FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 2034/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2034/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Fernando González González
  • Aaron Ucan
  • FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI.- Visto el estado de los autos, agréguese el escrito de *** quien se ostenta representante de ***, Asociación Civil, mediante el cual cumple con la prevención que se le hizo en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, y acredita su personalidad en los términos que le fue requerido. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por *** quien se ostenta representante de ***, Asociación Civil, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán, y otra autoridad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por los motivos que se expondrán. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". Asimismo, el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Sobre el tema de los intereses jurídico y legítimo, existen los criterios siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así pues, para que exista un interés legítimo, se insiste, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Aquí, los demandantes se encuentran en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En síntesis, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que la parte quejosa acude a este juicio con un interés simple, más no con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que le atribuye al Congreso y Gobernador ambos del Estado de Yucatán. Lo anterior es así, pues acude en representación de las mujeres en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, específicamente los vinculados al ejercicio de una maternidad deseada, a reclamar la aprobación, promulgación y publicación de los artículos 1, 2 fracciones II, V y VII, 3, 11, 13 y 15 de la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán, respecto a la protección de la maternidad, en la que manifiesta una violación al derecho de autonomía reproductiva, señalando que tal regulación omite cualquier referencia de proteger la decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo cuando éste se de en determinadas circunstancias, y que las normas no brindan información objetiva para que las mujeres tomen decisiones sobre sus procesos reproductivos. Ahora bien, se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada, porque el interés con el que acude al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema de maternidad deseada e interrupción del embarazo, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para la quejosa, por lo que, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta de los gobernados por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Dicho de otro modo, no se advierte que la parte promovente haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán, concretamente los artículos 1, 2 fracciones II, V y VII, 3, 11, 13 y 15, pues únicamente se aprecia que aduce que con motivo de dicha norma las autoridades responsables violan el derecho de autonomía reproductiva de las mujeres, a la información y a la no discriminación, pues refiere que tales disposiciones proyectan de forma indirecta una obligación a cargo de las mujeres de llevar a término el embarazo que cursan, al señalar la noción de "persona" basada en información no objetiva ni científica. Lo anterior permite constatar, que si bien la parte quejosa acude a esta instancia alegando un interés legítimo, sin embargo, únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano que tiene un interés simple en relación a la maternidad deseada. Así, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, la parte promovente solamente acredita su interés en preservar una autonomía reproductiva y maternidad deseada; sin embargo, no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en comento. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA VI.- Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito de ***, autorizado en términos amplios de la sociedad quejosa *** S.A. DE C.V., mediante el cual informa que las autoridades responsables no han cumplido a cabalidad con la suspensión definitiva otorgada según el testimonio de la resolución pronunciada en el toca 90/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la resolución incidental de nueve de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, mediante oficio que se les gire con copia del escrito de la parte quejosa y el testimonio de referencia, requiérase a las responsables para que en el término de TRES DÍAS, den cumplimiento a la suspensión definitiva y comuniquen vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que lo realicen, con el apercibimiento que de no cumplir con ello se les impondrá una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita. Asimismo, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudieran cometer a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia. Finalmente, en cuanto a su solicitud de que se le hagan efectivos los apercibimientos a MANUEL SOLIZ GARCIA, perito de la autoridad responsable, toda vez que no ha dado cumplimiento al acuerdo de diecisiete de septiembre del año en curso, dictado en autos del expediente principal; hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá dirigir dicha petición al expediente principal, toda vez que este incidente de suspensión se tramita por cuerda separada.

  3. Principal

    MESA IV.- Toda vez que mediante oficio OF.SEADS/1059/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno se comunicó a este órgano jurisdiccional que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la suscrita Jueza Socorro del Carmen Díaz Urrutia como titular de este Juzgado, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha para su verificativo las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    MESA IV.- Agréguese el oficio de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, requiérase al Delegado del Registro agrario Nacional en el Estado de Yucatán, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído comunique a este Juzgado de Distrito, los actos posteriores que haya realizado al oficio de cuenta, remitiéndole al efecto copia del mismo y además solicítese a esa autoridad anexe las constancias conducentes para acreditar lo anterior; apercibida...

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