Fernando Hernandez de la Cruz

Expediente 1068/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1068/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2024

Partes del expediente

  • Fernando Hernandez de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, tres de enero de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que una vez que cuente con la contestación de la defensoría, la remitirá a la brevedad. Toda vez que, si bien está dirigido al presente asunto, de su contenido se advierte que el mismo corresponde al juicio de amparo 1063/2023-II, de este índice, por tanto, con el original del presente oficio, dése cuenta en el asunto antes mencionado para que se acuerde lo que en derecho corresponda Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************, contra actos del Presidente de la República Mexicana y otra autoridad. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 1068/2023-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: La modificación, alteración y/o sustitución del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL). No pasa desapercibido que el promovente señala como acto reclamado la "(.) posible desaparición forzada de mi familiar (.)"; sin embargo, de lo narrado se desprende que dichas manifestaciones constituyen una apreciación de las consecuencias de la modificación, alteración y/o sustitución de dichos registros; y no así, una actuación directa de las autoridades responsables en relación con la integridad física del quejoso, ya que no se desprende que éstas se encuentren realizando actos que le generen tal afectación como lo refiere. Por tanto, no procede decretar la suspensión de plano, ya que no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos descritos en el párrafo primero del artículo 22 constitucional. Incompetencia Este juzgador federal estima carecer de competencia por razón de materia para conocer del presente asunto, ya que le corresponde conocer de la misma a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, pues se advierte que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y se los atribuye al Presidente de la República Mexicana y al Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (autoridades que desde luego no son judiciales). Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 48 de la Ley de Amparo y el diverso 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De los preceptos transcritos se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. II. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. V. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el suscrito reitera que el acto reclamado consiste en la modificación, alteración y/o sustitución del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) por parte del Presidente de la República Mexicana y ´del Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (autoridades que desde luego no son judiciales), no se ubican en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden. Esto es así, pues no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicos de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, ni mucho menos se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general en materia penal. Por su parte, se destaca que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala los supuestos en los cuales les compete conocer de un asunto a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, que dice: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". (lo destacado es propio) Del texto anterior, se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en dicha materia, así como de actos de autoridad distinta a la judicial. En el caso que nos ocupa, el promovente reclama la modificación, alteración y/o sustitución del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) por parte del Presidente de la República Mexicana y del Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Al tenor de los señalamientos anteriores, se advierte que el acto reclamado atribuido a las autoridades que tienen naturaleza administrativa; sin que hasta este momento se advierta la participación de una autoridad de carácter judicial o de índole penal, según se advierte de la narrativa del libelo constitucional. En tales condiciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador estima que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, junto con tres copias de demanda, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en turno, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

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