FERNANDO GARCÍA CASTILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ y Otros.

Expediente 1288/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1288/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
15/10/2015

Partes del expediente

  • FERNANDO GARCÍA CASTILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través del cual trascribe el proveído de cinco de octubre del año en curso, dictado por Magistrado Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción, del que se advierte que causó estado el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, dictado en el expediente en revisión 244/2015 de su índice, mediante el cual se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. Agréguese a los autos el oficio que ocupa, así como el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del expediente citado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; fundamentándolo en los artículos 80 y 81 de la Ley de Amparo; dese trámite al recurso de revisión que interpone en contra del auto de cinco de agosto del año en curso. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, anexando el original del escrito de expresión de agravios y la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Fernando García Castillo quien se ostenta como Presidente Municipal de Huayacocotla, Veracruz, contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 12882015 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 1°y 5º de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) (.) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo, el ejercicio del juicio de amparo queda reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Así, el ejercicio de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, y es, precisamente ese derecho protegido, lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Veracruz dispone en sus artículos 78, párrafos primero y segundo, y 79, párrafos cuatro, cinco y seis, lo siguiente: REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007) Artículo 78. El Congreso del Estado, por las dos terceras partes de los votos de sus integrantes, declarará si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en contra de: los Diputados; el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia, el Contralor General; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano; el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. En el procedimiento que se siga, se respetarán las garantías de audiencia y legalidad. (REFORMADO, G.O. 3 DE FEBRERO DE 2000) Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. (.) Artículo 79. (.) (REFORMADO, G.O. 3 DE FEBRERO DE 2000) Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en suspensión, destitución e inhabilitación, así como de carácter pecuniario en los términos que establezca la ley, a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones. (REFORMADO, G.O. 3 DE FEBRERO DE 2000) Las sanciones económicas que señale la ley, deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones, pero no podrán ser mayores a tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. (REFORMADO, G.O. 3 DE FEBRERO DE 2000) La legislación determinará las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades encargadas de aplicarlas. La responsabilidad administrativa, prescribirá a los tres años siguientes al término del cargo (.) De los artículos transcritos se advierte que es facultad del Congreso del Estado, declarar si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en contra de, entre otros, los Presidentes Municipales, asimismo que se podrán aplicar diversas sanciones administrativas, entre las que se encuentran las de carácter pecuniario, a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, contempla en su artículo 38, primer párrafo, la creación de comisiones para que contribuyan a que el Congreso cumpla sus atribuciones, a través de la elaboración de dictámenes, informes o resoluciones. HECHOS En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: El dictamen con proyecto de acuerdo, emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, en sesión legislativa de quince de julio de dos mil quince, y publicado en la Gaceta Legislativa en la misma fecha, en el cual se pone en consideración de la legislatura, imponer una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al promovente y otros. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye que en el caso, al reclamarse el dictamen con proyecto de acuerdo, emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, en sesión legislativa de quince de julio de dos mil quince, y publicado en la Gaceta Legislativa en la misma fecha, se advierte que es solo un proyecto que pone en consideración de la legislatura, imponer una multa al promovente, sin que se haya concretizado o aprobado, esto es, no existe determinación específica de afectación, por lo que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico del promovente. Lo anterior, debido a que como se advierte del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, las comisiones permanentes únicamente son órganos que coadyuvan con el Congreso del Estado para que cumpla sus atribuciones, sin embargo, los dictámenes elaborados por éstas no resultan definitivos pues son únicamente sometidos a consideración de la Legislatura, que deberá aprobarlos o rechazarlos y será hasta ese momento cuando podrían lesionar algún interés jurídico, pudiendo los afectados proceder como legalmente les convenga. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es para oír y recibir notificaciones a las personas que nombra, por así haberlo solicitado. V. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. VI. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano