; por lo que la parte quejosa previo a acudir ante esta instancia constitucional, debió agotar el recurso de revocación mencionado, por no ubicarse el acto reclamado en ninguno de los casos de excepción enumerados párrafos atrás, máxime que de la lectura integral del escrito inicial de demanda, no hace referencia a que haya interpuesto el citado medio de defensa legal, aunado a que únicamente señaló como acto reclamado el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. De igual forma, se estima de esa manera porque del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, es parte actora original y demandada reconvencional en la controversia de origen, y con ello debe estimarse que pudo impugnar el acto que reclama dentro del procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, dado que contra el acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, sin que obste la etapa procedimental en la que se encuentren. Ello porque, la parte quejosa no acude al presente juicio de amparo ostentándose como tercera extraña al juicio, lo que actualizaría una excepción a ese principio, por el contrario, el quejoso es parte en el juicio de origen, y se encuentra facultado para acudir al juicio a hacer valer sus derechos e interponer los recursos que procedan. Máxime, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), determinó que los actos impugnados dentro de juicio, aunque tengan una ejecución de imposible reparación debe agotarse el principio de definitividad. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Bajo lo antes expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en la vía constitucional intentada, ya que en tratándose de acto como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hacen derivar los actos, a través del recurso de revocación que se establece los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente contenido:"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Domicilio y autorizados. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Casa de Piedra, número 104, fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la Materia a Raquel Torres Romero, por no encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VIII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Exhortación y requerimiento a la parte quejosa. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el seis de septiembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento."
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