Fernando Gomez Flores

Expediente 432/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
432/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2016

Partes del expediente

  • Fernando Gomez Flores
  • Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase por recibida la pieza postal signada por la Administradora de Correos del Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal en Toluca, Estado de México, por medio de la cual devuelve el oficio 20751/2016, dirigido a la autoridad: "Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria", de la cual se desprende la leyenda "Devuélvase, Cambio de domicilio."(sic). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano federal a efecto de reenviar por correo acelerado "Mexpost" el oficio que se cita en el párrafo que antecede a la autoridad mencionada en el domicilio que señaló al rendir su informe justificado (foja 201, vuelta), a fin de que no sea devuelto de nueva cuenta. Por otra parte, la certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de diecisiete de junio de la anualidad que se cursa (fojas 350 a 361), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 432/2016-V; promovido por Fernando Gómez Flores, contra actos del Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Fernando Gómez Flores, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES: - Agente del Ministerio Público del Primer Turno de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. - Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. - Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. - Fiscal de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (Ofelia Esperanza Cruz Montañez). - Procuraduría de Protección al Ambiente. - Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. - Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Actos reclamados: - El aseguramiento del inmueble ubicado en Boulevard Salvador Díaz Mirón, número 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, y el cateo realizado en el mismo. - La negativa de dar información y acceso a la carpeta de investigación número 595220360267615, iniciada como consecuencia del aseguramiento del inmueble ya referido con anterioridad. - La negativa a darle trámite a la investigación y recabar los datos de prueba para resolver la situación jurídica derivada de la carpeta de investigación 595220360267615. - La orden y ejecución de visita de inspección de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, relativa al expediente número PROPAEM/TOL/0188/2015, realizada en el local comercial ostentado por el quejoso. - La orden de visita de verificación número DGC/106/142/15, la ejecución de dicha orden, así como la suspensión temporal de veinticuatro de septiembre de dos mil quince en el negocio que el quejoso dice ser de su propiedad. - El oficio 110-04-04-00-00-2015-973, mismo que contiene la orden de Visita Domiciliaria número CVD1900202/15, de veintitrés de septiembre de dos mil quince." SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 1606/2015-VIII, por auto de dieciséis de octubre de dos mil quince (fojas 22 a 25), se formuló una prevención a la parte quejosa, misma que fuera desahogada a través del escrito recibido el veintiuno de octubre siguiente (foja 29), ratificado mediante comparecencia de veintitrés de octubre del año próximo pasado (foja 34). De dicho ocurso de desahogo, se obtiene que la parte quejosa señaló como diversa autoridad responsable al: "Jefe de Grupo Especializado para la Investigación del Delito del Robo de Vehículos de Toluca del a Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Robo de Vehículo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México." De quien reclamó el acto consistente en: "El cateo realizado en el negocio ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, número 652-A, colonia Comisión Federal de Electricidad, en Toluca, Estado de México" Consecuentemente, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil quince (fojas 35 y 36), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil quince (fojas 107 y 108), se tuvo por ampliado el escrito de demanda de amparo, respecto de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a las mesas de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Tlalnepantla, con sede en Toluca, Estado de México (Jesús Mendoza Ortega); a quien le atribuyó la negativa de darle acceso, así como dar trámite a la investigación y recabar los datos de prueba para resolver la situación jurídica derivada de la carpeta de investigación 5952810360039315. En mérito de ello, a dicha autoridad se le solicitó el informe justificado respectivo. QUINTO. Mediante proveído de primero de abril de dos mil dieciséis (fojas 376 a 378), se decretó la separación de juicios, al advertirse que los actos reclamados revisten naturaleza distinta y encontrarse desvinculados entre sí (derivados de carpetas de investigación y diversas órdenes de visita de verificación en áreas administrativas diferentes); aunado al hecho de que el quejoso atacó los actos impugnados de manera independiente en sus conceptos de violación. Consecuentemente, se ordenó continuar con la tramitación del presente asunto, únicamente respecto del acto consistente en: El oficio 110-04-04-00-00-2015-973, mismo que contiene la orden de Visita Domiciliaria número CVD1900202/15, de veintitrés de septiembre de dos mil quince. Así las cosas, previo trámite de separación de juicios mediante auto de seis de abril de dos mil dieciséis (foja 384), se admitió a trámite la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 432/2016; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual concluye con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37 y 107, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de reclamarse actos que derivan de un procedimiento en materia administrativa, cuya emisión y ejecución se atribuyen a autoridades con residencia oficial dentro del ámbito de competencia de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior, la tesis P. VI/2004, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De las constancias de autos se advierte que Fernando Gómez Flores reclama lo siguiente: El oficio 110-04-04-00-00-2015-973, mismo que contiene la orden de Visita Domiciliaria número CVD1900202/15, de veintitrés de septiembre de dos mil quince. Cabe precisar que, no representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado acepto la existencia del acto reclamado consistente en la emisión del oficio 110040400002015973, de veintitrés de septiembre de dos mil quince, mismo que contiene la orden de visita domiciliaria número CVD1900202/15, lo que se corrobora con las constancias que tal autoridad envió, consistentes en copia certificada de la orden de visita y constancias de identificación de los visitadores adscritos a las Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4"; documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. A lo anterior le es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, del registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I de artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.)" El interés jurídico previsto en la disposición legal transcrita consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. Por tanto, el interés jurídico debe entenderse como aquel que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Al caso sirve de apoyo la jurisprudencia 854, publicada en las páginas 582 y 583 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, con número de registro 394810, cuyo texto es: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De igual forma, cabe señalar que el interés legítimo no indica la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la tutela jurídica necesaria corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa situación especial no presume ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que presume la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Lo anterior, conforme a la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), publicada en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003067, cuyos rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En este tenor, el interés jurídico o legítimo para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" El precepto transcrito acoge el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Es decir, un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente su interés jurídico o legítimo, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Establecido lo anterior, debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto indispensable para lograr la procedencia del juicio de amparo; de tal manera que si en el caso se reclama el oficio 110-04-04-00-00-2015-973, que contiene la orden de Visita Domiciliaria número CVD1900202/15, de veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el negocio ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, para justificar esa afectación o perjuicio, es necesario que, quien pide amparo demuestre que es titular del negocio y cuente con la licencia para tal efecto, es decir, que tenga un título como causa generadora de ese derecho alegado, pero que tal título produzca la convicción de esa prerrogativa de derecho sobre la negociación y que no debe ser perturbada, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento. Así, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese juicio. Por lo que, cuando se reclama un acto de perturbación de algún derecho debe acreditarse que se tiene interés jurídico y pedir amparo. Por tal razón, para que el poder de hecho que alguien ostente sobre algún derecho sea susceptible de tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley, pues la simple manifestación de ser titular de un derecho, tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, el acto que el ahora quejoso reclama en la presente instancia constitucional no afecta su esfera jurídica, pues si bien manifiesta tener derechos al ser el dueño de un negocio establecido en un inmueble ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México; lo cierto es que carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, en virtud de que el acto tildado de inconstitucional no le causa un agravio personal y directo. Lo anterior se afirma, en virtud de que el peticionario de la protección constitucional no ofreció medio de convicción idóneo que acredite que efectivamente es titular de un negocio establecido en un bien inmueble ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México; carga procesal que le correspondía en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, con el fin de demostrar que el acto reclamado en esta instancia afectan su esfera jurídica y por ende su interés jurídico. En efecto, el quejoso omitió ofrecer prueba fehaciente durante la secuela procesal del presente juicio de amparo y hasta la celebración de la audiencia constitucional, para acreditar que el acto reclamado transgrede su esfera jurídica, pues a él correspondía demostrar tal circunstancia, dado que la carga de la prueba le corresponde. Es aplicable la jurisprudencia 1ª/ J1/2002, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 187777, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción "1", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en si mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No pasa inadvertido que el promovente allegó al presente juicio los medios probatorios siguientes: Copia certificada del contrato privado de arrendamiento celebrado entre Adán León Lara (arrendador) y Fernando Gómez Flores (arrendataria), de uno de julio de dos mil quince, sobre el bien inmueble ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México. Licencia de funcionamiento municipal con folio de trámite 16548, de vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once. Copias certificadas del expediente CODHEM/TOL/1119/2015, del índice de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Inspección en el lugar de los hechos de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Tales medios de prueba resultan insuficientes para acreditar su dicho, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando una persona acude al juicio de amparo con motivo de defender sus derechos de debe acreditar de manera fehaciente la afectación a su interés jurídico, para lo cual no basta con que exhiba una licencia municipal donde se precise que existe una negociación y que en todo caso ella sea el titular, sino que ésta debe estar vigente; lo que en el caso no acontece puesto que su validez fue hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once. Con el contrato privado de arrendamiento celebrado Adán León Lara (arrendador) y Fernando Gómez Flores (arrendataria), de uno de julio de dos mil quince, sobre el bien inmueble ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, no se acredita la afectación respecto al funcionamiento de su negocio; porque es de fecha incierta, en virtud de no cumplir con alguno de los requisitos necesarios para que adquiera tal calidad, pues si bien, presenta una certificación de doce de octubre de dos mil quince, tal certificación debe de ser anterior al acto reclamado, lo que no acontece en el caso concreto, pues desde el veintitrés de septiembre del año dos mil quince se ordenó la ejecución del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, publicada en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2010, tomo XXXII, Materia Civil, Novena Época, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con número de registro 164080, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Además, la prueba de inspección de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, ofrecida por el ahora quejoso respecto del inmueble ubicado en boulevard Salvador Díaz Mirón, 652-A, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, únicamente permite acreditar que en las puertas de la negociación se encontraban sellos de clausura temporal, así como otros negocios ubicados cerca de éste, pero no que el ahora quejoso sea titular de dicha negociación, por lo que resulta insuficiente para acreditar alguna afectación a sus derechos. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis II.4o.A.3 A (10a.), publicada en la página 1791, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro 2001354, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO CUANDO SE RECLAMA LA CLAUSURA TEMPORAL DE UN POZO HIDRÁULICO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR QUE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE SE ENCONTRABA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE EJECUTÓ LA MEDIDA Y NO AL INICIO O DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN QUE CULMINÓ CON ESA DETERMINACIÓN. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Aguas Nacionales, una vez otorgado el título de concesión, el concesionario tendrá el derecho de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante el término de aquélla, conforme a dicho ordenamiento y sus reglamentos. En este sentido, si la autoridad practica una visita de inspección con el objeto de verificar el cumplimiento de éstos, que culmina con la clausura temporal de un pozo hidráulico, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en que se reclama esa determinación, el quejoso debe demostrar que el título de concesión se encontraba vigente al momento en que se ejecutó la medida y no al inicio o durante la tramitación del procedimiento respectivo, en tanto que tal acto es el que afecta su esfera jurídica y, por tanto, lo legítima para acudir al juicio constitucional, de acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo." En esas condiciones, no es suficiente que el quejoso se ostente titular de un negocio afectado, sino que debió acreditarlo de manera fehaciente con prueba idónea, pues el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre 1994, con número de registro 206338 que establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En atención a lo anterior, se estima que las pruebas ofrecidas carecen de valor jurídico suficiente para acreditar el interés jurídico. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Por todo lo anterior, no resulta jurídicamente factible para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia 509, publicada en la página 335, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394465 cuyos rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 432/2016-II, promovido por Fernando Gómez Flores, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy diecisiete de junio de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, asistido de la Secretaria que da fe María Isabel López Mondragón. Doy fe.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta a través del cual Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, remite el acuse de recibo correspondiente al oficio número 14812/2016 dirigido a la autoridad responsable Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, de la cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las nueve horas con quince minutos, tal y como se ordenó en proveído de seis de abril de dos mil dieciséis (fojas 384 a 387). Sin embargo, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En consecuencia para no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las diez horas con diez minutos del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano