Fernando Guillen López

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
36
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Fernando Guillen López
  • Luis Fernando Guillen Grey

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa y tercera interesada, no se inconformaron en contra del proveído dictado el ocho de agosto del año en curso (fojas 287 a 291), en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido. En consecuencia, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En el entendido, que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, por ubicarse el presente asunto, en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero, del Acuerdo General en comento. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que por proveído de tres de mayo del año en curso (foja 254), se ordenó dar vista a las partes con el contenido de la documental remitida por la autoridad responsable mediante oficio 937/2019 (fojas 212 a 252), por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio de amparo; plazo dentro del cual ninguna de las partes desahogó la vista ordenada. Por consiguiente, este órgano de control constitucional, procede a resolver, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el invocado artículo 196 de la Ley de la Ley de Amparo. Mediante sentencia engrosada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 187 a 198), este Juzgado Federal determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Fernando Guillen López, para los siguientes efectos: "1. La responsable Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, deje sin efecto el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente familiar 229/2018 del índice de dicho juzgado. 2. Enseguida, dicte un nuevo auto en el que subsane únicamente la parte relativa a la determinación del porcentaje (del sesenta por ciento), fijado como pensión alimenticia provisional para Selene Soledad Grey Camarillo y sus menores hijos Luis Fernando y Cameron Solé ambos de apellidos Guillen Grey, respecto del sueldo del demandado Fernando Guillen Lopez, y de insistir en este porcentaje funde y motive dicha determinación". En consecuencia, atendiendo a dicha ejecutoria, el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, mediante oficio 937/2019 (foja 212), remitió copia certificada del acuerdo de treinta de abril del año en curso (fojas 214 a 221), en el que sustentó su decisión respecto a la pensión alimenticia provisional concedida a favor de las terceras interesadas, en los siguientes términos: ".se procede a enunciar que este juzgador deja sin efecto el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el presente expediente 229/2018 procediéndose a dictar un nuevo auto en el que se subsane únicamente la parte relativa a la determinación del porcentaje del sesenta por ciento fijado como pensión provisional. (.) Por otra parte en cuanto a la medida provisional que solicita la ocursante, tomando en consideración que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes los demandan o de aquellos en cuya representación se exige, mientras de (sic) dicta sentencia definitiva, aunado a la facultad que concede a esta autoridad el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado para fijar a petición del acreedor y sin audiencia del deudor, una pensión alimenticia mientras se resuelve el juicio, por ello, al encontrarse acreditado el entronque familiar existente entre el demandado con la accionante y con los hijos menores de edad, con las documentales expedidas por el Registro Civil detallada en líneas que anteceden, así como en forma presuncional la capacidad económica del deudor alimentario con el dicho de la accionante, aunado a la presunción legal existente a favor de los infantes de su estado de necesidad, dado que se supone que su (sic) minoría de edad no cuenta con ingresos propios ni con la capacidad suficiente para procurárselos por sí misma, es por ello, que tomando en cuenta que se trata de tres acreedores alimentarios se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a su favor el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO, correspondiéndoles a la actora Selene Grey Camarillo por propio derecho un quince por ciento y un veinte a cada menor del salario que en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo se le entrega al demandado, por su trabajo, exceptuándose viáticos y gastos de representación mismos que no constituyen un ingreso al patrimonio de dicho demandado; en consecuencia, se ordena con los insertos requeridos de ley... (.) Por tanto, si desde que se presenta una demanda se solicita, en favor de un menor de edad, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico valido que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión de alimentos tomando como base la presentación de dicha demanda, independientemente de que en el auto que la admita no se decrete en contra del demandado una pensión alimenticia provisional y que esa resolución se hubiese consentido, porque no se impugnó oportunamente, en tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a esta cuestión meramente formal, que a la concreción liquida del derecho de un menor a recibir alimentos, establecido en una sentencia firme, si tal pronunciamiento puede realizarse en la resolución definitiva del incidente, en la que se comprendan los alimentos adecuados desde que se presentó la demanda referida y los que se sigan venciendo hasta la fecha en que el menor ya no los necesite, o se declare la cancelación o suspensión del derecho a recibirlos. En esta postura encuentra plena justificación, en la medida de que el derecho a recibir alimentos comprende un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que ese derecho resulte nugatorio. De igual forma aunque documentos internacionales como la convención sobre los Derechos de los Niños en sus artículos 3, 4, 6, 18 y 27; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículos 1, 19 y 26 y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias en sus artículo 4, 5, 6 y 7, no contiene en específico, una disposición o condición de aplicación por adecuación inmediata, que disponga que en los juicios de filiación o paternidad, en que algún menor sea actor, se decretara como medida provisional el pago de los alimentos provisorios; y tampoco se dispone que será procedente la medida cautelar en esa clase de juicios, cuando en el procedimiento se desahogue la prueba pericial y su resultado positivo permita tener probado el lazo filial de manera presuntiva, antes del dictado de la sentencia. Sin embargo, dichos documentos internacionales contienen principios y directrices protectores, como los que señalan: consideración primordial basada en el interés superior del menor; los Estados le asegurarán la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y cumplirán las normas protectoras; buscaran la efectividad de sus derechos hasta el máximo, como los inherentes a su supervivencia, en un nivel de vida adecuado para su desarrollo; que tomaran todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de los alimentos; que es derecho del menor gozar de medidas de protección que su condición requiere; que toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación; y que las decisiones en tal sentido, no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor de alimentos, conforme al ordenamiento jurídico interno, los que obligan a los Estados y a sus autoridades, como a los Jueces, a actuar de una manera especial a favor de los niños, lo que se consigue mediante la aplicación de dichos principios observándolos a la luz del régimen interno. Así el juzgador, atento a ellos y a los principios internos de interpretación conforme y pro homine, en términos de los artículos 1° y 4°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiar la interpretación de las normas más favorables a favor de los menores, eligiendo aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto por la Constitución, y actué de una manera más protectora de su intereses, interpretando y argumentando con base en principios, para lograr la efectividad de los derechos fundamentales, frente al vacío legal". Como ya se expuso en la sentencia emitida en este juicio de amparo, se determinó que la autoridad responsable, debería dejar sin efecto el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente familiar 229/2018 de su índice y dictar un nuevo auto en el que subsanara únicamente la parte relativa a la determinación del porcentaje (del sesenta por ciento), fijado como pensión alimenticia provisional para Selene Soledad Grey Camarillo y sus menores hijos Luis Fernando y Cameron Solé ambos de apellidos Guillen Grey, respecto del sueldo del demandado Fernando Guillen Lopez, y de insistir en este porcentaje funde y motive dicha determinación. Así las cosas, se advierte que la responsable hizo del conocimiento del demandado las razones parciales en que basó su determinación de fijar como pensión alimenticia, el cincuenta y cinco por ciento; correspondiendo a la actora Selene Grey Camarillo un quince por ciento y un veinte por ciento a cada menor, del salario que en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo se le entrega al demandado, por su trabajo, exceptuando viáticos y gastos de representación porque no constituyen un ingreso al patrimonio de dicho demandado. Como ya se señaló, sus argumentos solo sustentan lo relativo al porcentaje señalado para las menores de edad, mas no hace referencia, al porqué del porcentaje otorgado a la madre de las menores, esto es, porqué le corresponde pensión, cuales son los datos en los que funda su decisión, atendiendo que soló quitó un cinco por ciento del porcentaje señalado en primer término, sin fundar y motivar tal determinación. En consecuencia de lo anterior, a fin de evitar mayor dilación en el cumplimiento de la sentencia dictada en este expediente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio con auto inserto de este proveído, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la legal notificación de este acuerdo, de cumplimiento en su totalidad con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Asimismo, dentro del mismo plazo lo haga del conocimiento de este Tribunal; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, con fundamento en el citado artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, vigente a partir del uno de febrero de este propio año; de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, en términos del precepto legal citado en último término.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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