Fernando Gutiérrez Godínez
Expediente 3545/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3545/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Fernando Gutiérrez Godínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO ESTADO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por la Presidente de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y Actuario Notificador adscrito a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al proveído de diez de enero del año en curos (fojas 58 y 59) remite copia certificada, completa y legible de la constancia de notificación a la parte actora -aquí quejosa- del laudo dictado en el expediente 66/2012/-H de su índice, documental que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, misma que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, revisadas que fueron las documentales remitidas por la responsable junto con su informe justificado, así como la recibida en líneas que anteceden, es dable advertir que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que los efectos del acto reclamado han cesado y, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite de este juicio. Se afirma lo anterior, en virtud que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se aprecia que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que el juzgador, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por los peticionarios de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además, dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juzgador a esperar la data señalada para la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de garantías, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77 de la ley de la materia; como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En el caso en concreto, el quejoso promovió esta instancia constitucional, en razón de la omisión por parte de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de emitir proyecto de laudo y notificar oportunamente el mismo ello en el expediente del juicio laboral 667/2012-H de su índice; ahora bien, la autoridad responsable al comunicado por el que rindió su informe, anexó copia certificada del proyecto de laudo emitido el catorce de julio de dos mil diecisiete, así como de la audiencia de discusión y votación de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se aprobó por unanimidad el proyecto y se elevó a la categoría de laudo; además, adjunto al oficio de cuenta acompaño copia certificada, de la constancia de notificación a la parte actora -aquí quejosa- del laudo citado, cuya omisión de resolver así como la falta de la notificación respectiva, señaló como acto reclamado el solicitante de amparo en esta instancia judicial; por lo que resulta evidente que ya cesaron los efectos del acto reclamado; medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por ser documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, sin duda alguna es válido concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por el acto de autoridad. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por tanto, se insiste, ya no ocasiona agravio alguno al quejoso; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VI, Noviembre de 1997, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En razón de todo lo expuesto, se sobresee en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley; déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las trece horas con diez minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciocho (folio 24 vuelta). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/fgm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo número ********************un tomo del mismo, un cuaderno de pruebas y cuatro sobres, los cuales se le enviaron para que dictara la sentencia respectiva, en términos del Acuerdo General 27/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 54/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, en concordancia con el oficio STCCNO/1250/2016, de doce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, como lo ordena el citado acuerdo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero. Acúsese el recibo correspondiente y agréguese al presente asunto el cuaderno de antecedentes formado. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio que remite la Presidenta Especial de Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual se le tiene rindiendo su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su naturaleza la prueba documental que acompaña, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Relaciónese en la audiencia constitucional. Por otra parte, atento a lo que dispone el artículo 75 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad indicada en líneas que anteceden efecto de que dentro del término de tres días, legalmente computados, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, remita copia certificada, completa y legible de la constancia de notificación a la parte actora -aquí quejosa- del laudo dictado en el expediente 667/2012/-H de su índice. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, febrero 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/cjta
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes
- Fernando Guerra Cisneros1106/2015
- Fernando Gútiérrez Barrón797/2018
- Fernando Gutiérrez Barrón3088/2017
- Fernando Gutierrez Barron1510/2023
- Fernando Gutiérrez Barrón2708/2018
- Fernando Gutiérrez Barrón463/2017
- Fernando Gutiérrez Godínez2645/2014
- Fernando Gutiérrez Godínez2474/2019
- Fernando Gutiérrez Santacruz90/2023
- Fernando Gutiérrez Santacruz3612/2018
- Fernando Gutiérrez Santillan1791/2015
- Fernando Gutiérrez Santillan2260/2017