Fernando Jiménez López

Expediente 3435/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3435/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Fernando Jiménez López
  • Agente del Ministerio Público adscrita

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: Notifíquese.

  2. Principal

    ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, mediante el cual informó que a través diverso oficio CESP/CEEC/2085/2017 que a su vez remitió al entonces Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, hizo de su conocimiento que se dejaron insubsistentes los exámenes de control de confianza aplicados al elemento de seguridad pública, aquí quejoso, así como el reporte final que al efecto se emitió, y, como consecuencia de lo anterior, el resultado emitido en dicho proceso, comunicado a dicha autoridad municipal mediante oficio CESP/CEECC/RI/NA/3405/2013 de su índice. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de ocho de enero de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jaime Vicente Marín Hernández, contra actos del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco y otras autoridades. Inconforme con dicho fallo, el autorizado de la parte quejosa, así como la delegada de la autoridad responsable Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, interpusieron recurso de revisión en su contra, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, emitiendo ejecutoria el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en la que se modificó la sentencia recurrida. En ese contexto, los efectos otorgados por la superioridad, fueron los siguientes: "(.) Para que el Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, deje insubsistentes los exámenes de control de confianza que le aplicó al promovente, así como el reporte final que al efecto se emitió. Lo anterior no implica que esa autoridad no pueda realizar nuevos exámenes de control de valuación y control de confianza al quejoso, pero si lo hace, deberá cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación". En acuerdo de dos de mayo de dos mil diecisiete, se recibió el testimonio de dicha ejecutoria y se requirió a las autoridades para que otorgaran cumplimiento a la misma. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: Mediante auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, así como por el Director de lo Jurídico y el delegado, ambos adscritos a la Comisaría General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, remitiendo a este Juzgado diversas constancias de las que se advierte, que la primera autoridad referida, mediante oficio CESP/CEECC/2085/2017, dejó sin insubsistentes los exámenes de control y confianza que le fueron practicados al quejoso; y que la segunda autoridad, mediante el acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el Procedimiento Administrativo 124/CC/14, dejó insubsistente el citado procedimiento incoado en contra del quejoso. Así las cosas, y en virtud de que el impetrante de amparo no desahogó la citada vista, de manera oficiosa y de acuerdo a las constancias de autos, el entonces Secretario en Funciones de Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional, declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y ordenó archivar el expediente en que se actúa. Posteriormente, en auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, se dio trámite al recurso de inconformidad planteado por el autorizado de la parte quejosa, en contra de la resolución mencionada en el párrafo que antecede, mismo que por razón de turno, le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca de inconformidad 21/2017 de su índice, en el declaró fundada la inconformidad. Luego la Superioridad, revocó el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete y señaló lo siguiente: "Por lo que hasta aquí considerado se estima que si es factible la eliminación del registro, de existir, en la base de datos de los sistemas de seguridad pública, de que el quejoso no aprobó los exámenes." En acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, se recibió testimonio de dicha resolución, y en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Bajo ese contexto, luego de múltiples requerimientos formulados a diversas autoridades, el cumplimiento dado por éstas a la ejecutoria de amparo fue el siguiente: Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio signado por parte del Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual informó que en la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, no existía anotación alguna respecto del resultado de no aprobado de los exámenes de control y confianza practicados al quejoso. Mediante auto de treinta de agosto del año en curso, se tuvo por al Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, remitiendo oficio mediante el cual informó que mediante diverso CESP/CEECC/2085/2017, se hizo anotación respectiva que en los archivos con que cuenta dicha autoridad de que con el mismo dejaron sin efectos los exámenes de control y confianza que le fueron practicado al quejoso y que éste es el único documento que emite dicha autoridad para dejar sin efectos dichos exámenes. Por tanto, debe decirse que las autoridades responsables, cumplieron con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.

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