Fernando Jorge Esparza Jimenez

Expediente 1361/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1361/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Fernando Jorge Esparza Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada resolución a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva decretados en los referidos cuadernos incidentales, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1361/2021-III promovido por Fernando Jorge Esparza Jiménez, por propio derecho y en representación de sus hijos menores F.J.E.A. y C.E.A, contra actos de la Embajada de Chile, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el propio día a este Juzgado Tercero de Distrito, Fernando Jorge Esparza Jiménez, por propio derecho y en representación de sus hijos menores F.J.E.A. y C.E.A, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada y Consulado de Chile, todos con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de la prevención de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, por acuerdo de seis de agosto del propio año, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó emplazar a juicio a la tercero interesada María José Ávila Reyes, lo que se realizó en sus términos; se designaron representantes especiales de los menores quejosos; y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le competía. TERCERO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación´ del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdiccio´n territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en razón de que la demanda de amparo se presentó en esta capital de Mérida, Yucatán, donde pudiera ejecutarse el acto reclamado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro'"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La transgresión a sus derechos fundamentales y los de sus menores hijos F.J.E.A. y C.E.A. al permitir su salida del país, junto con su madre aquí tercero interesada, María José Ávila Reyes; así como la ayuda y asistencia por parte de la Embajada y el Consulado responsables. TERCERO. Inexistencia del acto. No es cierto el acto que se reclama de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, ya que así lo manifestó su Director Jurídico Contencioso al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, respecto a la nombrada autoridad responsable procede SOBRESEER en esta parte, por ser inexistente el acto que se le atribuyó, relativo a permitir a los menores de edad la salida del país. Lo anterior, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, con número de registro 917818; del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Ahora bien, el Consulado y la Embajada de Chile, ambos con residencia en la Ciudad de México, no rindieron sus informes justificados, a pesar de haber tenido conocimiento de tal requerimiento; sin embargo, en virtud de este último, dichas responsables enviaron una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que informaron diversas cuestiones sobre sus facultades consulares y la inmunidad de jurisdicción con la que gozan respecto a determinados actos, que les hace carecer del carácter de autoridades responsables; lo que fue comunicado a este Juzgado, a través del Consultor Jurídico de dicha Secretaría, mediante oficio CJA-04778 de dos de diciembre de dos mil veintiuno; de lo cual se dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna. Expuesto lo anterior, lo cierto es, que respecto de aquéllas responsables, por su naturaleza jurídica y los actos que se les atribuyeron, se actualiza de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como los diversos 40, 49, 103 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se procede a analizar la causal en comento, por ser de estudio preferente; de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Los invocados numerales que sustentan la improcedencia en análisis disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Por su parte, los artículos 40, 49, 103 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental." "Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. [.]" "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre." De conformidad con los preceptos transcritos, además de los supuestos enlistados de la fracción I a la XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la diversa fracción XXIII del propio numeral, la improcedencia del juicio puede derivar de alguna otra causa, prevista ya sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la propia Ley de Amparo. Así, del análisis de la Ley de Amparo, de su invocado artículo 1°, se desprende la procedencia del juicio constitucional y su objeto de estudio, a saber, las normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así como las normas generales, actos u omisiones de autoridades federales o locales, que invadan la esfera competencial del otro. Por su parte, el transcrito artículo 5° de la Ley de Amparo establece quienes son parte en el juicio constitucional, y en su fracción II, otorga tal carácter a la autoridad responsable, y la define; de tal disposición, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable: La autoridad como ente público que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; con independencia de la naturaleza formal de dicho ente. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese mismo orden, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, que son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, es decir, la que se entabla entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del primero se impone directamente sobre el segundo, con el único límite de su actuación, los derechos humanos consagrados en la Constitución. Que esa relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser publica la fuente de esa potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por si´ o ante si´, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, debe existir la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a órganos judiciales, ni requerir el consenso de la voluntad del afectado. En el entendido que, además de lo antes precisado, es necesario que dicho órgano pertenezca al estado mexicano, pues cada nación goza de soberanía propia; y, tratándose de autoridades extranjeras, no habría posibilidad de someterlas a leyes mexicanas a fin de obligarlas a acatar un fallo constitucional; dado que ningún país puede ejercer potestad sobre otro, pues con ello se atentaría contra la soberanía de ese Estado. De ahí que el calificativo de "acto u omisión de autoridad" al que alude el texto Constitucional, y en consecuencia, la Ley de Amparo, se refiere a todos aquellos órganos y particulares con carácter de autoridades, que formen parte del Estado Mexicano; dicho ente, de acuerdo con los preceptos constitucionales plasmados, se encuentra formado por una República, con Estados libres y soberanos, con municipios libres, y por la Ciudad de México, unidos en una federación; y con el Supremo Poder de la Federación dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para su ejercicio. En ese sentido, la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos a través del juicio de amparo, obliga a que todas las autoridades que formen parte de los poderes de la Unión, en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y los particulares que realicen actos equivalentes a los de dichas autoridades, aseguren el completo respeto de las prerrogativas esenciales; por tanto, la titularidad de esos derechos corresponde a todo aquel sujeto que pueda considerarse gobernado por tales autoridades de este país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros. Así, cualquier gobernado es titular de los derechos que consagra el artículo 1° de la Constitución Federal, mientras que el sujeto pasivo, es cualquier gobernante o autoridad Nacional (federal, estatal o municipal) que está obligado a respetar el derecho del individuo, dado que la finalidad primordial de tales derechos es frenar la actuación autoritaria de los entes públicos del Estado Mexicano, en beneficio de esos derechos humanos fundamentales; como dispone la Norma Fundante. De manera que, se reitera, el juicio de amparo únicamente resulta procedente contra actos de autoridades mexicanas, sean federales, estatales o municipales, sin importar que se trate de autoridad legislativa, judicial o ejecutiva, salvo las excepciones que establece la Constitución Federal y la Ley de Amparo. Apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, con registro digital: 194367; del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Pues para que una determinada autoridad posea la calidad de responsable en el juicio de amparo, necesariamente debe tener competencia legal y ejercer jurisdicción en el Estado Mexicano, de conformidad con la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen; ya que debe insistirse en que el juicio de amparo está diseñado para proteger a las personas respecto de autoridades que ejerzan su jurisdicción con arreglo a leyes y reglamentos que emanen de la Constitución Federal. Lo que en el caso no acontece, ya que aunque el Consulado y la Embajada de Chile en México tengan su residencia en la Ciudad de México, son autoridades extranjeras representantes del Estado de Chile, las cuales, no pertenecen al sistema jurídico mexicano, y por ende, no cuentan con facultades para promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar una ley o acto; pues carecerían de imperio, en atención de la soberanía con la que goza el Estado Mexicano. En adición a las consideraciones torales anteriores, cabe igual destacar que dichas autoridades extranjeras gozan de inmunidad de jurisdicción respecto a determinados actos, dentro de los que se encuentran, aquellas actividades llevadas a cabo en ejercicio de sus funciones diplomáticas y consulares; de conformidad con los artículos 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y 43 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de las que son parte tanto el Estado Mexicano, como el de Chile. A mayor detalle, el inciso e) del artículo 5° de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, establece como funciones consulares, prestar ayuda y asistencia a los nacionales de Chile; lo que deja en evidencia que en este asunto no sólo están involucradas autoridades extranjeras que no forman parte del sistema nacional, sino que además, de conformidad con los invocados instrumentos internacionales suscritos por el Estado de México y Chile, dentro de sus funciones oficiales, se encuentra brindar el apoyo y asistencia reclamados; y gozan de inmunidad jurisdiccional respecto de tal acto, lo que las exime de ser consideradas autoridades responsables y ser juzgadas por aquél. Esto es así, ya que el reconocimiento de inmunidad jurisdiccional que realiza un Estado frente a otro, constituye una característica que impide que ese Estado ejerza jurisdicción sobre los actos que el otro efectúe en ejercicio de su potestad soberana; lo que representa, en el ámbito internacional, un régimen de autolimitación estatal, para garantizar el cumplimiento de las funciones oficiales que realicen los representantes de otros Estados en un país, eximiéndolos de estar sujetos a determinados procedimientos. De manera que dicha inmunidad, se constituye como un derecho sustantivo, un privilegio, por virtud del cual, se permite a quien lo goza, en este caso, la Embajada y Consulado de Chile en México, que no sean sujetos a la jurisdicción de tribunales, para permitir, el libre y eficaz ejercicio de sus funciones diplomáticas y consulares en este Estado receptor. Lo cual se advierte que hizo notar la Embajada de Chile a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, a través de la nota diplomática que le mandó, para hacer de su conocimiento que dicha Embajada y su Consulado habían recibido oficios de este órgano jurisdiccional; que de acuerdo con la transcripción de dicha nota, contenida en el oficio CJA-04778 de dos de diciembre de dos mil veintiuno, que dirigió el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores a este Juzgado, se aprecia que la Embajada de Chile le recalcó los acuerdos internacionales existentes y lo relativo a la inmunidad de jurisdicción con la que gozan, la cual les permite no ser sometidos a la jurisdicción de autoridades judiciales o administrativas de este Estado Mexicano, en cuanto a actos ejecutados en ejercicio de sus funciones consulares. Así como la reserva de su Consulado, de practicar las actuaciones que le corresponden, a fin de prestar ayuda y asistencia a sus nacionales del Estado de Chile, conforme a las facultades que le confiere el artículo 5°, inciso e) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Nacionalidad Chilena, con la que cuenta la aquí tercero interesada María José Ávila Reyes y su menor hijo F.J.E.A. como se advierte de las documentales que se adjuntaron al escrito aclaratorio de demanda y al informe justificado del Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México. Por todo lo expuesto, resulta incuestionable que la Embajada y Consulado de Chile, ambos con sede en la Ciudad de México, no pueden ser considerados autoridades responsables para efectos de este juicio constitucional, en virtud de que no forman parte de los poderes de la Unión del Estado Mexicano, de cuyas autoridades derivan los actos, omisiones o normas generales, que constituyen el objeto de estudio del juicio de amparo, como dispone el transcrito artículo 103 de la Carta Magna; de ahí que su actuar no pueda ser sujeto de control constitucional. A lo que se suma, la calidad que tienen las nombradas autoridades en este país, como representantes del Estado de Chile, a quienes, mediante las multicitadas Convenciones de Viena, se les ha reconocido determinada inmunidad de jurisdicción, por virtud de la cual, no pueden ser consideradas autoridades responsables o ser juzgadas por actos que realicen en ejercicio de sus funciones diplomáticas y consulares; dentro de los que se encuentra, el aquí atribuido, como se analizó. Por ilustrativa, en lo conducente, la tesis 1a. CCCLXV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Penal, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 529; con Registro digital: 2005134; del rubro y texto siguientes: "INMUNIDAD DIPLOMÁTICA DE JURISDICCIÓN EN MATERIA PENAL. RESULTA APLICABLE CUANDO LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES SON SUJETOS ACTIVOS EN LA COMISIÓN DE UN DELITO, PERO NO CUANDO SON VÍCTIMAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37.2 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS). Las inmunidades de jurisdicción se refieren a un estatus de las personas que, como representantes de sus Estados, ejercen tareas oficiales en otro país, ante lo cual, son excepcionadas de la jurisdicción de este último para que realicen sus tareas correspondientes sin interferencias. Así, en el campo del derecho internacional, la inmunidad diplomática a los aspectos jurisdiccionales representa un régimen de autolimitación estatal, a partir del cual, a efecto de garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas a los funcionarios de otro país, se les exime de estar sujetos a determinados procedimientos. Así, la inmunidad de jurisdicción penal reviste un carácter procesal, en virtud del cual se protege a ciertas categorías de personas; en especial, agentes de un Estado que actúan en ejercicio de un mandato oficial, por lo que se encuentran protegidas para responder por sus actos frente a la jurisdicción del Estado receptor, sin que ello les exima de alguna responsabilidad que pudiese surgir en la comunidad internacional o en su propio país. En suma, la inmunidad jurisdiccional no opera respecto al derecho sustantivo cuya sanción se trata de obtener en el proceso, sino frente al sometimiento de un extranjero al mismo. Su finalidad es permitir el libre y eficaz ejercicio de las funciones de las misiones diplomáticas en el Estado receptor, mismas que se verían perturbadas si el personal de las mismas tuviese que hacer frente como demandado o denunciado a las pretensiones de otro sujeto. En consecuencia, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inmunidad de jurisdicción se refiere a situaciones en las cuales el miembro de la misión diplomática fuese el sujeto activo del delito, pero no cuando fuese la víctima. En efecto, es evidente que las inmunidades de jurisdicción a las que se refiere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se traducen en privilegios procesales cuando un miembro de la misión diplomática es sometido a un procedimiento, pero las mismas carecen de aplicación en un caso en el que un miembro de dicha misión fuese el sujeto pasivo de un delito. Por tanto, las inmunidades de jurisdicción previstas en el artículo 37.2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se encuentran diseñadas para evitar que el miembro de la misión se encuentre sujeto a procedimientos jurisdiccionales, pero no para que exista una inmunidad en los casos en que se ha cometido un delito en su contra, pues ello se traduciría en un privilegio procesal para quien cometió el delito." Así como la jurisprudencia 2a./J. 101/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 149; con registro digital: 182824; que dispone: "INMUNIDAD JURISDICCIONAL INTERNACIONAL. NO ES PRERROGATIVA ILIMITADA. El reconocimiento de inmunidad jurisdiccional que realice un Estado frente a otro o frente a algún organismo internacional, debe considerarse como una característica que impide que otros Estados ejerzan jurisdicción sobre los actos que efectúe en ejercicio de su potestad soberana, o bien, sobre los bienes respecto de los cuales es titular o utiliza en ejercicio de dicha potestad soberana. Sin embargo, la evolución de la inmunidad jurisdiccional que en principio se reconocía como absoluta, en la actualidad no es prerrogativa ilimitada, pues de conformidad con la doctrina, los Estados extranjeros o los organismos internacionales, al actuar en un Estado ajeno, pueden realizar dos tipos de actos: unos que se identifican con aquellos que el Estado realiza en ejercicio de su potestad soberana, y otros que realiza como cualquier particular, caso este último en que por regla general, no se concede la referida inmunidad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo; y los diversos 40, 49, 103 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también procede SOBRESEER en el presente juicio respecto al acto atribuido a la Embajada y Consulado de Chile en México; con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Jorge Esparza Jiménez, por propio derecho y en representación de sus hijos menores F.J.E.A. y C.E.A, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consulado y Embajada de Chile, todos con residencia en la Ciudad de México; por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante José Ignacio Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta hoy, nueve de febrero de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a Fernando Jorge Esparza Jiménez, por su propio y personal derecho y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales F.J.E.A. y C.E.A, la suspensión definitiva de los actos que reclamó a la Embajada de Chile en México y de otras autoridades responsables; y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio S.R.E. ASJ-52800, suscrito por el Director de lo Jurídico Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual hace diversas manifestaciones e informa que mediante oficio ASJ-34072, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, rindió su informe previo requerido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo que fue presentado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el treinta y uno del mismo mes y año, tal y como lo acreditó con la copia simple del acuse correspondiente. Acorde a lo manifestado en el informe de cuenta, glósese a estos autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que de la revisión de estos autos incidentales, se advierte que el informe previo de la responsable de cuenta fue agregado y puesto a la vista de las partes en fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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