Fernando Huitrado Delgado
Expediente 1911/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1911/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fernando Huitrado Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de marzo al once de abril de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del presente juicio de derechos. Que dentro del presente sumario no existen documentos por devolver a la autoridad responsable. En el juicio de amparo en que se actúa, si se tramitó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó y por otra se concedió al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados. Que en dicho incidente no fue exhibido billete de depósito; sin que tampoco exista recurso alguno pendiente de resolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos, en la que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente sí es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados, con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo citado, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción; por tanto, en términos del punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, una vez, transcurridos seis meses procédase a su destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1911/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, FERNANDO HUITRADO DELGADO, por conducto de su defensor, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito judicial de Esta Capital. Acto reclamado: Resolución de doce de octubre de dos mil dieciocho, en la que se resuelve la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, dictada dentro de la causa penal 294/2018. Acto que a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó a la tercera interesada (fojas 13 a 15); incluso, con el mismo carácter al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable (foja 20); se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: - La resolución de doce de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal 294/2018, en la cual el juez responsable le niega el beneficio de la suspensión condicional del proceso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en esta ciudad, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de ahí que se tenga acreditado el mismo. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con el disco relativo a la causa penal 294/2018, que remitió la juez responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Previo al estudio de fondo de este asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que este órgano jurisdiccional de oficio las advierta, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la Tesis de Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie no se advierte ninguna causa de improcedencia, así como tampoco fueron señaladas por las partes. QUINTO. Al no advertirse alguna causa de improcedencia, se debe entrar al estudio de los conceptos de violación, los que se contienen en el capítulo relativo de su demanda de garantías, y se tienen reproducidos para todo efecto legal, sin necesidad de transcribirlos, dado que no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial número Registro: 164,618, Materia(s): Común, Novena Época, sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, visible en la página: 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El concepto de violación hecho valer por el quejoso, resulta infundado. En primer término, cabe destacar que una de las salidas alternas que fija la legislación nacional procesal penal, es la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando se reúnan diversos requisitos, acorde a lo dispuesto en el capítulo III, del ordenamiento en comento, que dice: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal.." En los invocados artículos se advierte, que la suspensión del proceso a prueba, es una medida decretada por el Juez o Tribunal, a petición del imputado, su defensor o el Ministerio Público, con propósito de suspender los efectos de la acción penal a favor del primero y evitar la determinación del juicio de responsabilidad penal en una sentencia. Para lo anterior, no debe existir oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido; que la pena del delito por el que se le imputó, no exceda la media aritmética de cinco años; que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior. Todo lo cual deberá acontecer hasta antes de la apertura a juicio. En ese orden de ideas, para la solicitud de la suspensión condicional del proceso, se debe plantear un plan de reparación del daño causado por el delito, el monto y la forma en que habrá de pagarse. En audiencia, previa cita en que el Juez prevenga a la víctima, que su ausencia implica que no tiene oposición a la concesión de la suspensión del proceso a prueba, por ende, comparezca o no ante el juez de Control, se resolverá sobre la solicitud de suspensión del proceso a prueba. Por último, la resolución debe fijar las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud, y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, acorde a criterios de razonabilidad. De lo expuesto, se destaca cuando se considere procedente la solicitud de la suspensión del proceso a prueba, la resolución fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a criterios de razonabilidad. Asimismo, que deberá haber transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior. Ahora bien, el acto que en esta vía constitucional se reclama, lo hace consistir en la audiencia de doce de octubre de dos mil dieciocho, en la que se determinó negar la suspensión condicional del proceso, en el proceso penal 294/2018, seguido en contra del aquí quejoso, por el delito de utilización de imágenes o de voz de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para pornografía. En efecto, en la resolución que constituye el acto reclamado la responsable determinó en forma acertada que en cuanto al análisis de las exigencias para la procedencia del beneficio de la suspensión condicional del proceso, no se actualizaba cabalmente, en razón de que consideró que no se reunían los requisitos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe una salida alterna anterior y que data del cinco de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior, se desprende del disco que allegó la responsable en su informe justificado específicamente del minuto 16:46 al 26:53, a saber: "Se resuelve la petición planteada por el defensor al tenor de las consideraciones siguientes: El defensor está proponiendo para FERNANDO HUITRADO DELGADO, una suspensión condicional del proceso conocida como salidas alternas, con el propósito de lograr la suspensión del proceso a cambio de que FERNANDO cumpla con ciertas condiciones en libertad. El artículo 192 de la norma nacional, es el rector para decidir si procede o no lo que propone el defensor. Para que proceda la salida alterna es necesario que haya un auto de vinculación a proceso en el cual por la clasificación jurídica del delito materia base, la media aritmética de la pena de prisión no exceda los cinco años. Ese requisito lo cumple satisfactoriamente FERNANDO, muy forzado porque precisamente su media aritmética se ubica en cinco años y no excede. Se requiere que no haya objeción fundada de la víctima, no tenemos la presencia de la víctima y por tanto debemos entender esta omisión como la ausencia de oposición para que la salida se le otorgue; no acudió la representante legal de la víctima. El último de los requisitos es en el que se ha generado la disputa entre las partes, es que se requiere que haya transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior al caso. Los dos argumentos más fuertes del defensor para considerar que si se cumple este tercer requisito se traduce en lo siguiente: Primero, si bien se encuentra autorizada una salida pero no se encuentra o no se tiene conocimiento de que pasó con esa salida eso no puede ser utilizado para negarle la salida alterna propuesta. Y el segundo de los argumentos es que si el primer hecho típico donde obtuvo la salida alterna fue de naturaleza diferente al que ahora se está analizando, ya que el primero fue de naturaleza culposa y éste es de naturaleza intencional, deberá ser un factor para que proceda la salida alterna. Voy a tratar de explicar este segundo argumento. Dice el defensor que los dos delitos involucrados en una salida alterna de la suspensión, tienen que ser de la misma naturaleza. Si atendemos a la literalidad de la fracción III, del artículo 192, no nos dice eso, el 192, dice que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de la suspensión condicional anterior; no, nos hace esa distinción. Quiere decir entonces que el legislador no puso ese requisito en función a la manera de cometer los delitos sino la autorización de la salida alterna bajo el cumplimiento de ese requisito lo racionalizó en función a las veces u ocasiones en que una persona pueda terminar un proceso con independencia de la naturaleza de la consumación del delito. Aquí aplica un principio general del derecho que dice donde la ley no distingue el juez no debe de distinguir, es decir, la ley no precisó que tuviera que ser de la misma naturaleza para que se negara la posibilidad o para que se aplicara la fracción tercera, lo dejó indistinto; aquí lo que se reprocha son las oportunidades que una persona utiliza para quitarse un proceso penal, tan es así que la interpretación o exigencia del legislador es en función de ello, porqué para no ser tan aflictivo en un imputado, fíjense bien, si analizamos ese requisito, frente al requisito que tiene el código Procesal de Zacatecas, un imputado nada más podría quitarse un delito una sola vez con una salida alterna de estas. En el código nacional, puede quitarse delitos de manera indefinida, porque solamente se requiere que transcurra dos años del cumplimiento o cinco años del incumplimiento. Fíjense, que tan bondadoso fue el legislador que inclusive permite que acceda a una salida alternativa una persona que no cumpla con otra salida alternativa, en mi concepto es un contrasentido, porque nada más se debiera premiar a quien cumple y no a quien no cumple, pero finalmente la ley literal es la ley. Entonces, yo creo que la interpretación que hace el defensor no puede hacerse de manera tan extensiva y pro homine como lo propone; si hiciéramos una interpretación extensiva como el defensor o propone entonces quedaría sin sentido la fracción tercera como requisito. Ahora, es cierto lo que dice el defensor que no hay una constancia que revele en qué estado esta esa causa 125/2017, lo que no se ha destruido con la argumentación de las partes es que dentro de esa causa a Fernando, si se le dio una salida alternativa con la suspensión condicional del proceso, eso no se ha desvirtuado. Tampoco se ha desvirtuado, que la autorización fue el cinco de junio de dos mil dieciocho, esos son los aspectos facticos probados que no están a discusión. ¿Con esos dos aspectos probados podemos deducir o inferir de manera válida si se cumple con la fracción tercera del 192 ?- Sí podemos, aunque no haya un informe que diga que ya se terminó el plazo, se puede establecer por una simple y sencilla razón, porque aquí no se requiere saber si se cumplió o no se cumplió, por una sencilla razón, nosotros necesitaríamos saber si la salida alterna y las condiciones se cumplieron o no se cumplieron, si del día que se autorizó ya se hubiera consumado el término menor que exige la fracción tercera. Es decir, voy a ponerles un ejemplo: sí ahorita ya hubieran pasado más de dos años del día en que le dieron la salida alterna a Fernando, la carga de la prueba sería para los fiscales de demostrar si cumplió o no cumplió, porque tendríamos que decir si se tendría que consumar o dos años del cumplimiento o cinco años del incumplimiento, para poder saber sí Fernando, podría acceder a esa salida alterna; pero si apenas se le autorizó el cinco de junio de este año dos mil dieciocho, todavía no pasan dos años, todavía no pasan cinco años. Entonces, el hecho de que no tengamos noticia sí se cumplió o no se cumplió, si no se ha consumado el tiempo mínimo requerido por la fracción, la salida alterna no es procedente. Por lo tanto, no se cumple con la tercera fracción del artículo 192, para que Fernando, se libere de este proceso con esa salida alterna." Entonces, se estima que la juez responsable actuó correctamente al negar la suspensión del proceso a prueba en la carpeta judicial 294/2018, instruida en contra del quejoso. Lo anterior, al no estar satisfechos los requisitos que establecen el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para otorgar la suspensión condicional del proceso, en el caso la fracción III, de dicho ordenamiento, virtud de que al quejoso Fernando Huitrado Delgado, se le otorgó a su favor una diversa salida alternativa el cinco de junio de dos mil dieciocho; sin que a la fecha hayan pasado dos años de su cumplimiento o cinco de su incumplimiento como la señala la codificación correspondiente, y tal circunstancia es suficiente para negar la procedencia de la citada figura, al estar debidamente fundada la misma, lo que además resulta acorde con los principios fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con motivo de lo anterior, resulta apegado a la constitución que la autoridad responsable haya determinado negar la suspensión condicional del proceso, toda vez que la procedencia de la salida alterna que presentara la defensa del quejoso, se encuentra sometida a que se satisfagan los requisitos formales previstos en las normas para su otorgamiento y si uno de ellos no se acredita (en el caso que se le otorgó una salida alternativa anterior que aún no fenecen dos años mucho menos cinco), se le debe negar. Sin que lo anterior implique una transgresión a los derechos fundamentales del ahora quejoso, puesto que la satisfacción de los requisitos previstos en la ley para acceder a ese tipo de salidas alternas, es de observancia obligatoria, sin distingo alguno respecto a su cumplimiento. Aunado a ello, del análisis a la resolución reclamada, se advierte que satisface los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, pues la Juez responsable se ajustó a lo que dispone el artículo 16 constitucional, ya que fundamentó su decisión en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de haber expuesto las consideraciones legales que justificaron su decisión, existiendo una correcta adecuación entre los argumentos con los que se apoyó y los preceptos legales en que se fundamentó; por lo que se estima que el acto reclamado se encuentra apegado a derecho. Sin que obste a lo anterior, lo argumentado por la parte quejosa en el sentido de que no existe prueba alguna que sea suficiente para demostrar que el quejoso hizo uso de la medida alternativa; lo anterior, en virtud de que sí existe en la causa penal un oficio 1805/2018, expedido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad adscrita a la Unidad Especializada de Actos u Omisiones Culposas, en el que informa que el impetrante FERNANDO HUITRADO DELGADO, hizo uso de una salida alterna dentro de la causa penal 125/2017, el cinco de junio de dos mil dieciocho, como se advierte de lo relatado por el fiscal en el minuto 11:51 al minuto 13:59, del disco que remitió la responsable acompañado a su informe justificado, a saber: "Consideró que no se le debe de dar la salida alterna al acusado, toda vez que en base al artículo 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitó varios informes a diferentes Agentes del Ministerio Público, entre ellos al Ciudadano Francisco Alejandro Sandoval Carrillo, quien nos hace del conocimiento, o antecediendo su señoría él es Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Actos u Omisiones Culposas con Motivo de Hechos de Tránsito en esta Capital y mediante oficio 1805/2018, de fecha seis de junio de este año dos mil dieciocho, nos dice que el Ciudadano Fernando Huitrado Delgado, fue beneficiado con una salida alterna de suspensión condicional del proceso por un hecho que la ley señala como el delito de daño en las cosas con resultado de culpa, esto, bajo la causa penal 125/2017, y que dicha salida alterna fue autorizada en fecha cinco del mes de julio de dos mil dieciocho, y que además está cumpliendo las condiciones de internamiento, desconociendo cuales sean su señoría; sin embargo, en base a esto y en base a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, está muy fresca esta salida alterna y por ende en base a las reglas de esta misma terminación del proceso se le debe de negar dicha salida alterna, tan es así, que puede ser que la esté cumpliendo al día de la fecha, con base a esto solicitó se le niegue dicha medida alterna." Así las cosas, el oficio en comento, no fue motivo de controversia en la audiencia reclamada; sino que el argumento del defensor fue en el sentido de que no se encontraba la resolución donde se le haya otorgado y no se podía saber si ya feneció o no dicha medida; sin embargo, fue correcto el criterio del juzgador responsable al darle el valor correspondiente a ese medio de prueba, pues no se contravino con algún diverso dato probatorio por la defensa; lo que es inconcuso que el quejoso hizo uso de una salida alterna y que la misma aun no cumple ni un año que se le autorizó. En esas condiciones, al resultar infundado lo alegado en los conceptos de violación por la parte quejosa, se impone negar a FERNANDO HUITRADO DELGADO, el amparo y protección de la Justicia Federal, máxime que no se advierte violación que amerite suplir a su favor la deficiencia de la queja. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a FERNANDO HUITRADO DELGADO, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el día de hoy veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, que autoriza y da fe.-
- Principal
El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el número 24629. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación contra el Delito de Narcomenudeo, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngaseles por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos; en consecuencia, con lo anterior se ordena dar nueva cuenta en la etapa correspondiente dentro de la audiencia constitucional que al efecto se celebre en el expediente en que se actúa. Finalmente, no pasa desapercibido que la denominación con la que comparece el tercero interesado de mérito, es diversa con la que fue emplazado a saber como agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, sin embargo, sí se trata de la misma persona, según la firma que calza su oficio de cuenta. Notifíquese Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia.
- Principal
El doce de diciembre de dos mil dieciocho, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de Juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con una promoción con folio 24281. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 22-24), se recibio la constancia de emplazamiento de la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, asimismo que mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 28), se tuvo a la licenciada Ana Karina Reyna Rodríguez, como representante especial de la menor con iniciales E.G.V., sin que se les hubiere dado vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que obra en autos. En consecuencia, se ordena dar vista a la indicada agente del Ministerio Público, así como a la aludida representante especial, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, debiendo remitírseles copia simple del mismo, a fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del dos de enero de dos mil diecinueve. Por último, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y como lo solicita, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese; y personalmente a la representante especial de la menor de iniciales E.G.V. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Fernando García Alaniz185/2015
- Fernando García Padilla2015/2015
- Fernando García Parga1263/2016
- Fernando García Parga950/2018
- Fernando García Vázquez353/2023
- Fernando Gomez Gaytán671/2017
- Fernando Jacobo Flores305/2021
- Fernando Jaramillo Martínez709/2019
- Fernando Jaramillo Martínez1457/2018
- Fernando Jarero Molina1896/2018
- Fernando José Navarro Bocardo3392/2014
- Fernando José Rosso Nuñez516/2019