Fernando Guzmán Gutiérrez
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Guadalupe Romero Hernández
- Fernando Guzmán Gutiérrez
- Juez de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos, el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión en materia penal 250/2021, el original del juicio de amparo en que se actúa y un Disco DVD; ACÚSESE RECIBO. Ahora, como de la ejecutoria de que se trata se advierte que el Tribunal revisor resolvió: PRIMERO. Se tiene a los quejosos, aquí recurrentes 1. Fernando Guzmán Gutiérrez, 2. Jesús Alberto Landero Trujillo, 3. Pablo Rodríguez Ramírez, 4. Trinidad Vázquez López, 5. Iván Sánchez Baeza, 6. Roberto López de la Cruz y, Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por desistidos del recurso de revisión interpuesto. SEGÚNDO. Queda firme la resolución recurrida. [.]" En consecuencia, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Control de Cárdenas, Tabasco, el DVD (Disco Versátil Digital), el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada Notifíquese.
- Principal
mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con transcripción del proveído de treinta de agosto del año actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Francisco Javier Estrada Sánchez, defensor particular de los quejosos FERNANDO GUZMAN GUTIERREZ, JESUS ALBERTO LANDERO TRUJILLO, PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ, TRINIDAD VAZQUEZ LOPEZ, IVAN SANCHEZ BAEZA, ROBERTO LOPEZ DE LA CRUZ y HERNAN ENRIQUE DE LOS SANTOS ALVAREZ, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, el cual fue radicado bajo el número 250/2021, de su índice. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; de la certificación secretarial que antecede y del estado de autos, se advierte que el dieciséis de abril del presente año, fue emplazado a juicio Antonio de Jesús López Rodríguez, tercero interesado, sin que hasta el día de hoy haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en el auto de treinta de marzo de la presente anualidad, lapso que transcurrió del veinte al veintidós de abril del presente año. Por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se ordena al Actuario de este juzgado, notificar al aludido tercero interesado, por lista de acuerdos, la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el acuerdo de once de mayo de la misma anualidad y el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al tercero interesado. sentencia En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 8/2021-8, promovido por Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez. En este momento el secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con número de folio 4405, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 49/2021-8, deducido del presente juicio de amparo. Al respecto, el Juez acuerda: visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin perjuicio de que sea tomado en consideración y valorado en la presente audiencia. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que acompañó la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Cárdenas, Tabasco, consistente en copia cotejada del oficio 15342, de veintiséis de diciembre de dos mil veinte fojas 34 a 36; y el Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, consistente en un disco versátil DVD certificado que contiene el audio y video de la audiencia de acta mínima de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, misma que obra en la carpeta administrativa número 547/2020, la cual obra por cuerda separada en la secretaría de este juzgado, así como copia certificada del acta mínima de audiencia inicial y de vinculación a proceso, así como diversas actuaciones relativas a las notificaciones respectivas a las víctimas e inculpados fojas 38 a 94. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta de los alegatos formulados por el tercero interesado Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la sociedad mercantil Coppel sociedad anónima de capital variable, sin que las demás partes hayan hecho uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al tercero interesado Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la sociedad mercantil Coppel sociedad anónima de capital variable, y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 8/2021-8, promovido por Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano al día siguiente, Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La resolución en la que se determina de legal la detención y retención control de la detención de los hoy quejosos, misma resolución pronunciada por parte de la C. Juez de Control de la Región 8, Cárdenas, Tabasco, en fecha 26 de diciembre de 2020, en la causa 547/2020. 2 El INDEBIDO, ILEGAL, INCONGRUENTE, PARCIAL E INCONSTITUCIONAL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha 26 de diciembre de 2020, que se dictó en contra de los directos quejosos por parte de la C. Juez de Control de la Región 8, con sede en Cárdenas, Tabasco, quien es encargada de la causa penal número 547/2020 de donde emana el acto que hoy reclamo de Inconstitucional. 3 De la autoridad señalada como ejecutora reclamo los actos de ejecución materia derivado del acto emitido por la ordenadora, pues el responsable de la institución penitenciaria en la que actualmente se encuentran privados de su libertad los quejosos. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. 2 Director del Centro de Reinserción Social del Municipio de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 8/2021-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se reservó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la Tienda Coppel sociedad anónima de capital variable, Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez, así como de los Fiscales del Ministerio Público, adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, Juan Pablo de la Cruz Urgell, Johana Azucena Fausto de Jesús y Rosa Leydi Hernández Sánchez; y el seis de abril fueron emplazados a juicio los terceros interesados Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la Tienda Coppel SA de C.V., Erika Tapia Ocaña, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández y Lorenzo Antonio Torres Ramos; y el tercero interesado Antonio de Jesús López Rodríguez, el dieciséis de abril del presente año. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La audiencia de detención y retención de los quejosos, así como el auto de vinculación a proceso, ambos de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 547/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Director del Centro de Reinserción Social foja 32 y Juez de Control de la Región Judicial Ocho foja 37, ambos con residencia en Cárdenas, Tabasco, pues así se advierte del contenido íntegro de sus informes justificados; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, la segunda adjuntó copias certificadas del acta mínima de audiencia inicial y audiencia en su fase de vinculación a proceso de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, así como un disco versátil digital DVD que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por los quejosos, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por los quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente. Así entonces, los conceptos de violación formulados por los quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, esencialmente son los siguientes: ue el supuesto de flagrancia invocado por el fiscal del ministerio público y por la cual se decretó la legal detención de los quejosos por parte del juez de control, no nace a la vida jurídica porque al momento del uso de la voz de la fiscalía solicitó declarar de legal la detención y retención de los quejosos, puesto que a su consideración se encontraban en el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146 fracción I, del código Nacional de Procedimientos penales, es decir, la persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Que los quejosos fueron detenidos por señalamiento de las personas que se encontraban en el lugar y quienes les dicen a los agentes aprehensores que eran las personas que se habían introducido a las instalaciones de la tienda Coppel y los habían despojado de sus pertenencias. Que el proceder de la responsable no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que la detención de los quejosos no se realizó al momento de que los mismos estuviesen desplegando una conducta antijurídica sino por el contrario el juez de control pretendió justificar la flagrancia contenida en la fracción II, inciso b del artículo 146 del código nacional de procedimientos penales, es decir, la detención de una persona bajo la hipótesis de flagrancia delictiva por señalamiento, por lo que no fueron detenidos por los agentes aprehensores al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, pues dichos agentes tuvieron conocimiento vía telefónica de que estaban robando. Que la resolución combatida vulnera en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 inciso b fracción I, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque el auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 de la constitución política, pues los datos de prueba que arroja la carpeta de investigación, únicamente acreditan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mas no así que dichos datos sean idóneos para acreditar la probabilidad de que los quejosos hayan participado en el mismo, tan es así que no se escuchó en audiencia dato alguno verbalizado por el fiscal del ministerio público para acreditar la probabilidad de intervención. Que no se encuentra acreditado que existan datos bastantes, ni suficientes ni mucho menos idóneas para acreditar que los quejosos hayan intervenido o participado en el hecho atribuido, ello en virtud de que la juez de la causa únicamente tomo en cuenta las consideraciones expuestas por el fiscal, pero sin realizar un análisis de los argumentos verbalizados por el defensor particular en el sentido de que la fiscalía fue omisa en señalar con que datos de prueba se demostraba de manera indiciaria que los quejosos hayan intervenido o participado en el hecho que la ley señala como delito, pues la fiscalía únicamente verbalizó datos de prueba respecto al hecho, pero nada dijo en relación a que datos de prueba obraban en la carpeta de investigación eran con los que se acreditaba de manera indiciaria la probabilidad de intervención, en ningún momento realizó manifestación alguna en el sentido de a través de cuales datos de prueba acreditaba la probabilidad de participación o comisión del hecho atribuido. Que no se cumplieron las exigencias establecidas en los artículos 19 constitucional y 313 y 316 del código nacional de procedimientos penales. Que los datos de prueba señalados por el fiscal resultan insuficientes para acreditar los ilícitos por los cuales se vinculó a proceso y tampoco se acredita la intervención de los quejosos, es decir, respecto a la relación de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el mismo fue omiso al respecto. Que el fiscal no expuso en la audiencia inicial con que datos de prueba se justificó que los imputados participaron o intervinieron en el hecho señalado como delito, pues en ningún momento verbalizó dato alguno para efectos de acreditar la probable participación de los imputados en el hecho atribuido, tan es así que ni siquiera señaló que con los mismos datos de prueba se acreditaba este punto, es decir, la probable responsabilidad. ESTUDIO DEL CONTROL DE DETENCIÓN Primero, por razón de técnica se analizará el control de detención, dictado en la causa 547/2020, en la que se decretó la legal detención y retención de los ahora quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez. En principio importa decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2017, señaló que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, en la medida que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación; lo cierto es se tratan de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y van sucediendo sin posibilidad de reabrirlos en función del principio de continuidad que rige el nuevo sistema de justicia penal. Por ende, determinó que ante la circunstancia de que los quejosos hayan señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilitaba al juez de amparo para examinar la calificación de la detención efectuada por el juez de control, porque es necesario que reclame este último de forma destacada en demanda, y de este modo esté en posibilidad legal de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En el presente asunto, los quejosos señalaron de manera conjunta como actos reclamados, la calificación de legal detención y el auto de vinculación a proceso; atendiendo a esto y por cuestión de método, se aborda el análisis de la misma, porque de existir alguna violación a los derechos fundamentales de los detenidos, tal situación daría lugar a determinar la ilicitud de los datos de prueba que hayan sido recabados al momento de la detención, para que sean excluidos del auto de vinculación a proceso. Tiene sustento a lo anterior, la tesis 1a. CCI/2014 10a. de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 545, Materia Constitucional, Penal, Registro 2006477, Décima Época, de rubro y texto siguientes: FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL SON LA INVALIDEZ DE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA Y DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA. La limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y su escrutinio del más estricto rigor; por ello, cuando se aduzca flagrancia, debe acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Ello es así, en principio, porque toda persona tiene no sólo la legítima expectativa sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Por su parte, la autoridad tiene la posibilidad de hacer indagaciones bajo el marco jurídico y conforme a las atribuciones que legalmente justifiquen su proceder. Sin embargo, no puede justificarse constitucionalmente que bajo pretexto de cumplirse con cuestiones de aducida legalidad, se actúe de manera arbitraria, lo cual debe ponderarse bajo un estándar de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida empleada. De ahí que si la detención de una persona, por aducida flagrancia, no se da bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos de forma mínima a favor de la persona que sufrió la detención, ésta será considerada como arbitraria, al estar prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias y efectos de la vulneración a lo anterior son la invalidez legal de la propia detención, así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma; esto conforme además a los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. Los quejosos alegan que la detención es ilegal porque el supuesto de flagrancia invocado por el fiscal del ministerio público y por el cual se decretó la detención la juez de control, no nace a la vida jurídica porque al momento del uso de la voz de la fiscalía, éste solicitó declarar de legal la detención y retención de los quejosos, puesto que a su consideración se encontraban en el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146 fracción I, del código Nacional de Procedimientos penales, es decir, la persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Asimismo, alegan que fueron detenidos por señalamiento de las personas que se encontraban en el lugar y que se habían introducido a las instalaciones de la tienda Coppel y los habían despojado de sus pertenencias; y que el proceder de la responsable no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que la detención de los quejosos no se realizó al momento de que los mismos estuviesen desplegando una conducta antijurídica sino por el contrario el juez de control pretendió justificar la flagrancia contenida en la fracción II, inciso b del artículo 146 del código nacional de procedimientos penales, es decir, la detención de una persona bajo la hipótesis de flagrancia delictiva por señalamiento, por lo que no fueron detenidos por los agentes aprehensores al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, pues dichos agentes tuvieron conocimiento vía telefónica de que estaban robando. Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos son infundados sin que exista queja que amerite ser suplida en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues opuesto a lo considerado por los quejosos, si fue legal su detención, como adecuadamente lo razonó la juez de Control en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, según se advierte de la reproducción audiovisual que consta en el disco versátil digital DVD, remitido por la autoridad responsable como justificación de su informe. Para evidenciar tal aserto, es necesario destacar el contenido de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables. Así, el control de la detención en términos de los preceptos procesales transcritos, tiene como propósito que el Juez verifique si la privación de la libertad del imputado se llevó a cabo cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, de no considerarlo así, el juzgador puede decidir no ratificarla y ordenar la inmediata libertad del imputado. Adicionalmente, es menester destacar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXV/2016 10a., publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 671, Materia Constitucional, Penal, Registro 2010963, Décima Época, del tenor literal siguiente: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente, al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia. Ciertamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se remitió a las consideraciones que esgrimió al resolver el juicio de amparo directo 14/2011 de su índice, en donde analizó los supuestos en los que resulta válido detener a una persona, es decir, privarla de su libertad deambulatoria, a fin de someterla a cualquier clase de indagatoria y analizó el significado constitucional de las detenciones no autorizadas judicialmente, entre ellas, la acontecida en el supuesto de flagrancia. En dicho juicio de amparo directo, la Primera Sala señaló que el artículo 16 de la Constitución Federal consagra un régimen general de libertades en favor de la persona, entre las cuales está el derecho a la libertad personal; régimen que se traduce -puntualizó- en dos distintas formas de proteger ese derecho al ponderar que debe tomarse en consideración en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones. Lo anterior obedece -precisó- a que la pretensión que subyace al hecho de que las limitaciones estén establecidas en la Constitución, es que funcionen como garantías de legalidad en favor de la persona, pues ordenan al Estado a que ciña su actuar a las atribuciones ahí establecidas; es decir, el Estado no puede limitar tales derechos en supuestos distintos a los previstos por la propia Constitución. Así, dicho órgano colegiado destacó que, en materia de libertad personal, la norma fundamental delimita exhaustivamente los supuestos que permiten su afectación la orden de aprehensión, las detenciones en flagrancia y caso urgente; así como las formalidades que al efecto se prevén en el artículo 16 de la Constitución Federal. Con base en el texto constitucional, la referida Sala puntualizó que, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión y que los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales; el primero porque, para su configuración se requiere que, de facto, ocurra una situación particular y atípica; el segundo porque también requiere la actualización de condiciones apartadas de lo ordinario implicadas en la expresión: ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. Además, enfatizó que el escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones; es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un Juez tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para aprehender a un individuo, cumple con las formalidades requeridas por la Constitución. Empero, esa regla primaria no tiene posibilidad cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el caso de detenciones en flagrancia. Respecto de la connotación de un delito flagrante, la Primera Sala explicó que por tal debe entenderse: el que brilla a todas luces. Es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley. Para reconocerlo no se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor. Bajo esa conceptualización, la Sala razonó que la flagrancia siempre es una condición que se configura a la detención, lo cual implica -dijo- que la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo, así como tampoco podía detener para investigar. En ese orden, el órgano colegiado en cita, concluyó que tratándose de delitos permanentes, la anterior precisión era especialmente importante, ya que, si la persona no era sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no resultaba admisible que la autoridad aprehensora detuviera al inculpado y después intentara justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras cometía el delito. Además, la Primera Sala destacó que la referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la apariencia de una persona, no era una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto flagrancia, puesto que ésta siempre tiene implícito un elemento sorpresa tanto para los particulares que son testigos como para la autoridad aprehensora; de ahí que cuando no existiera ese elemento sorpresa, porque ya se hubiere iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona, la detención requería estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión. Corolario de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que para que la detención en flagrancia pueda ser válida tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado. En adición a ello, la Primera Sala, precisó que ante la intención intrínseca de que la figura de detención en el supuesto de flagrancia, era favorecer el derecho a la libertad personal, motivo por el cual el control judicial ex post a la privación de la libertad en flagrancia debía ser especialmente cuidadoso, en la medida de que el Juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran en su momento identificar con certeza a la persona acusada; debiendo evaluar también el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y precisión de aquellos datos. Lo anterior, permitió a la Sala razonar que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la aprehensión debe poderla defender ante el juez; habida cuenta que el principio de presunción de inocencia se proyecta hasta esta etapa del proceso hasta la detención y, por tanto, quien afirma que la persona aprehendida fue sorprendida en flagrancia, tiene la carga de la prueba. De ahí que el escrutinio posterior a la detención concluyó, fuera de suma importancia, pues el descubrimiento de que se está ante una situación de ilegal privación de la libertad, debía desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad que jurídicamente correspondieran. Ahora bien, en atención a lo establecido en los preceptos transcritos en párrafos precedentes, así como a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que las detenciones en flagrancia deberán considerarse válidas, cuando se den en los supuestos siguientes: I. Si la autoridad aprehensora observa directamente la acción que está cometiendo en ese momento por el aparente autor del delito iter criminis. II. Cuando el aparente autor del delito es detenido inmediatamente después de cometer el ilícito, lo cual puede actualizarse cuando: a) Es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente. b) Sea señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo; ello sin interrumpirse su búsqueda o localización. Así las cosas, como lo aseveró la Juez de Control, la detención de los imputados aquí quejosos- fue legal, pues se llevó a cabo en la hipótesis de flagrancia delictiva a que se refieren los artículos 16, párrafo quinto, Constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fueron detenidos al momento en que se encontraban cometiendo el hecho ilícito que se les atribuye. Pues de acuerdo a lo verbalizado por la fiscalía y al informe policial homologado, se advierte que los policías con motivo de una llamada de auxilio, llegaron al centro de distribución de la empresa Coppel, ubicada sobre la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero conocido como Minerva, Ranchería Rio Seco Primera Sección del municipio de Cárdenas, Tabasco, y en ese momento efectuaron la detención de siete personas que se encontraban en el interior de un tracto camión de la tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable. Pues el imputado Fernando Guzmán Gutiérrez, fue detenido por el policía de Seguridad Pública Hugo Enrique Córdova Córdova, a quien le encontró una pistola a la altura de la cintura de cacha de madera con siete cartuchos, quien se encontraba en el interior de la cabina del tracto camión de la tienda Coppel. Que la detención de los otros imputados de nombres Iván Sánchez Baeza, fue detenido por el agente Joselito, y éste le encontró en su poder una pistola que cargaba de cacha blanca a la altura de la cintura; así como a Roberto López de la Cruz, Hernán Enrique de los Santos Álvarez, Trinidad Vázquez López y Jesús Alberto Landero Trujillo, quienes no pudieron justificar que hacían dentro de ese tracto camión de la empresa Coppel y en la cabina de dicha unidad motriz, así también, se encontraba Pablo Rodríguez Ramírez, éste era la persona que estaba en la cabina y le estaba causando daños al tablero del tracto camión. Que ninguno de los siete investigados pudo justificar estar dentro de la cabina y del remolque del tracto camión de la tienda Coppel, pues fueron detenidos en ese momento que estaban haciendo movimientos de las cajas que había en los remolques de la empresa Coppel, siendo detenidos en flagrancia. Además, de acuerdo a los testimonios de Thomas Ortiz de los Santos y Jesús López de la Cruz, quienes señalaron que momentos antes habían sido desapoderados por siete personas que llegaron en una camioneta blanca, que estas personas les dijeron que era un asalto y que entregaran sus pertenencias; que ellos vieron cuando uno de los imputados se subió al camión le pidió las llaves al chofer y le pegó con una pistola en la cabeza. Pues al llegar los policías al centro de distribución, encontraron a los siete sujetos dentro del tracto camión con la intención de llevarse el mismo, puesto que no justificaron en la audiencia que tuvieran alguna otra intención, máxime que momentos antes ya habían desapoderado y con ánimo de dominio y sin el sentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo a las personas que se encontraban dentro de esa bodega de sus pertenencias consistentes en carteras, celulares, mochilas y mariconeras que momentos antes habían despojado a los empleados de la tienda Coppel, así como dinero en efectivo, mismo que fue asegurado por los policías al momento que efectuaron la detención de los imputados Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez. Por otra parte, en cuanto a la puesta a disposición, se advierte de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal del Ministerio Público, que a las diecinueve horas con veinticinco minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, decretó la retención de los imputados, y posteriormente los pone a disposición de la autoridad judicial a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de diciembre de dos mil veinte, por lo que, se efectúo la detención dentro de las cuarenta y ocho horas. En términos de lo establecido en el artículo 16 Constitucional, 146 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 7.2 y 7.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Juez de Control calificó de legal la detención y retención de los hoy quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por encontrarse realizando un hecho de apariencia delictiva, del cual la autoridad investigadora le dio la calificación de robo con violencia y en pandilla y robo de vehículo con violencia y en pandilla. En ese contexto, tenemos que los conceptos de violación que hacen valer los quejosos respecto a la detención y retención son infundados, puesto que de acuerdo a lo expuesto por la Juez de Control responsable, se desprende que los imputados fueron detenidos por los policías de seguridad pública, quienes en atención a una llamada de auxilio, efectuaron la detención de los quejosos en el momento en que éstos se encontraban dentro del centro de distribución de la tienda Coppel, en el interior de un tracto camión de dicha tienda, con el ánimo de robarlo. Ello, acorde a lo expuesto en el informe policial homologado, así como por la declaración de los testigos que se encontraban en dicha bodega el día de los hechos y a quienes despojaron de sus teléfonos celulares, mochilas, billeteras, y dinero en efectivo, y a quienes les manifestaron que se trataba de un asalto y les pidieron que les entregaran sus pertenencias porque iban a robar la bodega. Aunado a ello, existe la manifestación de las personas que vieron cuando uno de los imputados golpeó al chofer del tracto camión con una pistola en la cabeza y le pidió las llaves de dicho automotor, preguntándole además si dicho camión tenía gps. Por lo que, al ser detenidos por los policías, los imputados no pudieron justificar el motivo por el cual se encontraban en el interior del tracto camión, máxime que encontraron a uno de ellos dañando el tablero. En esas circunstancias, este juzgador considera que fue correcta la calificación de la detención y retención realizada por la juez de Control en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, pues los imputados fueron detenidos al momento en que estos se encontraban desplegando la conducta antijurídica, en flagrancia, acorde a lo establecido en la fracción I, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ANALISIS DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación artículo 20 constitucional. Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional reformado, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo, como se establece en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 9a., del Primer Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativa del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1940, Materia Penal, Décima Época, Registro 160331, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 10a., emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, en la causa penal 547/2020, en contra de Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por su probable participación en la comisión de los delitos de: Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable. Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez. Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra de los aquí quejosos el auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión de los hechos denominados por la ley como delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que los impetrantes fueron presentados ante la juez responsable, el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que cada uno de los inculpados manifestaron que era su deseo que se resolviera su situación jurídica en la presente audiencia. 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que a los quejosos se les formuló imputación en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra el Fiscal del Ministerio Público Juan Pablo de la Cruz UrgelI formuló imputación en contra de los hoy quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por su probable participación en la comisión de los delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, los imputados quienes manifestaron que no deseaban declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por la fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra de los ahora quejosos, se especificó que los hechos materia de la carpeta de investigación se suscitaron el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con veinte minutos, en el centro de distribución Coppel que se encuentra ubicado sobre la carretera federal en el tramo Cárdenas - Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero, conocido como la Minerva del municipio de Cárdenas, Tabasco, cuando descendieron de una camioneta blanca siete personas del sexo masculino quienes llegaron a la bodega gritando "esto es un asalto" "entréguenos sus pertenencias porque vamos a robar la bodega", que uno de ellos se acercó al tracto camión y le puso una pistola en la cabeza al chofer y le pidió que le entregara las llaves, que los demás imputados despojaron a las víctimas de sus pertenencias, así como de dinero en efectivo, y que en el momento en que llegaron las patrullas los imputados se encontraban en la cabina del tracto camión, en donde les fueron asegurados veinte celulares, billeteras y mochilas tipo mariconera, de diferentes marcas. Lo que llevó a la Juez responsable a emitir la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por su probable participación en la comisión de los delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova y Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por la juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por el fiscal, son suficientes para tener por demostrado los delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla (en su guarda), previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque; tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional. Lo anterior, en razón de que obran datos de prueba que derivan las entrevistas que obran en la carpeta de investigación y que fueron verbalizadas por el fiscal del Ministerio Público, consistentes en: La declaración que rindió en entrevista o la denuncia Tomás Ortiz de los Santos, quién refirió en el informe policial homologado que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, él se encontraba trabajando en el centro distribución de la empresa Coppel ubicada precisamente en la carretera federal tramo Cárdenas- Comalcalco, a la altura del puente crucero de este municipio de Cárdenas, Tabasco, que él estaba en la bodega precisamente cuando vio que descendieron de una camioneta blanca siete personas del sexo masculino los cuales él pudo identificar por su vestimenta, pues no los conocía, refiriendo que ellos portaban una playera color gris, otro una playera tipo polo color negra, otro playera de cuadros color negra con blanco, otra playera color verde, y así sucesivamente fue detallando entre las personas que él recordaba, y que estas personas gritaron "esto es un asalto" "entréguenos sus pertenencias porque vamos a robar la bodega"; así mismo, hace el señalamiento que todo el personal también fue sometido, y que uno de los sujetos que portaba una pistola en la mano, que esta persona es la que se acercó al tracto camión, y quién estaba bajando al chofer; que él vio que esa persona le colocó la pistola en la cabeza, y le pidió la llave, así como también, que otros sujetos portaban una playera con el logotipo de Coppel. Que estos sujetos que habían llegado les pidieron unas playeras a unos trabajadores de esa empresa, y se las quedaron; que empezaron a mover las cajas del tracto camión que se encontraba descargando en la bodega de Coppel, y que fue aproximadamente como a las dieciséis horas con treinta minutos que escucharon que llegó una patrulla y que empezaron a pedir auxilio, dado que se encontraban encerrados en el baño; entrevista a la cual acertadamente la juez de Control responsable le dio valor probatorio indiciario en términos del artículo 259 del código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este testigo el primero en realizar la denuncia ante el primer elemento de seguridad que llegó al lugar de los hechos. Asimismo, obra la narrativa de la persona de nombre Jesús Adrián López de la Cruz, de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien refirió que siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, se encontraba en el centro de distribución de la empresa Coppel, ubicada sobre la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero conocido como Minerva de este municipio de Cárdenas, Tabasco, que él había llegado en el remolque y que empezaron varios trabajadores de dicha empresa a los que denomina alijadores a descargar las cajas para ver el inventario que traía, dado que en este traían productos que vende y distribuye la tienda Coppel, que él se metió al baño cuando él salió, vio que sus compañeros estaban tirados en el piso y escuchó: "esto es un asalto" que iban a robar la bodega, fue cuando él también se tiró al piso por miedo a lo que él había escuchado, y que una persona con una pistola se le acercó pidiéndole las llaves del camión, que éste le quitó su billetera así como las llaves del tracto camión que él había traído en momentos anteriores, que también lo golpeó en la cabeza con esa pistola, lo tiró al piso y le pegó una patada en la cabeza, así como también le preguntó si el camión traía GPS y fue que él le dijo que no sabía, que sí traía pero que no sabía a dónde estaba ubicado dicho GPS, y que de ahí fue que los llevaron a los baños, que posteriormente escuchó que dijeron que ya habían llegado los policías. De igual manera, obra el informe policial homologado de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, con número 2815, que fue suscrito por el policía de Seguridad Pública Hugo Enrique Córdova Córdova, quien fue la persona que fue en ayuda a dicho lugar, pues refirió que a las dieciséis horas con veinticinco minutos de ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se encontraba precisamente en el centro de mando que está ubicado en el tramo de la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, cuando le pidieron el apoyo para que fuera a dónde está el centro de distribución Coppel, que arribaron a ese lugar aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos donde observaron un tracto camión con doble remolque color blanco con la leyenda de Coppel, que estaba en el área de descarga de ese centro de distribución y dentro de ese tracto camión habían tres personas del sexo masculino en el área dónde está el remolque; que uno tenía una playera roja, otro vestía una playera gris, y otro azul con verde. Que escuchó llamadas de auxilio que pedían las personas que estaban dentro de ese centro de distribución, cuando él se acercó fue precisamente que lo abordó una persona del sexo masculino quien refirió llamarse Thomas Ortiz de los Santos, quien le manifestó que los habían asaltado, y que precisamente ellos se encontraban ahí encerrados; que posteriormente hicieron la detención de siete personas que se encontraban en el tracto camión, las cuales pusieron a disposición. De igual manera, manifestó que al hacerles la revisión a esas personas, le encontraron a Fernando Guzmán Gutiérrez una pistola a la altura de la cintura de cacha de madera con siete cartuchos, quien se encontraba en el interior de la cabina de dicho remolque; también detalló la forma en que hicieron la detención de los otros imputados de nombre José Juan Sánchez Cáliz, Román, Alberto, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, diciendo que por lo que hace a esta persona de nombre Iván Sánchez Baeza, quién se identificó con ese nombre, a él lo detuvo el agente Joselito, y éste le encontró en su poder una pistola que cargaba de cacha blanca a la altura de la cintura, así como también refirió en dicho informe policial homologado la forma que detuvieron a los otros imputados Roberto López de la Cruz y Hernán Henríquez de los Santos Álvarez, quienes no pudieron justificar que hacían dentro de ese tracto camión de la empresa Coppel. Y, que Pablo Rodríguez Ramírez, era la persona que estaba en la cabina y le estaba causando daños al tablero del tracto camión; señalamiento que hacen los agentes de seguridad pública, y posteriormente también hacen el aseguramiento de diferentes objetos que fueron encontrados dentro de la cabina de ese tracto camión donde se encontraban los imputados, que Alberto Landero Trujillo, portaba una playera de color roja así como el señor Pablo Rodríguez Ramírez, quien vestía una playera gris con azul verde, que estos tres personas y Fernando Guzmán Gutiérrez, eran las personas que se encontraban en el interior del tracto camión causándole daños al tablero. También, hacen en ese aseguramiento del cual dieron fe, los dictámenes periciales relativos a veinte celulares, los cuales describieron detalladamente, siendo éstos, un celular marca azul negro color amarillo, así como otro celular marca Samsung color azul con un protector de flores rosado, otro celular marca zuum con la leyenda Coppel, otro celular marca zumm color plata con una protector transparente celular Huawei color naranja con que tenía la pantalla rota y el protector también estaba estampado, otro celular marca CE color negro, otro celular marca ODDO celular que tenía una parte transparente con un broche, celular marca LG V60 Color azul con un protector azul, otro celular marca Huawei color azul con protector rojo con negro y con la mica quebrada, así como también describieron otro celular marca Ceway color negro, otro celular marca Motorola color gris con azul y negro, otro celular marca LG con negro con funda beige, otro celular marca zumm color azul de color negro otro celular marca LG k9 color negro quebrado, otro celular de la marca Motorola de color azul, otro celular marca Huawei quebrado por la mitad, un celular marca Nokia de color azul, otro celular de color negro tapa doblada, otro celular marca Motorola color plata. Así como también, una billetera color café de piel con la leyenda Imperial Horse, otra billetera de color café oscura con la leyenda muchis muchis, otra billetera de piel color blanco con dos broches metálicos, otra billetera color café oscura con la leyenda redil, otra billetera color oscura con la leyenda Force, otra billetera con la leyenda Bosse, otra billetera color café oscuro con la leyenda Cruz Azul, así como también, a otra billetera con la leyenda Horse con broches, otra billetera color café oscuro con la leyenda ticket, y unas mochilas tipo mariconera, una que tenía de la marca Fashion, otra mochila tipo mariconera con HR, otra mochila mariconera café oscura con broches que tenía las iniciales JSNL, así como una llave color negro con plata con broches con el número 52810. Objetos que fueron detallados por los agentes aprehensores quienes ratificaron los informes ante la autoridad investigadora, y a los cuales acertadamente la juez de Control les concedió valor indiciario en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fueron realizados por los agentes de seguridad, quienes prestaron el auxilio en el lugar de los hechos delictivos. Que además del informe policial homologado, obran también los señalamientos de las víctimas, quien en lo medular expusieron: La víctima Erika Tapia Ocaña, refirió que ella es empleada de la tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable, y que el veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, ella se encontraba en la tienda Coppel laborando, ubicada en el tramo carretero de Cárdenas -Coatzacoalcos, a la altura del puente, precisamente el centro de distribución de este municipio de Cárdenas, Tabasco; que cuando se encontraba trabajando en dicha tienda, ella vio que subió una persona del sexo masculino, que tenía una playera tipo polo, que esta persona tenía unos tatuajes en el brazo, y que era de cabello lacio, y que esta persona portaba pistola, que no lo reconoció como otro trabajador más de la empresa, puesto que le dijo que era un sujeto extraño y que éste le dijo que se tiraran al piso, que le entregará su celular, que ella le entregó su celular, que posteriormente, esta persona revisó sus pertenencias y se llevó la cantidad de $1,600 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), que le preguntó por el dinero de la venta, y está refirió que ahí solamente había $1,465 (mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), el cual correspondía a un abono de cuenta de una señora de nombre Santa Teresita. Que posteriormente, ese sujeto también tenía amagada a otras cuatro personas más; que el robo de su teléfono celular lo acreditó con la factura expedida por Samsung, el cual está valorado en $4,939 (cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que esto lo ampara la factura 308 941 que se encuentra a nombre de la víctima en comentó. Seguidamente, Lorenzo Antonio Torres Ramos, una segunda víctima, quien refirió que él es chofer de una unidad Nissan de la tienda Coppel, que ese veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, él estaba en el centro distribución ubicado en ese tramo Federal de la carretera Cárdenas -Coatzacoalcos, pues él estaba en esa bodega junto con otro compañero que estaban descargando, que se encontraba en el baño cuando escuchó a una persona del sexo masculino y la vio que lo amenazó con un arma de fuego posteriormente dijo que agachara la cabeza, que no los volteara a ver y le sacaron su cartera donde tenía la cantidad de $500 quinientos pesos 00/100 moneda nacional, que esta persona les pidió que se tiraran al suelo y después fueron llevandos al baño. Así como también, existe el dicho de la víctima de nombre Mizrahim Aguirre Méndez, quien también refirió que ese veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, se encontraba en ese centro distribución de la empresa Coppel ubicada en esa misma carretera del tramo Federal Cárdenas -Coatzacoalcos, cuando se le acercó un sujeto del sexo masculino que vestía playera azul, pantalón de mezclilla, y le dijo palabras obscenas, posteriormente vio que esta persona sacó un arma de fuego y se le acercó al área de la cocina, que éste le quitó su teléfono de color negro, así como también hizo que se metieran al baño para que no hicieran ruido, que esta persona tenía barba y que después escucho que dijeron: ya nos cayó la ley. Entrevista que da otra víctima Rafael Rodríguez Córdoba, quién también refirió que es empleado de la tienda Coppel, que siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, se encontraba en el área de las rampas porque estaban descargando las cajas que venían selladas, que momentos antes había llegado un tracto camión con remolque, que ellos tienen que descargar esas cajas y ver todos los artículos; que posteriormente, como a las quince horas con cuarenta minutos, es que empezaron a hacer esa descargada, es cuando él vio que una persona se paseaba por la escalera de enfrente, que esta persona tenía pantalón azul y playera de color gris con verde, que esta persona portaba un arma y que con esta los apuntaba y les decía que era un robo a la bodega, que le decía dicho sujeto que no les viera la cara, que posterior lo golpeó y que le quitó la cantidad de $1000 mil pesos 00/100 moneda nacional, que esté después lo tiró al suelo y que poco a poco los fue a meter al baño, que también lo desapoderó de su celular One Plus. Por su parte, la víctima Antonio de Jesús López Rodríguez, refirió que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte se encontraba en las instalaciones del Centro de distribución de la empresa Coppel, ubicado en el tramo Federal Cárdenas -Comalcalco, a la altura del puente el crucero Minerva; qué es empleado de dicha empresa y que aproximadamente a las catorce horas llegó la carga, que ese camión tenía unos remolques y que tenía diversos productos que tenían que descargar cuando en eso llegó una persona del sexo masculino, la cual vestía una playera tipo polo color azul con verde, y que éste lo apuntaba con un arma de fuego, así como también le dijo "hijo de tu puta madre"; que esta persona le empezó a pegar y le quitó una cartera qué es de Cruz Azul, así como la cantidad de $2000 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) y que poco a poco los fueron llevando de dos en dos al baño para esconderlos. Obra también, la entrevista de la víctima Beatriz Amparo Romero Gómez, quien refirió que es empleada de Coppel, y que ese día veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, ella se encontraba en las oficinas de cobranza, precisamente cuando escuchó ruido y vio que venía una persona del sexo masculino con pantalón de mezclilla y playera gris, con una pistola, y que éste le pidió su teléfono, así como también con esta pistola les apuntaba y les pedía que se tiraran al suelo, aprovechando esta persona para llevarse sus pertenencias, que esto también hace referencia que ella exhibe una factura con número 308 del celular qué hace referencia que es de la empresa Coppel. Entrevista de la víctima José Guadalupe Castellanos Jiménez, quien es supervisor de la tienda Coppel y hace referencia que precisamente a las dieciséis horas aproximadamente del veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, que se encontraba en el área en ese centro de distribución ubicado en la carretera Cárdenas -Comalcalco, en el área dónde está cobranza, cuando vio que todos se tiraron al suelo y vio una persona del sexo masculino distinto a los trabajadores que tienen ahí, que le pidió su teléfono y que éste tomó su teléfono y que empezó a decirles palabras obscenas, que a lo poco escuchó que habían llegado otras personas, que este teléfono lo tiene porque es de la tienda Coppel y que derivado a ello, él exhibe una factura con número 83 08 129 expedida por la tienda Coppel. Entrevista de José Guadalupe Romero Hernández, quien también es empleado de la tienda Coppel distribución, y que ese veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con treinta y cinco minutos estaba en las rampas de dicha bodega, pues estaba revisando una televisión cuando llegó una persona que vestía color azul celeste, tenis negros, y que esta persona portaba un arma de fuego, que esta persona entró a la bodega y les empezó a revisar, que portaba la pistola y le dio un golpe en la cabeza y se apoderó de su celular color plateado que es de la empresa telcel marca Samsung Galaxy, que le preguntó al chofer del tráiler o del tracto camión que si dónde estaban las llaves, y que fue que se fue al baño, posteriormente escuchó unos gritos que decía ya nos cayó la ley, y que él estaba encerrado en el baño. Entrevista del señor Jesús Leal Jesús Leonardo Arias de la Rosa quién refirió que él es empleado de la tienda Coppel, y que el veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, él se encontraba en ese centro distribución, en la carretera federal del tramo Cárdenas -Comalcalco, que había llegado un camión de la misma empresa la cual iban a bajar toda la mercancía para hacer el inventario, que empezaron con unas cajas cuando llegaron unos sujetos del sexo masculino, que estos portaban armas de fuego con gorras, quiénes les dijeron que se tirara al suelo porque era un asalto, que estas personas llegaron y que el sujeto que tenía una playera roja portaba un arma de fuego y que este sujeto lo despojó de la cantidad de $1000 mil pesos 00/100 moneda nacional, y le puso el arma de fuego en la espalda. Y, también se encuentra otra entrevista del señor Guillermo García Ramírez, quien también refirió que él es trabajador igual de la tienda Coppel, que el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se encontraba en dicho lugar en ese centro distribución que ya se ha venido comentando ubicado en el tramo Federal Cárdenas - Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero Minerva, cuando a las catorce horas con cuarenta minutos llegó un tráiler con mercancías que iban a descargar a ese centro de distribución de la empresa Coppel, que habían aproximadamente dieciocho personas en ese lugar distribuidos en diferentes funciones, que como a las dieciséis horas empezaron a descargar varias personas el tráiler o los productos que habían sido trasladados, que posteriormente estaban descargando ese tráiler y pudo ver que llegaban dos personas del sexo masculino de playera azul y pantalón de mezclilla, quiénes les dijeron que agacharan la mirada y que no levantaran la cabeza, que estas personas portaban armas pequeñas y que ahí empezó a revisarlos, les quitó sus teléfonos, carteras, que posteriormente le preguntó por el teléfono y que éste le había dicho que no tenía pero que le empezaron a tocar hasta sus partes íntimas para poderle ubicar si cargaba o no teléfono celular, que posteriormente lo pusieron en el piso con espalda, y vio que varios sujetos empezaron a introducir a sus demás compañeros, así como a ellos, de dos en dos al baño y que también vio que le quitaron un celular color azul con funda, así como uno que tenía con un protector de Dragon Ball, así como la cantidad de $500 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional. Entrevista de Ever Márquez Domínguez y/o Eve Morales Domínguez, quién dijo qué es gerente de Coppel, que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, él no se encontraba en las oficinas pero posteriormente se enteró de esos hechos que se habían suscitado en el centro de distribución, que se encuentra ubicado en la carretera federal tramo Cárdenas Coatzacoalcos, a la altura del puente de crucero conocido como Minerva, y fue cuando hablo con el señor Rubén Calderón Fernández para que le informará lo que le había sucedido, y llegó hasta dicho lugar donde ya se encontraban unas patrullas y ya habían asegurado el lugar. Entrevista de Erick Raúl de Dios Holan quién refirió que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, no se encontraba en ese centro de distribución, que él es gerente de crédito y cobranza, pero que cuando él regreso derivado de que tuvo conocimiento de los hechos llegó a dicho lugar y vio que se encontraban patrullas, así como también vio y constató que hacía falta una cantidad de dinero, refiriendo que hacía falta el dinero de los días veintidós y veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, que esto suma la cantidad de $9,677 nueve mil seiscientos setenta y siete, refiriendo que por parte de la empresa Coppel es la cantidad de $8,777 ocho mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional y por el otro apartado de Bancoppel son $1500 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), refiriendo varios folios entre ellos se encuentran los folios 2432701, 24320526, 25320381, 24320221, 2432052, 24320556, 24320661, 24320709, 23070810, 24320313, así como el folio de bancoppel estableciendo ahí desde este momento que sí hubo un faltante de dinero por lo que hace a esta empresa Coppel. Finalmente, la inspección que realizó el perito Hernán Vidal de los Santos, en el lugar de los hechos donde precisamente apreció entre lo esencial que había unos lockers, unos cajones abiertos, escritorios, pasillos, sillas de escritorios, cajas, cajones y lockers, todo relacionado con la empresa Coppel, este dictamen da certeza sobre la existencia de ese lugar y los enseres que habían dentro del mismo que es un centro de distribución de la empresa agraviada. Medios de prueba a los que aceradamente la juez responsable concedió valor probatorio de indicio en términos de los artículos 259 y 265 del código Nacional de Procedimientos Penales. Datos de prueba de los que se obtiene que Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, fueron identificados como las personas que el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con veinte minutos, se introdujeron en el centro de distribución de la empresa Coppel sociedad anónima de capital variable, y quienes haciendo uso de violencia despojaron a las personas que ahí se encontraban de sus pertenencias, como fueron teléfonos celulares, mochilas y dinero en efectivo, así como quienes intentaban sustraer un tracto camión y un remolque que se encontraba en ese momento descargando mercancía en la empresa Coppel. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; Ahora bien, en cuanto al tema de que ese hecho la ley lo señale como delito, correctamente consideró la Juez responsable que con las conductas desplegadas por los quejosos se acreditaban hasta ese momento los delitos que se les imputan de Robo con violencia y en pandilla, y Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda; por lo tanto, consideró que son datos suficientes para tener por acreditado dicho hecho en términos que la fiscalía ha precisado, es decir en términos de los numerales, 175 fracciones II y IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco; y 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delito en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Respecto a la probabilidad de que Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez hayan participado en estos tres hechos que la ley señala como delitos de robo con violencia y en pandilla, y robo de vehículo con violencia y en pandilla. Esta probabilidad existe, dado que el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, los aquí quejosos llegaron al centro de distribución de la empresa Coppel la cual se encuentra ubicada en la carretera federal, en el tramo Cárdenas Comalcalco, a la altura del puente La Minerva, del municipio de Cárdenas, Tabasco, en una camioneta blanca, quienes portaban armas de fuego, y en cuanto se bajaron de la camioneta, les dijeron a las personas que se encontraban en el lugar que se trataba de un asalto y que les entregaran su pertenencias. Además, de que Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, fueron las personas que de acuerdo a la declaración de las víctimas, sometieron al personal de la empresa Coppel para que les entregaran sus pertenencias, y a quienes despojaron de teléfonos celulares, mochilas y dinero en efectivo. Así también, que uno de los aquí quejosos le puso una pistola en la cabeza al chofer de un tracto camión de la empresa Coppel que se encontraba descargando mercancía en ese momento y le pidió las llaves de dicho automotor con la finalidad de sustraerlo del lugar. Y, que cuando llegaron los policías al lugar de los hechos, los aquí quejosos se encontraban adentro del tracto camión de la empresa Coppel, en donde los detuvieron he hicieron el aseguramiento de diversos objetos y dinero en efectivo, dos armas de fuego tipo pistola y siete cartuchos sin especificar el calibre, los cuales tenían en posesión en ese momento las personas de nombres Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, quienes no pudieron justificar que hacían dentro del tracto camión de la empresa Coppel. Por lo anterior, es posible inferir la participación de los aquí quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, en los delitos de robo con violencia y en pandilla, y robo de vehículo con violencia y en pandilla, por existir los testimonios de los referidos testigos y víctimas en el lugar de los hechos, lo que hace presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 547/2020, que los impetrantes del amparo participaron en la comisión de los hechos delictivos investigados. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P 10a.. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P 10a., estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por los quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, estos resultan infundados por los motivos que a continuación se exponen: Dichos quejosos alegan que la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 547/2020, dictada por la Juez de Control de la Región Judicial Ocho, de Cárdenas, Tabasco, viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 inciso b fracción I, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque el auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 de la constitución política, pues los datos de prueba que arroja la carpeta de investigación, únicamente acreditan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mas no así que dichos datos sean idóneos para acreditar la probabilidad de que los quejosos hayan participado en el mismo. ahora, en párrafos que anteceden este juzgador hizo un análisis exhaustivo de los requisitos de forma y fondo, de acuerdo a los lineamientos de los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde quedó plenamente establecido que se acreditó la existencia de tres hechos que la ley señala como delitos, y que existía hasta ese momento la probabilidad de que los imputados lo cometieron y participaron en su comisión, pues de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, los aquí quejosos llegaron en una camioneta blanca al centro de distribución de la tienda Coppel, que se encuentra ubicado sobre la carretera federal tramo Cárdenas -Coatzacoalcos a la altura del puente del crucero conocido como Minerva de este municipio de Cárdenas Tabasco. Que dichos imputados se introdujeron en la bodega y despojaron a los empleados de sus pertenencias, de dinero, billeteras, y teléfonos celulares, como se desprende de las manifestaciones vertidas por cada una de las víctimas, así como también, que dicha conducta fue violenta pues les dijeron palabras obscenas, los golpearon, los encerraron en los baños de esa bodega, y dos de ellos portaban armas de fuego. Además, de que también pretendían apoderarse de un tracto camión de la tienda Coppel, pues le quitaron las llaves al chofer, lo golpearon, y finalmente fueron intersectados por los policías municipales cuando los imputados se encontraban moviendo las cajas de mercancía que se encontraban en el tracto camión, y también encontraron los objetos que habían despojado a las víctimas momentos antes, sin poder justificar ante dichos policías su presencia en el tracto camión de la tienda Coppel. Por tanto, este juzgador considera acertada la determinación de la juez de Control responsable, pues existen datos de prueba suficientes con los cuales acreditaron su participación en los hechos delictivos, cumpliéndose las exigencias establecidas en los artículos 19 constitucional y 313 y 316 del Condigo Nacional de Procedimientos Penales, pues no debe perderse de vista que nos encontramos ante el nuevo sistema de justicia penal, en donde únicamente es suficiente que exista un indicio y no que queden plenamente demostrados los elementos del tipo penal, pues hasta ese momento procesal quedó acreditado la probable responsabilidad de los inculpados, su participación y la comisión culposa de los mismos. Por todo lo anterior, se puede concluir que la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 547/2020, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la juez responsable expuso los motivos y fundamentos para llegar a esa determinación. Ilustra el sentido de lo expuesto, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Segunda Parte, Materia Común, foja 56, siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por los quejosos, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Cárdenas, Tabasco, como autoridad ejecutoria, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los vicios de ilegalidad que se atribuyó al acto por el cual se negó el amparo. Sustenta lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte 1, Enero- Junio de 1998, Página 357, Octava Época: AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a los terceros interesados Guillermo García Ramírez, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdoba,así como a los Fiscales del Ministerio Público, adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, Juan Pablo de la Cruz Urgell, Johana Azucena Fausto de Jesús y Rosa Leydi Hernández Sánchez, sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la celebración de la presente audiencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, la celebración de la presente audiencia no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio a los quejosos derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:" TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese. acuerdo VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese el escrito de cuenta signado por Francisco Javier Estrada Sánchez, defensor particular de los quejosos FERNANDO GUZMAN GUTIERREZ, JESUS ALBERTO LANDERO TRUJILLO, PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ, TRINIDAD VAZQUEZ LOPEZ, IVAN SANCHEZ BAEZA, ROBERTO LOPEZ DE LA CRUZ y HERNAN ENRIQUE DE LOS SANTOS ALVAREZ, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa 8 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 8/2021-8, promovido por Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez. En este momento el secretario da cuenta al Juez con el oficio registrado con número de folio 4405, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 49/2021-8, deducido del presente juicio de amparo. Al respecto, el Juez acuerda: visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin perjuicio de que sea tomado en consideración y valorado en la presente audiencia. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que acompañó la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Cárdenas, Tabasco, consistente en copia cotejada del oficio 15342, de veintiséis de diciembre de dos mil veinte fojas 34 a 36; y el Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, consistente en un disco versátil DVD certificado que contiene el audio y video de la audiencia de acta mínima de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, misma que obra en la carpeta administrativa número 547/2020, la cual obra por cuerda separada en la secretaría de este juzgado, así como copia certificada del acta mínima de audiencia inicial y de vinculación a proceso, así como diversas actuaciones relativas a las notificaciones respectivas a las víctimas e inculpados fojas 38 a 94. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta de los alegatos formulados por el tercero interesado Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la sociedad mercantil Coppel sociedad anónima de capital variable, sin que las demás partes hayan hecho uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al tercero interesado Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la sociedad mercantil Coppel sociedad anónima de capital variable, y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 8/2021-8, promovido por Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano al día siguiente, Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La resolución en la que se determina de legal la detención y retención control de la detención de los hoy quejosos, misma resolución pronunciada por parte de la C. Juez de Control de la Región 8, Cárdenas, Tabasco, en fecha 26 de diciembre de 2020, en la causa 547/2020. 2 El INDEBIDO, ILEGAL, INCONGRUENTE, PARCIAL E INCONSTITUCIONAL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha 26 de diciembre de 2020, que se dictó en contra de los directos quejosos por parte de la C. Juez de Control de la Región 8, con sede en Cárdenas, Tabasco, quien es encargada de la causa penal número 547/2020 de donde emana el acto que hoy reclamo de Inconstitucional. 3 De la autoridad señalada como ejecutora reclamo los actos de ejecución materia derivado del acto emitido por la ordenadora, pues el responsable de la institución penitenciaria en la que actualmente se encuentran privados de su libertad los quejosos. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. 2 Director del Centro de Reinserción Social del Municipio de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 8/2021-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se reservó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la Tienda Coppel sociedad anónima de capital variable, Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez, así como de los Fiscales del Ministerio Público, adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, Juan Pablo de la Cruz Urgell, Johana Azucena Fausto de Jesús y Rosa Leydi Hernández Sánchez; y el seis de abril fueron emplazados a juicio los terceros interesados Rene Nieto Cruz, apoderado legal de la Tienda Coppel SA de C.V., Erika Tapia Ocaña, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández y Lorenzo Antonio Torres Ramos; y el tercero interesado Antonio de Jesús López Rodríguez, el dieciséis de abril del presente año. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La audiencia de detención y retención de los quejosos, así como el auto de vinculación a proceso, ambos de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 547/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Director del Centro de Reinserción Social foja 32 y Juez de Control de la Región Judicial Ocho foja 37, ambos con residencia en Cárdenas, Tabasco, pues así se advierte del contenido íntegro de sus informes justificados; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, la segunda adjuntó copias certificadas del acta mínima de audiencia inicial y audiencia en su fase de vinculación a proceso de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, así como un disco versátil digital DVD que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por los quejosos, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por los quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente. Así entonces, los conceptos de violación formulados por los quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, esencialmente son los siguientes: ue el supuesto de flagrancia invocado por el fiscal del ministerio público y por la cual se decretó la legal detención de los quejosos por parte del juez de control, no nace a la vida jurídica porque al momento del uso de la voz de la fiscalía solicitó declarar de legal la detención y retención de los quejosos, puesto que a su consideración se encontraban en el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146 fracción I, del código Nacional de Procedimientos penales, es decir, la persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Que los quejosos fueron detenidos por señalamiento de las personas que se encontraban en el lugar y quienes les dicen a los agentes aprehensores que eran las personas que se habían introducido a las instalaciones de la tienda Coppel y los habían despojado de sus pertenencias. Que el proceder de la responsable no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que la detención de los quejosos no se realizó al momento de que los mismos estuviesen desplegando una conducta antijurídica sino por el contrario el juez de control pretendió justificar la flagrancia contenida en la fracción II, inciso b del artículo 146 del código nacional de procedimientos penales, es decir, la detención de una persona bajo la hipótesis de flagrancia delictiva por señalamiento, por lo que no fueron detenidos por los agentes aprehensores al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, pues dichos agentes tuvieron conocimiento vía telefónica de que estaban robando. Que la resolución combatida vulnera en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 inciso b fracción I, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque el auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 de la constitución política, pues los datos de prueba que arroja la carpeta de investigación, únicamente acreditan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mas no así que dichos datos sean idóneos para acreditar la probabilidad de que los quejosos hayan participado en el mismo, tan es así que no se escuchó en audiencia dato alguno verbalizado por el fiscal del ministerio público para acreditar la probabilidad de intervención. Que no se encuentra acreditado que existan datos bastantes, ni suficientes ni mucho menos idóneas para acreditar que los quejosos hayan intervenido o participado en el hecho atribuido, ello en virtud de que la juez de la causa únicamente tomo en cuenta las consideraciones expuestas por el fiscal, pero sin realizar un análisis de los argumentos verbalizados por el defensor particular en el sentido de que la fiscalía fue omisa en señalar con que datos de prueba se demostraba de manera indiciaria que los quejosos hayan intervenido o participado en el hecho que la ley señala como delito, pues la fiscalía únicamente verbalizó datos de prueba respecto al hecho, pero nada dijo en relación a que datos de prueba obraban en la carpeta de investigación eran con los que se acreditaba de manera indiciaria la probabilidad de intervención, en ningún momento realizó manifestación alguna en el sentido de a través de cuales datos de prueba acreditaba la probabilidad de participación o comisión del hecho atribuido. Que no se cumplieron las exigencias establecidas en los artículos 19 constitucional y 313 y 316 del código nacional de procedimientos penales. Que los datos de prueba señalados por el fiscal resultan insuficientes para acreditar los ilícitos por los cuales se vinculó a proceso y tampoco se acredita la intervención de los quejosos, es decir, respecto a la relación de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el mismo fue omiso al respecto. Que el fiscal no expuso en la audiencia inicial con que datos de prueba se justificó que los imputados participaron o intervinieron en el hecho señalado como delito, pues en ningún momento verbalizó dato alguno para efectos de acreditar la probable participación de los imputados en el hecho atribuido, tan es así que ni siquiera señaló que con los mismos datos de prueba se acreditaba este punto, es decir, la probable responsabilidad. ESTUDIO DEL CONTROL DE DETENCIÓN Primero, por razón de técnica se analizará el control de detención, dictado en la causa 547/2020, en la que se decretó la legal detención y retención de los ahora quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez. En principio importa decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2017, señaló que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, en la medida que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación; lo cierto es se tratan de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y van sucediendo sin posibilidad de reabrirlos en función del principio de continuidad que rige el nuevo sistema de justicia penal. Por ende, determinó que ante la circunstancia de que los quejosos hayan señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilitaba al juez de amparo para examinar la calificación de la detención efectuada por el juez de control, porque es necesario que reclame este último de forma destacada en demanda, y de este modo esté en posibilidad legal de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En el presente asunto, los quejosos señalaron de manera conjunta como actos reclamados, la calificación de legal detención y el auto de vinculación a proceso; atendiendo a esto y por cuestión de método, se aborda el análisis de la misma, porque de existir alguna violación a los derechos fundamentales de los detenidos, tal situación daría lugar a determinar la ilicitud de los datos de prueba que hayan sido recabados al momento de la detención, para que sean excluidos del auto de vinculación a proceso. Tiene sustento a lo anterior, la tesis 1a. CCI/2014 10a. de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 545, Materia Constitucional, Penal, Registro 2006477, Décima Época, de rubro y texto siguientes: FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL SON LA INVALIDEZ DE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA Y DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA. La limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y su escrutinio del más estricto rigor; por ello, cuando se aduzca flagrancia, debe acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Ello es así, en principio, porque toda persona tiene no sólo la legítima expectativa sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Por su parte, la autoridad tiene la posibilidad de hacer indagaciones bajo el marco jurídico y conforme a las atribuciones que legalmente justifiquen su proceder. Sin embargo, no puede justificarse constitucionalmente que bajo pretexto de cumplirse con cuestiones de aducida legalidad, se actúe de manera arbitraria, lo cual debe ponderarse bajo un estándar de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida empleada. De ahí que si la detención de una persona, por aducida flagrancia, no se da bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos de forma mínima a favor de la persona que sufrió la detención, ésta será considerada como arbitraria, al estar prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias y efectos de la vulneración a lo anterior son la invalidez legal de la propia detención, así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma; esto conforme además a los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. Los quejosos alegan que la detención es ilegal porque el supuesto de flagrancia invocado por el fiscal del ministerio público y por el cual se decretó la detención la juez de control, no nace a la vida jurídica porque al momento del uso de la voz de la fiscalía, éste solicitó declarar de legal la detención y retención de los quejosos, puesto que a su consideración se encontraban en el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146 fracción I, del código Nacional de Procedimientos penales, es decir, la persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Asimismo, alegan que fueron detenidos por señalamiento de las personas que se encontraban en el lugar y que se habían introducido a las instalaciones de la tienda Coppel y los habían despojado de sus pertenencias; y que el proceder de la responsable no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que la detención de los quejosos no se realizó al momento de que los mismos estuviesen desplegando una conducta antijurídica sino por el contrario el juez de control pretendió justificar la flagrancia contenida en la fracción II, inciso b del artículo 146 del código nacional de procedimientos penales, es decir, la detención de una persona bajo la hipótesis de flagrancia delictiva por señalamiento, por lo que no fueron detenidos por los agentes aprehensores al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, pues dichos agentes tuvieron conocimiento vía telefónica de que estaban robando. Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos son infundados sin que exista queja que amerite ser suplida en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues opuesto a lo considerado por los quejosos, si fue legal su detención, como adecuadamente lo razonó la juez de Control en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, según se advierte de la reproducción audiovisual que consta en el disco versátil digital DVD, remitido por la autoridad responsable como justificación de su informe. Para evidenciar tal aserto, es necesario destacar el contenido de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables. Así, el control de la detención en términos de los preceptos procesales transcritos, tiene como propósito que el Juez verifique si la privación de la libertad del imputado se llevó a cabo cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, de no considerarlo así, el juzgador puede decidir no ratificarla y ordenar la inmediata libertad del imputado. Adicionalmente, es menester destacar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXV/2016 10a., publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 671, Materia Constitucional, Penal, Registro 2010963, Décima Época, del tenor literal siguiente: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente, al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia. Ciertamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se remitió a las consideraciones que esgrimió al resolver el juicio de amparo directo 14/2011 de su índice, en donde analizó los supuestos en los que resulta válido detener a una persona, es decir, privarla de su libertad deambulatoria, a fin de someterla a cualquier clase de indagatoria y analizó el significado constitucional de las detenciones no autorizadas judicialmente, entre ellas, la acontecida en el supuesto de flagrancia. En dicho juicio de amparo directo, la Primera Sala señaló que el artículo 16 de la Constitución Federal consagra un régimen general de libertades en favor de la persona, entre las cuales está el derecho a la libertad personal; régimen que se traduce -puntualizó- en dos distintas formas de proteger ese derecho al ponderar que debe tomarse en consideración en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones. Lo anterior obedece -precisó- a que la pretensión que subyace al hecho de que las limitaciones estén establecidas en la Constitución, es que funcionen como garantías de legalidad en favor de la persona, pues ordenan al Estado a que ciña su actuar a las atribuciones ahí establecidas; es decir, el Estado no puede limitar tales derechos en supuestos distintos a los previstos por la propia Constitución. Así, dicho órgano colegiado destacó que, en materia de libertad personal, la norma fundamental delimita exhaustivamente los supuestos que permiten su afectación la orden de aprehensión, las detenciones en flagrancia y caso urgente; así como las formalidades que al efecto se prevén en el artículo 16 de la Constitución Federal. Con base en el texto constitucional, la referida Sala puntualizó que, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión y que los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales; el primero porque, para su configuración se requiere que, de facto, ocurra una situación particular y atípica; el segundo porque también requiere la actualización de condiciones apartadas de lo ordinario implicadas en la expresión: ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. Además, enfatizó que el escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones; es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un Juez tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para aprehender a un individuo, cumple con las formalidades requeridas por la Constitución. Empero, esa regla primaria no tiene posibilidad cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el caso de detenciones en flagrancia. Respecto de la connotación de un delito flagrante, la Primera Sala explicó que por tal debe entenderse: el que brilla a todas luces. Es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley. Para reconocerlo no se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor. Bajo esa conceptualización, la Sala razonó que la flagrancia siempre es una condición que se configura a la detención, lo cual implica -dijo- que la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo, así como tampoco podía detener para investigar. En ese orden, el órgano colegiado en cita, concluyó que tratándose de delitos permanentes, la anterior precisión era especialmente importante, ya que, si la persona no era sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no resultaba admisible que la autoridad aprehensora detuviera al inculpado y después intentara justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras cometía el delito. Además, la Primera Sala destacó que la referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la apariencia de una persona, no era una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto flagrancia, puesto que ésta siempre tiene implícito un elemento sorpresa tanto para los particulares que son testigos como para la autoridad aprehensora; de ahí que cuando no existiera ese elemento sorpresa, porque ya se hubiere iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona, la detención requería estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión. Corolario de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que para que la detención en flagrancia pueda ser válida tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado. En adición a ello, la Primera Sala, precisó que ante la intención intrínseca de que la figura de detención en el supuesto de flagrancia, era favorecer el derecho a la libertad personal, motivo por el cual el control judicial ex post a la privación de la libertad en flagrancia debía ser especialmente cuidadoso, en la medida de que el Juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran en su momento identificar con certeza a la persona acusada; debiendo evaluar también el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y precisión de aquellos datos. Lo anterior, permitió a la Sala razonar que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la aprehensión debe poderla defender ante el juez; habida cuenta que el principio de presunción de inocencia se proyecta hasta esta etapa del proceso hasta la detención y, por tanto, quien afirma que la persona aprehendida fue sorprendida en flagrancia, tiene la carga de la prueba. De ahí que el escrutinio posterior a la detención concluyó, fuera de suma importancia, pues el descubrimiento de que se está ante una situación de ilegal privación de la libertad, debía desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad que jurídicamente correspondieran. Ahora bien, en atención a lo establecido en los preceptos transcritos en párrafos precedentes, así como a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que las detenciones en flagrancia deberán considerarse válidas, cuando se den en los supuestos siguientes: I. Si la autoridad aprehensora observa directamente la acción que está cometiendo en ese momento por el aparente autor del delito iter criminis. II. Cuando el aparente autor del delito es detenido inmediatamente después de cometer el ilícito, lo cual puede actualizarse cuando: a) Es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente. b) Sea señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo; ello sin interrumpirse su búsqueda o localización. Así las cosas, como lo aseveró la Juez de Control, la detención de los imputados aquí quejosos- fue legal, pues se llevó a cabo en la hipótesis de flagrancia delictiva a que se refieren los artículos 16, párrafo quinto, Constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fueron detenidos al momento en que se encontraban cometiendo el hecho ilícito que se les atribuye. Pues de acuerdo a lo verbalizado por la fiscalía y al informe policial homologado, se advierte que los policías con motivo de una llamada de auxilio, llegaron al centro de distribución de la empresa Coppel, ubicada sobre la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero conocido como Minerva, Ranchería Rio Seco Primera Sección del municipio de Cárdenas, Tabasco, y en ese momento efectuaron la detención de siete personas que se encontraban en el interior de un tracto camión de la tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable. Pues el imputado Fernando Guzmán Gutiérrez, fue detenido por el policía de Seguridad Pública Hugo Enrique Córdova Córdova, a quien le encontró una pistola a la altura de la cintura de cacha de madera con siete cartuchos, quien se encontraba en el interior de la cabina del tracto camión de la tienda Coppel. Que la detención de los otros imputados de nombres Iván Sánchez Baeza, fue detenido por el agente Joselito, y éste le encontró en su poder una pistola que cargaba de cacha blanca a la altura de la cintura; así como a Roberto López de la Cruz, Hernán Enrique de los Santos Álvarez, Trinidad Vázquez López y Jesús Alberto Landero Trujillo, quienes no pudieron justificar que hacían dentro de ese tracto camión de la empresa Coppel y en la cabina de dicha unidad motriz, así también, se encontraba Pablo Rodríguez Ramírez, éste era la persona que estaba en la cabina y le estaba causando daños al tablero del tracto camión. Que ninguno de los siete investigados pudo justificar estar dentro de la cabina y del remolque del tracto camión de la tienda Coppel, pues fueron detenidos en ese momento que estaban haciendo movimientos de las cajas que había en los remolques de la empresa Coppel, siendo detenidos en flagrancia. Además, de acuerdo a los testimonios de Thomas Ortiz de los Santos y Jesús López de la Cruz, quienes señalaron que momentos antes habían sido desapoderados por siete personas que llegaron en una camioneta blanca, que estas personas les dijeron que era un asalto y que entregaran sus pertenencias; que ellos vieron cuando uno de los imputados se subió al camión le pidió las llaves al chofer y le pegó con una pistola en la cabeza. Pues al llegar los policías al centro de distribución, encontraron a los siete sujetos dentro del tracto camión con la intención de llevarse el mismo, puesto que no justificaron en la audiencia que tuvieran alguna otra intención, máxime que momentos antes ya habían desapoderado y con ánimo de dominio y sin el sentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo a las personas que se encontraban dentro de esa bodega de sus pertenencias consistentes en carteras, celulares, mochilas y mariconeras que momentos antes habían despojado a los empleados de la tienda Coppel, así como dinero en efectivo, mismo que fue asegurado por los policías al momento que efectuaron la detención de los imputados Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez. Por otra parte, en cuanto a la puesta a disposición, se advierte de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal del Ministerio Público, que a las diecinueve horas con veinticinco minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, decretó la retención de los imputados, y posteriormente los pone a disposición de la autoridad judicial a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de diciembre de dos mil veinte, por lo que, se efectúo la detención dentro de las cuarenta y ocho horas. En términos de lo establecido en el artículo 16 Constitucional, 146 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 7.2 y 7.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Juez de Control calificó de legal la detención y retención de los hoy quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por encontrarse realizando un hecho de apariencia delictiva, del cual la autoridad investigadora le dio la calificación de robo con violencia y en pandilla y robo de vehículo con violencia y en pandilla. En ese contexto, tenemos que los conceptos de violación que hacen valer los quejosos respecto a la detención y retención son infundados, puesto que de acuerdo a lo expuesto por la Juez de Control responsable, se desprende que los imputados fueron detenidos por los policías de seguridad pública, quienes en atención a una llamada de auxilio, efectuaron la detención de los quejosos en el momento en que éstos se encontraban dentro del centro de distribución de la tienda Coppel, en el interior de un tracto camión de dicha tienda, con el ánimo de robarlo. Ello, acorde a lo expuesto en el informe policial homologado, así como por la declaración de los testigos que se encontraban en dicha bodega el día de los hechos y a quienes despojaron de sus teléfonos celulares, mochilas, billeteras, y dinero en efectivo, y a quienes les manifestaron que se trataba de un asalto y les pidieron que les entregaran sus pertenencias porque iban a robar la bodega. Aunado a ello, existe la manifestación de las personas que vieron cuando uno de los imputados golpeó al chofer del tracto camión con una pistola en la cabeza y le pidió las llaves de dicho automotor, preguntándole además si dicho camión tenía gps. Por lo que, al ser detenidos por los policías, los imputados no pudieron justificar el motivo por el cual se encontraban en el interior del tracto camión, máxime que encontraron a uno de ellos dañando el tablero. En esas circunstancias, este juzgador considera que fue correcta la calificación de la detención y retención realizada por la juez de Control en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, pues los imputados fueron detenidos al momento en que estos se encontraban desplegando la conducta antijurídica, en flagrancia, acorde a lo establecido en la fracción I, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ANALISIS DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación artículo 20 constitucional. Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional reformado, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo, como se establece en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 9a., del Primer Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativa del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1940, Materia Penal, Décima Época, Registro 160331, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 10a., emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, en la causa penal 547/2020, en contra de Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por su probable participación en la comisión de los delitos de: Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable. Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez. Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra de los aquí quejosos el auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión de los hechos denominados por la ley como delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que los impetrantes fueron presentados ante la juez responsable, el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que cada uno de los inculpados manifestaron que era su deseo que se resolviera su situación jurídica en la presente audiencia. 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que a los quejosos se les formuló imputación en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra el Fiscal del Ministerio Público Juan Pablo de la Cruz UrgelI formuló imputación en contra de los hoy quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por su probable participación en la comisión de los delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, los imputados quienes manifestaron que no deseaban declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por la fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra de los ahora quejosos, se especificó que los hechos materia de la carpeta de investigación se suscitaron el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con veinte minutos, en el centro de distribución Coppel que se encuentra ubicado sobre la carretera federal en el tramo Cárdenas - Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero, conocido como la Minerva del municipio de Cárdenas, Tabasco, cuando descendieron de una camioneta blanca siete personas del sexo masculino quienes llegaron a la bodega gritando "esto es un asalto" "entréguenos sus pertenencias porque vamos a robar la bodega", que uno de ellos se acercó al tracto camión y le puso una pistola en la cabeza al chofer y le pidió que le entregara las llaves, que los demás imputados despojaron a las víctimas de sus pertenencias, así como de dinero en efectivo, y que en el momento en que llegaron las patrullas los imputados se encontraban en la cabina del tracto camión, en donde les fueron asegurados veinte celulares, billeteras y mochilas tipo mariconera, de diferentes marcas. Lo que llevó a la Juez responsable a emitir la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por su probable participación en la comisión de los delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova y Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por la juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por el fiscal, son suficientes para tener por demostrado los delitos de Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de la Tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable; Robo con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco, cometido en agravio de Erika Tapia Ocaña, Antonio de Jesús López Rodríguez, Beatriz Amparo Romero Gómez, José Guadalupe Castellanos Jiménez, Jesús Leonardo Arias de la Rosa, José Guadalupe Romero Hernández, Lorenzo Antonio Torres Ramos, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdova, Guillermo García Ramírez; Robo de vehículo con violencia y en pandilla (en su guarda), previsto y sancionado por los artículos 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de quien o quienes acrediten la propiedad de los vehículos tracto camión y remolque; tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional. Lo anterior, en razón de que obran datos de prueba que derivan las entrevistas que obran en la carpeta de investigación y que fueron verbalizadas por el fiscal del Ministerio Público, consistentes en: La declaración que rindió en entrevista o la denuncia Tomás Ortiz de los Santos, quién refirió en el informe policial homologado que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, él se encontraba trabajando en el centro distribución de la empresa Coppel ubicada precisamente en la carretera federal tramo Cárdenas- Comalcalco, a la altura del puente crucero de este municipio de Cárdenas, Tabasco, que él estaba en la bodega precisamente cuando vio que descendieron de una camioneta blanca siete personas del sexo masculino los cuales él pudo identificar por su vestimenta, pues no los conocía, refiriendo que ellos portaban una playera color gris, otro una playera tipo polo color negra, otro playera de cuadros color negra con blanco, otra playera color verde, y así sucesivamente fue detallando entre las personas que él recordaba, y que estas personas gritaron "esto es un asalto" "entréguenos sus pertenencias porque vamos a robar la bodega"; así mismo, hace el señalamiento que todo el personal también fue sometido, y que uno de los sujetos que portaba una pistola en la mano, que esta persona es la que se acercó al tracto camión, y quién estaba bajando al chofer; que él vio que esa persona le colocó la pistola en la cabeza, y le pidió la llave, así como también, que otros sujetos portaban una playera con el logotipo de Coppel. Que estos sujetos que habían llegado les pidieron unas playeras a unos trabajadores de esa empresa, y se las quedaron; que empezaron a mover las cajas del tracto camión que se encontraba descargando en la bodega de Coppel, y que fue aproximadamente como a las dieciséis horas con treinta minutos que escucharon que llegó una patrulla y que empezaron a pedir auxilio, dado que se encontraban encerrados en el baño; entrevista a la cual acertadamente la juez de Control responsable le dio valor probatorio indiciario en términos del artículo 259 del código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este testigo el primero en realizar la denuncia ante el primer elemento de seguridad que llegó al lugar de los hechos. Asimismo, obra la narrativa de la persona de nombre Jesús Adrián López de la Cruz, de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien refirió que siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, se encontraba en el centro de distribución de la empresa Coppel, ubicada sobre la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero conocido como Minerva de este municipio de Cárdenas, Tabasco, que él había llegado en el remolque y que empezaron varios trabajadores de dicha empresa a los que denomina alijadores a descargar las cajas para ver el inventario que traía, dado que en este traían productos que vende y distribuye la tienda Coppel, que él se metió al baño cuando él salió, vio que sus compañeros estaban tirados en el piso y escuchó: "esto es un asalto" que iban a robar la bodega, fue cuando él también se tiró al piso por miedo a lo que él había escuchado, y que una persona con una pistola se le acercó pidiéndole las llaves del camión, que éste le quitó su billetera así como las llaves del tracto camión que él había traído en momentos anteriores, que también lo golpeó en la cabeza con esa pistola, lo tiró al piso y le pegó una patada en la cabeza, así como también le preguntó si el camión traía GPS y fue que él le dijo que no sabía, que sí traía pero que no sabía a dónde estaba ubicado dicho GPS, y que de ahí fue que los llevaron a los baños, que posteriormente escuchó que dijeron que ya habían llegado los policías. De igual manera, obra el informe policial homologado de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, con número 2815, que fue suscrito por el policía de Seguridad Pública Hugo Enrique Córdova Córdova, quien fue la persona que fue en ayuda a dicho lugar, pues refirió que a las dieciséis horas con veinticinco minutos de ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se encontraba precisamente en el centro de mando que está ubicado en el tramo de la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, cuando le pidieron el apoyo para que fuera a dónde está el centro de distribución Coppel, que arribaron a ese lugar aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos donde observaron un tracto camión con doble remolque color blanco con la leyenda de Coppel, que estaba en el área de descarga de ese centro de distribución y dentro de ese tracto camión habían tres personas del sexo masculino en el área dónde está el remolque; que uno tenía una playera roja, otro vestía una playera gris, y otro azul con verde. Que escuchó llamadas de auxilio que pedían las personas que estaban dentro de ese centro de distribución, cuando él se acercó fue precisamente que lo abordó una persona del sexo masculino quien refirió llamarse Thomas Ortiz de los Santos, quien le manifestó que los habían asaltado, y que precisamente ellos se encontraban ahí encerrados; que posteriormente hicieron la detención de siete personas que se encontraban en el tracto camión, las cuales pusieron a disposición. De igual manera, manifestó que al hacerles la revisión a esas personas, le encontraron a Fernando Guzmán Gutiérrez una pistola a la altura de la cintura de cacha de madera con siete cartuchos, quien se encontraba en el interior de la cabina de dicho remolque; también detalló la forma en que hicieron la detención de los otros imputados de nombre José Juan Sánchez Cáliz, Román, Alberto, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, diciendo que por lo que hace a esta persona de nombre Iván Sánchez Baeza, quién se identificó con ese nombre, a él lo detuvo el agente Joselito, y éste le encontró en su poder una pistola que cargaba de cacha blanca a la altura de la cintura, así como también refirió en dicho informe policial homologado la forma que detuvieron a los otros imputados Roberto López de la Cruz y Hernán Henríquez de los Santos Álvarez, quienes no pudieron justificar que hacían dentro de ese tracto camión de la empresa Coppel. Y, que Pablo Rodríguez Ramírez, era la persona que estaba en la cabina y le estaba causando daños al tablero del tracto camión; señalamiento que hacen los agentes de seguridad pública, y posteriormente también hacen el aseguramiento de diferentes objetos que fueron encontrados dentro de la cabina de ese tracto camión donde se encontraban los imputados, que Alberto Landero Trujillo, portaba una playera de color roja así como el señor Pablo Rodríguez Ramírez, quien vestía una playera gris con azul verde, que estos tres personas y Fernando Guzmán Gutiérrez, eran las personas que se encontraban en el interior del tracto camión causándole daños al tablero. También, hacen en ese aseguramiento del cual dieron fe, los dictámenes periciales relativos a veinte celulares, los cuales describieron detalladamente, siendo éstos, un celular marca azul negro color amarillo, así como otro celular marca Samsung color azul con un protector de flores rosado, otro celular marca zuum con la leyenda Coppel, otro celular marca zumm color plata con una protector transparente celular Huawei color naranja con que tenía la pantalla rota y el protector también estaba estampado, otro celular marca CE color negro, otro celular marca ODDO celular que tenía una parte transparente con un broche, celular marca LG V60 Color azul con un protector azul, otro celular marca Huawei color azul con protector rojo con negro y con la mica quebrada, así como también describieron otro celular marca Ceway color negro, otro celular marca Motorola color gris con azul y negro, otro celular marca LG con negro con funda beige, otro celular marca zumm color azul de color negro otro celular marca LG k9 color negro quebrado, otro celular de la marca Motorola de color azul, otro celular marca Huawei quebrado por la mitad, un celular marca Nokia de color azul, otro celular de color negro tapa doblada, otro celular marca Motorola color plata. Así como también, una billetera color café de piel con la leyenda Imperial Horse, otra billetera de color café oscura con la leyenda muchis muchis, otra billetera de piel color blanco con dos broches metálicos, otra billetera color café oscura con la leyenda redil, otra billetera color oscura con la leyenda Force, otra billetera con la leyenda Bosse, otra billetera color café oscuro con la leyenda Cruz Azul, así como también, a otra billetera con la leyenda Horse con broches, otra billetera color café oscuro con la leyenda ticket, y unas mochilas tipo mariconera, una que tenía de la marca Fashion, otra mochila tipo mariconera con HR, otra mochila mariconera café oscura con broches que tenía las iniciales JSNL, así como una llave color negro con plata con broches con el número 52810. Objetos que fueron detallados por los agentes aprehensores quienes ratificaron los informes ante la autoridad investigadora, y a los cuales acertadamente la juez de Control les concedió valor indiciario en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fueron realizados por los agentes de seguridad, quienes prestaron el auxilio en el lugar de los hechos delictivos. Que además del informe policial homologado, obran también los señalamientos de las víctimas, quien en lo medular expusieron: La víctima Erika Tapia Ocaña, refirió que ella es empleada de la tienda Coppel, sociedad anónima de capital variable, y que el veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, ella se encontraba en la tienda Coppel laborando, ubicada en el tramo carretero de Cárdenas -Coatzacoalcos, a la altura del puente, precisamente el centro de distribución de este municipio de Cárdenas, Tabasco; que cuando se encontraba trabajando en dicha tienda, ella vio que subió una persona del sexo masculino, que tenía una playera tipo polo, que esta persona tenía unos tatuajes en el brazo, y que era de cabello lacio, y que esta persona portaba pistola, que no lo reconoció como otro trabajador más de la empresa, puesto que le dijo que era un sujeto extraño y que éste le dijo que se tiraran al piso, que le entregará su celular, que ella le entregó su celular, que posteriormente, esta persona revisó sus pertenencias y se llevó la cantidad de $1,600 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), que le preguntó por el dinero de la venta, y está refirió que ahí solamente había $1,465 (mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), el cual correspondía a un abono de cuenta de una señora de nombre Santa Teresita. Que posteriormente, ese sujeto también tenía amagada a otras cuatro personas más; que el robo de su teléfono celular lo acreditó con la factura expedida por Samsung, el cual está valorado en $4,939 (cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que esto lo ampara la factura 308 941 que se encuentra a nombre de la víctima en comentó. Seguidamente, Lorenzo Antonio Torres Ramos, una segunda víctima, quien refirió que él es chofer de una unidad Nissan de la tienda Coppel, que ese veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, él estaba en el centro distribución ubicado en ese tramo Federal de la carretera Cárdenas -Coatzacoalcos, pues él estaba en esa bodega junto con otro compañero que estaban descargando, que se encontraba en el baño cuando escuchó a una persona del sexo masculino y la vio que lo amenazó con un arma de fuego posteriormente dijo que agachara la cabeza, que no los volteara a ver y le sacaron su cartera donde tenía la cantidad de $500 quinientos pesos 00/100 moneda nacional, que esta persona les pidió que se tiraran al suelo y después fueron llevandos al baño. Así como también, existe el dicho de la víctima de nombre Mizrahim Aguirre Méndez, quien también refirió que ese veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, se encontraba en ese centro distribución de la empresa Coppel ubicada en esa misma carretera del tramo Federal Cárdenas -Coatzacoalcos, cuando se le acercó un sujeto del sexo masculino que vestía playera azul, pantalón de mezclilla, y le dijo palabras obscenas, posteriormente vio que esta persona sacó un arma de fuego y se le acercó al área de la cocina, que éste le quitó su teléfono de color negro, así como también hizo que se metieran al baño para que no hicieran ruido, que esta persona tenía barba y que después escucho que dijeron: ya nos cayó la ley. Entrevista que da otra víctima Rafael Rodríguez Córdoba, quién también refirió que es empleado de la tienda Coppel, que siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, se encontraba en el área de las rampas porque estaban descargando las cajas que venían selladas, que momentos antes había llegado un tracto camión con remolque, que ellos tienen que descargar esas cajas y ver todos los artículos; que posteriormente, como a las quince horas con cuarenta minutos, es que empezaron a hacer esa descargada, es cuando él vio que una persona se paseaba por la escalera de enfrente, que esta persona tenía pantalón azul y playera de color gris con verde, que esta persona portaba un arma y que con esta los apuntaba y les decía que era un robo a la bodega, que le decía dicho sujeto que no les viera la cara, que posterior lo golpeó y que le quitó la cantidad de $1000 mil pesos 00/100 moneda nacional, que esté después lo tiró al suelo y que poco a poco los fue a meter al baño, que también lo desapoderó de su celular One Plus. Por su parte, la víctima Antonio de Jesús López Rodríguez, refirió que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte se encontraba en las instalaciones del Centro de distribución de la empresa Coppel, ubicado en el tramo Federal Cárdenas -Comalcalco, a la altura del puente el crucero Minerva; qué es empleado de dicha empresa y que aproximadamente a las catorce horas llegó la carga, que ese camión tenía unos remolques y que tenía diversos productos que tenían que descargar cuando en eso llegó una persona del sexo masculino, la cual vestía una playera tipo polo color azul con verde, y que éste lo apuntaba con un arma de fuego, así como también le dijo "hijo de tu puta madre"; que esta persona le empezó a pegar y le quitó una cartera qué es de Cruz Azul, así como la cantidad de $2000 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) y que poco a poco los fueron llevando de dos en dos al baño para esconderlos. Obra también, la entrevista de la víctima Beatriz Amparo Romero Gómez, quien refirió que es empleada de Coppel, y que ese día veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, ella se encontraba en las oficinas de cobranza, precisamente cuando escuchó ruido y vio que venía una persona del sexo masculino con pantalón de mezclilla y playera gris, con una pistola, y que éste le pidió su teléfono, así como también con esta pistola les apuntaba y les pedía que se tiraran al suelo, aprovechando esta persona para llevarse sus pertenencias, que esto también hace referencia que ella exhibe una factura con número 308 del celular qué hace referencia que es de la empresa Coppel. Entrevista de la víctima José Guadalupe Castellanos Jiménez, quien es supervisor de la tienda Coppel y hace referencia que precisamente a las dieciséis horas aproximadamente del veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, que se encontraba en el área en ese centro de distribución ubicado en la carretera Cárdenas -Comalcalco, en el área dónde está cobranza, cuando vio que todos se tiraron al suelo y vio una persona del sexo masculino distinto a los trabajadores que tienen ahí, que le pidió su teléfono y que éste tomó su teléfono y que empezó a decirles palabras obscenas, que a lo poco escuchó que habían llegado otras personas, que este teléfono lo tiene porque es de la tienda Coppel y que derivado a ello, él exhibe una factura con número 83 08 129 expedida por la tienda Coppel. Entrevista de José Guadalupe Romero Hernández, quien también es empleado de la tienda Coppel distribución, y que ese veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con treinta y cinco minutos estaba en las rampas de dicha bodega, pues estaba revisando una televisión cuando llegó una persona que vestía color azul celeste, tenis negros, y que esta persona portaba un arma de fuego, que esta persona entró a la bodega y les empezó a revisar, que portaba la pistola y le dio un golpe en la cabeza y se apoderó de su celular color plateado que es de la empresa telcel marca Samsung Galaxy, que le preguntó al chofer del tráiler o del tracto camión que si dónde estaban las llaves, y que fue que se fue al baño, posteriormente escuchó unos gritos que decía ya nos cayó la ley, y que él estaba encerrado en el baño. Entrevista del señor Jesús Leal Jesús Leonardo Arias de la Rosa quién refirió que él es empleado de la tienda Coppel, y que el veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, él se encontraba en ese centro distribución, en la carretera federal del tramo Cárdenas -Comalcalco, que había llegado un camión de la misma empresa la cual iban a bajar toda la mercancía para hacer el inventario, que empezaron con unas cajas cuando llegaron unos sujetos del sexo masculino, que estos portaban armas de fuego con gorras, quiénes les dijeron que se tirara al suelo porque era un asalto, que estas personas llegaron y que el sujeto que tenía una playera roja portaba un arma de fuego y que este sujeto lo despojó de la cantidad de $1000 mil pesos 00/100 moneda nacional, y le puso el arma de fuego en la espalda. Y, también se encuentra otra entrevista del señor Guillermo García Ramírez, quien también refirió que él es trabajador igual de la tienda Coppel, que el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se encontraba en dicho lugar en ese centro distribución que ya se ha venido comentando ubicado en el tramo Federal Cárdenas - Coatzacoalcos, a la altura del puente del crucero Minerva, cuando a las catorce horas con cuarenta minutos llegó un tráiler con mercancías que iban a descargar a ese centro de distribución de la empresa Coppel, que habían aproximadamente dieciocho personas en ese lugar distribuidos en diferentes funciones, que como a las dieciséis horas empezaron a descargar varias personas el tráiler o los productos que habían sido trasladados, que posteriormente estaban descargando ese tráiler y pudo ver que llegaban dos personas del sexo masculino de playera azul y pantalón de mezclilla, quiénes les dijeron que agacharan la mirada y que no levantaran la cabeza, que estas personas portaban armas pequeñas y que ahí empezó a revisarlos, les quitó sus teléfonos, carteras, que posteriormente le preguntó por el teléfono y que éste le había dicho que no tenía pero que le empezaron a tocar hasta sus partes íntimas para poderle ubicar si cargaba o no teléfono celular, que posteriormente lo pusieron en el piso con espalda, y vio que varios sujetos empezaron a introducir a sus demás compañeros, así como a ellos, de dos en dos al baño y que también vio que le quitaron un celular color azul con funda, así como uno que tenía con un protector de Dragon Ball, así como la cantidad de $500 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional. Entrevista de Ever Márquez Domínguez y/o Eve Morales Domínguez, quién dijo qué es gerente de Coppel, que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, él no se encontraba en las oficinas pero posteriormente se enteró de esos hechos que se habían suscitado en el centro de distribución, que se encuentra ubicado en la carretera federal tramo Cárdenas Coatzacoalcos, a la altura del puente de crucero conocido como Minerva, y fue cuando hablo con el señor Rubén Calderón Fernández para que le informará lo que le había sucedido, y llegó hasta dicho lugar donde ya se encontraban unas patrullas y ya habían asegurado el lugar. Entrevista de Erick Raúl de Dios Holan quién refirió que ese veintitrés de diciembre de dos mil veinte, no se encontraba en ese centro de distribución, que él es gerente de crédito y cobranza, pero que cuando él regreso derivado de que tuvo conocimiento de los hechos llegó a dicho lugar y vio que se encontraban patrullas, así como también vio y constató que hacía falta una cantidad de dinero, refiriendo que hacía falta el dinero de los días veintidós y veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, que esto suma la cantidad de $9,677 nueve mil seiscientos setenta y siete, refiriendo que por parte de la empresa Coppel es la cantidad de $8,777 ocho mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional y por el otro apartado de Bancoppel son $1500 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), refiriendo varios folios entre ellos se encuentran los folios 2432701, 24320526, 25320381, 24320221, 2432052, 24320556, 24320661, 24320709, 23070810, 24320313, así como el folio de bancoppel estableciendo ahí desde este momento que sí hubo un faltante de dinero por lo que hace a esta empresa Coppel. Finalmente, la inspección que realizó el perito Hernán Vidal de los Santos, en el lugar de los hechos donde precisamente apreció entre lo esencial que había unos lockers, unos cajones abiertos, escritorios, pasillos, sillas de escritorios, cajas, cajones y lockers, todo relacionado con la empresa Coppel, este dictamen da certeza sobre la existencia de ese lugar y los enseres que habían dentro del mismo que es un centro de distribución de la empresa agraviada. Medios de prueba a los que aceradamente la juez responsable concedió valor probatorio de indicio en términos de los artículos 259 y 265 del código Nacional de Procedimientos Penales. Datos de prueba de los que se obtiene que Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, fueron identificados como las personas que el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con veinte minutos, se introdujeron en el centro de distribución de la empresa Coppel sociedad anónima de capital variable, y quienes haciendo uso de violencia despojaron a las personas que ahí se encontraban de sus pertenencias, como fueron teléfonos celulares, mochilas y dinero en efectivo, así como quienes intentaban sustraer un tracto camión y un remolque que se encontraba en ese momento descargando mercancía en la empresa Coppel. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; Ahora bien, en cuanto al tema de que ese hecho la ley lo señale como delito, correctamente consideró la Juez responsable que con las conductas desplegadas por los quejosos se acreditaban hasta ese momento los delitos que se les imputan de Robo con violencia y en pandilla, y Robo de vehículo con violencia y en pandilla en su guarda; por lo tanto, consideró que son datos suficientes para tener por acreditado dicho hecho en términos que la fiscalía ha precisado, es decir en términos de los numerales, 175 fracciones II y IV, 180 y 71 del Código Penal para el estado de Tabasco; y 175 fracción IV, 179 fracción V, 180 y 71 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delito en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Respecto a la probabilidad de que Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez hayan participado en estos tres hechos que la ley señala como delitos de robo con violencia y en pandilla, y robo de vehículo con violencia y en pandilla. Esta probabilidad existe, dado que el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, los aquí quejosos llegaron al centro de distribución de la empresa Coppel la cual se encuentra ubicada en la carretera federal, en el tramo Cárdenas Comalcalco, a la altura del puente La Minerva, del municipio de Cárdenas, Tabasco, en una camioneta blanca, quienes portaban armas de fuego, y en cuanto se bajaron de la camioneta, les dijeron a las personas que se encontraban en el lugar que se trataba de un asalto y que les entregaran su pertenencias. Además, de que Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, fueron las personas que de acuerdo a la declaración de las víctimas, sometieron al personal de la empresa Coppel para que les entregaran sus pertenencias, y a quienes despojaron de teléfonos celulares, mochilas y dinero en efectivo. Así también, que uno de los aquí quejosos le puso una pistola en la cabeza al chofer de un tracto camión de la empresa Coppel que se encontraba descargando mercancía en ese momento y le pidió las llaves de dicho automotor con la finalidad de sustraerlo del lugar. Y, que cuando llegaron los policías al lugar de los hechos, los aquí quejosos se encontraban adentro del tracto camión de la empresa Coppel, en donde los detuvieron he hicieron el aseguramiento de diversos objetos y dinero en efectivo, dos armas de fuego tipo pistola y siete cartuchos sin especificar el calibre, los cuales tenían en posesión en ese momento las personas de nombres Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, quienes no pudieron justificar que hacían dentro del tracto camión de la empresa Coppel. Por lo anterior, es posible inferir la participación de los aquí quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Rodriguez, Trinidad Vázquez López Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, en los delitos de robo con violencia y en pandilla, y robo de vehículo con violencia y en pandilla, por existir los testimonios de los referidos testigos y víctimas en el lugar de los hechos, lo que hace presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 547/2020, que los impetrantes del amparo participaron en la comisión de los hechos delictivos investigados. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P 10a.. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P 10a., estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por los quejosos Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, estos resultan infundados por los motivos que a continuación se exponen: Dichos quejosos alegan que la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 547/2020, dictada por la Juez de Control de la Región Judicial Ocho, de Cárdenas, Tabasco, viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 inciso b fracción I, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque el auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 de la constitución política, pues los datos de prueba que arroja la carpeta de investigación, únicamente acreditan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mas no así que dichos datos sean idóneos para acreditar la probabilidad de que los quejosos hayan participado en el mismo. ahora, en párrafos que anteceden este juzgador hizo un análisis exhaustivo de los requisitos de forma y fondo, de acuerdo a los lineamientos de los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde quedó plenamente establecido que se acreditó la existencia de tres hechos que la ley señala como delitos, y que existía hasta ese momento la probabilidad de que los imputados lo cometieron y participaron en su comisión, pues de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, los aquí quejosos llegaron en una camioneta blanca al centro de distribución de la tienda Coppel, que se encuentra ubicado sobre la carretera federal tramo Cárdenas -Coatzacoalcos a la altura del puente del crucero conocido como Minerva de este municipio de Cárdenas Tabasco. Que dichos imputados se introdujeron en la bodega y despojaron a los empleados de sus pertenencias, de dinero, billeteras, y teléfonos celulares, como se desprende de las manifestaciones vertidas por cada una de las víctimas, así como también, que dicha conducta fue violenta pues les dijeron palabras obscenas, los golpearon, los encerraron en los baños de esa bodega, y dos de ellos portaban armas de fuego. Además, de que también pretendían apoderarse de un tracto camión de la tienda Coppel, pues le quitaron las llaves al chofer, lo golpearon, y finalmente fueron intersectados por los policías municipales cuando los imputados se encontraban moviendo las cajas de mercancía que se encontraban en el tracto camión, y también encontraron los objetos que habían despojado a las víctimas momentos antes, sin poder justificar ante dichos policías su presencia en el tracto camión de la tienda Coppel. Por tanto, este juzgador considera acertada la determinación de la juez de Control responsable, pues existen datos de prueba suficientes con los cuales acreditaron su participación en los hechos delictivos, cumpliéndose las exigencias establecidas en los artículos 19 constitucional y 313 y 316 del Condigo Nacional de Procedimientos Penales, pues no debe perderse de vista que nos encontramos ante el nuevo sistema de justicia penal, en donde únicamente es suficiente que exista un indicio y no que queden plenamente demostrados los elementos del tipo penal, pues hasta ese momento procesal quedó acreditado la probable responsabilidad de los inculpados, su participación y la comisión culposa de los mismos. Por todo lo anterior, se puede concluir que la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 547/2020, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la juez responsable expuso los motivos y fundamentos para llegar a esa determinación. Ilustra el sentido de lo expuesto, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Segunda Parte, Materia Común, foja 56, siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por los quejosos, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Cárdenas, Tabasco, como autoridad ejecutoria, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los vicios de ilegalidad que se atribuyó al acto por el cual se negó el amparo. Sustenta lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte 1, Enero- Junio de 1998, Página 357, Octava Época: AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a los terceros interesados Guillermo García Ramírez, Mizrain Aguirre Méndez, Rafael Rodríguez Córdoba,así como a los Fiscales del Ministerio Público, adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, Juan Pablo de la Cruz Urgell, Johana Azucena Fausto de Jesús y Rosa Leydi Hernández Sánchez, sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la celebración de la presente audiencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, la celebración de la presente audiencia no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio a los quejosos derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:" TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fernando Guzmán Gutiérrez, Jesús Alberto Landero Trujillo, Pablo Rodríguez Ramírez, Trinidad Vázquez López, Iván Sánchez Baeza, Roberto López de la Cruz y Hernán Enrique de los Santos Álvarez, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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