Fernando Gonzalez Mora

Expediente 668/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
668/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Fernando Gonzalez Mora

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto en donde se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Se agrega el oficio con anexo de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, por el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de la resolución dictada dentro del toca de ++ de su índice Ahora, del estado procesal del expediente, se advierte que en la demanda de protección de derechos +++ señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar la sentencia correspondiente al toca de apelación +++ de su índice. Entonces, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones La Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, dictó la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dentro del toca ++ relativo al recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y sentenciado ++ dentro del proceso + iniciado contra el antes mencionado por la comisión del delito de robo de vehículo agravado, cometido en perjuicio de la persona moral tercera interesada denominada +++ Resolución en la que determinó modificar el segundo punto definitorio y el considerando que lo rige del fallo de primer grado combatido y confirmar los restantes actos combatidos. Lo cual notificó al abogado del quejoso, tal como se advierte de la constancia de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 65 vuelta). De donde se sigue que se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, como si los actos lesivos nunca hubiesen existido, al haber cesado sus efectos de la omisión señalada como acto reclamado en la demanda inicial, y de esa manera, es inconcuso que se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada. Pues la omisión de dictar la resolución correspondiente del toca ++ acto del cual se duele la parte quejosa, tal como se ha expuesto, ya fue subsanada. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia cuyo rubro es "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación de la materia, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto omisivo antes precisado que se desprende de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional: diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Por lo anterior, resulta innecesario proveer respecto al emplazamiento de la persona moral tercera interesada +++ tal como se acordó en proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, se hace de conocimiento a las partes el contenido de este proveído anótese lo procedente en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de quince días rinda su informe justificado, lo cual le fue notificado el treinta de julio de dos mil dieciocho, fecha en la que reanudaron sus labores por periodo vacacional; por lo que a la fecha transcurre el plazo otorgado. Por tanto, para dar oportunidad a la llegada del informe justificado o a que transcurra el plazo otorgado para ello, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, para su celebración. Además, se recibe el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que informa que la persona moral denominada ///, pudiera tener el carácter de tercera interesada y remite copias certificadas de constancias que obran dentro del toca ///, de su índice. Luego, de dichas constancias se desprende la imposibilidad que se ha tenido para emplazar a dicha persona moral, en tales condiciones, se reserva acordar lo conducente respecto al emplazamiento de la persona moral tercera interesada, hasta que obre el informe justificado y las documentales que en su apoyo remita la autoridad responsable, de las que pudiera advertirse el domicilio correcto y actual de la parte tercera interesada. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Por ello, a fin de integrar debidamente el presente asunto, se instruye al actuario encargado del presente expediente para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido y le notifique el acuerdo admisorio de dieciséis de julio de dos mil dieciocho y el presente proveído.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección promovida por ++++, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debido a que la demanda cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Se deja de tramitar incidente de suspensión, pues el promovente omitió solicitarlo de manera expresa; y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y de la demanda de protección. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo; para ello deberá remitirse copia simple de la demanda. Se hace notar a la responsable: su informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo cual habrá de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberá manifestar si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó este. Por otra parte, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días , contados a partir de su legal notificación, proporcionen el nombre y domicilio de las personas a quienes les pueda asistir el carácter de terceros interesados, para ello deberá remitir las constancias de donde se desprende tal información. Se le apercibe que en caso de ser omisa en dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículo 237, fracción I, y 244 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De ser cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de las personas que en su caso, sean ofendidos o víctimas, en su carácter de terceros interesados, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente. También se hace saber a la responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe: en caso de que la autoridad señalada como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se dejará de tener como tal y se suspenderá toda comunicación con ésta. Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo. Para ello deberá firmar en el espacio correspondiente a su cargo, el cual se encuentra al final de la minuta glosada para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión, se deberá asentar razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado solicitante. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos a quienes se encomienda la revisión, tramitación y captura de este expediente: verificar y cuidar los traslados, así como los oficios de referencia y firmar en el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable, que en el presente juicio sólo le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias para acreditarlo. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y quedan autorizadas para los mismos efectos e imponerse de los autos las personas nombradas por aquél porque omitió conferirles en forma expresa los términos amplios del artículo 12 de la citada legislación. También se hace saber a la parte quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías del expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada existente en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información clasificada como reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, deberán sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa del solicitante, y las obtenidas serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por otra parte, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondiente a la denominación de la autoridad responsable y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la cual va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita)

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