Fernando Iván Castro Almendarez
Expediente 906/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Iván Castro Almendarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
León, Guanajuato, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se difiere la audiencia constitucional. Del estado de autos y de la certificación que antecede se advierte que no ha trascurrido en su totalidad el plazo de quince días con que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe con justificación, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Se ordena notificar ampliación de demanda a autoridad responsable. Del estado de autos se advierte que en proveído de veintiuno de septiembre de la anualidad se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de actos atribuidos a las siguientes autoridades: a) Encargado del Despacho de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Guanajuato; y, b) Director de Policía Vial de León, Guanajuato. Lo anterior, sin que se cuente con la de notificación respecto de la autoridad especificada en el inciso b) que antecede. En consecuencia, mediante oficio que se genere del presente acuerdo, requiérase a la autoridad aludida para que rinda informe justificación respecto de la ampliación de la demanda, ello, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Remítase copia del escrito de ampliación con anexos y copia autorizada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés en el que se admitió la ampliación de demanda aludida, a efecto de que la autoridad esté en aptitud de rendir el informe respectivo, en el término y con los apercibimientos que ahí se indican. II. Se difiere la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Informe con justificación con motivo de la ampliación de demanda. Alegatos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación con motivo de la ampliación de demanda que rinde el comandante encargado del Despacho de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial, de León, Guanajuato, autoridad que niega la existencia del acto reclamado; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Por lo que hace al señalamiento de delegados, domicilio para recibir notificaciones y número telefónico de contacto, deberá estarse conforme lo acordado en el auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés en el que se proveyó al respecto. Finalmente, de conformidad con el precepto 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresan, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental remitida por las autoridades oficiantes, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional.
- Principal
I. Quejoso amplía demanda de amparo. Agréguese el escrito signado por la quejosa mediante el cual, atención a la vista otorgada en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, amplía su demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en: a. El oficio *** de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual la autoridad responsable contestó la petición del quejoso; b. El oficio *** de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por el que se informó al quejoso que el seguimiento a su solicitud y la canalización de ésta a la Dirección General de Obra Pública de esta ciudad; y c. La omisión de la Dirección General de Obra Pública de atender la petición remitida por el Encargado de Despacho de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Guanajuato Primeramente, cabe precisar que en el referido auto de siete de septiembre del año que trascurre, se dio vista al peticionario para que estuviera en aptitud de ampliar su demanda respecto de los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), pero no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud; en consecuencia, se provee: SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. En el caso se colman los requisitos de procedencia de la ampliación, por lo que con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 17, 107, 111, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda únicamente en relación con: Los postulados relacionados con el derecho de petición, respecto de la respuesta contenida en los oficios *** y ***, ambos de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés emitidos por el Encargado del Despacho de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial y el Director de Policía Vial, ambos de León, Guanajuato. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Se ordena notificar la presente determinación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través del usuario electrónico "PAMELASANCHEZ" que proporcionó mediante oficio FGR/001/2023 recibido en este órgano jurisdiccional el once de enero de dos mil veintitrés, lo que se trae a cuenta como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión del acto reclamado, en razón de que no fue solicitado. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa, legible y debidamente foliada, rubricada y entresellada, de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de sus informes se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso, remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes." APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento de la parte quejosa o tercera interesada, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En razón a que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta y seis minutos del nueve de octubre del año en curso, para dar oportunidad a la recepción del informe justificado de las autoridades responsables con motivo de la ampliación de demanda, se difiere anticipadamente, a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECICHO DE COTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su verificativo. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. II. Se turna ampliación de la demanda de amparo. Por otra parte, no ha lugar a dar trámite a la ampliación de demanda que pretende la quejosa respecto del acto consistente en: La omisión de la Dirección General de Obra Pública de atender la petición remitida por el Encargado de Despacho de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Guanajuato Se explica. En auto de siete de septiembre de dos mi veintitrés, se dio vista personal a la quejosa para ampliar la demanda de amparo por la naturaleza del acto reclamado (derecho de petición), dado que la autoridad responsable informó que mediante el oficio ***, de veintinueve de agosto de la anualidad contestó la petición realizada, notificado en la propia data al peticionario. Sin embargo, en el mencionado proveído se precisó que la materia de la ampliación de la demanda, únicamente versaría sobre los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), pero no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud; por lo que la parte quejosa, en cuanto a su pretensión de ampliar la demanda, deberá estarse en ese proveído. Cobra aplicación la tesis 2a. XXI/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas" . Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 62/2022, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria ." Ahora, del escrito de ampliación de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa controvierte la omisión de la Dirección General de Obra Pública de atender la petición que le fue turnada, por tanto, se considera que tal acto es uno diverso al originalmente aquí combatido, esto es: La omisión de dar respuesta a la petición que le formuló el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual solicitó la instalación de señalética vehicular y reductores de velocidad en la calle Verbena tramo Fray Daniel Mireles y Héroes de la Independencia, de la colonia San Pedro de los Hernández, de esta ciudad. En ese sentido, el nuevo acto consistente en La omisión de la Dirección General de Obra Pública de atender la petición remitida por el Encargado de Despacho de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Guanajuato no es materia de la ampliación de la demanda de amparo sino de una nueva que se promueva. Por ende, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , a fin de salvaguardar, en favor de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia, túrnese dicha ampliación de demanda como una nueva demanda de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 7/2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla". En consecuencia, remítase un tanto de la ampliación de demanda de mérito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que realice el turno aleatorio. Cobra aplicación la tesis XIX.1o.A.C.8 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que es del siguiente tenor. "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE. En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la sustanciación de ambas, en un solo procedimiento, en aras de la brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe proveer su trámite como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente ."
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