Fernando Jesús Martínez Siles

Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
611/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Fernando Jesús Martínez Siles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, devuelve un legajo certificado; asimismo, remite testimonio de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el Q.C.*, de su índice, cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo a la autoridad oficiante y hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa. Determinaciones relacionadas con el cuaderno principal. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que desechó la demanda de amparo y dicha decisión fue confirmada por el órgano colegiado oficiante. Además, se hace constar, que este expediente no es de relevancia documental. Documentos. Se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, destrúyase la copia certificada que devuelve la autoridad oficiante, por ser innecesaria su conservación. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remitido vía electrónica mediante la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual, hace del conocimiento el contenido el proveído de dos de agosto del año en curso, en el que el citado órgano colegiado acusa recibo del oficio por el que se remitió el original del escrito de agravios, así como copia certificada del auto recurrido y demás constancias conducentes para la tramitación del recurso de queja (un legajo). Asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del auto de treinta de junio del año en curso, el cual registro con el Q.C.***. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    agréguese el escrito signado por ********autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés. se tiene a la promovente interponiendo el recurso de mérito contra el proveído mencionado, en el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, en el sentido de que este juzgado sí dictó el acuerdo impugnado. Remítase al órgano colegiado que deba conocer de dicho asunto copia certificada del auto recurrido y demás constancias conducentes para la tramitación del medio de impugnación de mérito. Por último, hágase visible el expediente electrónico del sumario en que se actúa, a efecto de que el órgano revisor tenga acceso a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En mérito de lo anterior, se ordena que el oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por el quejoso Fernando Jesús****, mediante el cual desahoga la prevención ordenada en proveído de treinta de mayo del año en curso, y amplía su demanda de amparo para lo cual, señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y realiza una autorización. En tales condiciones, se provee la demanda de amparo en los siguientes términos. Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, el quejoso reclama en esta instancia constitucional: La retención y/o embargo de la cuenta bancaria 97880127129538 aperturada en Banco Azteca, con motivo de las providencias precautorias prejudiciales solicitadas por Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable en contra de Fernando Jesús Martínez Siles (aquí quejoso), y otros, ordenado por el Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, en las providencias precautorias 1235/2019. En ese sentido, en función de la naturaleza del acto, la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61." El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance los quejosos para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, si el propósito del legislador fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1571, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Entonces, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1183, el cual señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 del propio código. A su vez, el artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio dispone: "Artículo 1345.". Como puede verse, este último precepto legal señala en forma genérica que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias procede recurso de apelación de tramitación inmediata, siempre y cuando proceda dicho recurso de acuerdo con el monto del negocio. Así, el artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio prevé que tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda son apelables, si conforme con la cuantía del asunto procede dicho recurso. En torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. El caso materia de estudio se refiere al supuesto en el que se concedió la providencia precautoria de retención de bienes solicitada antes de iniciar el juicio mercantil, a fin de garantizar el pago de $25'219,181.38 (veinticinco millones doscientos diecinueve mil ciento ochenta y un pesos 38/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal. De manera que el negocio admite recurso de apelación por su cuantía. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, carece de definitividad el acuerdo reclamado, toda vez que procedía el recurso de apelación, medio de impugnación a través del cual pudo ser modificado o revocado, motivo por el cual se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, únicamente señala como excepciones a dicho principio, los actos que importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o que se trate de terceros extraños a juicio; sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. No pasa inadvertido que el quejoso reclama el bloqueo de su cuentas derivado de la falta de emplazamiento; sin embargo, en el asunto en estudio la medida cautelar se decretó como acto prejudicial, es decir, sin citar a la persona contra quien se solicita, como lo establecen los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, por lo que no es tercera extraña al procedimiento. En las apuntadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Finalmente, se tiene como autorizado de su parte a la persona que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que para poder actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se le tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al quejoso.

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