Fernando García García
Expediente 330/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Fernando García García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído nueve de octubre d dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, la constancia de notificación personal efectuada a los promoventes del amparo ............ de la que se advierte que atento al requerimiento que se les formuló por acuerdo de ocho de octubre de la anualidad que transcurre, ratificaron su demanda e hicieron las precisiones que les fueron requeridas; por tanto se provee: IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por .......... contra actos del Director del Centro Estatal de Reinserción Social en esta ciudad y otras autoridades, por trasgresión que estiman de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que los quejosos señalan que se encuentra recluidos en el Centro Penitenciario en esta ciudad y reclaman la discriminación y tortura psicológica, esto derivado de la negativa por parte de las autoridades penitenciarias a concederles las visitas íntimas. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" Asimismo, en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. . Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; . Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; ." El primero de los numerales transcritos regula un procedimiento de impugnación de las personas privadas de su libertad, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Por su parte, del segundo de ellos establece la competencia de los jueces de ejecución, quienes conocerán controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas Mientras que del tercero se advierte que las personas privadas de la libertad, ya sea procesadas o sentenciadas o cualquier otro sujeto legitimado para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según sea el caso, con el objeto de resolver las controversias sobre diversos aspectos, entre los que se destacan los relativos a las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. También conocerá de la impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, la cual podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", ello actualizaría la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Tomo I, Diciembre de 2018, página 230, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En el caso, si bien en principio los quejosos señalaron que los actos que por esta vía se combaten consisten en la discriminación y tortura psicológica, no obstante, como se puntualizó en el proveído de ocho de octubre que transcurre, dichos actos los hicieron descansar en la negativa por parte de las autoridades penitenciarias a concederles el derecho a las visitas íntimas, pues refieren estar casados. También, manifiestan en su ocurso de demanda que tenían visitas normalmente como lo marca el reglamento interno de los centros penitenciarios; sin embargo, derivado de una discusión, el veintidós de julio de dos mil diecinueve, les fueron canceladas dichas visitas y hace unos meses retomaron su relación por lo que solicitaron nuevamente tales visitas; empero, no obstante que han tomado terapia psicológica y han cumplido con todo lo que se les ha pedido, no se las han autorizado nuevamente. Asimismo, en cumplimiento a la prevención formulada por acuerdo de ocho de octubre de la presente anualidad, señalaron que la solicitud de visitas íntimas la realizaron de manera verbal y escrita, las cuales les fueron negadas, así como que el dos de octubre presentaron nuevamente dicha petición, concediéndoles por ese día la visita íntima solicitada. En ese contexto, se advierte que contra el acto reclamado procede el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues a través de éste los quejosos se encuentran en aptitud de impugnar ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los actos u omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento que estimen vulneran sus derechos, como es lo relativo a la negativa del permiso de visitas íntimas entre internos, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo. Y que además, conforme con los numerales 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea procesadas o sentenciadas o cualquier otro sujeto legitimado para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según sea el caso, con el objeto de resolver las controversias sobre diversos aspectos, entre los que se destacan los relativos a las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa de la que se habló inicialmente. Así, si como lo refirieron los enjuiciados en la diligencia practicada el ocho de julio de dos mil veinte, por la actuaria judicial adscrita, elevaron la petición tanto por escrito como de manera verbal ante la autoridad administrativa del Centro de Reclusión en la que se encuentran, por lo tanto, contra la misma debieron acudir ante la autoridad judicial de Ejecución, pues según dijeron también, ya fueron sentenciados en el juicio natural que se siguió en su contra. En esa tesitura, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. COPIAS Por otra parte, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, expídanse las copias que solicitan, previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil veinte IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTES Y REGISTRO DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo presentada por ............ contra actos del Director del Centro Estatal de Reinserción Social en esta ciudad y otras autoridades; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 330/2020. CONSIDERACIONES PREVIAS EN TORNO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y SU NEGATIVA. Bien, no obstante que los quejosos en su demanda de garantías no se pronuncian en torno a si solicitan la suspensión de plano o no de los actos reclamados, de una lectura integral de la misma, aparece que señalan como tales, la discriminación y la tortura psicológica por parte de las autoridades carcelarias adscritas al Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad, lugar en que el que se encuentran recluidos, por lo que la suscrita atendiendo a la naturaleza de sus actos, estima pertinente efectuar el pronunciamiento respecto de la procedencia de la suspensión de plano. Para tal efecto, se estima necesario sentar como premisa lo contenido en el artículo 107, párrafo primero, fracción X de la Constitución Federal, así como el artículo 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (.)" "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Los preceptos legales de referencia, son producto de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación y la posterior expedición de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, lo que generó, en cuanto a la suspensión en el amparo indirecto, un nuevo sistema equilibrado, orientado en la preservación de los derechos humanos y contar con mayores elementos de control, con objeto de evitar el abuso en su concesión y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. En el artículo 107, primer párrafo, fracción X, constitucional, se estableció que correspondería al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que la suspensión sería procedente y, en función de esto, al expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al juez de Distrito la discrecionalidad para decidir sobre ella y estableció los parámetros normativos para el desarrollo general o específico de la ponderación, sino le otorgó la facultad de determinar los supuestos en los que la suspensión era procedente en función de ciertos bienes jurídicos de índole irreductible o preponderante. Aunado a ello, el artículo 126, transcrito, dispone que en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) La incorporación forzosa en el ejército, armada o fuerza aérea nacionales. d) Tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ese modo, la suspensión de "oficio" o de "plano", se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. En ese sentido, conviene recapitular que los actos reclamados planteados por los quejosos, si bien los hacen consistir en el sufrimiento de actos de discriminación por parte de las autoridades responsables, así como tortura psicológica hacia su persona, no se advierte motivo para decretar una suspensión de plano respecto de tales actos, pues se advierte que éstos no derivan de algunos de los supuestos a que se refiere el artículo 22 Constitucional, pues los hacen descansar en la negativa por parte de las autoridades responsables de permitirles las visitas íntimas a las cuales refieren tener derecho, pues son dos personas adultas, que están casados y que están internos en el mismo centro. En efecto, refieren que siempre han tenido su visita íntima regularmente, como lo marca el reglamento de los centros penitenciales estatales, empero el día veintidós de julio de dos mil diecinueve, les tocó visita íntima y tuvieron una discusión, de la cual se percató el personal de seguridad y custodia y les preguntó si todo estaba bien, a lo que la quejosa Diana Ángeles Guzmán refirió que no, por lo que se retiró de dicha visita, motivo por el cual, fueron canceladas dichas visitas, empero, hace unos meses retomaron su relación de pareja por lo que solicitaron nuevamente la visita conyugal, las que hasta este momento no se les han autorizado, en virtud de que el Director del centro en donde se encuentran internos, les manifestó que no están aptos para las mismas y que tenían que tomar terapia psicológica en pareja, la cual refieren están llevando y han cumplido con todo lo que se les pide y aun así no han obtenido respuesta. Sin embargo, se estima que esos señalamientos son insuficientes para hacer procedente la medida, pues no se aprecia un acto material que concreta y específicamente pudiera actualizar una situación de peligro de una vida, o algunos de los prohibidos conforme con lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, resultando insuficiente para ello, pues aunque los quejosos aleguen discriminación y tortura psicológica, se insiste, de sus antecedentes no se advierte que se trate de actos de tortura a que alude el artículo 22 Constitucional, pues los hacen derivar de la negativa por parte de las autoridades responsables de no autorizar nuevamente las visitas íntimas a que aluden. Se aplica a lo anterior, en lo conducente el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): (Constitucional, Penal), que dice: "ACTOS DE TORTURA. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LOS COMETEN SI LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL INTERNO ATENTAN CONTRA SU DIGNIDAD HUMANA. Conforme al criterio contenido en la tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.", se establece que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que cuando en el juicio de amparo indirecto el quejoso señale como acto reclamado autónomo los actos de tortura derivados de sus condiciones de internamiento y se encuentre demostrado en autos, mediante prueba fehaciente, que al momento de la presentación de la demanda, aquellas que imperaban durante su reclusión son susceptibles de provocarle un tormento, entendido éste como cualquier acto u omisión que afecta gravemente la dignidad e integridad personal del justiciable, como pueden ser: el hacinamiento por encontrarse en el mismo espacio una cantidad muy superior de personas para las que está destinada la celda, las dimensiones reducidas del lugar, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la poca higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en que se le proporcionan los alimentos, constituyen actos de tortura que producen un menoscabo en la integridad física y mental del interno, al ser susceptibles de provocar en su persona humillación, degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana, al no encontrarse en condiciones óptimas para desempeñar su vida en reclusión con la normalidad debida, esto es, en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria, lo que actualiza los actos de tortura reclamados en su vertiente de violación de derechos humanos. Lo anterior, permite sostener que la parte quejosa no se ubica en los supuestos previstos por el numeral 126 de la ley de la materia citado para decretar ese tipo de suspensión, pues para poder emitirla no debe atenderse exclusivamente a las razones que al afecto aduzcan los promoventes, pues la naturaleza de los actos reclamados es un elemento indispensable para tal efecto y no los enfoques subjetivos de las partes. PREVENCIÓN. Por otra parte, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del artículo 108 y 110 del propio ordenamiento, requiérase a los promoventes para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito: En primer término, una vez que se les ponga a la vista una copia certificada del escrito inicial de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, se les requiera para que en el acto de la notificación, o bien en un plazo de tres días posteriores a ella, por escrito, manifiesten si la ratifican, toda vez que la misma se encuentra incompleta, es decir, en la hoja marcada con el número "6", que es la última parte, no aparecen sus firmas, por tanto, este órgano jurisdiccional no tiene la certeza de la voluntad de los promoventes para acudir al juicio de amparo, ni si la demanda fue presentada de manera completa. Precisen si ante la autoridad carcelaria plantearon la solicitud que señalan, en cuanto a que se les vuelva a asignar sus visitas íntimas, y si tal petición la realizaron de manera verbal o por escrito. Ahora, si fue por escrito, refieran que respuesta fue la que se les dio y, si dicha contestación, también es su deseo señalarla como acto reclamado. De igual manera precisen si ante la respuesta que se les otorgó, interpusieron algún recurso. Y finalmente, si es su deseo que se tramite por cuerda separada el incidente de suspensión. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a los quejosos que en caso de no dar cumplimiento con la primera de las prevenciones precisadas, es decir, si no la ratifican, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. Y para el caso de que no cumplan con el resto de los puntos aclaratorios en el plazo y forma indicados, se admitirá la demanda de amparo en los términos propuestos en su escrito inicial. DOMICILIO. Por otra parte, en virtud de que los promoventes se encuentran privados de su libertad en el Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad, notifíqueseles personalmente este proveído y las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia en el lugar de su reclusión. En la inteligencia que dadas las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la contingencia en relación al brote del virus COVID-19, se precisa que el personal actuante deberá tomar las medidas adecuadas para proteger su integridad y evitar la propagación del contagio entre la población, del virus mencionado, lo que implica que al efectuarla se guarde una sana distancia, uso de cubre bocas y gel antibacterial. SOLICITUD DE DEFENSOR. En ese sentido, dado que se trata de personas privadas de su libertad y solicitaron se les designara un defensor para este juicio de garantías, en tal virtud, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los promoventes, requiérase a la Coordinación General de la Defensoría Social y de Oficio en la ciudad de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 297, fracción II, del referido código supletorio, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, tenga a bien designar personal de su adscripción a efecto de que pueda defender los derechos del peticionario del amparo, comunicado que deberá remitirse por los actuarios de la adscripción vía correo electrónico. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, visible en la página 1301, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.
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