Fernando García Venegas

Expediente 894/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
894/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Fernando García Venegas
  • Roberto Boiso Caballero
  • Rogelio García Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo de la diversa comunicación en la que se le informó que había causado ejecutoria la sentencia emitida en autos y por el que se le devolvió la documental que allegó al presente juicio de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la documental que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y a la parte Tercera Interesada Alejandra Janette García Guerrero, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 14 de mayo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 894/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte la autoridad responsable Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado, consistentes en los autos del toca 82/2020. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por la autoridad responsable y, a las demás partes les precluye su derecho para ofrecer medio de convicción alguno. Abierto el periodo de alegatos se da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte tercera interesada y, se tiene precluido el derecho de las demás partes para realizar diversos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, Ignacio Pineda García de Alba, en cuanto apoderado jurídico de Fernando García Venegas y Rogelio García Venegas, solicitó amparo contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 894/2020 y, en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, previo requerimiento al juez natural, en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se reconoció carácter de tercera interesada a Alejandra Janette García Guerrero, actual albacea de la sucesión testamentaria 684/2014 a bienes de Wilfrido García Venegas, por tener intereses contrarios a los del aquí quejoso, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, pronunciada dentro del toca número 82/2020, formado con motivo del recurso de apelación que interpusieron Fernando García Venegas y Rogelio García Venegas, contra el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado por la juez de origen dentro del juicio ordinario civil 666/2015, que sobre nulidad de contrato de cesión, acciones y derechos hereditarios, y otras prestaciones, promovieron los apelantes contra Francisco Chávez Martínez y otros. En el referido auto de diez de septiembre, la juez natural determinó requerir al perito tercero en discordia para que en el término de tres días exhibiera el comprobante fiscal de los recibos que expidió por concepto de pago de honorarios, a efecto de comprobar las operaciones realizadas a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Acto que atribuye a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en el original del toca de apelación 82/2020 y testimonio autorizado de las constancias relativas al juicio ordinario civil 666/2015 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, las partes no hicieron valer causas de sobreseimiento de la presente acción constitucional. Sin embargo, ese juzgador -de oficio- advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicados este último en su interpretación inversa. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Como se advierte de lo transcrito, la fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que en su interpretación inversa, su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; dicha causal debe asumirse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución o bien, en los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en la última resolución dictada en el mismo procedimiento respectivo. Con relación a los actos en ejecución de sentencia, jurisprudencialmente se han reconocido tres tipos de actos que se pueden suscitar en la etapa ejecutiva, a saber, los actos en ejecución de sentencia; los actos emitidos dentro de un procedimiento de remate; y, los denominados actos autónomos; dentro de estos últimos autónomos, podemos encontrar los llamados "actos o resoluciones intermedias." Los primeros, es decir, los llamados en ejecución de sentencia, son aquellos que se encaminan directamente a la ejecución de lo sentenciado; tratándose de estos actos, los procedimientos inician una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva, con el mandamiento en el que el juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena, por ejemplo, el auto en el que el juez instructor ordena que se ponga a la parte actora en posesión del inmueble motivo de la acción reivindicatoria ejercitada. En estos casos la procedencia del amparo se limita aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por lo que respecta a los actos verificados dentro de un procedimiento de remate, se tiene que la regla que impera para los mismos, impone que todas las violaciones cometidas durante el procedimiento deben estudiarse en la vía de amparo hasta que se dicte la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; el propósito de esa imposición fue evitar que se hiciera imposible llegar hasta la venta de los bienes sujetos al remate, por la demora que supondría la promoción de amparos contra cada uno de los actos jurisdiccionales que se suscitaran durante su curso, lo que demoraría indefinidamente la ejecución de las sentencias; como ejemplo de actuaciones que pueden asumirse como violaciones en esta etapa tenemos la designación de peritos, la realización de avalúos, la celebración de las audiencias de remate, entre otras. Por lo que hace a los conocido como actos o resoluciones autónomos, son aquellos que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural y que pueden dictarse en el periodo de ejecución o del remate; dichos actos tienen por objeto modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada; por ejemplo, el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva. Respecto de estos actos autónomos, la procedencia de la acción de amparo se encuentra sujeta, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a la afectación material derechos sustantivos, es decir, tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta, por ello, estos actos que gozan de autonomía, son susceptibles de ser impugnados de manera inmediata. En este sentido, excepcionalmente, es posible el estudio de los actos autónomos emitidos en la fase ejecutiva a través del amparo indirecto, siempre y cuando el acto que se reclame como de imposible reparación, cumpla con las siguientes características: Ser intermedio dentro del procedimiento de ejecución; Ser autónomo a la institución de la cosa juzgada; y, Lesionar derechos sustantivos. Finalmente, por lo que respecta a los actos intermedios, son dos supuestos en los que podemos localizarlos; el primero, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio [actos que provengan de autoridades distintas a las jurisdiccionales, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento], por ejemplo, en un procedimiento administrativo en forma de juicio, se puede considerar una acto intermedio, aquellos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en los que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite. Por tanto, en estos supuestos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intermedios, por regla general, el quejoso debe esperar al dictado de la resolución final con que culmine dicho procedimiento, ya que, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia del juicio establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a). Y un segundo supuesto de los actos intermedios y que es el que en el caso nos importa, se actualiza en términos de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido distintos a los dictados en ejecución de sentencia y en el procedimiento de remate, en cuyo supuesto, estaríamos hablando de actos intermedios que se susciten únicamente con relación a los actos autónomos. Con relación a esta segunda regla de las resoluciones intermedias emitidas en actos autónomos a la ejecución de sentencia -como en el caso lo configura la resolución reclamada- se ha establecido en diversas jurisprudencias que deben atacarse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento, a menos que, como ya se dijo anteriormente, se afecten materialmente derechos sustantivos, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia Común, Página 1515, que dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juiciopueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPAROINDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como la tesis aislada III.3o.C.49 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Materia(s): Común, Página: 721, Novena Época, Registro 193539, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente." Y la jurisprudencia P./J. 38/2001, emitida por el Pleno se la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Página 5, Novena Época, Registro 190037, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Por ello, en la especie este juzgador estima que en el caso el acto reclamado consistente en la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, pronunciada dentro del toca número 82/2020, formado con motivo del recurso de apelación que interpusieron Fernando García Venegas y Rogelio García Venegas, contra el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado por la juez de origen dentro del juicio ordinario civil 666/2015, que sobre nulidad de contrato de cesión, acciones y derechos hereditarios, y otras prestaciones, promovieron los apelantes contra Francisco Chávez Martínez y otros, se actualiza la improcedencia prevista 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicados estos últimos en su interpretación inversa, ya que la misma se trata de una resolución intermedia emitida dentro de un acto autónomo emitido después de concluido el juicio. Se afirma lo anterior, porque el incidente de liquidación y ejecución de sentencia promovido en la contienda natural, del que deriva el acto reclamado, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia sino traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos, a más que el mismo se promovió después de la emisión de la sentencia definitiva; de ahí, su naturaleza de autónomo. Aunado a ello, el auto impugnado dentro del incidente de Liquidación, Gastos y Costas referido con anterioridad, debe asumirse como una resolución intermedia, porque se trata de un acto distinto a los dictados en ejecución de sentencia y/o en el procedimiento de remate, que tampoco actualiza un perjuicio de imposible reparación, ya que sólo involucra derechos adjetivos; pero como razón más importante, porque la misma NO decide en definitiva el incidente de liquidación y ejecución de sentencia promovido en la contienda natural. Conforme a lo expuesto con anterioridad, como las resoluciones intermedias dictadas en procedimientos autónomos a la ejecución, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, ya que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, no procederá el juicio de amparo sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento autónomo suscitado después de concluido el juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Página 230, Novena Época, Registro 196894, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Y la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, Tesis XI.2o.97 C, Página 1729, Novena Época, Registro 190499, que dice: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracciones IV y V, en su interpretación inversa, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. Lo anterior resulta de esta manera, pues si bien es cierto este órgano jurisdiccional ha conocido de diversos juicios de amparo que derivan del juicio de origen, los actos reclamados en los mismos han correspondido a resoluciones definitivas dictadas dentro de planillas de liquidación, lo cual en el caso no acontece, pues en concreto se reclama una resolución intermedia como lo es la que requiere al perito tercero en discordia designado en el juicio para que exhiba el comprobante fiscal de los recibos que expidió por concepto de pago de honorarios, acto que no actualiza la procedencia del juicio de amparo como se explicó con anterioridad. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando García Venegas y Rogelio García Venegas, por conducto de su apoderado jurídico Ignacio Pineda García de Alba, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, y por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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