Fernando Hernandez Lemus

Expediente 406/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
406/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Fernando Hernandez Lemus

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y evidencia criptográfica, otórguese pleno valor, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, como lo solicita indíquesele que si bien, este asunto lo promueve el quejoso a que hace alusión, lo cierto es que no guarda relación con su expediente 830/2020 y por ende, no corresponde a la incompetencia que aduce. Ahora bien, no pasa desapercibido para el suscrito que la aludida autoridad dirija el oficio de mérito al juicio de amparo 406/2021; sin embargo, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y del contenido de la misiva que se provee se advierte que corresponde al presente asunto. Tiene aplicación al caso en particular la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 181893 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Marzo de 2004 Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 3/2004 Página: 264 PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden.

  2. Principal

    En virtud de lo anterior, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto 63/2020, orden 259/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, que le fue remitido a fin de que notificara a la parte quejosa el proveído de nueve de septiembre pasado.

  3. Principal

    Archívese el asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    ...Visto lo de cuenta se provee: Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta y evidencia criptográfica, otórguese pleno valor, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, téngasele solicitando se dicte el acuerdo que conforme a derecho proceda a fin de tener acceso a la justicia pronta y expedita, en virtud de que no ve razón para que se esté en espera del exhorto cuyo fin es hacerle de su conocimiento el auto de nueve de septiembre pasado, por lo que al haber sido presentado el cumplimiento de prevención dentro de los cinco días que le fueron otorgados se provee: Visto de nueva cuenta el escrito de demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente de amparo precisó como acto reclamado el contenido del acta de fallo de dos de septiembre de dos mil veinte, para la contratación del Servicio de Fabricación de Barandales, Mantenimiento de Instrumental Médico y Equipo Neumático y Mantenimiento preventivo y correctivo a Pulidoras y Lavadoras de Piso, para régimen ordinario y programa IMSS Bienestar, ejercicio 2020, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la que se desecha su propuesta, con clara violación de sus derechos individuales y humanos por encontrarse inhabilitado y multado para participar en dicha licitación pública. Acto reclamado, respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Atento a lo anterior, en el caso se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la invocada ley reglamentaria del juicio de amparo, que dispone: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". El precepto trascrito prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo el supuesto de que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Es decir, el numeral descrito establece el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso, el acto reclamado, se debió impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 3, fracción VIII y 35, fracción II, de la Ley Orgánica de ese tribunal, que establecen: 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; (.). Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) II. Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas; (.). Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas que se originen por fallos en licitaciones públicas, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del fallo reclamado. Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que, con independencia de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido en términos de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el juicio contencioso administrativo se puede obtener la suspensión con el mismo plazo, y los mismos alcances y requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Lo anterior ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 2, Materia Común, página 1446. Registro: 2004553). RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (Jurisprudencia visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materias Administrativa y Común, página 783. Registro: 2008807). JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALESS A LOS QUE SE OTORGAN COFNORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCISOO ADMINISTRATIVO. (Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1194, registro IUS: 2011289). Por otro lado, no se advierte que se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de la copia exhibida por la parte quejosa, del fallo reclamado se advierte que la autoridad responsable citó diversos preceptos en los que apoyó su actuar, lo que permite concluir que el acto reclamado, en sí mismo, no carece de fundamentación. Asimismo, del escrito inicial de demanda no se advierte que se planteen únicamente violaciones directas a la Constitución, pues en sus conceptos de violación, la sociedad quejosa alega que la autoridad, al desechar su propuesta, no motivó correctamente su decisión, lo que constituye una cuestión de mera legalidad. Lo anterior, implica que no se surte 17 la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.). En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. (Jurisprudencia 449, visible en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo IV, Parte SCJN, Materia Común, página 298. Registro 394405). Finalmente, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está previsto en un reglamento, sino en una ley. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia. Determinación que se emite desde este momento, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, para que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa manifestó expresamente en su escrito aclaratorio que se hizo sabedor de la prevención formulada por este órgano jurisdiccional mediante consulta directa del expediente a por conducto de su autorizado y a la fecha no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones es esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos...

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