Fernando Hernández Amezquita
Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 1 actuación registrada, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Fernando Hernández Amezquita
Actuaciones
- Principal
Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, comunica el proveído de veintiséis de febrero del año en curso, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 84/2021, de su índice, en el que tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, y otras autoridades; sin embargo, atendiendo a que ese órgano jurisdiccional fue señalado por el quejoso como autoridad responsable, asumir el conocimiento del acto reclamado le daría el carácter de juez y parte, lo que afecta la imparcialidad; por lo que, es inconcuso que ese Juzgado no puede conocer del juicio de amparo, pues de hacer, se admitiría la posibilidad que ese juzgador analice sus propios actos, lo cual resulta ilegal y, no es jurídicamente admisible. Motivo por el cual, ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este resolutor comparte las consideraciones del declinante, acepta avocarse al conocimiento de la demanda de amparo en mención; por tanto, acúsese el recibo de estilo, y regístrese con el número 102/2021-II. Sin que sea el caso proveer sobre los actos contemplados por el artículo 22 Constitucional que reclama ****, en virtud que el similar de grado emitió el pronunciamiento correspondiente. Ahora bien, una vez analizado en su integridad el escrito de demanda que se recibe, así como las copias del mismo, el suscrito estima que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda la misma, al actualizarse manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el 6 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos que en lo conducente establecen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. EL juicio de amparo es procedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Los preceptos transcritos consagran el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio constitucional, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo, lo que se traduce en una manifestación de su voluntad. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría manera de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. No se desconoce que el artículo 108 de la Ley de Amparo, no prevé que la demanda de amparo indirecto deba contener la firma del quejoso o de quien promueva en su nombre, ni tampoco en que parte de la misma debe aparecer o constar la misma. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 112/2005-PS, que dio lugar a la jurisprudencia número 1ª./J.128/2005 con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS", determinó que, tratándose de la existencia de una demanda de amparo es preciso que conste la voluntad del agraviado de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo. Por tanto, resulta indispensable que en la demanda que se formula conste la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe. Ahora, según lo hecho constar por la Secretario adscrita a este órgano, el día de hoy fue turnada por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, la demanda de amparo con número de registro de la citada oficina 000467/2021, así como con siete copias de la misma, en virtud que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, se declaró incompetente para conocer de la misma; y, una vez revisada en su integridad la demanda, en la cual, el servidor público de la Oficina de Correspondencia Común, asentó en el apartado de Observaciones, lo siguiente: "RECIBIDA MEDIANTE OFICIO 2887/2021 DE LA ESTADÍSTICA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, INCOMPETENCIA. DEMANDA CON FIRMA AL PARECER EN COPIA SIMPLE Y CON UN PEDAZO DE CINTA TRANSPARENTE ENCIMA DEL NOMBRE."; y, además, al revisar la totalidad de las copias allegadas junto al oficio descrito, constató que ninguna de ellas contiene la firma autógrafa de quien dice ser el promovente Fernando Hernández Amezquita En ese sentido, se tiene plenamente acreditado que no se exhibió la demanda de amparo con firma autógrafa, puesto que el servidor público adscrito a dicha oficina administrativa, sí anotó la circunstancia consistente en que la demanda de amparo no contaba con firma original; lo cual es confirmado por este órgano jurisdiccional, por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA."; pues en dicho antecedente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si el oficial de partes de los órganos jurisdiccionales, "al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida"; pero tal circunstancia no ocurre en el presente asunto, pues como quedó establecido, el servidor público de la Oficina de Correspondencia Común, sí dejó asentado que la demanda de amparo no contaba con firma original; lo que se corrobora con los documentos exhibidos, mismos que efectivamente no contienen corresponden a una firma autógrafa de su emisor; por ello de ninguna manera es posible presumir que ostenta el signo gráfico a que se alude. Sin que esta hipótesis jurídica amerite una prevención o requerimiento al respecto, sobre todo si se toma en cuenta que con la falta de firma no se ve reflejada la voluntad de quien dice promover; esto es, al constituir la firma un requisito esencial, su falta no es subsanable a través de un requerimiento o prevención. Por lo demás, no se desconoce que si bien dentro de las formalidades esenciales del procedimiento pueden estimarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción, esto sólo opera en relación con algunas irregularidades subsanables, o sea, las referidas a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción, lo que, sin duda, no se surte respecto de la falta de firma autógrafa. Además, admitir que dentro del concepto de formalidades esenciales del procedimiento cabe el requerimiento de firmar una demanda, equivaldría a desequilibrar el proceso a favor del propio gobernado, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal en el juicio de amparo, lo que, desde luego, es inadmisible desde cualquier perspectiva. Por tanto, ante la falta de firma de cualquier promoción en el juicio de amparo, dentro de cuyo rubro figura la demanda relativa, lo conducente es el desechamiento respectivo, justamente, porque se está ante el incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción que, desde luego, imposibilita la satisfacción del principio de instancia de parte agraviada. De tal manera que se desconoce si fue voluntad de Fernando Hernández Amezquita, ejercer la acción constitucional en contra del acto que se señala; por tanto, resulta evidente que en el caso no se cumple uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en la existencia de agravio personal y directo en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que la demanda de amparo o algunas de las copias allegadas a la misma, no cuentan con firma autógrafa de la persona a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del impetrante en inconformarse con el acto de autoridad, su ilegitimidad produce el que la acción constitucional no afecte o menoscabe alguno de sus derechos objetivos. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, a nombre de Fernando Hernández Amezquita. Sirve de apoyo a la consideración anterior, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 96, del Tomo 175-180, Sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa." Igualmente resulta aplicable, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 508, del Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Conforme a lo solicitado en el escrito que se atiende, y a fin de salvaguardar el derecho de petición que le asiste al quejoso, mismo que garantiza el artículo 8 Constitucional, se autoriza en el presente asunto, el domicilio proporcionado para el efecto de oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Ténganse a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde a lo dispuesto por el precepto 27, fracción I de la Ley de Amparo; y, respecto a que se realicen las notificaciones mediante los correos electrónicos que señala en su escrito, dígase al promovente que, el artículo 27 de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones personales se realizarán en el domicilio que señale para tal efecto; por tanto, los correos electrónicos proporcionado son considerados únicamente como "datos de contacto" y no para los fines pretendidos por el impetrante, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 fracción II del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En la inteligencia que dichos correos proporcionados, solo tienen la finalidad que este Juzgado pueda entablar comunicación no procesal con el quejoso, la cual de ser necesario deberá registrarse e incorporarse al expediente, previa certificación correspondiente; aunado que dicha información es de suma relevancia en atención que con ésta, se buscará acordar previamente la realización de las notificaciones, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por otra parte, téngase a las personas que precisa en su escrito, únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto justifique contar con cédula profesional, que los acredite encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De igual modo, acorde a lo previsto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se exhorta a las partes, a fin de que gestionen lo conducente para continuar el trámite del presente asunto, en la modalidad de "juicio en línea", por lo que de optar por tal tramitación, deberán proporcionar nombre de usuario y manifestar expresamente que solicitan que las notificaciones personales se hagan de forma electrónica; en la inteligencia de que tal petición, en su caso, deberá realizarse en cada cuaderno. Además de lo anterior, se requiere a las partes para que proporcionen sus "datos de contacto", como lo es, correo electrónico y un número de teléfono móvil; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 fracción II del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a fin de que este juzgado pueda entablar comunicación no procesal la cual de ser necesario deberá registrarse e incorporarse al expediente, previa certificación correspondiente; aunado que dicha información es de suma relevancia en atención que con ésta, se buscará acordar previamente la realización de las notificaciones, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede a las partes la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
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