Fernando Ibañez Tuburio

Expediente 1631/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1631/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Fernando Ibañez Tuburio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Destino de expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el contenido del oficio y los anexos certificados que se adjuntan a éste, esta juzgadora advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, son suficientes para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, se duele de la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio 1319/2023 del índice de la autoridad responsable. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, las cuales en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que las entidades demandadas fueron notificadas de manera electrónica los días dos y seis de junio de dos mil veintitrés y comparecieron a dar contestación a la demanda promovida en su contra el trece de julio del año en curso. Por su parte, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó el catorce de julio de dos mil veintitrés. Por lo que, se arriba a la convicción de que en la data en que se instó el juicio de amparo en el que se actúa era inexistente la omisión de que se duele el impetrante. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Criterio que, si bien es cierto establece que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, lo cierto es que, se estima, en el caso no opera tal "regla general", pues aquí se está en un supuesto donde el acto reclamado lo constituye una "omisión" o falta del "quehacer" por parte de la autoridad responsable, "omisión" que queda desvirtuada con las constancias que allegó la autoridad responsable, que ponen de manifiesto que, indudablemente, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya había sido emplazada la parte demandada en el juicio 2794/2023; de ahí que es indudable y manifiesto que no existió, a la fecha de presentación de la demanda, la omisión reclamada. Lo anterior, constituye una negativa del acto que, aun y cuando se le dé oportunidad al quejoso de probar en la audiencia constitucional, no lograría desvirtuar, pues, se insiste, el emplazamiento se efectuó con anterioridad a la presentación de la demanda, incluso en el juicio de origen existe ya una actuación procesal en la que se tuvo a las entidades demandadas dando contestación a la demanda en virtud de su emplazamiento; por ende, sí resulta viable decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. A más de lo anterior, de las constancias que se analizan se advierte que el ocho de agosto del año en curso, fue dictada la sentencia definitiva en el juicio natural. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que a nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y un minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa actos a realizar para cumplir ejecutoria. Téngase por recibido el comunicado que signa la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada secretaría, mediante el cual solicita entre otras cosas, copia simple del recibo oficial A 59427200, en consecuencia, se ordena remitir a la responsable copia simple de dicho recibo, del cual se recepcionó copia certificada en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, como anexo al informe constitucional del Director de lo Contencioso de la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Además, la promovente informa que se encuentra jurídica y materialmente imposibilitada para de realizar la devolución de la cantidad erogada con la factura número de inventario ******************** realizada por el servicio de arrastre proporcionado por la empresa ********************, señalando a la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco como la encargada de realizar las gestiones legales y administrativas necesarias para realizar su devolución. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las referidas autoridades responsables, para que en el plazo de seis días, contados a partir del siguiente al en que reciban el comunicado que derive del presente proveído, remitan copia certificada completa y legible, de las constancias con las que acrediten el cumplimiento a la sentencia amparadora. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal de los presentes autos, particularmente el contenido del proveído de veintidós de junio del presente año, se solicitó a las autoridades responsables adscritas a la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que bajo protesta de decir la verdad dijeran si algunos de los folios del Convenio de Incorporación de los Trabajadores del Gobierno del Estado, municipales y demás dependencias afiliadas a la modalidad 36 y 38 del Seguro Social, relativo al folio 140022022000036073, respecto del aquí quejoso ********************, se encuentran en el estado que se remitieron (fojas 302 a 321). Ahora, mediante auto de veintinueve de junio del mismo año, se tuvo a la citada autoridad remitiendo un legajo certificado relativo a lo solicitado en párrafos que anteceden, para lo que éste juzgado realizó una precisión al momento de tener por recibidas constancias, asentándose que las mismas se tienen tal y como fueron remitidas por la responsable. Sin embargo, la oficiante al atender el requerimiento formulado en proveído de veintidós de junio del presente año, únicamente allegó las citadas documentales, manifestando que lo hacía en cumplimiento a los oficios 27073, 27074 y 27075, todos del año dos mil veintitrés, más no haciendo precisión alguna sobre el contenido de ellas. Nuevo requerimiento. Ahora, del análisis de las constancias en comento se tiene que existe una ligera discrepancia en cuanto a la integridad de sus folios, así como que el contenido de la primera foja del citado convenio se encuentra incompleto, de ahí que se determine emitir el siguiente requerimiento. Requerimiento de constancias. Con fundamento en el término previsto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables adscritas a la delegación estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído indiquen lo siguiente: bajo protesta de decir la verdad informe si el Convenio de Incorporación de los Trabajadores del Gobierno del Estado, municipales y demás dependencias afiliadas a la modalidad 36 y 38 del Seguro Social, sobre el folio 140022022000036073, respecto del aquí quejoso ********************, se encuentra en el estado que se remitieron, precisando particularmente si en relación a su contenido, este está originalmente incompleto, esto es en específico lo relativo al último renglón de su primer página y en las condiciones tal cual las allegó. Ello atento a que algunos de éstos aparentan tener el texto incompleto. Para mayor ilustración, se ordena remitirle el convenio en cita tal cual lo allegó a fin de que puedan corroborar dicha circunstancia. Por otro lado, para la debida integración el expediente en que se actúa, resulta necesario contar con el expediente personal del quejoso, en virtud de que las aludidas documentales, se encuentran relacionadas con los actos reclamados en esta instancia constitucional dentro del presente expediente, por lo que se estima de utilidad tenerlas a la vista para mejor proveer y resolver este juicio biinstancial, razón por la que, con base en el precepto 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en comento por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a la notificación que se realice con el oficio correspondiente, remita copia certificada, completa, legible, ordenada y foliada del expediente de personal del aquí quejoso ********************. Lo anterior, se reitera, dado que resulta indispensable para resolver conforme a derecho el presente juicio. Apercibimiento a las autoridades. Se les apercibe a las autoridades que en caso de ser omisas, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.". Difiere audiencia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para ésta data, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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