Fernando Hernandez Montiel

Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Hernandez Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS BOULEVARD DEL LAGO, NÚMERO 103, EDIFICIO A, PLANTA BAJA, COLONIA VILLA DEPORTIVAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 62370, CUERNAVACA, MORELOS. "2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO" Juicio de Amparo: 734/2023 Oficio: 27727/2023 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. En cumplimiento a lo ordenado en autos, remito a usted, el original y copia del escrito de agravios expresados por la parte quejosa, al interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo al rubro citado. En el entendido de que, en su oportunidad se habilitará el presente expediente para su consulta electrónica, en el que se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que lo integran; por ello, resulta innecesario adjuntar el original del juicio de amparo, de las constancias de notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Por otra parte, infórmese que en el juicio de amparo anotado al rubro, no existe registrado antecedente de que se haya interpuesto algún recurso de revisión o queja, o de cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, relacionado con el presente asunto. Solicitando se sirva ordenar a quien corresponda, acuse el recibo correspondiente. Cuernavaca, Morelos, 14 de noviembre de 2023 Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado Electrónicamente).

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 734/2023 Quejoso: Fernando Hernández Montiel Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 734/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Fernando Hernández Montiel, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, [2] Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y [3] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS 1.- La orden, auto, acuerdo o determinación de las autoridades señaladas como responsables, para requerirme de pago, embargar mis bienes muebles que se encuentran en el interior de la casa ubicada en calle Allende número 23, colonia Alta Palmira, Temixco, Morelos, así como de la posesión material y jurídica que tengo de la casa habitación antes mencionada, dictado en juicio 699/2022, radicado en la Primera Secretaría del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del estado de Morelos. 2.- La ejecución del auto, acuerdo, orden o determinación de las autoridades señaladas como responsables, que tengan como consecuencia privarme de la posesión material y jurídica o en su caso el embargo sobre los bienes que obren en el interior del bien inmueble ubicado en calle Allende número 23, colonia Alta Palmira, Temixco, Morelos, 699/2022, radicado en la Primera Secretaría del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del estado de Morelos. 3.- Los efectos y consecuencias que del acto reclamado señalado con anterioridad se derive. Y que puedan concluir en actos de imposible reparación. 4.- Todas y cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar en bien inmueble ubicado en calle Allende número 23, colonia Alta Palmira, Temixco, Morelos, derivados del juicio 699/2022, radicado en la Primera Secretaría del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del estado de Morelos, que afecte el derecho de posesión del suscrito, así como sobre los bienes muebles que hay en el interior del bien inmueble detallado." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, reservó acordar el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Teodora Flores Tapia y Ángel Elizarrarás Tlatilpa, el cual se realizó el dieciocho y veintiuno de agosto, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, quienes se apersonaron a juicio a través del escrito recibido el veinticuatro de agosto siguiente, en el que formularon alegatos y ofrecieron pruebas. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que el acto reclamado consiste en la diligencia de embargo de bienes, atribuida a autoridades civiles en materia mercantil, con ejecución en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. [2] Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos. [3] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ordenada por el Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, dentro del expediente 699/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Armando González Peralta, endosatario en propiedad de Ángel Elizarrarás Tlatilpa y Teodora Flores Tapia -aquí terceros interesados-, en contra de Gustavo Isaí Arévalo Toledo, llevada a cabo mediante exhorto 362/2022 del índice del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y diligenciado por el Actuario adscrito a dicho juzgado, en el domicilio ubicado en calle Allende número veintitrés, colonia Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, en la cual se embargaron diversos bienes muebles de los que el quejoso aduce ser propietario, en su carácter de tercero extraño auténtico a dicho juicio. Con la precisión de que si bien el quejoso señaló como actos reclamados destacados, todas y cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar en el bien inmueble ubicado en calle Allende número veintitrés, colonia Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, que afecten el derecho de posesión de dicho bien, de la integridad de la demanda se advierte que el reclamo esencial consiste en la diligencia en la cual se llevó a cabo el embargo de diversos bienes muebles que se encuentran en el interior de dicho domicilio, lo cual se deriva de la propia diligencia realizada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por el actuario responsable. Además, porque en caso de que se tuviera como acto reclamado destacado el embargo del bien inmueble de referencia, el juicio de amparo resultaría improcedente, ante la inexistencia de dicho acto, toda vez que de las constancias del juicio de origen no se advierte que se haya llevado a cabo tal embargo y, por cuanto a lo señalado por el quejoso, relativo a todas y cada una de las actuaciones que se pretendan ejecutar en dicho bien, en su caso, se estaría ante actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales igualmente es improcedente el juicio de amparo, puesto que de las constancias del juicio ejecutivo mercantil de origen no se advierte que exista orden de embargo del bien inmueble señalado y que por ello, su ejecución resulte inminente; de ahí que se tenga como actos reclamados destacados los que han quedado precisados en el recuadro que antecede. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables [1] Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, [2] Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y [3] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, pues así lo aceptaron los jueces responsables al rendir su informe justificado, al cual se adhirió el actuario responsable. Además, la autoridad señalada en primer lugar remitió copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 699/2022, entre las cuales se advierte la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ordenada por el Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y llevada a cabo a través del exhorto 362/2022 diligenciado por el Actuario del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos expedidos por autoridades judiciales en ejercicio de sus atribuciones, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo en cita, puesto que el quejoso no acreditó una afectación a su interés jurídico. Lo anterior, porque si bien los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico, los mismos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora bien, de las constancias que remitió el [1] Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos con su informe justificado, relativas al juicio ejecutivo mercantil 699/2022, se advierte que el aquí quejoso Fernando Hernández Montiel, no es parte en sentido formal ni material en dicho juicio pues en éste tiene el carácter de parte actora Armando González Peralta, endosatario en propiedad de Ángel Elizarrarás Tlatilpa y Teodora Flores Tapia -aquí terceros interesados-, y se reconoció como demandado a Gustavo Isaí Arévalo Toledo; además, de las actuaciones remitidas, no consta que el quejoso en alguna forma haya comparecido al juicio ni que se encuentre en posibilidad de comparecer al no ser parte; por tanto, al tener el carácter de tercero extraño a dicho procedimiento, como se dijo, debe acreditar la existencia del derecho que defiende y la lesión que le ocasiona el acto reclamado. En ese sentido, de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (fojas 123 a 132 del amparo indirecto), llevada a cabo mediante exhorto 362/2022 diligenciado por el Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en el domicilio ubicado en calle Allende número veintitrés, colonia Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, se desprende que se embargaron diversos bienes muebles de los que el quejoso aduce ser propietario, consistentes en: ".un sillón de plástico de herrería color naranja con negro, tipo huevo, una pantalla LG color negro modelo 43UM7100PUA número de serie 00GMXOKR6296, sin comprobar el funcionamiento, existiendo en la mesa una cantidad de efectivo en billetes de diferentes denominación, siendo la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) dos bocinas de color negro marca Panasonic una con modelo 3B-AKX30 sin verificar el funcionamiento, la segunda bocina con modelo 3B-AKX30 sin verificar el funcionamiento, un refrigerador marca Mabe color gris, en dos puertas modelo MA011XJM serie 1008A711400, en funcionamiento en regulares condiciones, un ropero de madera de dos metros con diez centímetros de alto, un metro con cincuenta centímetros de largo por ochenta centímetros de ancho, dos puertas corredizas, en la parte superior, parte central dos puertas corredizas, tres cajones dos cajones chicos, una puerta chica con espejo en regulares condiciones, un ventilador de pedestal Home Life color blanco con azul sin número de modelo o serie, un espejo de marcos de aluminio color dorado de un metro de alto por cincuenta centímetros de ancho, un escritorio de madera de un metro de alto por dos metros de largo y un metro de ancho, cuatro cajones en regulares condiciones, un reloj redondo de color dorado y fondo negro, un ventilador tipo turbina marca-man sin número de serie o modelo, así mismo señalo el 30% de excedente del salario mínimo, así como cada una de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el C. Gustavo Isaí Arévalo Toledo, solicito a su señoría ordene que dicho descuento sea puesto a este Juzgado mediante certificado de entero o billete de depósito, en caso de no cumplir con lo orden judicial solicito se le aperciba y se le aplique las medidas de apremio contempladas en el artículo 1067 bis fracción II del Código de Comercio federal (sic) siendo todo, en este acto exhibe la cantidad de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) quedando $38.000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) como resta del adeudo siendo todo (.)" Sin embargo, como se dijo, en este juicio el quejoso no acredita la afectación a su interés jurídico, toda vez que de las pruebas exhibidas no demuestra la titularidad o propiedad de dichos bienes embargados y, por tanto, que el acto reclamado afecte su esfera jurídica, pues exhibió las documentales siguientes: Original de la resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente, otorgada a Fernando Hernández Montiel -aquí quejoso-, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Original del contrato de comodato celebrado el veinte de enero de dos mil veintitrés, entre Rodolfo Hernández Salinas, en su carácter de comodante y Fernando Hernández Montiel -aquí quejoso-, como comodatario, respecto del bien inmueble identificado como lote diez, manzana treinta y tres, zona uno, poblado de Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, actualmente ubicado en calle Allende número veintitrés, colonia Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, con las medidas y colindancias señaladas en dicho acto jurídico, en el cual el comodante se ostentó como albacea de dicho bien inmueble. Impresión fotográfica y copias fotostáticas simples de las credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Rodolfo Hernández Salinas, Lidia García Celis, Fernando Hernández Montiel e Hilda Benita Campuzano González. Impresiones fotográficas de la resolución interlocutoria de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Lorenza Montiel Ramos, también conocida como Ma. Lorenza Montiel Ramos y/o Lorenza Montiel Ramos, expediente 234/2022 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, relativa a la primera sección de dicho juicio, denominada reconocimiento de herederos y designación de albacea. Impresiones fotostáticas del contrato privado de compraventa celebrado el veintisiete de julio de mil novecientos noventa, entre el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, denominado Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra "Corett" (actualmente Instituto Nacional del Suelo Sustentable) y María Lorenza Montiel Ramos, respecto del bien inmueble identificado como lote diez, manzana treinta y tres, zona uno, poblado de Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos. Impresión fotostática del aviso recibo facturado en el periodo del dos de febrero al cuatro de abril de dos mil veintitrés, relativo al cobro de energía eléctrica del servicio 301170107403, contratado en el inmueble ubicado en calle Ignacio Allende número veintitrés, colonia Alta Palmira, Temixco, Morelos, a nombre de Lidia García Celis. Copia fotostática simple del recibo folio 56011 (cinco mil seiscientos once) de diecisiete de enero de dos mil veintidós, expedido por la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, relativo al pago del impuesto predial del ejercicio dos mil veintidós, respecto del inmueble ubicado en calle Allende sin número, colonia Alta Palmira, Temixco, Morelos, a nombre de María Lorenza Montiel Ramos. Al respecto, tales documentos son insuficientes para acreditar que con el acto reclamado el aquí quejoso resiente una afectación en sus propiedades o posesiones, pues con independencia de que fueron exhibidos en copia fotostática simple, carentes de valor probatorio (con excepción de las documentales identificadas con los incisos a) y b), que fueron exhibidas en original), con las citadas documentales el impetrante de amparo no demuestra una afectación a su interés jurídico, toda vez que no acreditó en este juicio la titularidad de los bienes muebles objeto del embargo realizado en la diligencia de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés -acto reclamado-. Ello, pues las credenciales de elector únicamente son documentos que el Instituto Nacional Electoral expide a los mexicanos para incorporar a las y los ciudadanos en la organización de las elecciones, por lo que, en su caso, lo que pudiera acreditar es la identidad de las personas a las que se expiden, sin que demuestren algún derecho del solicitante de amparo respecto de los bienes muebles objeto del embargo reclamado. Ahora, por cuanto al recibo de pago del impuesto predial exhibido, éste en su caso demuestra que se ha verificado el pago de dicho impuesto con relación al bien inmueble señalado, pero no titularidad o propiedad de los bienes muebles embargados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 339607, materia civil, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXVII, página 1012, que a la letra dice: "PROPIEDAD, PRUEBA DE LA. BOLETA DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE DERECHO DE AGUAS. Las boletas del impuesto predial y de derecho de aguas no son pertinentes a la prueba del derecho de propiedad, y solo establecen la presunción de haberse verificado su pago." La misma situación acontece respecto de la copia fotostática simple del aviso recibo facturado en el periodo del dos de febrero al cuatro de abril de dos mil veintitrés, relativo al cobro del servicio de energía eléctrica contratado en el que el quejoso aduce es su domicilio particular, pues éste en su caso, es apto para demostrar que se contrató dicho servicio en el domicilio indicado. Respecto de las pruebas identificadas con los incisos b), d) y e), que anteceden, consistentes en el contrato de comodato celebrado el veinte de enero de dos mil veintitrés, entre Rodolfo Hernández Salinas, en su carácter de comodante y Fernando Hernández Montiel -aquí quejoso-, como comodatario, respecto del bien inmueble identificado como lote diez, manzana treinta y tres, zona uno, poblado de Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, actualmente ubicado en calle Allende número veintitrés, colonia Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, así como de las impresiones fotográficas de la resolución interlocutoria de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Lorenza Montiel Ramos, también conocida como Ma. Lorenza Montiel Ramos y/o Lorenza Montiel Ramos, expediente 234/2022 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, e impresiones fotostáticas del contrato privado de compraventa celebrado entre el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, denominado Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra "Corett" (actualmente Instituto Nacional del Suelo Sustentable) y María Lorenza Montiel Ramos, respecto del bien inmueble ya señalado, dichos documentos tampoco resultan aptos para demostrar la titularidad del quejoso respecto de los bienes muebles objeto de embargo. Lo anterior, porque con independencia del valor probatorio que pudiera corresponderles, de tales documentos se desprende que son relativos al bien inmueble ubicado en lote diez, manzana treinta y tres, zona uno, poblado de Alta Palmira, municipio de Temixco, Morelos, el cual de la diligencia reclamada de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, no se advierte que hubiere sido objeto de embargo ni de las constancias del juicio ejecutivo mercantil de origen se desprende que exista orden de embargo respecto de éste; y, por cuanto de los bienes muebles que sí fueron materia de embargo, el impetrante de amparo no demostró la titularidad o propiedad a través de las facturas correspondientes o de diversa prueba que resulte idónea para tal efecto. Máxime que, como se precisó en párrafos precedentes, el requerimiento de pago y embargo no se encuentra dirigido al quejoso, sino a Gustavo Isaí Arévalo Toledo, toda vez que el impetrante de amparo no es parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen; por tanto, en el presente juicio debió acreditar ser titular de los bienes muebles embargados en la diligencia reclamada, a efecto de evidenciar que con el acto que reclama, resiente un perjuicio o afectación en sus intereses jurídicos, lo cual no fue demostrado en este juicio, de ahí la actualización de la causa de improcedencia que se analiza. Con la precisión de que no se inadvierte que en el presente juicio el quejoso adujo ser una persona con discapacidad permanente, para lo cual exhibió el original de la resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente, emitida a su favor por el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Sin embargo, esa circunstancia no implica la procedencia del juicio, si como en el caso, el quejoso no demostró la afectación a su derecho de propiedad o titularidad de los bienes muebles objeto de la diligencia de embargo reclamada, porque si bien el Máximo Tribunal del País ha establecido diversos criterios en los que establece que es factible suplir la deficiencia de la queja a favor de personas con discapacidad, así como implementar ajustes razonables en el proceso judicial a fin de garantizar su acceso a la justicia, tales ajustes y la suplencia de la queja, no tienen el alcance de modificar las reglas procedimentales ni de hacer procedente un juicio que no lo es. Apoya lo anterior, por las razones que contiene, la tesis I.3o.C.31 C (11a.), con registro digital 2026041, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. LA POSIBLE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A QUE ESTÁN EXPUESTOS, NO PERMITE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, SO PRETEXTO DE INSTRUMENTAR AJUSTES RAZONABLES PORQUE, DE HACERLO, LESIONARÍAN DESPROPORCIONADAMENTE LOS DERECHOS DE LAS OTRAS PARTES, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: En un procedimiento de liquidación judicial de un banco, se dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Un acreedor, adulto mayor (ochenta años) cuyos ahorros superan el pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, inconforme con la graduación de su crédito y bajo la afirmación de que su edad avanzada obligaba al juzgador a darle una mayor preferencia en el cobro -por encima de los otros ahorradores- interpuso el recurso de revocación regulado en el artículo 268 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero lo hizo fuera del plazo de tres días que dicho precepto establece. Lo inoportuno de la interposición condujo a la juzgadora federal a desechar el recurso y dicha determinación se reclamó en el juicio de amparo directo, argumentando que su edad avanzada lo convertía en una persona en situación de vulnerabilidad y el dato eficiente para determinar la oportunidad en la interposición de aquél era el conocimiento completo del dictado de la sentencia, lo cual ocurrió más de un mes después de que la misma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, como lo establece el diverso precepto 239 de la Ley de Instituciones de Crédito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la posible situación de vulnerabilidad a que están expuestos los adultos mayores, no permite a los órganos jurisdiccionales soslayar los presupuestos procesales en el procedimiento de liquidación judicial, so pretexto de instrumentar ajustes razonables porque, de hacerlo, lesionarían desproporcionadamente los derechos de las otras partes, lo que está prohibido por el artículo 17 de la Constitución General. Justificación: Lo anterior, porque los ajustes razonables que son permitidos hacer cuando una persona adulta mayor es parte en un juicio, de ninguna manera significan dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, las restricciones que prevé la Norma Fundamental, o los presupuestos procesales ya que, de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de las normas en un mismo procedimiento de liquidación judicial. Por otra parte, la protección activa a través de ajustes razonables es compatible con la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que para respetar y garantizar los derechos a la igualdad, de acceso a la justicia y al debido proceso de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es necesario que en el proceso se reconozcan y resuelvan los factores de desigualdad real y que se adopten ajustes razonables que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses. No obstante, dichos ajustes, entre los que se encuentran, por ejemplo, y para el caso de personas con discapacidad auditiva, visual (o ambas), la lectura en voz alta de las actuaciones en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la impresión de ciertas actuaciones, destacadamente la sentencia, en sistema Braille, el uso de un lenguaje sencillo mediante formatos accesibles y con los apoyos necesarios (que implica el suministro de información fácil de comprender) u otros, como la aceptación de una persona de apoyo que comunique la voluntad del interesado, o para una persona con problemas severos de movilidad, la posibilidad de llevar una audiencia de manera remota, mediante el uso de las tecnologías de la información, de ninguna manera pueden articularse respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. En consecuencia, la competencia del Juez, la procedencia de la vía, la cosa juzgada o el establecimiento de un plazo, por ejemplo, no podrían ser "ajustados"; al no estar en el ánimo de dichos ajustes modificar las reglas del proceso, sino únicamente flexibilizar aquellas cuestiones que pueden alterarse, sin lesionar desproporcionadamente los derechos de las otras partes." Por otro lado, respecto a las manifestaciones de los terceros interesados en vía de alegatos, tales planteamientos no forman parte de la litis en el juicio constitucional, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados del [2] Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y [3] Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Hernández Montiel, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas, por las razones analizadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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