Fernando Gutiérrez Macal
Expediente 894/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/07/2019
Partes del expediente
- Fernando Gutiérrez Macal
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación anterior y advirtiéndose que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de once de julio de este año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Sin que sea el caso proveer al respecto, toda vez que no se advierten documentos que sea necesaria su devolución.
- Principal
Vista, la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el promovente de la demanda de amparo, no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de uno de julio del dos mil diecinueve. Al efecto se acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído; y en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 894/2019-V, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Indique el nombre y domicilio, correcto y actual de los terceros interesados, en el entendido que de conformidad con el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, tienen tal carácter. a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Y en caso de no conocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, ello a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. Establezca, con toda precisión a quien le recae el carácter de tercero interesado, esto es, la denominación correcta de su contraparte en el procedimiento laboral, ya que por el estado procesal, que aduce guarda el juicio de origen, es inconcuso que es esa cuestión pudiere estar bien determinada, o en su caso refiera la imposibilidad al respecto. Siendo así, deberá señalar correctamente, a quien le aduce el carácter del tercero interesado o la razón de imposibilidad de señalarlo. Lo anterior porque este órgano jurisdiccional tiene la obligación en su caso de emplazar a juicio a las partes. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio sustentado Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo. SEGUNDO: Precise a qué autoridad señala como responsable, porque es notorio, conforme al acto reclamado, que en términos del artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, podría haber otra vinculada con su actualización. TERCERO. Acto reclamado. Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que inmediatamente le causa perjuicio, esto es, dilación procesal en la emisión del proyecto o en el laudo del expediente laboral *** . Ello, toda vez que los actos reclamados deben ser inminentes y no de realización futura e incierta; además, fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. CUARTO. Refiera si ha promovido diversos juicios de amparo en relación con los actos reclamados y en caso de ser así, informe qué autoridades señaló como responsables, cuáles fueron los actos reclamados en éstos y precise todos y cada uno de los antecedentes de los mismos, pues resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional tras hacer la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que la parte quejosa se ha visto involucrado en otros juicios de amparo; de los cuales también deberá señalar los actos reclamados, autoridades responsables y antecedentes de los mismos APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, en términos del precepto 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indica por así haberlo solicitado. SOLICITUD DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos; se autoriza el uso de estos para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación con la documentación que se le proporciona se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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