Fernando Humberto Robles Minaya

Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
797/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Fernando Humberto Robles Minaya

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Se agregan a los autos los telegramas de la Presidente y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, en el primero, se manifiesta que ya fueron turnados los autos del juicio laboral de origen al área correspondiente para proveer lo conducente, y en los dos restantes, dicen remitir copia certificada del proveído de veintiséis de mayo pasado, en el que se proveyó sobre las razones actuariales de veinticuatro de ese mes y se concedió a la parte quejosa, término para proporcionar domicilio cierto y correcto de las demandadas, con apercibimiento de tener por no interpuesta su demanda laboral. Sin embargo, se reserva proveer al respecto, en tanto obren las constancias a que hace referencia la autoridad laboral de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXX), y Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos con sede en Cuernavaca, Morelos, no rindieron respectivamente su informe justificado solicitado dentro del término legal, no obstante de que en autos obran constancias de su legal emplazamiento, con sello de recepción de fecha veinticuatro de febrero del año en curso; lo que traería como consecuencia, la presunción de ser cierto el acto reclamado. Sin embargo, del contenido de la certificación de cuenta, este juzgado considera prudente invocar como hecho notorio el contenido de las actuaciones que obran en autos del juicio de garantías 726/2020-VI-A, donde obra el informe justificado rendido por el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado denominado XXXXXXXXXXXXXXX(XXXXX), con sede en Cuernavaca, Morelos, a través del cual, remitió copia digitalizada de la circular 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, con sede en la Ciudad de México, de donde se desprende que, a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la primera sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero del presente año, determinaron que se extinguía la necesidad de ejecutar el concurso y los servicios del contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el Paquete Sureste, ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como de adjudicar dicho contrato; por lo que, en cumplimiento a lo anterior, las citadas autoridades comunicaron al fiduciario la cancelación del concurso XXXXXXXXXXXX. Por tanto, se ordena extraer fotocopia del referido informe justificado, a fin de que sea certificado y glosado al presente juicio de amparo, lo anterior, con el fin de no retrasar la secuela procesal en el presente expediente, ni vulnerar los principios contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, tomando en consideración que las documentales enviadas por el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado denominado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXX), con sede en Cuernavaca, Morelos, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio. En principio, la demanda de amparo fue promovida por xxxxxx, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte (según sello de la papeleta de turno), en contra de las autoridades y los actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: I. Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, con sede en la Ciudad de México. II. Secretario de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México. III. Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, con sede en la Ciudad de México. IV. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con sede en Cuernavaca, Morelos, por conducto de XXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., con sede en Torreón, Coahuila. V. Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con sede en Cuernavaca, Morelos, por conducto de Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V., con sede en Torreón, Coahuila. ACTOS RECLAMADOS: a) La convocatoria publicada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las bases del concurso XXXXXXXXXXXXX, relativo a la adjudicación de un contrato de asociación público-privada para la prestación de servicios consistentes en el mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el "Paquete Sureste", ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad de infraestructura. b) En vía de consecuencia, el dictamen de viabilidad respecto del concurso XXXXXXXXX2020, de diecinueve de mayo de dos mil veinte. c) El Acuerdo CT/XXXXXXX/8-ABRIL-2019/VI-A. d) El oficio 3.4.-0403, de nueve de julio de dos mil dieciocho, por el que se autoriza el objeto del contrato que se adjudicará en el concurso XXXXXXXX e) Y las consecuencias derivadas de la ejecución de la convocatoria reclamada. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" . Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos de sobreseimiento. En el caso en concreto, el quejoso xxxxxxxxx, por propio derecho, demanda: a) La convocatoria publicada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las bases del concurso XXXXXXXXXXXXXX, relativo a la adjudicación de un contrato de asociación público privada para la prestación de servicios consistentes en el mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el "XXXXXXXXX", ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad de infraestructura. b) En vía de consecuencia, el dictamen de viabilidad respecto del concurso XXXXXXXXXX, de diecinueve de mayo de dos mil veinte. c) El Acuerdo CT/XXXXX/8-ABRIL-2019/VI-A. d) El oficio 3.4.-0403, de nueve de julio de dos mil dieciocho, por el que se autoriza el objeto del contrato que se adjudicará en el concurso XXXXXXXXXXXXXX. e) Y las consecuencias derivadas de la ejecución de la convocatoria reclamada. No obstante, el apoderado legal de XXXXXXXXXXXX [XXXXXX], con domicilio en la Ciudad de México, al remitir copia digitalizada de la circular 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, con sede en la Ciudad de México, de donde se desprende que, a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (XXXXXXXXXXX), en la primera sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero del presente año, determinaron que se extinguía la necesidad de ejecutar el concurso y los servicios del contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el XXXXXXXXXXXXX, ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como de adjudicar dicho contrato. Por lo que, en cumplimiento a lo anterior, las citadas autoridades comunicaron al fiduciario la cancelación del concurso XXXXXXXXXXXX. Con ello, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, debido a que la autoridad Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, comunicó a través de la circular número 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, que las autoridades: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso Número 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), han decidido cancelar el concurso XXXXXXXXXXXXXXXXX- E8-2020, el cual es precisamente el acto que se reclama, y las consecuencias que de él derivan, de modo que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional porque el concurso reclamado ha sido cancelado; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica del promovente que amerite ser compensado con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano