Fernando Joaquín Poot Pérez

Expediente 391/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
391/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Fernando Joaquín Poot Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de marzo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por ***, regístrese bajo el número 391/2018-IV-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la oficiala de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional "Adolfo López Mateos", en Toluca, Estado de México. En ese tenor, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ------------------------I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Ahora, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones y omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso; la capacidad de ser parte, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones u omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de un plazo razonable. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable, cuya instancia fue recepcionada el ocho de marzo del año en curso, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el catorce de los cursantes en la oficialía de parte de este juzgado, esto es, cuatro días hábiles desde su promoción; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término ó plazo razonable, considerándose éste en un promedio de quince días, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la responsable se encuentra dentro del lapso antes indicado para dar respuesta al solicitante de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.1°.A.E.63 A (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, que es del rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado.". Asimismo, la diversa I.1°.A.E.64 A (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, que determina: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito.". Por lo que, en virtud de que el acto reclamado no viola en modo alguno los derechos fundamentales de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, aplicado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda; esto es, las listas que se publican en los estrados de éste órgano jurisdiccional federal. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano