Fernando Jimenez Castillo

Expediente 1129/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1129/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
12/12/2016

Partes del expediente

  • Fernando Jimenez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Colima, Colima doce de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se concedió el amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Devuélvanse los cuadernos de pruebas que remitió la autoridad responsable por ser innecesaria su retención. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/nr*

  2. Principal

    Colima, Colima, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese únicamente para que obre como constancia, el escrito signado por Fernando Jiménez Carrillo, autorizado de la parte quejosa, dado que el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, este tribunal declaró que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/ale

  3. Principal

    Colima, Colima, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la parte relativa de la resolución reclamada, en la que se cuantificó el concepto relativo al aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y la parte proporcional al año dos mil quince y, en su lugar, emita determinación sobre tal prestación, tomando como base el salario bruto del actor que asciende a la cantidad de $420.02 (cuatrocientos veinte pesos 02/100 m.n.) Asimismo, dejara sin efectos la parte de la resolución reclamada en la que estableció como condena correspondiente a la remuneración diaria la cantidad de $522,504.88 (quinientos veintidós mil quinientos cuatro pesos 88/10 m.n.), y, en su lugar, estableciera que respecto a tal condena, corresponde la cantidad de $522,904.90 (quinientos veintidós mil novecientos cuatro pesos 90/100 m.n.), que resultan de multiplicar la cantidad de 420.02, correspondiente al salario diario del actor, por 1245 días que transcurrieron del nueve de enero de dos mil doce al nueve de julio de dos mil quince. Para lo cual, debía actualizar las cantidades materia de liquidación. En el entendido de que correspondía al Tribunal responsable instrumentar las acciones conducentes, a fin de que las demandadas cumplan con tal obligación. El ocho de septiembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego de diversos requerimientos, mediante oficio TCA-AI-35/2016, recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veinte de octubre de del año en curso en el juicio contencioso administrativo 257/2012. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada en el toca número 239/2015, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar insubsistente la parte relativa de la resolución reclamada, en la que se cuantificó el concepto relativo al aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y la parte proporcional al año dos mil quince y, en su lugar, emitir otra en la que determinó sobre tal prestación, tomando como base el salario bruto del actor que asciende a la cantidad de $420.02 (cuatrocientos veinte pesos 02/100 m.n.), asimismo, dejó sin efectos la parte de la resolución reclamada en la que estableció como condena correspondiente a la remuneración diaria la cantidad de $522,504.88 (quinientos veintidós mil quinientos cuatro pesos 88/10 m.n.), y, en su lugar, estableció que respecto a tal condena, corresponde la cantidad de $522,904.90 (quinientos veintidós mil novecientos cuatro pesos 90/100 m.n.), que resultan de multiplicar la cantidad de 420.02, correspondiente al salario diario del actor, por 1245 días que transcurrieron del nueve de enero de dos mil doce al nueve de julio de dos mil quince y actualizó las cantidades materia de liquidación, atendió los lineamientos de la ejecutoria; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL ATUO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la parte relativa de la resolución reclamada, en la que se cuantificó el concepto relativo al aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y la parte proporcional al año dos mil quince y, en su lugar, emita determinación sobre tal prestación, tomando como base el salario bruto del actor que asciende a la cantidad de $420.02 (cuatrocientos veinte pesos 02/100 m.n.) Asimismo, dejara sin efectos la parte de la resolución reclamada en la que estableció como condena correspondiente a la remuneración diaria la cantidad de $522,504.88 (quinientos veintidós mil quinientos cuatro pesos 88/10 m.n.), y, en su lugar, estableciera que respecto a tal condena, corresponde la cantidad de $522,904.90 (quinientos veintidós mil novecientos cuatro pesos 90/100 m.n.), que resultan de multiplicar la cantidad de 420.02, correspondiente al salario diario del actor, por 1245 días que transcurrieron del nueve de enero de dos mil doce al nueve de julio de dos mil quince. Para lo cual, debía actualizar las cantidades materia de liquidación. En el entendido de que correspondía al Tribunal responsable instrumentar las acciones conducentes, a fin de que las demandadas cumplan con tal obligación. El ocho de septiembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego de diversos requerimientos, mediante oficio TCA-AI-35/2016, recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veinte de octubre de del año en curso en el juicio contencioso administrativo 257/2012. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada en el toca número 239/2015, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar insubsistente la parte relativa de la resolución reclamada, en la que se cuantificó el concepto relativo al aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y la parte proporcional al año dos mil quince y, en su lugar, emitir otra en la que determinó sobre tal prestación, tomando como base el salario bruto del actor que asciende a la cantidad de $420.02 (cuatrocientos veinte pesos 02/100 m.n.), asimismo, dejó sin efectos la parte de la resolución reclamada en la que estableció como condena correspondiente a la remuneración diaria la cantidad de $522,504.88 (quinientos veintidós mil quinientos cuatro pesos 88/10 m.n.), y, en su lugar, estableció que respecto a tal condena, corresponde la cantidad de $522,904.90 (quinientos veintidós mil novecientos cuatro pesos 90/100 m.n.), que resultan de multiplicar la cantidad de 420.02, correspondiente al salario diario del actor, por 1245 días que transcurrieron del nueve de enero de dos mil doce al nueve de julio de dos mil quince y actualizó las cantidades materia de liquidación, atendió los lineamientos de la ejecutoria; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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