Fernando Gudiño Cerón

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Fernando Gudiño Cerón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 747/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; al quejoso por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el ordinal 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos la comparecencia del quejoso Fernando Gudiño Cerón; por medio del cual, en cumplimiento al auto de diecisiete de agosto del año en curso, ratifica el contenido y firma de su escrito registrado con el número de folio 9285, de dieciséis de agosto último. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento efectuado en autos; por tanto, se provee lo conducente respecto del ocurso aludido, en donde el quejoso Fernando Gudiño Cerón, da cumplimiento al acuerdo de cinco de agosto de este año, toda vez que manifiesta la protesta de decir verdad de los antecedentes que reseñó en su demanda de amparo. En ese sentido, vista de nueva cuenta la demanda de amparo, promovida por Fernando Gudiño Cerón, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, y su escrito aclaratorio, este Juzgado analizara por ser preferente su estudio, la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, Página 1631, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Así como en la de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, Página 803, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En el caso la parte quejosa, señala como actos reclamados en esencia: El auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez responsable, en el juicio de cesación de pensión alimenticia 344/2021, de su índice, en el que proveyó que no era procedente la petición del quejoso, toda vez que no se ajustaba a lo establecido en el numeral 1.52, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para que se excusara de seguir conociendo del asunto y lo previno para que se abstuviera de instar promociones frívolas e improcedentes; y, La resolución interlocutoria de catorce de julio de este año, a través de la cual, la Juez del conocimiento, declaró improcedente el medio de impugnación en contra del acuerdo de veinticinco de junio último. Así pues, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la Jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es "EJECUCIÓN IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Luego entonces, en el presente asunto los actos reclamados se hacen consistir en el auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez responsable, en el juicio de cesación de pensión alimenticia 344/2021, de su índice, en el que proveyó que no era procedente la petición del quejoso, toda vez que no se ajustaba a lo establecido en el numeral 1.52, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para que se excusara de seguir conociendo del asunto y lo previno para que se abstuviera de instar promociones frívolas e improcedentes; y, la resolución interlocutoria de catorce de julio de este año, a través de la cual, la Juez del conocimiento, declaró improcedente el medio de impugnación en contra del acuerdo de veinticinco de junio último. En ese sentido, dichos reclamos no constituyen un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en la sentencia; esto es, al resolverse el juicio de cesación de pensión alimenticia 344/2021; pero sólo en el supuesto de que la determinación dictada le sea adversa al interés del quejoso, de manera que mientras está no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Se reitera lo anterior, tomando en consideración que de los antecedentes de la demanda de amparo se desprende, que: 1. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso promovió juicio de cesación de pensión alimenticia en contra de María Lorena Rivadeneyra Herrera, y Brayan Andrés y Aneth Sullely, ambos de apellidos Gudiño Rivadeneyra, demanda que fue radicada por la Juez Primero de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, con el número de expediente 344/2021. 2. Una vez emplazada la parte demandada al asunto, el veintidós de abril de este año, el Juzgado natural, tuvo por contestada la demanda de María Lorena Rivadeneyra Herrera, y Brayan Andrés y Aneth Sullely, ambos de apellidos Gudiño Rivadeneyra, y señaló las diez horas con treinta minutos del día veintidós de junio de dos mil veintiuno, para la audiencia principal. 3. El veintidós de junio de esta anualidad, tuvo verificativo la audiencia principal, con presencia de las partes (actor y demandados) en donde el demandado Brayan Andrés Gudiño Rivadeneyra, no contaba con identificación y fue prevenido por la Juez de origen, para que en el plazo de tres días legalmente computados, acreditara su personalidad; además, señala el quejoso, que la Juez les manifestó que antes de iniciar la audiencia quería platicar con ellos, para verificar si les asistía o no el derecho de la pensión alimenticia, en donde cuestionó a las partes, sin que diera por iniciada la actuación, en donde les expreso que como padres deben ser justos con los hijos, dejándole la impresión de que sirve acudir aún juzgado para que resuelva conforme a derecho, sí quiere que siga pagando la pensión que no es acorde con el grado escolar de sus hijos y que su ex pareja iba a recibir pensión hasta el año dos mil veintiocho; señala que su abogada le hizo del conocimiento de la Juez, que sus hijos ya trabajaban, a lo cual, les contestó, que lo debían demostrar con documentos porque con testimonios no iba a cancelar la pensión y le solicitó a los demandados que aportaran más medios probatorios, a lo cual, refutó su abogada que el periodo probatorio había fenecido. Por lo anterior, es que el quejoso, señala primero, que la Juez fijó la fecha para la audiencia principal fuera del plazo que prevé la ley; en segundo lugar, externo sus opiniones sobre las resultas del juicio sin atender las reglas procesales, y ser tajante en manifestar que no había pruebas para resolver en definitiva el asunto, cometiendo la violación procesal de no haber grabado la audiencia principal, lo cual, es un principio del procedimiento. 4. Con motivo de lo anterior, el quejoso promovió ante la Juez, el veinticuatro de junio de este año, que dejará de conocer del asunto y se excusara del mismo, aunado de que en ese mismo órgano existan dos titulares. 5. Por auto de veintiuno de junio de los corrientes, la Juez responsable, acordó que no era procedente su petición, en razón de que no se ajustaba a lo establecido en el numeral 1.52, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para que se excusara de seguir conociendo del asunto y lo previno para que se abstuviera de instar promociones frívolas e improcedentes (acto reclamado). 6. Inconforme con este auto, el quejoso interpuso recurso de revocación el veintinueve de junio último, donde expuso las violaciones procesales en las que incurrió en el juicio la responsable. 7. El treinta de junio de dos mil veintiuno, fue admitido su medio de impugnación por la Juez primigenia, y una vez sustanciado, el catorce de julio de este año, dictó sentencia interlocutoria, en la que determinó improcedente su recurso y confirmó el acuerdo de veintiuno de junio de esta anualidad (acto reclamado). En este sentido, los actos reclamados no reúnen las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación; ello, es así, dado que si bien la Juez del conocimiento no se excusó de seguir conociendo el asunto, por no estar en alguno de los supuestos que prevé el numeral 1.52, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no implica necesariamente que habrá de materializarse una parcialidad en alguna de las partes, en tanto, que si obtiene sentencia favorable en sus intereses el quejoso, en cuanto al fondo del asunto, las violaciones y los posibles perjuicios quedarían reparados con la aludida resolución definitiva. Aunado a ello, en caso de ser contraria la determinación que adopte la Juez, está en posibilidad en su oportunidad de reclamar las violaciones al procedimiento que considere pertinentes, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, a lo anterior, la tesis 626, publicada en la página 569, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así como, la jurisprudencia número 1a./J. 115/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 22, registro digital 167797, que esgrime: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad." Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por Fernando Gudiño Cerón, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México. Notifíquese; personalmente por lista al quejoso, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el escrito registrado con el número de promoción 9285, correspondiente al juicio de amparo 747/2021-II. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito presuntamente por el quejoso -------------; por medio del cual, pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno. En atención a su contenido, y en razón a que la firma que calza dicho líbelo difiere ostensiblemente de la que obra en el escrito inicial de demanda; por lo cual, se requiere a dicho promovente para que comparezca en el local de este órgano de justicia federal, con identificación oficial con fotografía y vigente, a efecto de reconocer el contenido y firma de su ocurso de cuenta. Ahora, de conformidad con los numerales 3 y 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, este Juzgador generó la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que el quejoso ------------, acuda a este órgano jurisdiccional a desahogar el requerimiento inserto; por lo que se generó el Código QR con número de folio 91586/2021, para que pueda ingresar a este órgano jurisdiccional, el cual se dejará en el acceso del edificio; lo anterior, toda vez que la parte quejosa tiene como domicilio las listas de este Juzgado, en el entendido que sólo podrán ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. En consecuencia, se apercibe al promovente, para el caso de no comparecer a ratificar el escrito de cuenta, el día y hora antes precisados, se tendrá por no presentado el mismo. Se hace del conocimiento al quejoso y en su caso a quien la acompañe, que deberán adoptar las medidas de distanciamiento social tomadas con motivo de la contingencia que acontece en el país; y, que este Juzgado Federal cuenta con facultades para ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia; ello, con la finalidad de corroborar la autenticidad de la demanda presentada ante este órgano jurisdiccional, debido a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público. Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 1234, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que esgrime: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES.". Asimismo, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 247, del Código Penal Federal, a quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, se le impondrá de dos a seis años de prisión. Y, que de los artículos 248 y 261, de la Ley de Amparo, se advierte que al quejoso, a su defensa o terceros interesados, que afirmen hechos falsos, omitan los que le consten en relación con el acto reclamado o presenten documentos falsos, se les impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa que va desde de treinta a quinientos días. Notifíquese; a la parte quejosa por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 747/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114, de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que, dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta, no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2. Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, consistentes en: "ARTÍCULO 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, 65 contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, 66 deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, 67 se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 3. Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 5. Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110, de la Ley de Amparo. 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110, 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Fernando Gudiño Cerón, para que, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Deberá formular la protesta de decir verdad, respecto de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Pues, omitió señalar expresamente que rinde la protesta de decir verdad, respecto de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto que reclama en esta instancia constitucional. Aporta sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/99 de la Novena Época sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999, visible en la página 32, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". II. Asimismo, deberá exhibir seis copias de su escrito de desahogo, con el fin de correr traslado a cada una de las partes. Ello, puesto que son necesarias las copias mencionadas, a fin de correr traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, dos para los terceros interesados y dos para los cuadernos incidentales. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110, de la Ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Apoya lo anterior la Jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinticinco, tomo XIII, abril dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." Y, por analogía la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento con los requerimientos antes precisados, dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista de este Juzgado Federal, por así haberlo designado. De igual manera, se tiene al quejoso proporcionando el correo electrónico lic.beth44@outlook.es, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. Con apoyo en el numeral 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados del quejoso, a ****, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que señala en su escrito de demanda, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el ordinal citado, ya que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte promovente, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de servicios jurisdiccionales en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente por lista a la parte quejosa, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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