Fernando Javier Barrera Solis

Expediente 152/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
152/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Secretaria de Seguridad Publica del Estado
  • Fernando Javier Barrera Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se sobreseyó en el presente en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de ¬¬tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el inciso a), del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 152/2022-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo 1. El catorce de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en la negativa de recibir el escrito por el que solicitó la devolución del vehículo marca ***, modelo ***, línea ***, con número de serie ***, con placas *** del Estado de Yucatán, así como la negativa de hacer entrega de dicho vehículo, la retención de su licencia de conducir y la omisión de entregarle la boleta de infracción correspondiente. 2. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación.8 SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo 3. Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, en providencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por una parte, se desechó la demanda respecto a la retención de la licencia de conducir de la parte quejosa y, por la otra, se admitió a trámite por los restantes actos reclamados. 4. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción , quien no presentó pedimento. Se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable, así como su aclaración. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede.10 TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. 5. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. 6. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. 7. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de dos de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia 8. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido.11 10. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: (.) 11. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."12 TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. 12. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistentes en la negativa de recibir el escrito que indica la parte quejosa y la omisión de entregarle la boleta de infracción correspondiente, pues así lo manifestó a través de su Director Jurídico al rendir la aclaración de su informe justificado (foja 69); sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado esa negativa. 13. Máxime que respecto de esos actos, el quejoso no ofertó prueba alguna para demostrar que llevó a cabo la petición que refiere, pues no aportó el escrito cuya falta de recepción y contestación reclama; por lo que, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Certeza de los actos reclamados 14. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de la negativa de hacer entrega del vehículo marca ***, modelo *** línea ***, con número de serie ***, con placas *** del Estado de Yucatán, al rendir su informe con justificación (foja 59). 15. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por dicha responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.13 CUARTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento 16. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes.14 17. En la especie, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". 18. Esto, porque la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico respecto del bien mueble que aduce de su propiedad, ya que no exhibió documento idóneo y suficiente para acreditar que el acto que reclama afecta de manera personal y directa algún derecho subjetivo. 19. Respecto al acto que nos ocupa y de la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico a tutelar por parte del órgano de control constitucional. 20. El interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por la responsable; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. 21. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." 22. En este orden de ideas, el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad y que, por ello, resiente un agravio de manera personal y directa en sus derechos subjetivos. 23. Así, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. 24. En el caso concreto, el acto reclamado por el quejoso, relativo a la negativa de entregar el vehículo marca Ford, modelo ***, línea ***, con número de serie ***, placas *** del Estado de Yucatán, aduce lesiona su esfera de derechos porque se trata de un bien mueble de su propiedad y para acreditar su dicho exhibió como medios de prueba: 1. Copia simple de dos credenciales para votar, 2. Copia simple de una tarjeta de circulación, 3. Copia simple de una factura y 4. Copia certificada de la factura *** expedida por *** y endosada en su favor. 25. Sin embargo, las documentales marcadas con los números 1, 2 y 3 son insuficientes para acreditar el interés que le asiste para acudir a esta instancia constitucional, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues por su naturaleza de copias simples carecen de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración. 26. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." 27. Por otro lado, respecto a la copia certificada de la factura *** expedida por *** y endosada en favor del quejoso, debe decirse que también es insuficiente para acreditar el interés jurídico con que cuenta la parte quejosa respecto del vehículo marca ***, modelo ***, línea ***, con número de serie 1FA6P8CF5J5164651, con placas *** del Estado de Yucatán. 28. Se afirma lo anterior, porque el endoso asentado en dicho documento no contiene el lugar y fecha de suscripción, como lo dispone el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 29. Además de que, si bien el Notario Público Noventa y Siete del Estado, con fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, llevó a cabo el cotejo del original de la factura *** con una copia simple, el cual quedó anotado bajo el número ***, lo cierto es que sólo hizo constar el cotejo entre dos documentos, uno en original (factura) y otro en copia, con el fin de autenticar este último, por lo que la certificación que asentó no versó sobre la fecha en la que fue endosada dicha factura a terceros, sino solamente sobre la data en que fue presentado el documento ante tal fedatario público; de ahí que resulte insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. 30. No obsta a lo anterior que la factura contenga cadena original del complemento del certificado digital, sello digital del emisor, así como sello digital del Servicio de Administración Tributaria, como lo disponen los artículos 29 y 29-Bis del Código Fiscal de la Federación, lo cual, por ser un documento digital, hace prueba plena del acto jurídico que contiene15; sin embargo, dicho valor probatorio no se hace extensivo a los endosos que se asentaron al reverso del indicado documento, al no ser parte del objeto de dicho acto jurídico que fue la compraventa de un vehículo automotor entre*** y ***. 31. Lo anterior, máxime que el endoso o cesión efectuada al aquí quejoso, carece del nombre de la persona que supuestamente lo realizó, por lo que sólo se puede presumir que lo realizó ***, siendo que el interés jurídico no puede presumirse, sino que debe ser probado fehacientemente. 32. Por consiguiente, si como ha quedado precisado, la parte quejosa no demostró el interés jurídico que le asiste para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. 33. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. 34. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 35. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por el motivo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    II. Mérida, Yucatán; dos de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2488/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 152/2022; acúsese recibo. [.] Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Audiencia constitucional. De las constancias del expediente electrónico de origen se advierte que se señalaron las once horas con veintiséis minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, fecha que ya aconteció, sin que se haya celebrado esa diligencia, por lo cual, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan como nueva fecha y hora las diez horas del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la misma.[.] Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se resolvió negar la suspensión del acto reclamado.[.]NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.[.]

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