Fernando Hernández Torres

Expediente 628/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
628/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Fernando Hernández Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible.VI

  2. Principal

    ...Previo citatorio dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa ***, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista la resolución y/o proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo y Director General de Prevención y Reinserción Social, ambos del Estado de Hidalgo, que hace consistir, en la orden de traslado sin autorización judicial del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a otro penal aún indeterminado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 628/2023-VI-B, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte que el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede es desechar de plano la demanda que se provee. Ahora bien, una vez que examinada la demanda en su integridad se advierte que en el caso con relación al acto reclamado que se atribuye a las autoridades administrativas, Director del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, y Director General de Prevención y Reinserción Social, ambos del Estado de Hidalgo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]." Los numerales antes transcritos aluden al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que se funda en el hecho de que la procedencia de la acción constitucional no es irrestricta, pues al constituir un medio de control constitucional extraordinario, solo procederá una vez que se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible. Debiendo tener presente que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Conviene mencionar que los artículos artículo 18, párrafo segundo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución General, prevén las directrices básicas del sistema penitenciario y de la competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional en la ejecución de penas. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un sistema de impugnación conformado por procedimientos administrativos y jurisdiccionales a fin de salvaguardar los derechos de los sujetos relacionados con la etapa de ejecución el procedimiento penal. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces penales de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Luego, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se presenten casos como los que se analizaron en los criterios contendientes, en que la persona privada de su libertad reclama una posible orden de traslado administrativo, pero no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez respectivo, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Dijo que el último párrafo del artículo 117, dispone que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y, en consecuencia, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. El Máximo Tribunal señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Continuó precisando que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. En el entendido que de resultar que la decisión judicial indicada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Concluyó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Dicha contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023736, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a la autoridad jurisdiccional como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, los artículos 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación." [.] "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]" "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" En el caso de estudio, el quejoso atribuye a autoridades administrativas la orden de traslado del centro de reinserción en el que se encuentra recluido, a otro diverso. Por tanto, el quejoso deberá promover una controversia judicial, a fin de que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ya que, conforme al numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. En esas condiciones, si el amparista no acudió a la controversia judicial para impugnar el acto que aquí reclama del Director del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo y del Director General de Prevención y Reinserción Social, ambos del Estado de Hidalgo; resulta patente que se actualiza de forma manifiesta e indudable los motivos de improcedencia previstos en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad; lo que impone el desechamiento de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en ***, Hidalgo. USUARIO. Se autoriza al promovente con nombre de usuario ***, para la consulta electrónica del expediente en que se actúa. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO. Asimismo, se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico **** y número telefónico ****, para que de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXHORTO A LAS PARTES A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 257, del Acuerdo mencionado, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, en la inteligencia de que, el personal de este órgano conservará el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. VI

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. COPIAS. Agréguese el escrito de cuenta signado por el tercero interesado ***. Con fundamento en el ordinal 3 de la ley de la materia, expídanse a su costa las copias certificadas que indica, previa razón que por su recibo se asiente en autos. Por lo tanto, atendiendo a que el edificio sede del Vigésimo Noveno Circuito no cuenta con servicio de fotocopiado y dado el número de constancias que integran el presente juicio, se requiere a la parte promovente a efecto de que proporcione un medio de almacenamiento digital para el efecto de que le sean proporcionadas las copias que solicita, para que esté en aptitud de imprimirlas, en el entendido que en la fecha en que comparezca la parte solicitante a proporcionar el medio de almacenamiento digital, se le hará del conocimiento la fecha en que deberá comparecer a efecto de que reciba las constancias digitales solicitadas....III

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