Fernando García López
Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fernando García López
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de trece de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la cuenta, se tiene por recibido y agréguese a los autos el escrito firmado por Fernando García López, por el cual cumple con la prevención impuesta en auto de diecisiete de marzo del año en curso, y al efecto, señala los actos reclamados a las autoridades y amplía la narrativa de antecedentes de los actos reclamados. Atento al contenido del escrito antes citado, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena ??????????????? convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al caso la diversa tesis aislada I.3o.C.41 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, registro, registro 186294, Novena Época, Materia Común, del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre a procedencia del amparo." Ahora bien, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." ??????????????? Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Luego, en su capítulo de actos reclamados se observa que el quejoso los hizo consistir en: 1.- El auto de fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2020 dos mil veinte, dictado en el expediente número 487/2020, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, en el que se admitió la demanda de Guarda y Custodia de Menor en la Vía de Controversias del Orden Familiar, tramitada en mi contra por la hoy tercero interesada DANIELA ATZURI MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.8e 02/10/21 11:06:28 GARCIA VILLATORO, PERO SIN CONCEDERME UN TÉRMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA. 2.- El auto de fecha 28 veintiocho de septiembre del año pasado, dictado en los autos del expediente ampliamente reseñado en el párrafo que antecede, en el que ni siquiera se ordenó emplazarme a juicio, es más el juzgado se reservó de emplazarme a juicio. 3.- La falta de pronunciamiento del acuerdo respectivo, en el que se ordene emplazarme a juicio, concediéndome un término para contestar la demanda. 4.- El auto en el que se haya ordenado tenerme por REBELDE y por contestada la demanda en sentido negativo, ya que dicho proveído es ilegal. 5.- La audiencia de pruebas y alegatos que se hubiese señalado y desahogado, por vicios propios primigenios, al no dárseme oportunidad de defenderme jurídicamente. 6.- Las demás consecuencias jurídicas derivadas de vicios de origen, al no haberse dado la oportunidad de defenderme de forma oportuna, ya que ni siquiera se ordenó emplazárseme y menos darme un término para contestar la demanda. Las demás consecuencias jurídicas, sería la declaración de confesa que se haya hecho en mi contra y la falta de notificación de la sentencia que oportunamente se dicte. De la autoridad señalada como responsable ejecutora; reclamo: 7.- El ilegal emplazamiento a juicio de fecha 19 diecinueve de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, ??????????????? efectuado en el expediente 487/2020, ya ampliamente descrito en líneas anteriores, en virtud que no está ordenado emplazarme a juicio, y como consecuencia, no se me concedió término para contestar la demanda. De lo que se advierte que medularmente se duele del emplazamiento efectuado por la actuaria adscrita a la autoridad responsable el diecinueve de febrero del presente año y las consecuencias que de él derivan. Expuesto lo anterior, este juzgador considera que en contra de los actos que reclama el aquí quejoso, procede el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en los artículos 74, 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, disponen lo siguiente: "ART. 74.- LAS ACTUACIONES SERAN NULAS CUANDO LES FALTE ALGUNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE MANERA QUE QUEDE SIN DEFENSA CUALQUIERA DE LAS PARTES, Y CUANDO LA LEY EXPRESAMENTE LO DETERMINE; PERO NO PODRA SER INVOCADA ESA NULIDAD POR LA PARTE QUE DIO LUGAR A ELLA." "ART. 76.- LAS NOTIFICACIONES HECHAS EN FORMA DISTINTA A LA PREVENIDA EN EL CAPITULO V DEL TITULO SEGUNDO, SERAN NULAS; PERO SI LA PERSONA NOTIFICADA SE HUBIERE MANIFESTADO EN JUICIO SABEDORA DE LA PROVIDENCIA, LA NOTIFICACION SURTIRA DESDE ENTONCES SUS EFECTOS COMO SI ESTUVIESE LEGITIMAMENTE HECHA." "ART. 78.- SOLO FORMARA ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO LA MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.8e 02/10/21 11:06:28 NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. LOS INCIDENTES QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE OTRAS NULIDADES DE ACTUACIONES O DE NOTIFICACIONES SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN EN FORMA INCIDENTAL, SIN SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO." SI A JUICIO DEL JUEZ DE LOS AUTOS, LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SOLO SE INTERPUSO PARA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO Y ES NOTORIAMENTE FRIVOLA E IMPROCEDENTE, PREVIA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION; SE IMPONDRA AL PROMOVENTE Y A SU ABOGADO SOLIDARIAMENTE MULTA DE TREINTA Y HASTA SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO. NO SE DARA CURSO A LA NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SI AL INTERPONERLA, NO SE GARANTIZA EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, EL MAXIMO DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR. " En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que, con la interposición del incidente antes mencionado, se pueden nulificar las actuaciones de que se duele el impetrante de garantías, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor, luego entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al ser impugnables las actuaciones reclamadas a través del incidente de ??????????????? nulidad de actuaciones, conforme a los artículos 74, 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, como se dijo. Se dice lo anterior, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en el caso concreto el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Máxime que de las propias argumentaciones vertidas por el Fernando García López que en forma de antecedentes realizó en el cuerpo de su libelo constitucional, se advierte que el referido quejoso, se enteró de los actos reclamados el diecinueve de febrero del presente año, fecha en la que se les notifico la admisión de la demanda 487/2020 instaurada en su contra del indicé del Juzgado de Primera Instancia en materia Familiar, del Distrito Judicial de Tapachula. Luego entonces desde el momento en que el hoy quejoso se enteró de la existencia del juicio instaurado en su contra, estuvo en posibilidad de apersonarse a éste, y así hacer valer sus derechos, que en el caso concreto lo era el de promover incidente de nulidad de actuaciones. De esta suerte, no puede considerarse que el presente desechamiento deje en estado de indefensión al solicitante de amparo, pues existe un medio ordinario de defensa el cual deben de agotar en acatamiento al principio de definitividad, cuya inobservancia hace improcedente esta instancia constitucional, máxime que de las manifestaciones que hace el quejoso se advierte que el juicio de origen aún se encuentra en trámite. A lo antes considerado, tiene aplicación la tesis jurisprudencial III.1o.C. J/34, de la Novena Época, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1041, Tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Así mismo, tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada XX. 403 C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a página 247, Materia Civil, Octava Época, Tomo XV, Enero de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTICAN EN UN PROCESO JUDICIAL SEAN DE PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA PUEDEN SER IMPUGNADOS A TRAVES DEL RESPECTIVO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Las notificaciones que se practican en un proceso judicial, sea de primera o segunda instancia, pueden ser impugnados a través del incidente de nulidad respectivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 78, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; sin que importe que en el párrafo segundo de ese precepto legal se haga referencia a una facultad asignada en forma exclusiva al juez de los autos, porque esa facultad está vinculada de manera específica con la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento a juicio interpuesta para sólo obtener la suspensión del procedimiento, pero de ahí no se sigue, de ninguna manera, que las notificaciones de segunda instancia no puedan ser impugnadas en el incidente de nulidad." Consecuentemente, al no haber agotado el quejoso el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emanan los actos reclamados, que fue precisado párrafos que anteceden, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo que origina el desechamiento de la demanda de amparo en estudio. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Fernando García López, contra actos del Juez Primero en Materia Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la estadística de este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Fernando García López, por propio derecho (sin anexos); contra actos del Juez Primero en Materia Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Por consiguiente, con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 78/2021 II B. Ahora bien, a fin de contar con elementos necesarios que aporten los antecedentes del acto reclamado, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión o no de la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114 fracción II y IV, de la Ley de Amparo, y dado que es imperativo que los accionantes de amparo expongan con precisión los actos reclamados, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, por escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD aclare su demanda de amparo, en el sentido siguiente: 1.- Deberá precisar el acto o los actos que concretamente reclama las autoridades señaladas como responsables, en virtud de que en el capítulo respectivo señala: ". El auto de fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2020 dos mil veinte, dictado en el expediente número 487/2020, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, en el que se admitió la demanda de Guarda y Custodia de Menor en la Vía de Controversias del Orden Familiar, tramitada en mi contra por la hoy tercero interesada DANIELA ATZURI GARCIA VILLATORO, PERO SIN CONCEDERME UN TÉRMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA. El auto de fecha 28 veintiocho de septiembre del año pasado, dictado en los autos del expediente ampliamente reseñado en el párrafo que antecede, en el que ni siquiera se ordenó emplazarme a juicio, es más el juzgado se reservó de emplazarme a juicio. La falta de pronunciamiento del acuerdo respectivo, en el que se ordene emplazarme a juicio, concediéndome un término para contestar la demanda. El auto en el que se haya ordenado tenerme por REBELDE y por contestada la demanda en sentido negativo, ya que dicho proveído es ilegal. La audiencia de pruebas y alegatos que se hubiese señalado y desahogado, por vicios propios primigenios, al no dárseme oportunidad de defenderme jurídicamente. Las demás consecuencias jurídicas derivadas de vicios de origen, al no haberse dado la oportunidad de defenderme de forma oportuna, ya que ni siquiera se ordenó emplazárseme y menos darme un término para contestar la demanda. Las demás consecuencias jurídicas, sería la declaración de confesa que se haya hecho en mi contra y la falta de notificación de la sentencia que oportunamente se dicte. De la autoridad señalada como responsable ejecutora; reclamo: El ilegal emplazamiento a juicio de fecha 19 diecinueve de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, efectuado en el expediente 487/2020, ya ampliamente descrito en líneas anteriores, en virtud que no está ordenado emplazarme a juicio, y como consecuencia, no se me concedió término para contestar la demanda. De dicha transcripción se advierte que el quejoso, además del acto consistente en el auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente número 487/2020, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, en el que se admitió la demanda de Guarda y Custodia de Menor en la Vía de Controversias del Orden Familiar, señala como acto reclamado la falta de emplazamiento y por otro lado el ilegal emplazamiento de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Lo cual torna confuso el capítulo respectivo y por ende no pueden tenerse por cumplidas las exigencias procesales que menciona el artículo 108 de la Ley de Amparo. En efecto, a fin de ilustrar al promovente, es preciso mencionar que el acto reclamado, según su definición, consiste en una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, su correcto señalamiento para los efectos del amparo consistirá en describirlo. De tal manera que los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia de los actos sino que constituyen el examen de la conducta; es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 223603 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible a página 69, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto citan: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que esta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." 2.- Amplíe los antecedentes del acto reclamado, entre los que deberá precisar si resulta parte demandada en el juicio de origen; o, en su caso, transcriba o exhiba el auto de admisión con el que dice se le corrió traslado respecto de la controversia natural. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con las anteriores prevenciones, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del numeral 114 último párrafo de la Ley de Amparo.
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