Fernando Ibave González
Expediente 520/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fernando Ibave González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Ahora, vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído referido en el párrafo que antecede, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Por lo que una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar los expedientes, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, del que se advierte, previa revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente Electrónico (SISE), que ha transcurrido el término otorgado al quejoso *******, en proveído de trece de octubre de este año, a fin de que informara si era su deseo o no, señalar como autoridad responsable a los Inspectores de Hacienda del Estado, al advertir su participación en los actos reclamados en el presente asunto, sin que lo haya hecho así, no obstante estar debidamente notificado para tal efecto, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva. En las relatadas circunstancias, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en el referido auto de trece de los actuales, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se provee con relación a la procedencia de la demanda, únicamente por las autoridades señaladas como responsables en los términos indicados en el escrito inicial. En el entendido que no es factible dar seguimiento a los actos de "tortura moral" que manifestó el citado quejoso al momento de ratificar su demanda de amparo y que atribuyó a los Inspectores de Hacienda del Estado, dado que el quejoso no manifestó su deseo de enderezar la demanda contra esos actos y autoridades responsables. Ahora, no obstante lo anterior, del estado procesal de autos se evidencia que, en proveído de dieciséis de octubre de esta anualidad, se tuvo a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia de las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte y Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos con Detenido, con sede en esta localidad, informando que mediante acuerdo de libertad de persona ante el ministerio público de once de octubre de este año, se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso *******, en razón de que el delito de que se trata, no es uno de los contenidos en el catálogo de delitos graves previstos en los artículos 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que necesitan allegarse de más y mejores medios de convicción que generen certeza en cuanto a la naturaleza y cronología del desarrollo de los hechos. Asimismo, que giró el oficio *******, dirigido al Encargado de Celdas Preventivas de la Unidad de Control de Detenidos, para que acatara dicha libertad, anexando las constancias certificadas relativas para acreditar su dicho. Documentales que valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena, y resultan suficientes para determinar que, en el caso, el quejoso directo recuperó su libertad personal, lo anterior para los efectos legales conducentes. Así, considerando que en la especie, ******* promovió el presente asunto a favor de *******, contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, y de otras autoridades, consistentes en la privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y malos tratos; demanda que fue ratificada por el directo quejoso. Asimismo, que mediante acuerdo de libertad de persona ante el ministerio público de once de octubre de este año, el directo quejoso fue puesto en libertad por las consideraciones ahí expuestas; por tanto, es evidente que al haber obtenido su libertad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados, el cual establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en atención de una cosa, es decir, el fin para el que se hace una cosa. Dicho de otro modo, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En apoyo a las consideraciones anteriores, se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, es dable concluir que, en el caso, han cesado los efectos de los actos reclamados, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, dado que su detención y los eventuales actos de incomunicación y malos tratos, cesaron al haber sido puesto en libertad y no encontrarse personalmente bajo la custodia de las autoridades que se señalaron como responsables; por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, con relación al diverso numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, por su notoria improcedencia. Sin que sea óbice resolver de forma apuntada, el hecho de que en el presente asunto no admitió la demanda a pesar de haber sido ratificada, ya que estimar lo contrario, se traduciría en una conculcación directa al derecho humano a la pronta impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de admitir a trámite la demanda y esperar al señalamiento de la audiencia constitucional, sólo se dilataría el dictado de una resolución que indudablemente sería en el mismo sentido que ahora se resuelve, en razón de que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, atenta la libertad deambulatoria que ya le fue otorgada al solicitante del amparo por las autoridades que lo tenían bajo su custodia. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese por correo electrónico a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veinte, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio y anexos de cuenta secretarial, firmado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia de las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte y Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos con Detenido, con sede en esta localidad, a través del cual, en complemento a sus informes relativos a la suspensión de plano, informa que mediante acuerdo de libertad de persona ante el ministerio público de once de octubre de este año, se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso ******* (nombre correcto), por las razones ahí expuestas, así como que giró el oficio *******, dirigido al Encargado de Celdas Preventivas de la Unidad de Control de Detenidos, para que acatara dicha libertad, anexando las constancias relativas para acreditar su dicho. En las relatadas circunstancias, agréguense para que obren como legalmente corresponda, y tómense en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los informes que rinden las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte y Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos con Detenido, por conducto de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de dicha Fiscalía, con sede en esta localidad, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen a las autoridades designando como delegados a los profesionistas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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