Fernando Guerra Guerra

Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
777/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Fernando Guerra Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Cuarta de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita le sea informado si este juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 777/2022-VA, a fin de poder continuar con el trámite de su expediente 812/2022. Informes. Como lo solicita, infórmese a la autoridad federal mediante oficio con transcripción del presente proveído, que este juzgado se avocó al conocimiento del precitado juicio de amparo 777/2022-VA, toda vez que no se insistió con el returno planteado; lo que se informa para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de esta ciudad, mediante el cual informa que al resolver el impedimento civil 2/2022, planteado por el titular de este Juzgado Primero de Distrito en Laguna, calificó de legal el mismo, y lo eximió de conocer del asunto en cuestión, acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho impedimento, la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento formulado por el Juez Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto expediente 777/2022 de su índice, por los motivos precisados en el considerando último de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena remitir el referido juicio de amparo indirecto expediente 777/2022 de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, también residente en esta ciudad, a fin de que sea turnado al Juzgado de Distrito en La Laguna que corresponda, con excepción del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, para que se avoque al conocimiento y la resolución de este juicio de ampro indirecto". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de junio de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual informa que en proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el impedimento planteado por este juzgador, quedando registrado con el número de impedimento 2/2022 de su índice. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de junio de dos mil veintidós. Oficio. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que no acepta el returno planteado por este juzgado, virtud a que considera que el antecedente inmediato lo tiene el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, por ello devuelve la demanda de amparo promovida por Fernando Guerra Guerra, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, con residencia en la ciudad capital del mismo nombre y otra autoridad. No se insiste. En tales condiciones, este juzgado no insiste por el momento con el returno de la demanda, por lo que infórmese dicha cuestión al Juez homologo, para los efectos legales conducentes. Impedimento. Ahora bien, se continua con el trámite correspondiente de la demanda de amparo Fernando Guerra Guerra, y al respecto este juzgado advierte la actualización de la causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo. Lo anterior, con motivo de la relación laboral existente entre el suscrito juzgador y la licenciada Patricia Elizabeth Guerra Soto, actuaria adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, respecto de quien el quejoso Fernando Guerra Guerra es progenitor de ésta última, lo que constituye "un elemento objetivo" que deriva en el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Ese precepto constitucional establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Tal numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; y (IV) imparcial. Específicamente, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, "que no dé lugar" a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así, se estima, la tutela judicial efectiva no sólo está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación. Además, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Por tanto, la imparcialidad del juzgador es una de las características insoslayables que debe revestir a los juzgadores en el ejercicio de su función jurisdiccional. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, libro V, febrero de 2012, tomo 1, página 460, que dispone lo siguiente: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, como se ve del contenido de la jurisprudencia número 2ª./J.192/2017, transcrita en líneas que anteceden. De lo expuesto, se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, a fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el artículo 17 constitucional. En ese sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. Por su parte, el artículo 51 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y "VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." Ahora bien, las hipótesis de impedimento previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, tienen por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, esto es, asegurar que el impartidor de justicia no se decante de ningún modo en favor de alguna de las partes, en aras de salvaguardar el derecho humano reconocido en el numeral 17 de la Constitución Federal. En el caso, como ya se expuso, el quejoso Fernando Guerra Guerra es progenitor de la licenciada Patricia Elizabeth Guerra Soto -esto se sabe por el dicho expreso de ésta última-, quien desempeña el cargo de actuaria de base en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, razón por la cual, ante la relación cotidiana de trabajo y profesional, el titular de este órgano jurisdiccional, como con el resto de los colaboradores, le ha tomado un afecto significativo, el cual, se estima, podría afectar la objetividad en el pronunciamiento del fallo en este juicio de amparo en el que su padre es quejoso, pues la relación laboral con la hija de éste, al prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional del suscrito juzgador, constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable para inhibirse a conocer del presente asunto. Además, la controversia planteada se encuentra vincula con el desempeño de las actividades laborales de la citada funcionaria federal, pues su progenitor Fernando Guerra Guerra, en calidad de quejoso, por sí, y representación de los demás peticionarios del amparo, el veinte de agosto de dos mil veinte, presentó escrito ante este juzgado federal en el que designó como su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Luis Eduardo Hernández Arellano, quien por el dicho de la licenciada Patricia Elizabeth Guerra Soto, se sabe es su esposo, lo que incluso evitaría suspicacias con el recto desempeño en la labores jurisdiccionales tanto de ésta, como del suscrito juzgador, y que como es lógico, impactan en la objetividad del pronunciamiento del fallo que, en su caso, llegue a dictarse. Por tanto, resulta adecuado por ética y mandato legal que el suscrito juzgador se declare impedido legalmente para continuar con la substanciación y resolver el presente juicio de amparo, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Máxime, que la labor del suscrito titular de este órgano jurisdiccional debe distinguirse por la templanza, por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar el presente asunto, y es precisamente las circunstancia antes precisadas las que ponen en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 16/2020 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 76, marzo de 2020, tomo I, página 530, que señala lo siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso." Asimismo, se cita por ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, materia común, página 3180, Novena Época, que dispone: "IMPEDIMENTO. SI EL JUZGADOR RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SU IMPARCIALIDAD ESTARÍA AFECTADA AL RESOLVER EL ASUNTO, ELLO BASTA PARA EXAMINARLO. La formulación del impedimento tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad en el proceso exigida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es inconcuso que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto, tal aspecto basta para examinarlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial". En tales condiciones, con la finalidad de resguardar en forma absoluta el principio de imparcialidad en la administración de justicia en el presente asunto, conforme a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, el cual consiste en la neutralidad que se debe presentar entre quien solicita la tutela jurídica y respecto de aquél que la imparte, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, con la atenta solicitud de que califique el planteamiento del presente impedimento para conocer de este asunto, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Amparo. Sin que se realice pronunciamiento de la suspensión al no haberse solicitado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los Libros de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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